¿Ojo por ojo? Jóvenes defienden a perro que lanzaron a lago (VIDEO)

A través de redes sociales se viralizó un video en que un chico lanzó, con afán de divertimento, a un cachorro de perro a la laguna El Infiernillo, la cual es conocida por la zona por sus altos contenidos de basura y contaminación.

La violencia a animales es una conducta cada vez más penalizada a nivel social y judicial. Es decir que cada vez hay más personajes tanto del ámbito civil como policial que se entregan en cuerpo y alma a defender a animales que no poseen los recursos para hacerlo por su cuenta. Un ejemplo de esta situación fue la que se vivió en Mazatlán, Sinaloa, en México. 

A través de redes sociales se viralizó un video en que un chico lanzó, con afán de divertimento, a un cachorro de perro a la laguna El Infiernillo, la cual es conocida por la zona por sus altos contenidos de basura y contaminación. Frente a esto, un grupo de jóvenes decidieron arremetar en contra del chico en defensa del perro: lo arrojaron a la orilla de la laguna, de la cual pudo salir sin complicaciones. Los eventos se mostraron en el siguiente video: 



Rastros sin crueldad: una reforma en México pretende poner fin al sufrimiento de los animales de granja

En México una reforma podría comenzar a castigar como delito grave a aquellos que maltraten y asesinen violentamente a animales de rastro.

La crueldad que media a la producción de la carne es un problema mundial, y es una de las principales razones detrás del vegetarianismo de cientos de personas. Los abusos que cometen los trabajadores en los rastros y criaderos, así como la nula importancia que le dan los dueños de las empresas al sufrimiento animal, ha sido una cuestión denunciada por muchas organizaciones independientes y ONG’s, como Mercy for Animals e Igualdad Animal en México.

Ello ha servido para concientizar sobre el sufrimiento espantoso —y totalmente innecesario— que pasan vacas, cerdos, pollos y demás animales en los rastros, trayendo como resultado que se presione a los gobiernos para que implementen medidas eficaces contra la crueldad en estos sitios.

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Es ahora el caso de México, en donde la Cámara de Diputados aprobó el pasado 7 de noviembre el proyecto para modificar la Ley Federal de Sanidad Animal y el Código Penal Federal, una iniciativa que comenzó como proyecto de ley en marzo pasado. La implementación de esta reforma tipificaría como delito grave la crueldad en los rastros; en este sentido, las personas que cometan actos atroces contra estos animales de granja podrían ser encarceladas entre 6 meses y 2 años, y pagar multas administrativas de hasta 50 mil salarios mínimos. 

Además, la ley será una herramienta para plantear el uso de la ciencia y la tecnología para suprimir todo sufrimiento y hacer que el abastecimiento de carne a los mercados no tenga como trasfondo el infierno por el que pasan actualmente los animales en los rastros. Esto es fundamental pues México es un país que produce muchísima carne, sobre todo para exportarla a países como Estados Unidos, Corea y Rusia.

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Para cumplir con las necesidades del mercado existen en México dos tipos de rastros: los municipales, que son inspeccionados por la Secretaría de Salud, y los de inspección federal (TIFF), que son coordinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  (SAGARPA). Estos últimos son los que más respetan las normas, tanto en el ciclo de engorda del ganado —donde se cuida que éste se encuentre libre de componentes dañinos para la salud como el clembuterol—,  hasta el proceso de sacrificio, corte y deshuese.

Lamentablemente, los rastros TIFF equivalen al 40%, mientras que los rastros municipales, mismos que no cumplen normas básicas de supervisión e higiene, son el 60% restante. Pero además de ser malo para la salud de los consumidores, las prácticas en estos rastros ocasionan que se amplifique el sufrimiento animal.

Así lo documentó el equipo de investigación del portal Igualdad Animal, quienes en 2016 accedieron a 21 rastros municipales en los estados de Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Zacatecas y Nayarit, descubriendo prácticas terribles durante el sacrificio del ganado. Documentaron cómo en esos lugares se mata a los animales con golpes de mazo, degollados sin aturdimiento previo e incluso con base en repetidas puñaladas, todo ello para ahorrar dinero en este proceso al no gastar en tecnología que impida este sufrimiento absurdo.

A raíz de ello, Mercy for Animal lanzó una petición que alcanzó 340 mil firmas, misma que fue uno de los detonantes para que el Senado y la Cámara de Diputados pusieran a discusión la reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal, misma que consiste en obligar a los propietarios de animales domésticos o silvestres en cautiverio a procurar el máximo bienestar en materia de alojamiento, trato, seguridad y cuidado a los mismos.

Ahora que la sociedad mexicana logró empujar a que esto sucediera, la ultima palabra está en manos de los legisladores, para hacerlo posible. Y de llevarse acabo esta reforma, toca dar seguimiento para que no solo sea inviolable, sino que los organismos gubernamentales se encarguen de que sea efectiva en la práctica. Sólo así, podrá comenzar una lucha contra el sufrimiento desmedido de los 7 millones de animales que se sacrifican al año en el país.



¿Por qué cuatro civiles decidieron liberar a tiburones gato a mitad de la noche?

De forma anónima y a las primeras horas de la madrugada, cuatro tiburones gata que vivían en cautiverio en Playa Tiburón, en Isla Mujeres –Quintana Roo– fueron liberados después de sufrir condiciones paupérrimas en las que eran sometidos.

Hay ocasiones en que el pueblo necesita gritar un “¡Basta!” ante las injusticias a minorías que no poseen los recursos para defenderse; minorías que pueden ser de índole humana, animal o vegetal, pero que no pueden salvarse del acoso y abuso que alguna mayoría de poder ejerce sobre ellos. Un ejemplo de este acto heróico es el de la liberación de los tiburones nodriza en la Isla Mujeres el pasado 4 de mayo del 2017.

De forma anónima y a las primeras horas de la madrugada, cuatro tiburones gata que vivían en cautiverio en Playa Tiburón, en Isla Mujeres –Quintana Roo– fueron liberados después de sufrir condiciones paupérrimas en las que eran sometidos. De acuerdo con el Frente de Liberación Animal México y algunos activistas, los tiburones eran sometidos a posar bajo el rayo del sol y durante varias horas para ser fotografiado con decenas de turistas. Un tiburón recibía decenas de turistas al día durante seis horas; y por tan sólo 100 pesos, el animal podía ser manipulado, fotografiado, sacado del estanque de 150 cm de profundidad y 5 metros cuadrados. 

Los encargados de tal acto fueron habitantes de la comunidad en Isla Mujeres, pues notaron que los animales “Se encontraban en un corral dentro del mar, sólo abrieron la jaula para que salieran.”

En palabras de la activista Xane Vázques, la liberación “es un ejemplo del hartazgo de una sociedad consciente e informada que llena el vacío y la omisión de funciones de autoridades, quienes sólo ocupan un espacio en oficinas a costos altísimos para los contribuyentes.” Además que, según Víctor Hirales, presidente y fundador de Derecho Sin Fronteras, “Este tipo de acciones esquivan todos los obstáculos burocráticos y políticos para atender inmediatamente situaciones en las que las autoridades impiden hacer valer los derechos de alguien, en este caso esos alguien son los tiburones. Esa acción quizá era la única esperanza para esos tiburones de no morir encerrados siendo explotados.”

Previa a la liberación directa, según la presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab, Araceli Domínguez Rodríguez, se habían presentado ya diversas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente –Profepa– por el caso de los tiburones gata; no obstante, la dependencia no actuó para resolver la situación: “La Profepa aquí no existe. Los animales silvestres en Quintana Roo sufren maltrato constante.” Por su lado, Hirales agrega que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat– “se encuentra secuestrado por administradores no aptos para esta materia, con opacidad e ineficiencia en la distribución de recursos. No es un error, incurren en responsabilidad administrativa y penal como servidores públicos por su negligencia y omisión.”