¿El que conserva altera y el que altera conserva?

Movimientos incongruentes, descuidos fatales o solo acciones que trabajan para el apaciguamiento de la presión nacional e internacional.

Autor:  Jorge León

La concepción gubernamental de las áreas naturales protegidas en México no le llega ni a los talones a la situación real y compleja en la que se encuentran. Un hecho tangible es la aplicación de políticas de disección forzada en las que se pretende aislar segmentos de naturaleza inédita en aras de su conservación y protección, aislándola de su propio entorno (Zambrano, 2001). A caso las entidades gubernamentales quieren establecer cercos inanimados, majestuosos y sin alteraciones a expensas de la derogación de un sistema complejo y con un número infinito de multiversos e interacciones humano- naturaleza. O es que simplemente vivimos en un mundo en donde los intereses individuales predominan sobre el bienestar colectivo.

Partiendo de lo anterior el presente ensayo busca abordar de manera breve las problemáticas derivadas de la desarticulación entre los actores y los instrumentos implementados para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s), tomando como ejemplo la situación del Parque Nacional Lagunas de Montebello (PNLM) ubicado la frontera sur del país.

De manera histórica el establecimiento de las ANP´s en México ha sido impulsado por las presiones públicas y las críticas internacionales (Galicia, 2012). Generando así una lucha por cumplir una agende gubernamental, más que establecer áreas para la conservación y desarrollo de sus habitantes. Dicha situación se ha venido dando desde el mandato de Lerdo de Tejada, hasta el gobierno del hoy presidente Enrique Peña Nieto. El primero con una base proteccionista al más puro estilo estadunidense, mientras que el último creó 4 áreas más de protección, cuando las instituciones encargadas de su gestión se encuentran inmersas en un déficit presupuestal y administrativo (Castañeda y Quevedo, 2006; Vargas, 2016). La falta de racionalidad y desconexión entre los órdenes de gobierno para la toma de decisiones llega hasta el punto en el presupuesto destinado para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es 37 veces menos que el que recibe la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ni todo el presupuesto de los programas destinados a la conservación alcanzan una cifra competitiva frente al resto de los recursos destinados a otras instituciones gubernamentales (Cortina-Zegovia & Zorilla-Ramos, 2007). Movimientos incongruentes, descuidos fatales o solo acciones que trabajan para el apaciguamiento de la presión nacional e internacional. Se creería que los más de 100 años de experiencia en la protección y conservación de las ANP´s bastarían para generar modelos integrales y de manejo adaptativo dentro de estas zonas de prioridad nacional, sin embargo, todo este tiempo solo sirvió para alimentar con procesos burocráticos, excluyentes, proteccionistas y pensados desde una oficina.

Uno de los ejemplos es el PNLM, decretado en 1959; establecido sin integración ni sustento académico, ecológico y mucho menos social. Provocó la expropiación del territorios y el establecimiento de límites políticos poco adaptados a la realidad geohistórica de la región (Castañeda y Quevedo, 2006). El gobierno con argumentos burdos de conservación estableció un instrumento de política ambiental estricto y poco incluyente, en una región con asentamientos humanos ancestrales, hundidos en la marginación económica y la opresión política de los pueblos indígenas (Galicia, 2012). Hecho que los colocó al borde del precipicio al ser despojados de su territorio y relegados a no más que invasores de lo que un día fue su hogar (Hernández, 1994). Hecho que situó al estado como un ente opresor ante la sociedad, con prácticas verticales y un gobierno fallido. Mientras que en las declaratorias los más altos mandatarios vende la idea del progreso y del trabajo cooperativo, lo que es totalmente contrario a la realidad de desarticulación por la que atraviesa el país.

En el caso específico de PNLM se presentan problemas sociopolíticos y ambientales ya expuestos por Brenner (2009) como una generalidad en el manejo de las ANP´s en México. Las cuales son impulsadas por la desarticulación y la mala gestión del parque.

Algunas de estas son:

– Desacuerdos en el uso y gobierno de las áreas productivas, como el control de los recursos recaudados por el acceso.

– Actividades gubernamentales centralizadas y sectorizadas, carentes de visión a largo plazo y pensamiento sistémico.

– No se cuenta con programas turísticos adaptados al desarrollo de las ANP´s.

– No se toma en cuenta la intromisión de intereses externos que puedan afectar la ANP.

– Practicas individuales sobre lo comunitario.

– Falta de inclusión de los locales en la toma de decisiones

– Degradación ambiental por incendios, plagas, contaminación de acuíferos o extracción clandestina de recursos naturales.

– Micro mafias internas que regulan el uso y la organización de los programas

– Un gran número de programas mal coordinados y hechos desde una oficina.

– La redición de cuentas pertenece al sector gubernamental y a nadie más.

Durante tiempos recientes en el PNLM la CONANP regida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se guían mediante los lineamientos específicos del plan de manejo ejecutado desde 2007 (PMPL, 2007). Lineamientos que en la mayoría de los casos se ven limitados por la falta de recursos y capital administrativo para su gestión. Lo que contribuye de manera negativa al desarrollo de las capacidades locales, originando situaciones de conflictos por el accesos y uso de los recursos protegidos, eventos que impulsa la degradación de los mismos (Pinazzo, 2003). Aunado a esto se presenta el crecimiento del sector turístico el cual genera una presión considerable con la agregación de hasta 2 toneladas de residuos mensuales y un turismo irresponsable y poco adaptado a las condiciones del parque (PMPL, 2007).

En la actualidad los habitantes que se ven beneficiados por las actividades en el parque conciben a la CONANP como un organismo limitante y generador de roces entre la comunidad. Por otro lado la Secretaria del Turismos (SECTUR) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) se contraponen a la voluntad de la CONANP, con la aplicación de programas de desarrollo turístico distintos a los que el parque requiere (Barriga, 2016). La falta de organización entre sectores y la limitada rendición de cuentas, incrementa así los problemas de legitimidad de la figura del estado.

Por lo que la búsqueda de un cambio de paradigma es apremiante. Una de las alternativas se basa en los mecanismos de gobernanza ambiental, que trascienden más allá de un estado benefactor y centralizado. Buscando la generación de procesos colectivos de carácter formal e informar, determinando como se toman las decisiones o se establecen las normas sociales con referencia a los asuntos públicos que la envuelven. Denotando como característica esencial la posibilidad de ser analizada e interpretada para su propio mejoramiento, todo esto dentro de una perspectiva que comprende al socioecosistema y condiciones horizontales de gestión (Hufty, 2008; Miriam, 2013). En conclusión es imperiosa la búsqueda de la inclusión de un pensamiento socioecosistemico, horizontal, que atienda las problemáticas del entorno real y no las visualizadas desde los gabinetes de gobierno; que los intereses individuales pasen a un segundo plano y el esfuerzo colectivo sea el pan de cada día. Acaso debemos de permitir que nuestro desarrollo siga enterrado por el interés de la minoría dominante, los cuales construyen su proyecto de nación olvidando de manera sistemática a la sociedad, tomándola en cuenta sólo cuando la necesitan. Informémonos, retroalimentemos y participemos.

México Sostenible
Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.


Conflictos y gobernanza en la Sierra del Chichinautzin

Hay una diversidad de posturas y de actores a considerar en la construcción de una red ciudadana legítima para la conservación de los bosques del Corredor Biológico Chichinautzin.

* Por: Axel Fabrizio Maldonado Romo

 

Los bosques del Corredor Biológico Chichinautzin (CBC) presentan un mosaico de oportunidades para su manejo sustentable a pesar de que la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya aprobado en el 2017 una obra ilegítima en esta Área Natural Protegida (ANP). Me refiero a la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, lo que ha significado hasta ahora la tala de los bosques comunales y ejidales de Tepoztlán, así como la falta de reconocimiento de los intereses de los habitantes del CBC. Desde que se decretó oficialmente en 1988, las autoridades federales encargadas de su administración establecieron una relación unilateral no incluyente con la población que persiste entre la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Semarnat y las comunidades que habitan el CBC (Paz, 2005; Paz, 2008). En 1996 se incluyó al CBC en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP) para fortalecer su conservación desde un modelo de gobernanza (Castañeda, 2006). Esto no ha sucedido. La ausencia de legitimidad de las autoridades estatales y federales no es el único obstáculo en la construcción de una gobernanza policéntrica que aproveche las oportunidades que representan los sistemas locales de gobernanza comunitaria y la convergencia de intereses.

La complejidad de la dinámica política en torno a los bosques del CBC, ampliamente detallada por Paz (2005), podría organizarse por medio de un modelo de gobernanza policéntrica. Desde esta perspectiva se reconocen las diferencias entre las escalas local, regional y suprarregional y se busca su colaboración para la conservación (Wyborn y Bixler, 2013). En el presente ensayo se ilustra la diversidad de posturas y de actores a considerar en la construcción de una red ciudadana legítima para la conservación de los bosques del CBC para vislumbrar las categorías del Marco Analítico de la Gobernanza (Hufty, 2008). Para esto se señala la posición fronteriza (a nivel estatal, municipal y local) del ANP y la situación política de cuatro comunidades agrarias, resaltando la influencia de las urbes adyacentes y los intereses relativos a los bosques.

Ante la enorme complejidad de los conflictos socioambientales que atañen al CBC, su ubicación geográfica indica los gobiernos que deberían considerarse en la construcción de una gobernanza policéntrica.

La condición transfronteriza y el gran tamaño del CBC involucran directamente a gran número de actores. Sus 65,721 hectáreas abarcan áreas interestatales, intermunicipales e intercomunitarias, con límites fronterizos difusos. La CDMX y los estados de Morelos y Estado de México son las entidades estatales que podrían colaborar en un proyecto forestal común. A nivel local encontramos las delegaciones de Tlalpan y Milpa Alta de la CDMX; el municipio de Ocuilán de Arteaga del Estado de México; y los municipios de Cuernavaca, Yautepec, Tlayacapan, Atlatlahucan, Totolapan, Jiutepec, Huitzilac, Tlalnepantla y Tepoztlán, de Morelos (CONANP, 2001). En estos últimos tres municipios se encuentra cerca del 78 % del territorio del CBC (Paz, 2005).

Los derechos de propiedad de los bosques de Huitzilac, Tlalnepantla y Tepoztlán fueron concedidos parcial o totalmente por el gobierno mexicano a las comunidades agrarias de Huitzilac y Coajomulco (en el municipo de Huitzilac), Tlalnepantla (municipio de Tlalnepantla) y Tepoztlán (Municipio de Tepoztlán) (Paz, 2005). En Huitzilac los intereses privados se han apropiado de las autoridades de bienes comunales, lo que ha permitido que el bosque sea percibido y gestionado ilegalmente como una mercancía. La extracción de tierra y la tala de madera para su comercialización en las urbes, así como la venta de terrenos comunales han sido constantes en la historia de Huitzilac y han moldeado las relaciones políticas repercutiendo en el deteriorado de sus bosques. A pesar de la corrupción predominante en Huitzilac, las autoridades de bienes comunales continúan funcionando y algunos pobladores se organizan colectivamente en grupos de vigueros, tierreros, artesanos y ganaderos para la mercantilización de los recursos.

De manera contrastante a lo que sucede en Huitzilac, en la comunidad agraria de Coajomulco, los bosques son percibidos y gestionados como un bien común. Tanto las autoridades de bienes comunales como la ayudantía municipal funcionan como gestores y administradores legítimos de los bosques, mientras que los tierreros y los agricultores comuneros y no comuneros están organizados colectivamente gracias al reconocimiento de sus derechos por parte de las autoridades locales.

El impacto de la presión urbana es evidente tanto en Huitzilac como en Tlalnepantla. Los derechos de esta última comunidad agraria sobre los bosques jamás fueron constatados oficialmente. Consecuentemente, ni la autoridad agraria ni la municipal intervienen en la administración forestal. En este caso los bosques significan la oportunidad para cinco grupos de nopaleros de producir nopales para venderlos en la Central de Abastos (Paz, 2005; Paz, 2008). El comercio del nopal ha transformado completamente las relaciones de poder, ha deteriorado las instituciones locales y ha afectado la seguridad alimentaria históricamente propiciada por la milpa (Torres-Salcido y Muchnik, 2012; Torres-Salcido et al., 2016). Particularmente en Tlalnepantla se percibe la influencia política de un profesionista/político de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En esta comunidad se presenta la oportunidad de involucrar a las urbes periféricas y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en un proyecto de gobernanza policéntrica.

Tepoztlan-Cerro-del-Tepozteco

Para el caso de Tepoztlán los bosques están inmersos en una dinámica conflictiva donde coinciden los intereses colectivos de varios grupos cívicos a pesar de la ausencia del aprovechamiento forestal. Desde que se decretó el Parque Nacional El Tepozteco en 1937 dejaron de explotarse los bosques. Sin embargo, éstos continúan siendo de interés común. Como menciona Paz (2005), los bosques forman parte de la identidad tepozteca, las autoridades municipales y agrarias son respetadas y la voz de los tepoztecos se hace escuchar por medio de múltiples grupos cívicos forestales y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun). Toda esta organización ciudadana surge del exitoso movimiento social contra un club de golf en 1995. También en esta comunidad es evidente la influencia de las urbes, de donde llegará aún más turismo con la ampliación de la carretera.

En conclusión, el mosaico de oportunidades para el manejo forestal sustentable del CBC no se limita a su interior ni a los grupos sociales con mayor poder local. Una gobernanza policéntrica integraría los intereses locales predominantes, los intereses de los gobiernos estatales de Morelos, CDMX y Estado de México, los intereses federales, los intereses del sector académico, los intereses de la sociedad civil, los intereses de los grupos sociales menos favorecidos que habitan el CBC y los intereses de la población urbana correspondiente. Como puede percibirse a lo largo de este ensayo, las ciudades que rodean al CBC se vinculan con éste a través de la tierra, la madera y los nopales que demandan.

Ante tal complejidad resulta inminente la colaboración de los actores involucrados para preservar la alta biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee el CBC y que hacen de sus bosques un objeto de interés común local, estatal, nacional y global.

 

* Foto principal: Jorge Ernesto Calderón

 

Referencias:

Aguilar Benítez, S. (1995). Ecología del estado de Morelos. Un enfoque geográfico. Cuernavaca, Editorial Praxis, Instituto Estatal de Documentación de Morelos.

Castañeda, J. (2006). Las Áreas Naturales Protegidas de México de su origen precoz a su consolidación tardía. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 10, 218 (13).

CONANP. (2001). Corredor Biológico Chichinautzin. En CONANP. Recuperado de: http://chichinautzin.conanp.gob.mx/index.php.

Hufty, M. (2008). Una propuesta para concretizar el concepto de gobernanza: el Marco Analítico de la Gobernanza. En: Mazurek, H. (Ed.) Gobernabilidad y gobernanza en los territorios de América Latina, p. 1-17, IFEA-IRD, La Paz, Bolivia.

Paz Salinas, M. F. (2005). La participación en el manejo de áreas naturales protegidas. Actores e intereses en conflicto en el Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Cuernavaca, Morelos, UNAM.

Paz Salinas, M. F. (2008). De Áreas Naturales Protegidas y participación: convergencias y divergencias en la construcción del interés público. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Torres Salcido, G. y J. Muchnik. (2012). Globalization/Fragmentation Process: Governance and Public Policies for Localized Agri-food Systems. En: Arfini, F., Mancini, M.C. y M. Donati (Eds.) Local Agri-food Systems in a Global World: Market, Social and Environmental Challenges, p. 97-116, Cambridge Scholars Publishing, Inglaterra.

Torres-Salcido, G., Ramos-Chávez, A. y A. Urreta-Fernández. (2016). Bio-cultuural anchorage of the prickly pear cactus in Tlalnepantla (Morelos), Mexico. Culture and History Digital Journal 5 (1).

Wyborn, C. y R. P. Bixler. (2013). Collaboration and nested environmental governance: Scale dependency, scale framing, and cross-scale interactions in collaborative conservation. Journal of Environmental Management 123: 58-67.

México Sostenible
Autor: México Sostenible
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