Los proyectos de conservación y el despojo del territorio de comunidades indígenas

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones como una oportunidad en la que comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques a largo plazo.

Autor: Gabriela Linares Sosa

Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en México, una de las regiones, -La Sierra Norte – es considerada de gran diversidad biológica por poseer 9 diferentes tipos de vegetación, una riqueza de especies, endemismos, y diversidad de hábitats. Estas características han motivado que la Sierra Norte se haya incluido dentro de las Áreas Terrestres Prioritarias para la Conservación definidas por CONABIO: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe Región Terrestre Prioritaria (Arriaga & Espinoza & Aguilar & Martínez & Gómez, 2000). Durante el año 2000, SERBO A.C., una Organización Civil de Oaxaca, delimitó en la región a partir de estudios de vegetación y uso del suelo para la conformación de áreas prioritarias para la conservación una ellas, denominada Cuasimulco, que engloba a las comunidades del Rincón de Ixtlán, entre otras (González, 2000).

El Rincón de Ixtlán, como haremos referencia de ahora en adelante, engloba a 9 comunidades indígenas zapotecas que se autodenominan Xhidza. En esta zona se encuentran cinco tipos de vegetación: bosques de encino, bosque de pino, bosque de pino – encino, bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia (Bolaños, 2012). Las actividades principales son la agricultura y el cultivo del café, la propiedad de la tierra es comunal y su forma de organización es comunitaria y regional.

A inicios del siglo XXI emergió el mercado de los servicios ambientales que se potenció con el mercado de los recursos genéticos (Toledo, 2008). Los pagos por servicios ambientales (PSA) son instrumentos utilizados para recompensar a los dueños de la tierra por ciertos tipos de uso o manejo de los recursos naturales que generan servicios ambientales para terceros (Madrid, 2012).

En ese sentido, en el año 2003 comunidades cafetaleras del rincón de Ixtlán se integran al programa de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), programa que impulsó el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la finalidad de apoyar la captura de agua en las principales montañas del país (Anta, 2006).

Para el 2004, la CONAFOR publica la convocatoria para el Programa de Servicios Ambientales-PSA- CABSA (Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales) en su modalidad de cultivos de sombra, siendo uno de los requisitos estar certificados o en el proceso de certificación agraria a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Anta, 2006). Al menos dos comunidades del Rincón de Ixtlán iniciaron con el proceso de certificación para poder acceder a los programas PSA- CABSA.

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad (Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer mundo, 2006). Sin embargo uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques en el largo plazo (Madrid, 2012).

Actualmente las comunidades del rincón de Ixtlán reciben pagos en tres modalidades: sistemas agroforestales, servicios ambientales hidrológicos y captura de carbono. Sin embargo, existen muchas dudas acerca de estos programas, ya que las comunidades no cuentan con expedientes completos, no existe transparencia y adecuada rendición de cuentas sobre los recursos económicos que llegan producto de la conservación, generando cierta desconfianza al interior de las comunidades (comunicación personal con autoridades locales, 2016).

Se suman a lo anterior, los convenios establecidos entre las comunidades y quienes pagan por la conservación, ya que durante el periodo que dura el programa PSA, las comunidades no pueden hacer uso del territorio. Es decir, no pueden cazar, ni tener acceso a plantas, hongos, leña, tampoco pueden sembrar maíz, actividades importantes para la subsistencia de las familias. En este sentido Toledo (2008), menciona que los contratos por servicios ambientales en cierta forma hipotecan y ceden el control de los territorios, conocimientos y recursos. Los servicios ambientales se convierten entonces en una forma de venta de derecho del uso del territorio, garantizando el derecho exclusivamente a las corporaciones.

Existen muchas dudas sobre los programas y proyectos ya mencionados, algunas comunidades que han decidido salir de ellos enfrentan una serie de presiones por parte de las consultoras para seguir dentro del programa PSA-CABSA. De la misma manera, instancias gubernamentales como la Procuraduría Agraria tratan de incidir para que las comunidades que no entraron al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), regularicen su situación ante el programa actual, para poder acceder a nuevos proyectos.

El panorama en materia ambiental en Oaxaca es muy complejo, principalmente después del 31 de octubre de 2013, cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático, por lo que se espera el impulso de nuevos proyectos como REDD+ y Protocolo de Nagoya que en teoría pretenden un reparto justo y equitativo de beneficios derivado de la biodiversidad. En el Rincón de Ixtlán se prevé la posibilidad de establecer un área de protección especial ante la CONANP como Corredor Biológico. Sin embargo, es importante mencionar que ninguno de los proyectos anteriores ha pasado por un proceso adecuado de consulta a las comunidades y pueblos indígenas, violando los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas, así como los de consulta libre, previa e informada para alcanzar su consentimiento, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A manera de conclusión podemos decir que no existe un proceso de gobernanza en la región, ya que se omite la participación de las comunidades en el diseño de las políticas públicas que impactan la zona. No existe un respeto hacia las instancias de toma de decisiones locales como es la asamblea comunitaria. Al final, los que obtienen algún beneficio son las consultoras y organizaciones civiles que obtienen financiamientos por el PSA-CABSA y de su intervención como enlaces o intermediarios con las empresas principalmente privadas que pagan por la conservación de los bosques. Las realmente beneficiarias son entonces y de acuerdo con Toledo (2008), las grandes corporaciones conservacionistas cuya propuesta sigue siendo la venta de bienes y servicios, esto incluye además de la captura de carbono, otros como el etnoturismo, la bioprospección, hasta el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos ancestrales.

 

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Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.


Conservación comunitaria en la Chinantla: una alternativa desde la comunalidad

Las prácticas de conservación ambiental de las comunidades originarias de Chinantla son un verdadero ejemplo de gobernanza.

Por: Milton Gabriel Hernández García

 

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de carácter comunitario constituyen una alternativa social, cultural y ambiental a las Áreas Naturales Protegidas que surgen por decreto gubernamental, las cuales no suelen tomar en cuenta, de manera adecuada, la participación social. Las ADVC están reconocidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). La CONANP ha certificado hasta el momento 372 ADVC a nivel nacional, equivalentes a una superficie de 406,422.21 hectáreas. En Oaxaca existen 138 ADVC, cuya superficie equivale a 129,000 hectáreas. En este ensayo me referiré a la experiencia comunitaria de conservación de una localidad indígena de la región conocida como la Chinantla, en el estado de Oaxaca.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), existen 26 regiones indígenas en el país y la Chinantla está considerada como de esas regiones. Una característica importante es su porcentaje de población indígena, superior al 70%. La lengua con mayor presencia es el chinanteco, pero coexiste con el mazateco y el zapoteco.

La región de la Chinantla es reconocida también como la tercera selva mejor conservada del país, después de la Selva Lacandona en Chiapas y Los Chimalapas, en Oaxaca. Mantiene importantes áreas de bosques y selvas con adecuadas condiciones de conservación, conectividad, biodiversidad y extensión. Cuenta con alrededor de 180 mil hectáreas de selvas tropicales y 152 mil hectáreas de bosques mesófilos. Es también una de las regiones más lluviosas del país, por lo que es considerada como una de las “fábricas” más importantes de agua. Es también el hábitat de especies como el jaguar, el mono araña, el tucán, el faisán real, entre otras muchas especies que se consideran en peligro de extinción. Según la CONANP, en el área de influencia de la Región Prioritaria para la Conservación de la Chinantla existen 26 ADVC, que en su conjunto alcanzan 56,290.68 hectáreas.

Podríamos señalar una serie de diferencias sustanciales entre un ANP que surge por decreto y un ADVC, pero por el momento quisiera hacer énfasis en dos de ellas. En primer lugar, un ADVC no se encuentra bajo la administración del gobierno, sino del propietario y cuando se trata de una de carácter comunitario, es la comunidad misma la que a través de sus autoridades agrarias, administra el área protegida. En segundo lugar, la planeación de los usos permitidos y no permitidos del territorio comunitario certificado como área protegida, es dirigida de igual manera por la misma comunidad, ya que es ella la que elabora la Estrategia de Manejo de la superficie bajo conservación.

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El objetivo de este ensayo es mostrar cómo las prácticas tradicionales de manejo y conservación de los bienes naturales pueden llegar a armonizarse con ciertas políticas ambientales, las cuales buscan construir mecanismos más participativos y menos centralizados para la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Para ello, me centraré en el caso de una comunidad chinanteca en la que desde hace más de 1 década, la asamblea comunal determinó el establecimiento de un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

San Felipe Usila es uno de los municipios chinantecos en los que las ADVC han sido implementadas como una alternativa para la construcción de gobernanza ambiental. San Antonio del Barrio es una comunidad chinanteca perteneciente a este municipio. Su territorio oscila entre los 600 y los 1200 msnm y se encuentra enclavada en la cuenca alta del río Usila, en un entorno caracterizado como bosque mesófilo de montaña. El núcleo de población se encuentra a 650 msnm y es punto de encuentro entre los ríos Perfume y Tlacuache. Como en muchas comunidades de la Chinantla, se realiza el aprovechamiento tradicional de especies como el tepejilote, el barbasco, la vainilla, la palma camedor y la pita. Si una persona quiere aprovechar un árbol para su casa, debe pedir permiso al comisariado:

puede traer un pino, pero siempre y cuando no lo eche a perder, que lo ocupe. Para la leña, la traen de los acahuales, del cafetal. Ahí no tienen que pedir permiso, cada quien va, nada más que está retirado. Ahora estoy viendo que están yendo más o menos a una hora y media, a una hora y cuarto. La traen cuando van a su milpa.

