¿Por qué es importante que indígena guatemalteco gane el Premio Ambiental Goldman 2017?

En América Latina han sido asesinados 450 activistas ambientales entre el 2010 y 2014, provocando que sea una de las regiones más peligrosas para este tipo de activismo –en especial si sus practicantes son indígenas–.

Rodrigo Tot, agricultor indígena guatemalteco, ha luchado en los últimos años contra una gigante minera y las autoridades de su país para recuperar las tierras que le corresponden a su comunidad. Ahora, a sus 60 años, Tot fue galardonado con el Premio Ambiental Goldman 2017 –después de que los últimos dos ganadores latinoamericanos fueron asesinados durante el último año– por su “intrépido liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral” pese a los costos implicados, como el asesinato de su hijo hace cinco años. 

Sin embargo, ¿qué implica recibir uno de los premios más prestigiosos sobre el activismo ambiental? Para el pastor evangélico y líder indígena, “Este premio no cambia nada. Me siento contento pero también me siento el mismo líder, la misma persona. Creo que eso sería un estímulo al trabajo que hacemos, pero estoy tranquilo”. Pese a la continuidad de la cotidianidad y sin darse mucho de cuenta, este premio está brindando el reconocimiento público; es decir que facilita la atención de la sociedad en general frente al riesgo en el que viven los activistas ambientales en Latinoamérica.

En esta región han sido asesinados 450 activistas ambientales entre el 2010 y 2014, provocando que sea una de las regiones más peligrosas para este tipo de activismo –en especial si sus practicantes son indígenas–. Los ejemplos más renombrados han sido el caso de la hondureña Berta Cáceres y del mexicano Isidro Baldenegro, quienes fueron galardonados con el mismo premio pero asesinados en sus casas. 

 

Como sus colegas, Tot inició su lucha hace 43 años para exigir al Estado guatemalteco que devolviera los títulos de propiedad tanto a él como a otros 63 campesinos. Estas tierras, en las montañas del municipio de El Estor, son ricas en oro y níquel, convirtiéndose en zonas importantes para empresas mineras; además de poseer numerosos recursos naturales, como diez nacimientos de agua, que abastecen a varias zonas de alrededor. Para Tot y cada uno de los pobladores que han luchado por su derecho de propiedad, están buscando la equidad en derechos humanos como comunidad indígena y conservación de su medio ambiente. Por esta razón, el galardonado explica que necesita “mayor certeza jurídica sobre la propiedad de sus tierras para seguir luchando por ellas. Estamos pidiendo que nos legalicen. Nosotros ya lo pagamos, tenemos los recibos, tenemos las actas y el derecho. Nosotros ahí estamos y la tenemos que defender hasta donde se pueda.”

 

Desgraciadamente, la lucha entre mineras y miembros de la comunidad indígena de Tot, no han sido los únicos episodios violentos: “A los 18 años, durante la Guerra Civil –1960-1996–, el ejército guatemalteco lo obligó a formar parte de los patrulleros civiles, paramilitares que ayudaban al ejército en labores de control a población civil. […] Hubo muchos desaparecidos y no logro olvidar que el líder de Agua Caliente ‘Lote 9’ de aquella época fue asesinado por su lucha por la tierra.” Pese a ello, la experiencia ha servido para organizar a la población y bloquear los numerosos intentos de las empresas mineras que son apoyadas por las autoridades policiales para ingresar a las comunidades. 

Frente a eso, el 18 de marzo del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– aceptó una demanda presentada por Tot, en la cual se denuncia que el estado de Guatemala violó los derechos de dominio colectivo sobre las tierras, recursos naturales, libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas al negarles la entrega de sus títulos de propiedad de sus tierras. Y pese al riesgo que implica su trabajo e incluso ganar este premio mundialmente reconocido, el activismo de Tot promueve el respaldo comunitario, el enfrentamiento contra el miedo y la coacción, el respeto por los derechos humanos hacia su comunidad y la conservación de sus tierras: “Jamás me olvidaré de la perdida de mi hijo, pero yo sigo luchando […], ya no estamos en los años 80, cuando desaparecían a un líder y todo quedaba silencio. Hoy no; cuando desaparecen a un líder, se levantan diez más y esa es la ventaja que tenemos”.



Activista Berta Cáceres gana: se suspende proyecto hidroeléctrico que provocó su muerte

Durante dos años se catalogaron de inútiles las muerte tanto de Berta Cáceres como otros ambientalistas latinoamericanos, quienes han luchado contra proyectos que atentan contra los derechos humanos y la biodiversidad del planeta.

La muerte de la activista ambiental de origen indígena Berta Cáceres, fue un evento que impactó a numerosas políticas ecológicas y sociales en varios países de Latinoamérica. De hecho su difusión logró evidenciar el alto riesgo en que habitan tanto las comunidades indígenas como el medio ambiente frente a la ambición glotona de grandes –tras–nacionales que invaden y contaminan recursos naturales. Ahora, a dos años de la muerte de la hondureña, el Banco Holandés de Desarrollo –FMO– y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial –FINNFUND– retiraron definitivamente el apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollo Energéticos Sociedad Anónima –DESA–. 

 

Durante dos años se catalogaron de inútiles las muerte tanto de Berta Cáceres como otros ambientalistas latinoamericanos, quienes han luchado contra proyectos que atentan contra los derechos humanos y la biodiversidad del planeta. Sin embargo, la reciente decisión de suspender el polémico proyecto hidroeléctrico entró en vigor de manera oficial el lunes 10 de julio del 2017, brindando un ápice de esperanza en relación con la reinvindicación, resistencia, resiliencia y perseverancia. Se trata del fin de una historia tráfica que dejó un saldo de varios indígenas y líderes del pueblo Lenca muertos. 

Esta decisión se transmitió a través de un comunicado del Desarrollo Energético Sociedad Anónima –DESA–, notificando la suspensión del proyecto a favor de la reducción de conflictos en la zona del río Gualcarque –occidente de Honduras–; así como la continuación de inversiones sociales en comunidades del occidente para mejorar la infraestructura y calidad de vida. Si bien en el mismo comunicado DESA aclara que “una parte de la comunidad estaba a favor de este proyecto porque ha generado empleos directos en algunas zonas de los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá”; la líder ambientalista Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –Copinh– luchaban contra este proyecto que atentaba contra el patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del pueblo lenca. 

 

Desde su muerte –mientras estaba en su casa y varios individuos ingresaron pasada la media noche para atacarla con varios disparos–, el Congreso de EE.UU. impulsa la “Ley Berta Cáceres para la defensa de los derechos humanos en Honduras”.