7 puntos importantes que necesitas saber sobre la COP13 y la Declaración de Cancún

Esta conferencia a favor de la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales de cada nación, pretende repercutir en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico.

La COP13, la Decimotercera Conferencia de las Partes, se está celebrando en México con el objetivo de negociar acuerdos y compromisos que impulsen la conservación de la biodiversidad mundial. Con más de 10 000 asistentes en Cancún, en el estado de Quintana Roo, entre los cuales se encuentran representantes internacionales, expertos en la materia y organismos civiles, se pretende analizar el avance y cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi. 

Esta conferencia a favor de la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales de cada nación, pretende repercutir en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico. Para ello, el presidente Enrique Peña Nieto se encargó de no sólo inaugurar la COP13, también dirigir un mensaje a favor de las reservas de la Biósfera así como reunirse con los representantes de la ONU, entre ellos Braulio Ferreira de Souza Dias, secretario ejecutivo sobre Diversidad Biológica del COP, para establecer algunos compromisos dentro del país. 

A continuación te compartimos los datos más importantes que necesitas conocer sobre lo que está sucediendo en la COP13: 

– El presidente Enrique Peña Nieto firmó cuatro decretos para declarar Reservas de la Biosfera el Caribe Mexicano, la Sierra de Tamaulipas, el Pacífico Mexicano Profundo y las Islas del Pacífico. En la ceremonia de firma de reservas, intervendrán los titulares del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, y de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón. Con estas reservas, México amplió alrededor de 65 millones de hectáreas su área natural protegida, lo cual lo acerca a su objetivo de que el 17 por ciento del territorio nacional esté resguardado para 2020. De hecho, las nuevas reservas de la biosfera tendrá un impacto positivo en la conservación de la biodiversidad, así como un mensaje firme para la implementación de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible.

– En la búsqueda de la inclusión de género, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe –RMIB-LA– realizó una propuesta en la que se incluya la perspectiva de género con el fin de reconocer a las mujeres como actoras de trabajo e investigación en protección del medio ambiente. Esto se derivó a la ausencia casi total de las mujeres tanto en la COP13 como en los estudios e investigaciones ambientales. De hecho, la representante de la Red, Irla Élida Vargas del Ángel, explicó que en un estudio sobre el CDB encontró que en su contenido y redacción de 300 páginas, la palabra “género” se mencionó 29 veces, en donde 20 de ellas se refería a las mujeres, el resto, a las plantas y animales. En la propuesta se mencionó el de incluir en el Artículo 2 del CDB que la organización política de los pueblos indígenas en los países son dueños de los recursos naturales, poseen derecho a la consulta libre e informada, derecho al agua y una libre participación de las mujeres. Finalmente, comentó: “Como mujeres indígenas vivimos de la biodiversidad, pero la cuidamos. Siempre pensamos en que las zonas naturales se conserven para nuestros nietos. No queremos hablar con las futuras generaciones, de formas de vida que existieron y no supimos cuidarlas”. 

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Colombia presentó una estrategia “Visión Amazonia, en la cual se cuenta la experiencia de éxito que da la integración de la biodiversidad a los sectores de agricultura e infraestructura. Dado que Visión Amazonía busca promover el desarrollo sostenible de la región para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, así como mantener la base natural y la productividad en la zona. De acuerdo con la ponencia, esta estrategia busca cumplir con la meta señalada ante la Convención de Cambio Climático de reducir la deforestación neta a cero en la Amazonía para el año 2020.

– Se aprobó la Declaración de Cancún, en donde se establece que los 196 países miembros del Convenio comprendan: compromiso a integrar la biodiversidad, desarrollo de marcos institucionales y legislativos, incorporación con un enfoque económico, social y cultural con “pleno respeto por la naturaleza y los derechos humanos”. Además, la declaración busca que las naciones desarrollen políticas públicas, legislaciones y normatividades en todos los sectores de la economía –particularmente en el agrícola, forestal, pesquero y turismo– para la integración de la biodiversidad; lo cual incluye un llamado al sector privado para “actuar con mayor responsabilidad ambiental, adoptando prácticas de producción y consumo responsables”.

Sólo 69 de los 196 países que forman parte de la Convención de Diversidad Biológica –CDB– cumplen con el protocolo de planes de acción y adopción de medidas para alinear sus estrategias nacionales. 

– En el tema de agricultura, se plantea la designación de sitios de conservación de biodiversidad agrícola pero se ha ignorado los problemas generados por el uso de transgénico. En la COP13, se propone el establecimiento de “Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”, en la cual se plantea la conservación y el cultivo de variedades nativas y locales de los agricultores, razas adaptadas localmente y especies infrautilizadas o amenazadas por la intensificación de la producción. 

En cuanto al turismo, se invitó a promover el desarrollo y la aplicación de tecnologías para transformar el turismo en una herramienta de preservación de la diversidad biológica. De modo que para garantizar la viabilidad a largo plazo del turismo, se propone usar criterios más rígidos –más no prohibir– para entrar a los ecosistemas vulnerables. En especial en los casos de manglares. 



COP 13: el diablo está en los detalles

“Me cuesta trabajo entender a mis colegas que celebran la declaración del 17% de nuestro territorio como espacio protegido y olvidan que hace poco la CONANP sufrió un grave recorte presupuestal y de personal.”

Cada vez que inicia una reunión internacional sobre medio ambiente, como la COP 13 en Cancún, me surge una profunda curiosidad por saber cómo implementaremos los acuerdos que firmamos con bombos y platillos. Transformar el discurso en acciones concretas que mejoren el estado y aprovechamiento de nuestros recursos naturales no es cosa menor. Más aún, cuando el dinero que destina el gobierno a la conservación va en detrimento. Cualquier estrategia de biodiversidad, política pública o programa de conservación sin un presupuesto asignado es pura demagogia. Me cuesta trabajo entender a mis colegas que celebran la declaración del 17% de nuestro territorio como espacio protegido y olvidan que hace poco la CONANP sufrió un grave recorte presupuestal y de personal. ¿Quiénes se encargaran de gestionar esas millones de hectáreas? Quizás peco de escéptico pero hasta no ver un aumento en el presupuesto de egresos para el sector ambiental podré digerir sus palabras.

México alberga aproximadamente el 12 % de la biodiversidad del mundo. Esto es nuestra mejor arma para enfrentar el cambio climático. No obstante, mantener este escudo de manera intergeneracional conlleva reconocer que la biodiversidad no es un ente aislado sino que está íntimamente relacionado con nuestras poblaciones indígenas y campesinas. México es el país con mayor población indígena del continente americano. Actualmente sobreviven 52 pueblos indígenas, que hablan cerca de 280 lenguas originales, lo cual le confiere a México el quinto lugar mundial por conservación de lenguas vivas. Esta diversidad natural y cultural es nuestra mayor riqueza como nación. No obstante, una ausente planificación de nuestras políticas sigue impactando en una pérdida acelerada de nuestro patrimonio biocultural.

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Nuestro mayor error es seguir creyendo que el gobierno es el santo remedio. El armatoste burocrático ha demostrado ser muy bueno para dos cosas… la retórica y los golpes bajos. Hemos ratificado convenios y (lamentablemente) no tardaremos en saber de proyectos que atenten en contra de lo pactado. En medio de esta vorágine, existen tres caminos en los que tenemos mucho por trabajar: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. El mejor ejemplo para ilustrar lo anterior es la recién suspendida Ley General de Biodiversidad, la cual será discutida en el siguiente periodo legislativo. Esta ley evidenció (una vez más) la falta de transparencia y análisis serio por parte de nuestros legisladores. Contiene, además de errores conceptuales, ambigüedades que pudieran dar paso a acciones inconsistentes con un aprovechamiento justo e incluyente de la biodiversidad.

En su definición puramente ecológica, la biodiversidad puede entenderse como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. No obstante, considerando los intereses puestos sobre ella también se puede definir como el insumo, potencial o real, para las industrias farmacéuticas, cosméticas, de alimentos o para las agroindustrias. Esto sin considerar el conocimiento tradicional de los pueblos originarios asociado al uso de la biodiversidad. La bioprospección es una actividad que busca aprovechar los múltiples beneficios que tiene la biodiversidad. Sin embargo, estos beneficios han sido acaparados por las industrias farmacéuticas y de alimentos (principalmente), dejando cuantiosas ganancias para ellos y pocos beneficios para las comunidades que habitan los lugares de extracción. Vale la pena recordar el trabajo de Andrés Barreda (2003) sobre “Biopiratería, bioprospección y resistencia en México”, donde se afirma que “el nuevo paradigma establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) gira en torno al reparto de beneficios que las empresas transnacionales ofrecen a las comunidades indígenas, o a las instituciones nacionales que canjean los recursos biológicos y el saber tradicional en nombre de ellas.”

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Voy a retomar un caso, de los cuatro que Andrés expone en su texto, para ejemplificar los puntos importantes a acordar en la ley de biodiversidad: en 1998 la UNAM firmó un contrato con la empresa de biotecnología Diversa de Estados Unidos. El objetivo fue extraer bacterias que soportan condiciones extremas de temperatura, salinidad, azufre, presión, etc. de todas las áreas naturales protegidas del país. El contrato se formalizó con una activa intervención de la CONABIO. En el contrato la UNAM se comprometió con Diversa a recolectar muestras, enviarlas y notificar por escrito a la empresa el listado de lo recogido. La empresa se comprometió a pagar 50 dólares por muestra y transferir a la UNAM, al finalizar el contrato, la tecnología usada (con un valor inicial de 5,000 dólares) con el propósito de formar un Centro de Diversidad Microbiana. Además, se comprometió a dar a la UNAM entre el 0.3 y 0.5 por ciento de las regalías sobre ventas netas si se desarrolla algún producto a partir de las muestras. Entre los “socios estratégicos” de están Novartis, Aventis, Danisco, Invitrogen Corp, por mencionar algunos (Barreda, 2003).

Al final, la PROFEPA determinó que la acción de la UNAM fue inconstitucional, pero el suceso dejo preguntas abiertas que necesitamos responder antes de rubricar oficialmente la ley de biodiversidad: ¿Quiénes son los legítimos dueños de la biodiversidad? ¿Cómo se modifica la propiedad de la biodiversidad cuando estamos dentro de un área protegida, una comunidad indígena o a dos mil metros de profundidad en la plataforma continental? ¿Qué actores tienen el derecho de hacer uso de la biodiversidad para fines de investigación o lucrativos? ¿Cómo definimos un “reparto justo de beneficios”? ¿Cómo vinculamos el derecho de consulta con el aprovechamiento de la biodiversidad? ¿Cómo defendemos los conocimientos autóctonos sobre el uso de la biodiversidad ante las patentes de diferentes industrias? ¿Cómo logramos que nuestras investigaciones en biotecnología, financiadas con recursos públicos, generen más beneficios sociales que privados? ¿Cómo garantizamos procesos de participación y transparencia en los proyectos de biodiversidad?

En conclusión, las preguntas son muchas y las respuestas son pocas. Regular y gestionar de nuestra biodiversidad es un reto donde no existen panaceas únicas. La COP 13 fue un acto político importante; sin embargo, la discusión de la ley será la verdadera interfaz donde todas las partes interesadas tendremos que dialogar sobre el tema. Garantizar la inclusión de todos los actores involucrados será una condición sine qua non para generar una ley que sea legitima y funcional. De otra forma, daremos paso a una explotación irracional e insostenible de nuestro recurso más preciado.

 

Autor: Erick Alberto Rodríguez-Silva estudia el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM y es Director de México Sostenible. Twitter del autor: @Narval_del_Sur

Referencias:

Barreda, A. (2003). Biopiratería, bioprospección y resistencia: cuatro casos en México. L. Carlsen, T. Wise y H. Salazar (coords.), 119-144.