Refiere un comunero que “desde siempre” han cuidado su entorno, pues ni el café y lo que representa los motivó a desmontar “más de la cuenta”, ya que los ancianos de la comunidad señalan que los abuelos han sabido respetar “los montes viejos”, porque saben de la importancia que tienen para mantener sano el ecosistema y que siga la producción de agua. El monte tiene una gran variedad de usos y formas de aprovechamiento. Es considerado como un bosque comestible, que provee también insumos para combustible, plantas medicinales y para la elaboración de artesanías diversas: “del monte se recolecta aparte de la madera, frutos y bejucos para hacer canastas, para la cosecha del maíz, para recolectar sus frijoles, su maíz”.

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Los conocimientos chinantecos para el aprovechamiento de la flora siguen teniendo vigencia y actualidad, a pesar de que algunas prácticas se han modificado. El conocimiento de los ciclos lunares es fundamental y suele ser compartido por los comuneros de diversas edades. Sin embargo, son los mayores los que tienen más experiencia en el manejo del bosque, por lo que siempre son consultados por las nuevas generaciones para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable. Tanto las herramientas como los conocimientos se han tenido que adaptar a las nuevas condiciones sociales y sobre todo normativas, pues el establecimiento de un ADVC en el territorio comunal ha significado cierta adaptación de las prácticas etnoecológicas.

San Antonio del Barrio cuenta con un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), cuya historia se remonta oficialmente al 23 de julio de 2004, cuando las autoridades de Bienes Comunales y Municipales de la comunidad, solicitaron a la CONANP la certificación de 1,200 hectáreas para fines de conservación. Esta iniciativa fue impulsada por instituciones gubernamentales del sector ambiental y por el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) del PNUD. Los comuneros de mayor edad recuerdan que las acciones de conservación no tienen su origen en la certificación de un área voluntaria, pues “desde que yo me acuerdo de por sí se ha conservado, creo que había más cuidado porque la gente rozaba en rotaciones y era toda la comunidad”. Ante la abundancia de terrenos para trabajadero, la asamblea comunal había destinado ya desde los años 70 una porción del territorio para la conservación, principalmente dejando de trabajar en determinadas superficies:

Antes de la certificación, se habían dejado los trabajos en varias áreas de cultivo, que la gente no tumba bosques o sea en los bosques vírgenes, habían suficiente terreno para trabajar sin necesidad de la tumba y roza.

De forma paralela a la gestión con la CONANP, San Antonio realizaba acciones de coordinación con otras comunidades con las que colinda y que pertenecen también a San Felipe Usila. En este contexto, el 26 de agosto de 2004, las comunidades de Santa Cruz Tepetotutla, Santiago Tlatepusco, San Antonio del Barrio y San Pedro Tlatepusco, firmaron el “Acuerdo Regional Comunitario para la Conservación de los Recursos Naturales de la Cuenca Alta del Río Perfume y Santiago”. Derivado de estos acuerdos internos e intercomunitarios y de las gestiones con la CONANP, la comunidad de San Antonio del Barrio cuenta actualmente con un ADVC, cuya extensión es de 1,500 hectáreas de terrenos de uso común.

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Considero que la gestión comunitaria del ADVC de San Antonio del Barrio se enmarca de manera muy clara en el concepto de gobernanza, que se refiere a la capacidad social para gestionar la diversidad en beneficio del bien común, en el marco de un sistema político y económico. La gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de un gobierno para establecer consensos entre diferentes actores y con ello, resolver actuales y potenciales conflictos.
Las autoridades agrarias y las autoridades de la CONANP enfrentan cotidianamente el reto de conservar en el marco de las necesidades socieconómicas locales y la pertinencia cultural. En la gobernanza concurren diferentes actores, como las autoridades agrarias, los grupos productivos, las instituciones civiles, de gobierno y académicas. La acción colectiva que ha permitido consolidar el proceso se expresa en la Estrategia de Manejo que ha sido elaborada por los comuneros y validada en la asamblea comunal.

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Autor: México Sostenible
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