La importancia de las comunidades indígenas como activistas en defensa de la naturaleza

Todos podemos aprender del activismo indígena, para cuidar de la naturaleza y las zonas culturalmente sagradas.

En el principio, era la tierra. Y lo sigue siendo; territorio y terruño van de la mano. Identidad, raíces y origen. Aproximadamente, 37 millones de personas están repartidas en 5 mil tribus del mundo y habitan 90 países. Muchas de estas comunidades indígenas se han convertido en comunidades activistas.

La importancia de preservar la cultura, las lenguas y los hábitats donde han subsistido diferentes grupos étnicos radica en que hay mucho que aprender de ellos; de su forma de organizarse, interrelacionarse, usar los materiales y recursos naturales, interactuar con la naturaleza, y en cuanto a su alimentación, sus símbolos, etcétera.

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Joven defensor ambiental en Honduras. Foto: Giles Clarke/Mongabay

Es un privilegio que, gracias a la información y los medios de comunicación, el conocimiento de los indígenas se haya extendido; es por eso que, ahora, su conocimiento sobre el medioambiente se ha difundido.

La naturaleza es parte de la vida diaria de estos pueblos, ya sea mediante las plantas medicinales, las fibras para hacer hamacas o cestas y artesanía, o al cultivar el campo y celebrar fiestas. Si los recursos básicos se agotan estas comunidades tendrían que desplazarse, y eso es más complejo que simplemente cambiar de geografía.

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Comunidades indígenas en Perú frente a su tierra invadida por la minería.

Para los indígenas, la conexión ancestral con su paisaje es vital, tanto que la amenaza de la industria minera, la extracción de petróleo, la contaminación de mantos acuíferos, y en general, las políticas económicas neoliberales los han llevado a una postura radical: defender con su propia vida las reservas naturales donde han vivido por generaciones.

Los indígenas no sólo son los guardianes de la naturaleza, sino que sus conceptos son un paradigma que poco tiene que ver con el indiviadualismo global; para ellos “hogar” no sólo es una casa de concreto, barda y garaje, sino todo lo que hace posible su cultura, es decir, sus ríos, costas, bosques, cordilleras, selvas, animales, etc. Hogar es el territorio y el hábitat completo que les permite sembrar y cosechar desde hace siglos.

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Una mujer camina por una carretera sobre la presa Aurora, uno de los dos proyectos de presas hidroeléctricas en el oeste de Honduras. Foto: Giles Clarke/Mongabay

A raíz de la tala inmoderada, la contaminación de ríos, la extinción de selvas y bosques, el fracking y el cambio climático, los indígenas se han asumido como activistas partiendo del “derecho colectivo a la autodeterminación, entendida como una mayor participación y autonomía en el contexto del estado nacional”, según explica la especialista Claudia García.

Algunos de los triunfos del activismo indígena:

  • Wirikuta, región sagrada huichol (México), que logró que la minera canadiense First Majestic Silver cediera la concesión de los terrenos y la minera no se construyera.
  • TIPNIS, 2,000 indígenas que durante más de 2 meses realizaron una marcha entre las ciudades de Trinidad y La Paz, Bolivia, para manifestar su rechazo a una carretera que atravesaba del territorio entre los Andes tropicales a 3,000m sobre el nivel del mar y la llanura amazónica, a 180m.
  • En Colombia, los indígenas han luchado contra la fumigación áerea, logrando que la sociedad civil los apoye y se organice.
  • La guatemalteca Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncepe de Asturias en 1998 por su liderazgo social.
  • En Brasil, principal productor de azúcar, los indígenas luchan contra una marca de refresco de cola que los ha despojado de sus tierras y ha contaminado sus ríos.
  • En Perú, un grupo de mujeres indígenas se organizan para recuperar semillas ancestrales, ante la catástrofe del cambio climático.
  • El Laboratorio de Paz y Grupo de Trabajo sobre Asuntos indígenas de la Universidad de los Andes, realizó un foro para que “el Gobierno no promueva proyectos de minería sin realizar procesos de consulta con las comunidades indígenas”, para denunciar las consecuencias negativas de las políticas minera y energética, asumidas por el gobierno venezolano.
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Defensor ambiental Tarahumara Isidro Baldenegro, del Municipio Guadalupe y Calvo, Chihuahua, México. Fue asesinado en el 2017.

Desgraciadamente, esta es una postura que implica riesgos en muchos países, incluido México. Desde el 2016, en el mundo se ha asesinado a 200 activistas indígenas por defender sus derechos y los de sus ecosistemas.

Las comunidades indígenas son

la puesta en marcha de una democracia étnica real.

(C. G.)

 

* Fotografía principal: CIFOR



Consulta a poblaciones indígenas: NO fast track, SÍ proceso formal

La clave para un desarrollo económico que no explote al medioambiente está en consultar a las poblaciones indígenas.

* por: Bárbara Baltazar

 

Durante las últimas 2 décadas el modelo de crecimiento económico de México ha vulnerado el dialogo con la población indígena, trastocando fuertemente los sistemas tradicionales de organización social, los culturales y los de producción. La promoción gubernamental de inversiones turísticas, mineras y la industria agrícola de gran escala, han sido los factores que prevalecen como fuentes de conflictos colectivos. Esta brecha de ruptura en el diálogo y el entendimiento culturalmente apropiado tensa la vida de las comunidades locales ante estos procesos fast track de aparente desarrollo, que buscan emular el cumplimiento de los principios rectores internacionales de los cuales México es parte. 

Innumerables situaciones se presentan en la cotidianidad que ponen en contraposición dos visiones de la vida. Por un lado, la tradición ancestral de la relación con el medioambiente, la estructura de convivencia familiar y social y las formas de uso de los espacios, se confrontan con un sistema que ha avasallado desde la economía capitalista mediante la sobreexplotación de los recursos naturales y su diversidad biológica, la mercantilización de los servicios ecosistémicos y la sobreposición de un sistema político que no observa las formas ancestrales de organización indígena.

Ante ello, un proceso formal de consulta y participación es la ruta jurídica más clara y transparente y por ende, el mecanismo de atenuar una situación ya de por sí enmarañada. Dentro de ello, es indispensable procurar que los principios tanto doctrinales como legales que deben observar estos mecanismos sean cubiertos y respetados en armonía bajo un enfoque de derechos humanos, no como requisito administrativo, sino como un ejercicio pleno de reconocimiento legal hacia formas ancestrales de manejo de recursos y de vida en comunidad.

La experiencia de vinculación hacia estos espacios brinda, a la vez, la posibilidad de visibilización de las formas tradicionales indígenas ante el territorio y su organización. Quienes nos han mostrado que estas otras formas son posibles, son estas mismas sociedades; si hacemos una revisión histórica, encontraremos que las bases de estos mecanismos están ya cimentadas. La relevancia de su incorporación nos brindará posibilidades de restablecer escenarios de paz en donde ésta se ha desdibujado.

 

* Imagen: Wikipedia

Eco Maxei
Autor: Eco Maxei
Eco Maxei Querétaro AC es una organización sin fines de lucro cuya misión es fomentar la coexistencia armónica entre las personas y con la naturaleza. Somos una organización multidisciplinaria, fundada e integrada por jóvenes agentes de cambio desde 2014.


El mercado mexicano de carbono, un componente crucial para enfrentar el cambio climático e impulsar la justicia social en México

Es importante impulsar una economía de bajas emisiones en los sectores de energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria; no hacerlo comprometería nuestro desarrollo social y, sobre todo, nuestro medioambiente.

* por Andrés Flores Montalvo

 

La lógica de un sistema de comercio de emisiones de contaminantes es eminentemente económica, ya que con él se busca lograr los objetivos de política ambiental de forma más costo-efectiva. En el caso del dióxido de carbono (CO2), por ejemplo, hace sentido establecer incluso un comercio internacional, siendo que es un contaminante global y que tendría el mismo beneficio ambiental la reducción de 1 tonelada, independientemente de dónde se produzca. Con esa lógica se establecieron los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, como el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), que permiten a países industrializados “comprar” a países en  desarrollo, donde es más barato lograrlas, las reducciones de emisiones necesarias para cumplir con sus metas obligatorias de mitigación.

En el caso de un comercio de emisiones entre empresas, esta lógica prevalece. Aquellas que tengan costos marginales mayores para reducir 1 tonelada de emisiones, dado el estado del arte de su tecnología o su capacidad de inversión, por ejemplo, pueden comprar las reducciones logradas a empresas a las que les resulte más barato mitigar emisiones, y que tengan un excedente por encima de sus propios compromisos de mitigación.

Dependiendo de las reglas del mercado (qué sectores participan; de qué tamaño deben ser sus emisiones; qué porcentaje de sus metas pueden “comprar” contra el que deben lograr internamente) y de los límites (o porcentajes) de reducción de emisiones que se establezcan por sector, el gobierno, como regulador, puede además obtener algunos recursos, por ejemplo si decide cobrar por los derechos de emisión que se comercializarán, o si establecen cuotas de participación para cubrir al menos los costos de administración del sistema de comercio de emisiones. Es posible incluso recaudar fondos para atender  problemáticas sociales u objetivos de protección ambiental.

 

¿Racionalidad económica o argumentos éticos?

A pesar de estas ventajas, no todos están de acuerdo con los instrumentos de mercado como política de combate al cambio climático. En las negociaciones  climáticas multilaterales, algunos países (Bolivia como el caso más notable) se opusieron consistentemente a la inclusión del concepto de “mercados” y a establecer mecanismos de flexibilidad para el cumplimiento de compromisos de mitigación, aduciendo que los países desarrollados, dada su responsabilidad  histórica, debían reducir sus emisiones sin tener que “comprar” reducciones logradas por otros. Sin embargo, el tema se ha mantenido como un punto vigente en la agenda de las negociaciones, bajo el argumento de la lógica  económica de estos mecanismos, y del consenso general respecto a que sería difícil lograr las trayectorias de emisiones que nos pongan en ruta hacia un calentamiento máximo de 2 grados centígrados (y menos hacia 1.5), a  menos de que se le ponga un precio al carbono. En todo caso, al argumento de racionalidad económica se le contrasta con frecuencia con el argumento ético.

En el caso de los entes regulados, en este caso la industria, se esperaría que estuvieran a favor de un sistema de comercio de emisiones, dado que les da flexibilidad para lograr sus metas de reducción de manera más costo-efectiva, fomentando la innovación, e incluso permitiéndoles recibir ingresos adicionales si logran reducciones mayores a sus metas, mismas que pueden comerciar. Con frecuencia esto no ocurre, y en México este ha sido el caso, no necesariamente por oposición a tener una política que les daría  flexibilidad, comparado con la regulación directa, sino por resistencia a asumir metas de reducción de emisiones, del tipo que sea, argumentando que ello afectaría su competitividad frente a otros países.

Por esta razón, y por la dificultad para predecir un resultado final en términos de reducción de emisiones, es importante una fase piloto, en la que puedan afinarse las reglas del mercado. Un elemento adicional para asegurar su efectividad sería poder establecer un mercado que sea lo más sencillo y transparente posible.

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Ilustración: Tskisse Talsma

 

El inmenso mercado chino y el caso de México

En el mundo existen 21 sistemas de comercio de emisiones (SCE) en operación, y hay otros cinco (entre ellos el de México) oficialmente programados. De igual forma, diez gobiernos han manifestado su interés en implementar un SCE, aunque no han dado pasos formales para hacerlo. El diseño de un sistema de comercio de emisiones se hace de acuerdo con las necesidades de la jurisdicción que abarque, y la mayoría de ellos incluye a los sectores industriales y de generación de energía eléctrica. Uno de los mercados de emisiones más grandes a nivel global es el de China, que representa cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. El mercado chino es dos veces más grande que el de la Unión Europea, y casi diez veces mayor que el de California.

En México, el antecedente más importante del mercado de emisiones de carbono data de diciembre de 2017, con la adhesión del gobierno federal a la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, junto con los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y los gobiernos locales de California, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. En la práctica, se ha dado un paso importante con el Registro Nacional de Emisiones (RENE), que establece, además del reporte de emisiones, una opción para que las empresas obligadas se registren de manera voluntaria para la obtención de certificados de mitigación o reducción, provenientes de proyectos y actividades realizados en México. Adicionalmente, se había hecho un ejercicio de mercado de emisiones virtual, en el que algunas de las empresas que reportan al RENE participaron de manera voluntaria.

 

Atrasos e indefiniciones

En 2012 se aprobó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), donde se establece, entre otras cosas, la posibilidad de crear un mercado voluntario de emisiones de carbono. Con las reformas a esta ley publicadas en julio de 2018, esta posibilidad se vuelve una obligación, y se marcan plazos para diseñar e implementar un sistema de comercio de emisiones “de manera gradual y preservando la competitividad de los sectores cubiertos, particularmente aquellos expuestos al comercio internacional”. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de conformidad con esta reforma de ley, tiene 10 meses a partir de su publicación para echar a andar un piloto, cuya duración será de 36 meses. Según lo inicialmente planeado, se esperaba que la fase piloto terminara en agosto de 2021, coincidiendo con el inicio del primer período de compromiso del Acuerdo de París. Sin embargo ello no será posible, ya que como requisito para echar a andar el piloto, que no conlleva costos por derechos de emisión ni penalizaciones por incumplimiento, es necesario emitir un documento con las reglas del mercado (las Bases), cuya consulta pública y publicación se han retrasado, entre otras razones, por el cambio de administración.

Antes de ello, se había ya hecho público un borrador de Bases, en el que se definió que sólo participen en el mercado empresas que emiten más de 100,000 toneladas de CO2 al año. Estas son una pequeña parte de las que reportan al RENE, establecido en 2014, que es obligatorio para instalaciones con emisiones anuales por arriba de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Nótese que el RENE incluye otros GEI, mientras que la fase piloto del mercado sólo al CO2.

Con las reformas a la LGCC se establece, además, que el mercado de emisiones será obligatorio después de la fase piloto, con lo que se busca que contribuya sustancialmente a lograr las metas de reducción de emisiones firmadas por México en el Acuerdo de París, que la propia ley reconoce como obligatorias. Al igual que para la fase piloto, que servirá para probar y pulir sus reglas de operación, la Semarnat será el organismo encargado de publicar las reglas para la entrada oficial del mercado en operaciones formales.

 

Es necesario dar señales claras, y pronto

El Gobierno de México ratificó en diciembre, en la 24ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su compromiso con el Acuerdo de París. Ello implica una reducción sustancial de sus emisiones de GEI, que equivale a “descarbonizar” gradualmente la economía. Para hacerlo, es necesario evolucionar hacia formas de generación de energía más limpias, y a un uso más sustentable de los recursos. Hay muchas maneras posibles para que la política pública pueda incidir en esta transformación, y entre las más costo-efectivas está el poner un precio a las emisiones de carbono, que dé una señal clara para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible y socialmente inclusivo del País. El SCE de México marcará un paso correcto en este sentido.

Las acciones de combate al cambio climático a nivel global, si son lo suficientemente ambiciosas, pueden generar una oportunidad económica de al menos 26 billones de dólares de ahora al 2030, según la Comisión Global de Economía y Clima, que incluye a más de 200 expertos. Para aprovecharla, es importante impulsar una economía de bajas emisiones en al menos los siguientes sectores: energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria. Se requerirá de inversiones y cambios de visión, sin duda, pero no hacerlo no sólo nos dejará fuera en la repartición de estos beneficios, sino que podría también, a la larga, comprometer nuestro desarrollo social y nuestro medioambiente.

 

* Imagen principal: Sierra Juárez, Oaxaca–Chris Ford–Creative Commons

 

 

Sobre el autor:

Andrés Flores Montalvo es Director de Cambio Climático y Energía, y tiene a su cargo la coordinación e implementación de la agenda relacionada con estas dos áreas temáticas dentro del programa de trabajo de WRI México. Sus temas de enfoque incluyen la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático, eficiencia energética y fomento a la energía limpia.

Su experiencia profesional incluye más de 12 años ocupando diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), incluyendo la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Política y Economía Ambiental y la Coordinación General de Crecimiento Verde. Fue además Director General Adjunto de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y Coordinador de Proyectos del Centro Mario Molina. En múltiples ocasiones fungió como delegado de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el G20, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Andrés es Economista, graduado con Mención Honorífica de la Facultad de Economía de la UNAM; con Maestría en Economía del ITESM; Maestría en Tecnología Ambiental del Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres, y Doctorado (PhD) en Energía y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ha publicado diversos artículos y capítulos sobre temas relacionados con economía ambiental, cambio climático y la interfaz entre energía y medioambiente.

WRI México
Autor: WRI México
El World Resources Institute es una organización técnica global que convierte las grandes ideas en acciones: establecemos vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano.