Los bosques, la clave para ganar tiempo contra el cambio climático

Los bosques del planeta son un factor decisivo en nuestra lucha contra el cambio climático, pero para que éstos puedan cumplir con la función que de ellos demandamos, es determinante reconocer los derechos de sus legítimos propietarios.

Para frenar el cambio climático se requiere abandonar los combustibles fósiles y migrar por completo a energías limpias. El problema es que esta transición no solo es bastante compleja, y costosa, también es lenta. Por eso, mientras completamos dicho proceso necesitamos de algún recurso que nos permita ganar tiempo y así llegar a tiempo a esa cita urgente que tenemos todos con el planeta. 

Dentro del escenario descrito, los bosques adquieren un papel crucial. Su capacidad para retener carbono, y así bajar las emisiones, permitiría desacelerar el calentamiento global y ganar unos años, suficientes para que con políticas energéticas adecuadas, logremos revertir la situación antes de que alcance un punto incontrolable. Para conseguirlo, tal como se advierte en el Acuerdo de Paris, es imprescindible mantener el aumento de la temperatura media por debajo de los 2 °C (e idealmente en un máximo de 1.5 °C).

Considerando lo anterior y según advierte un estudio reciente de Woods Hole Research Center, frenar la deforestación y restaurar los bosques, nos permitiría ganar entre 10 y 15 años en nuestra carrera por migrar a energías renovables. En pocas palabras, y como sentenció David Kaimowitz, Director de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Fundación Ford, durante su intervención en el seminario “Bosques y comunidades” del SUSMAI, “los bosques están en el centro de la solución al cambio climático”. 

Los bosques no sólo son un recurso oportuno, sino también efectivo en términos de costo. El manejo sustentable de los bosques provee empleo e ingresos para cientos de millones de personas, además de generar energía renovable y favorecer la producción de alimentos. La tecnología para el manejo sustentable del bosque no es costosa y está ya disponible. No es necesario pagar costosas patentes y desarrollar sofisticados dispositivos.

Pero si bien ya tenemos ese recurso imprescindible para ganar tiempo, ahora el reto está en definir cómo lograr cuidar y restaurar los bosques del planeta. Y aquí la respuesta apunta a las comunidades locales e indígenas que desde hace generaciones habitan áreas forestales y que, además, son propietarios de más del 80% de los bosques en el mundo. El reconocimiento de este derecho a su territorio facilita significativamente que dichos grupos se hagan cargo de la conservación y restauración de estas áreas. 

De acuerdo con un estudio de artículo del World Resources Institute, citado por el propio Kaimowitz en un artículo, en aquellos territorios donde se reconoce el derecho de propiedad y gestión de las comunidades, “las tasas de deforestación son de dos a tres veces más bajas que en bosques similares pero donde las comunidades carecen de títulos”.  

En pocas palabras, los bosques del planeta son un factor decisivo en nuestra lucha contra el cambio climático. Pero para que éstos puedan cumplir con la función que de ellos demandamos, es determinante reconocer los derechos de sus legítimos propietarios, desarrollar los medios legales y técnicos, y destinar los recursos necesarios para promover el manejo sustentable de los bosques por parte de las comunidades.  



El mercado mexicano de carbono, un componente crucial para enfrentar el cambio climático e impulsar la justicia social en México

Es importante impulsar una economía de bajas emisiones en los sectores de energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria; no hacerlo comprometería nuestro desarrollo social y, sobre todo, nuestro medioambiente.

* por Andrés Flores Montalvo

 

La lógica de un sistema de comercio de emisiones de contaminantes es eminentemente económica, ya que con él se busca lograr los objetivos de política ambiental de forma más costo-efectiva. En el caso del dióxido de carbono (CO2), por ejemplo, hace sentido establecer incluso un comercio internacional, siendo que es un contaminante global y que tendría el mismo beneficio ambiental la reducción de 1 tonelada, independientemente de dónde se produzca. Con esa lógica se establecieron los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, como el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), que permiten a países industrializados “comprar” a países en  desarrollo, donde es más barato lograrlas, las reducciones de emisiones necesarias para cumplir con sus metas obligatorias de mitigación.

En el caso de un comercio de emisiones entre empresas, esta lógica prevalece. Aquellas que tengan costos marginales mayores para reducir 1 tonelada de emisiones, dado el estado del arte de su tecnología o su capacidad de inversión, por ejemplo, pueden comprar las reducciones logradas a empresas a las que les resulte más barato mitigar emisiones, y que tengan un excedente por encima de sus propios compromisos de mitigación.

Dependiendo de las reglas del mercado (qué sectores participan; de qué tamaño deben ser sus emisiones; qué porcentaje de sus metas pueden “comprar” contra el que deben lograr internamente) y de los límites (o porcentajes) de reducción de emisiones que se establezcan por sector, el gobierno, como regulador, puede además obtener algunos recursos, por ejemplo si decide cobrar por los derechos de emisión que se comercializarán, o si establecen cuotas de participación para cubrir al menos los costos de administración del sistema de comercio de emisiones. Es posible incluso recaudar fondos para atender  problemáticas sociales u objetivos de protección ambiental.

 

¿Racionalidad económica o argumentos éticos?

A pesar de estas ventajas, no todos están de acuerdo con los instrumentos de mercado como política de combate al cambio climático. En las negociaciones  climáticas multilaterales, algunos países (Bolivia como el caso más notable) se opusieron consistentemente a la inclusión del concepto de “mercados” y a establecer mecanismos de flexibilidad para el cumplimiento de compromisos de mitigación, aduciendo que los países desarrollados, dada su responsabilidad  histórica, debían reducir sus emisiones sin tener que “comprar” reducciones logradas por otros. Sin embargo, el tema se ha mantenido como un punto vigente en la agenda de las negociaciones, bajo el argumento de la lógica  económica de estos mecanismos, y del consenso general respecto a que sería difícil lograr las trayectorias de emisiones que nos pongan en ruta hacia un calentamiento máximo de 2 grados centígrados (y menos hacia 1.5), a  menos de que se le ponga un precio al carbono. En todo caso, al argumento de racionalidad económica se le contrasta con frecuencia con el argumento ético.

En el caso de los entes regulados, en este caso la industria, se esperaría que estuvieran a favor de un sistema de comercio de emisiones, dado que les da flexibilidad para lograr sus metas de reducción de manera más costo-efectiva, fomentando la innovación, e incluso permitiéndoles recibir ingresos adicionales si logran reducciones mayores a sus metas, mismas que pueden comerciar. Con frecuencia esto no ocurre, y en México este ha sido el caso, no necesariamente por oposición a tener una política que les daría  flexibilidad, comparado con la regulación directa, sino por resistencia a asumir metas de reducción de emisiones, del tipo que sea, argumentando que ello afectaría su competitividad frente a otros países.

Por esta razón, y por la dificultad para predecir un resultado final en términos de reducción de emisiones, es importante una fase piloto, en la que puedan afinarse las reglas del mercado. Un elemento adicional para asegurar su efectividad sería poder establecer un mercado que sea lo más sencillo y transparente posible.

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Ilustración: Tskisse Talsma

 

El inmenso mercado chino y el caso de México

En el mundo existen 21 sistemas de comercio de emisiones (SCE) en operación, y hay otros cinco (entre ellos el de México) oficialmente programados. De igual forma, diez gobiernos han manifestado su interés en implementar un SCE, aunque no han dado pasos formales para hacerlo. El diseño de un sistema de comercio de emisiones se hace de acuerdo con las necesidades de la jurisdicción que abarque, y la mayoría de ellos incluye a los sectores industriales y de generación de energía eléctrica. Uno de los mercados de emisiones más grandes a nivel global es el de China, que representa cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. El mercado chino es dos veces más grande que el de la Unión Europea, y casi diez veces mayor que el de California.

En México, el antecedente más importante del mercado de emisiones de carbono data de diciembre de 2017, con la adhesión del gobierno federal a la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, junto con los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y los gobiernos locales de California, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. En la práctica, se ha dado un paso importante con el Registro Nacional de Emisiones (RENE), que establece, además del reporte de emisiones, una opción para que las empresas obligadas se registren de manera voluntaria para la obtención de certificados de mitigación o reducción, provenientes de proyectos y actividades realizados en México. Adicionalmente, se había hecho un ejercicio de mercado de emisiones virtual, en el que algunas de las empresas que reportan al RENE participaron de manera voluntaria.

 

Atrasos e indefiniciones

En 2012 se aprobó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), donde se establece, entre otras cosas, la posibilidad de crear un mercado voluntario de emisiones de carbono. Con las reformas a esta ley publicadas en julio de 2018, esta posibilidad se vuelve una obligación, y se marcan plazos para diseñar e implementar un sistema de comercio de emisiones “de manera gradual y preservando la competitividad de los sectores cubiertos, particularmente aquellos expuestos al comercio internacional”. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de conformidad con esta reforma de ley, tiene 10 meses a partir de su publicación para echar a andar un piloto, cuya duración será de 36 meses. Según lo inicialmente planeado, se esperaba que la fase piloto terminara en agosto de 2021, coincidiendo con el inicio del primer período de compromiso del Acuerdo de París. Sin embargo ello no será posible, ya que como requisito para echar a andar el piloto, que no conlleva costos por derechos de emisión ni penalizaciones por incumplimiento, es necesario emitir un documento con las reglas del mercado (las Bases), cuya consulta pública y publicación se han retrasado, entre otras razones, por el cambio de administración.

Antes de ello, se había ya hecho público un borrador de Bases, en el que se definió que sólo participen en el mercado empresas que emiten más de 100,000 toneladas de CO2 al año. Estas son una pequeña parte de las que reportan al RENE, establecido en 2014, que es obligatorio para instalaciones con emisiones anuales por arriba de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Nótese que el RENE incluye otros GEI, mientras que la fase piloto del mercado sólo al CO2.

Con las reformas a la LGCC se establece, además, que el mercado de emisiones será obligatorio después de la fase piloto, con lo que se busca que contribuya sustancialmente a lograr las metas de reducción de emisiones firmadas por México en el Acuerdo de París, que la propia ley reconoce como obligatorias. Al igual que para la fase piloto, que servirá para probar y pulir sus reglas de operación, la Semarnat será el organismo encargado de publicar las reglas para la entrada oficial del mercado en operaciones formales.

 

Es necesario dar señales claras, y pronto

El Gobierno de México ratificó en diciembre, en la 24ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su compromiso con el Acuerdo de París. Ello implica una reducción sustancial de sus emisiones de GEI, que equivale a “descarbonizar” gradualmente la economía. Para hacerlo, es necesario evolucionar hacia formas de generación de energía más limpias, y a un uso más sustentable de los recursos. Hay muchas maneras posibles para que la política pública pueda incidir en esta transformación, y entre las más costo-efectivas está el poner un precio a las emisiones de carbono, que dé una señal clara para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible y socialmente inclusivo del País. El SCE de México marcará un paso correcto en este sentido.

Las acciones de combate al cambio climático a nivel global, si son lo suficientemente ambiciosas, pueden generar una oportunidad económica de al menos 26 billones de dólares de ahora al 2030, según la Comisión Global de Economía y Clima, que incluye a más de 200 expertos. Para aprovecharla, es importante impulsar una economía de bajas emisiones en al menos los siguientes sectores: energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria. Se requerirá de inversiones y cambios de visión, sin duda, pero no hacerlo no sólo nos dejará fuera en la repartición de estos beneficios, sino que podría también, a la larga, comprometer nuestro desarrollo social y nuestro medioambiente.

 

* Imagen principal: Sierra Juárez, Oaxaca–Chris Ford–Creative Commons

 

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Sobre el autor:

Andrés Flores Montalvo es Director de Cambio Climático y Energía, y tiene a su cargo la coordinación e implementación de la agenda relacionada con estas dos áreas temáticas dentro del programa de trabajo de WRI México. Sus temas de enfoque incluyen la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático, eficiencia energética y fomento a la energía limpia.

Su experiencia profesional incluye más de 12 años ocupando diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), incluyendo la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Política y Economía Ambiental y la Coordinación General de Crecimiento Verde. Fue además Director General Adjunto de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y Coordinador de Proyectos del Centro Mario Molina. En múltiples ocasiones fungió como delegado de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el G20, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Andrés es Economista, graduado con Mención Honorífica de la Facultad de Economía de la UNAM; con Maestría en Economía del ITESM; Maestría en Tecnología Ambiental del Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres, y Doctorado (PhD) en Energía y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ha publicado diversos artículos y capítulos sobre temas relacionados con economía ambiental, cambio climático y la interfaz entre energía y medioambiente.

WRI México
Autor: WRI México
El World Resources Institute es una organización técnica global que convierte las grandes ideas en acciones: establecemos vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano.


Osos polares están invadiendo las islas de Rusia (y es una emergencia)

Cada vez más osos se ven obligados a abandonar su hábitat.

El remoto archipiélago de Novaya Zemlya es testigo de una peculiar invasión. Un montón de osos polares cruzó el océano Ártico para adentrarse en esta región al norte de Rusia, según reporta BBC News. Sus habitantes los han visto rondar por edificios y lugares públicos, por lo que temen un ataque.

La cantidad de osos polares en la localidad ha llevado a sus autoridades a declararse en estado de emergencia. El poblado de Belushya Guba registra la presencia de más de 50 osos en constante rotación. Ellos recorren las calles sin temor alguno, impulsados por un poderoso instinto: el hambre.

Los osos “invaden” la zona en busca de alimento. ¿La causa? El calentamiento global, que derrite cada vez más capas de hielo. Sin ellas, los osos no tienen las condiciones adecuadas para cazar en su hábitat. Su única alternativa es encontrar alimento en otras tierras o morir de hambre.

Aunque Novaya Zemlya colinda con las regiones nativas de estos osos, sus pobladores afirman que nunca habían visto una invasión así. Por fortuna, las autoridades locales están optando por una solución pacífica. Han prohibido el uso de cualquier arma para ahuyentar a estos animales, clasificados como una especie en peligro de extinción.

Es innegable que las consecuencias de esta invasión son tristes. Los habitantes del poblado temen salir a la calle, y los osos que las recorren seguro son víctimas de una enorme desorientación. El evento es una prueba contundente de que el alza desmedida en la temperatura global está generando conflictos para los que no estamos preparados.

A pesar de que esta emergencia suceda en un sitio remoto para muchos, es una señal de alarma que concierne a todo el planeta. Los animales ya están reaccionando al cambio climático con comportamientos que pueden resultar invasivos. Pero hay que preguntarnos: si nuestras incontrolables emisiones de dióxido de carbono expulsan a estos osos de sus hogares, ¿quién está invadiendo a quién?