Comunidades zapotecas buscan administración comunitaria del agua

Esta propuesta funge como demanda para reconocer los derechos territoriales y de libre determinación y autonomía para las comunidades zapotecas de la región.

En los últimos años, el tema del agua está fuertemente relacionado con la contaminación y la escasez mundial; pero en los últimos días, en las comunidades zapotecas de Oaxaca, en México, se ha tornado hacia la defensa de este recurso natural para el hábitat y sus pobladores locales. El día 8 de febrero del 2017, la comunidad zapoteca de San Pedro Apóstol, Oaxaca, presentó a la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA– su propuesta para “el uso, disfrute y administración comunitaria del agua, en el marco de la consulta indígena que se está llevando a cabo en los Valles Centrales”. 

Esta propuesta funge como demanda para reconocer los derechos territoriales y de libre determinación y autonomía para las comunidades zapotecas de la región, y así brindarles la facultar de elaborar y emitir las normas que regulen el uso de las aguas del subsuelo. En otras palabras, que se levante el Decreto de Veda –1967– para que las 16 comunidades de esta región hagan uso y cuidado del agua subterránea sin la intervención de empresas extranjeras. 

Por esta razón, las 16 comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua –COPUDA– han dado “cuenta de su capacidad, para gestionar, diseñar y construir obras de captación de agua de lluvia que hasta ahora revitalizan los mantos acuíferos de la región, de la cual depende su sustento.” De modo que al establecer una relación de corresponsabilidad entre el gobierno de Oaxaca y los pueblos indígenas, se está defendiendo no sólo el recurso natural del país, también los derechos de las comunidades indígenas a la igualdad y al acceso justo a los bienes comunes naturales, a la innovación y propuestas tanto comunitarias como ciudadanas. 

 No es novedad que las comunidades indígenas se encuentren en situaciones de riesgo frente a firmas internacionales que explotan los recursos naturales de las áreas naturales mexicanas. Por esta razón, las mismas comunidades hacen un llamado a las autoridades para que se respeten sus derechos y voluntad en relación con el acceso justo al agua en los Valles Centrales de Oaxaca, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– y otros mecanismos de derechos humanos. 

En la presentación de la propuesta, la COPUDA escribió: “Un proceso de consulta con esas características sería un ejemplo de buenas prácticas de gobierno para el cuidado y aprovechamiento de los bienes comunes naturales en México y el mundo, y por lo tanto un ejemplo en el combate a la desigualdad social.” De alguna manera, esta propuesta busca la defensa del agua y de los ciudadanos para la construcción de una economía más justa, humana e igualitaria. 

 

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Todo lo que debes saber sobre la probable privatización del agua en México

El tema está en la mesa: ¿es viable la privatización? ¿qué significan los decretos firmados? ¿quiénes están tomando acción al respecto?

La seguridad hídrica de México es uno de los temas más importantes en la agenda pública. La desigualdad de ingreso en México se traduce en desigualdad de acceso a un suministro constante y de buena calidad del agua.

Actualmente, la zona centro–norte del país concentra al 27% de la población, genera el 79% del producto interno bruto (PIB) y sólo tiene un 32% de agua renovable.

Según el Consejo Consultivo del Agua, en la zona sur, donde está el 68% del agua del país, se encuentra únicamente el 23% de la población y se genera el 21% del PIB.

A la par, un estudio publicado por el Banco Mundial en el 2013, asegura que el 8.4% de la población del valle de México no tiene acceso al servicio de agua.

Esta población es la más carente de recursos y paga por agua un valor promedio de 20 pesos por un tambo de 200 litros, lo cual corresponde a 14 veces lo que pagan por metro cúbico los usuarios conectados al servicio.

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Sobre la supuesta privatización del agua en México

El tema de la privatización del agua regresó a la discusión pública porque el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos para la Reserva de Agua.

En estos decretos publicados por el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio se elimina la veda que existía en el área del Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, la costa de Jalisco, Ameca, el Pánuco, la Costa Grande de Guerrero, San Fernando y Soto la Marina, y Lerma-Santiago.

Lo anterior implica que 300 cuencas hidrológicas (de las 756 que existen) ya no tendrán el estatus de veda y se convertirán en zonas de reserva.

Según el gobierno, “las vedas son aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad”.

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Sin embargo, en los 10 decretos que se firmaron no se especifica el volumen de agua que se puede usar legalmente (entre otros datos específicos importantes) y esta acción sugiere, según el análisis hecho por Agua para Todos, que estas áreas ahora se pueden utilizar para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua mediante organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país.

 

Las dos versiones del tema (y por qué es un problema) 

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En este tema, el debate está sobre la mesa; por un lado, está la postura del gobierno federal que está siendo respaldada por la WWF México (aquí puedes leer su texto), que se refiere a los decretos como una “decisión histórica [que] protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas”:

El comunicado publicado por la Conagua explica que estos decretos atienden a recomendaciones hechas por organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, de manera que se trata de una medida de “primer mundo” adoptada por México para el cuidado del agua. La Conagua concluye que dichas “reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medioambiente”.

Sin embargo, existen diferentes expertos de la academia (como la ONG Agua para Todos y expertos de la UNAM y la UAM) que cuestionan cabalmente el discurso oficial, de entrada, porque el caso del territorio mexicano es distinto (por ejemplo, hay una gran cantidad de población de comunidades indígenas en áreas de riqueza natural que pueden ser afectadas), y sostienen que al levantar las vedas de las cuencas hidrológicas se vulnera el agua a la privatización a través de las concesiones.

En entrevista para Sin Embargo, los expertos coincidieron en que el problema no es la firma de dichos decretos como tal, sino la posibilidad de que las cuencas queden vulnerables frente a grandes corporaciones como son las refresqueras y cerveceras, y concretamente, expuestas a actividades de minería y fracking. Estas últimas, como ya ha venido padeciendo el país, son algunas de las actividades que más han contribuido a destruir los ecosistemas y el territorio de los pueblos indigenas. 

 

Una apuesta a la solución

Como explica Dossier Político, los expertos señalan que el sistema de concesiones aprobado debe ser reemplazado por uno que asigne los volúmenes ecológicamente aprovechables, que reconozca los derechos de los pueblos indígenas a la administración de las aguas y que establezca los volúmenes requeridos para uso personal-doméstico y servicios públicos para asegurar el acceso equitativo en torno al derecho humano al agua.

La organización Agua para todos explica detalladamente en su página de internet por qué estos decretos son un peligro para México y su recurso vital. Adicional están promoviendo una petición para que se modifiquen los decretos y lograr una mejor Ley General de Aguas.

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Fotografía: © Thor Morales /WWF México

 

El agua en una situación bastante grave

Es un hecho que los decretos privatizadores son contrarios al derecho humano al agua, de los pueblos indios y de los productores de México.

Históricamente, la desigualdad territorial en el acceso al agua se corresponde con el despojo de los territorios indígenas, estrechamente en relación con la construcción de megaproyectos hidráulicos. Un caso son las presas que han desplazado forzosamente a miles de indígenas.

La Ciudad de México y el Estado de México tienen problemas en el suministro de agua porque ha crecido su consumo, pero no ha aumentado el volumen de lo que se obtiene de mantos freáticos y del sistema Cutzamala (que permite transportar este recurso desde Michoacán, pasando por el Edomex, hasta la Zona Metropolitana del Valle de México), según datos de la consultora KPMG.

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Poco a poco, la asignación de grandes volúmenes a las comisiones estatales del agua está convirtiendo las aguas nacionales en ‘aguas estatales’.

¿Quiénes están tomando acción al respecto? Mientras no haya una definición clara, la responsabilidad cae en la ciudadanía. Como usuarios del agua, también hay mucho que se puede hacer.

Por ejemplo, construir recolectores de agua de lluvia para reutilizarla, o desarrollar hábitos cotidianos que realmente hagan la diferencia en el consumo de agua. Pero sobre todo, recordar que tenemos un territorio en común.

Debemos ser guardianes del agua desde todos los flancos posibles. Sin agua, ¿qué otra posibilidad queda?



Nosotros contra la privatización del agua

Una ley en México busca privatizar este líquido (sagrado y colectivo): ¿qué podemos hacer para defenderlo?

El agua es un recurso y un derecho: incluso diríamos que es un elemento literalmente cósmico, pues gran parte de nuestros mares y océanos se formaron por las partículas de hidrógeno y oxígeno que cayeron en el planeta hace miles de millones de años, escondidas en meteoritos.

Este líquido vital, cósmico e indispensable para la vida, ha sido usado negligentemente por la civilización desde hace mucho. Y cuando más deberíamos procurarlo, pues tenemos más información al respecto y la tecnología para hacerlo, los gobiernos buscan privatizarlo.

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Es el caso de México, donde una regresiva Ley General de Aguas podría ser aprobada: una ley que no se ha discutido tan ampliamente como debería y que podría ser realmente catastrófica, en un escenario donde el mundo entero podría enfrentar guerras por el agua debido a las distópicas sequías y al cambio climático.

 

¿Por qué la Ley General de Aguas atenta contra nuestros derechos y los de la naturaleza?

Mientras que en países como Colombia se le otorgan derechos a la naturaleza, en México se han impulsado reformas durante los últimos años que resultan francamente regresivas, y peor aún, catastróficas para el medio ambiente.

La Ley General de Aguas es lo que faltaba para que, a través de estas reformas, las grandes empresas puedan monopolizar los recursos naturales en nuestro paraíso biodiverso, que tantos activistas indígenas han defendido incluso con su vida contra el pulso de muerte de la sobreextracción de recursos naturales.

Según diversas ONG, modelos como la Ley General de Aguas

han fallado en 235 ciudades del mundo.

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Esta ley, aseguran expertos mexicanos, tiene como principal objetivo facilitar el fracking (la fractura hidráulica para obtener gases y aceites del subsuelo), así como sobreexplotar las cuencas y acuíferos y darle el agua a las grandes corporaciones sin necesidad de concesiones. Incluso se piensa especular con el vital líquido como si fueran acciones, a través de un llamado “banco del agua”.

También, como explica la organización Agua para Todos, cada habitante tendrá derecho al agua bajo esta ley… pero sólo a 50 litros, lo cual es absurdo. El verdadero derecho al agua no es sólo poseer un poco de ella, sino poder decidir sobre su futuro: sobre la administración y el cuidado comunitario del agua en los barrios, en las comunidades y en los municipios.

 

No obstante, sí tenemos qué celebrar 

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Afortunadamente existen muchas personas que están haciendo algo respecto de esta situación y que nos invitan a convertirnos en agentes de cambio por el agua, ya sea individual o colectivamente.

La coordinadora Agua para Todos, que conforma a otras asambleas e institutos y que cuenta con el apoyo de Greenpeace México, ha levantado una fuerte campaña que incluye firmas de apoyo y una propuesta ciudadana sobre lo que llaman el Buen Gobierno del Agua, que incluye la ampliación de los derechos del agua de calidad, no sólo para los habitantes del país, sino también para sus ecosistemas. Incluso puedes hacerte parte de esta iniciativa, o contarles qué problemas tienes en tu localidad con el agua, para saber cuáles son las necesidades legislativas y de manejo en torno a este líquido.

 

¿Y los candidatos de las elecciones 2018?

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Foto: d-aqua

Esta organización también cuenta con un formato para que le exijamos a los candidatos de cada distrito que se comprometan con la iniciativa ciudadana de ley, formato del cual también podemos hacer uso.

Como usuarios del agua también hay mucho que podemos hacer, sobre todo los habitantes de las ciudades, que muy pronto sufriremos de gran escasez de este líquido vital. Por ejemplo, construir recolectores de agua de lluvia para reutilizarla, o hacernos de hábitos cotidianos que realmente hacen la diferencia en nuestro consumo de agua.

Debemos ser guardianes del agua desde todos los flancos posibles. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará.