¿Qué necesitas saber de los megaproyectos que amenazan a los pueblos indígenas?

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México, Colima y Puebla.

Desde hace cinco años, numerosos megaproyectos han afectado tanto a las comunidades indígenas como a su biodiversidad. Estados de la República Mexicana como Puebla, Chiapas, Oaxaca e incluso Sonora, han sido víctimas de las agresiones asociadas con los megaproyectos que van invadiendo cada vez más al país.

Un ejemplo de ello es el abuso denunciado en el informe Una sentencia fallida, elaborado por la Misión Civil de Observación a la Tribu Yaqui. En él se destacó que la comunidad indígena no tiene agua potable ni drenaje, por lo que se abastecen de los canales del río; sin embargo, en las últimas tres décadas, gran parte del agua de la zona es usada para surtir a otras ciudades, la agroindustria y actividades mineras de Sonora. El responsable de esto, un megraproyecto por parte del gobierno de Sonora y la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, ha violado un decreto de 1940, en la cual la tribu es la única que puede “disponer cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines de riego de sus propias tierras.”

Pese a realizar procesos legales coordinados por los yaquis y varias organizaciones, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– sentenció en 2013 un amparo a la comunidad indígena y ordenó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat– deje sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia –ya que no se consultó a la población sobre su construcción–, el acueducto continuó funcionando. De hecho, sólo podrán suspender la extracción de agua si advierten “un riesgo irreparable para los yaquis”, el cual existe en el momento en que les quitan el derecho a un recurso natural a una comunidad indígena. En palabras de Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, “En el caso de las comunidades indígenas y pueblos originarios, un principio fundamental es el de la consulta previa, y eso se viola sistemáticamente en la realización de megaproyectos. De entrada no puedes decir que una consulta va a ser de buena fe cuando realmente las autoridades ya aprobaron los permisos.”

Y no sólo se queda ahí, según los registros del Centro Nacional de Comunicación Social AC –Cencos– y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas –Periodismo CIDE–, existen alrededor de 80 agresiones físicas –comprobadas– entre 2014 y 2016 que se relacionan con megaproyectos en contra de las comunidades indígenas, pueblos originarios y sus defensores: hay secuestros, amenazas, entre otras más. Esta base de datos se realizó con los registros de las agresiones a las comunidades indígenas que iniciaron un proceso penal contra los megraproyectos.

De hecho, esta base de datos documentó ataques en contra de 30 comunidades y 50 defensores; en las cuales se presentaron violación al derecho a un medio ambiente sano –21–, consulta previa, libre e informada –8–, detenciones arbitrarias –30–, entre otros. Además que de los 30 casos de detención arbitraria, sólo once pisaron la cárcel y estuvieron presos entre seis y 15 meses –pero al final fueron liberados porque no se comprobaron los delitos que se les imputaban–.

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México –28–, Colima –12– y Puebla –9–. Mientras que las 77 agresiones registradas, de las 80, fueron cometidas por funcionarios públicos; principalmente de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la Secretaría de Energía.

Es importante mencionar que el mayor número de ataques hacia las poblaciones indígenas ocurren en los proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos. En ellos, regularmente, son los proyectos hidroeléctricos que violan el derecho a un ambiente sano de las comunidades; y los mineros, intimidan a los habitantes y desprestigian a los defensores.

 

Otro ejemplo importante es el Chiapas, en donde habitantes de once municipios han organizado una movilización en Defensa de la Vida y del Territorio –Modevite– con el fin de denunciar abiertamente los proyectos de muerte que están poniendo en riesgo a sus comunidades y pueblos originarios.

Desde el 16 de noviembre hasta el 25 del mismo mes, Modevite ha buscado animar y fortalecer su lucha con una megaperegrinación por la paz, la defensa de la Madre Tierra y la vida digna de los pueblos originarios. Esto pretende generar una toma de consciencia a las comunidades de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Cancuc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de Las Casas.

Para conocer más sobre esta discriminación a los pueblos indígenas, dale click aquí.



Los megaproyectos pueden ser sustentables (y una comunidad indígena lo comprobó)

Podemos seguir pensando y viviendo en grande, sin que eso implique devastar el entorno.

La nuestra es una era hiperbólica. Existe un culto por lo exagerado y lo descomunal, y el prefijo mega –palabra griega para expresar lo grande– antecede ahora a muchas palabras. Una de ellas es la palabra “megaproyecto”, que refiere a proyectos de infraestructura de escalas tan gigantescas que su gasto representa el 8% del PIB a nivel mundial.

El problema de la hiperbolización contemporánea es que está causando catástrofes sociales y ambientales de magnitudes, precisamente, enormes. Por eso la palabra “megaproyecto” se ha vuelto sinónimo de otras palabras como “destrucción” y “despojo”, algo que los pueblos indígenas de México y el mundo tienen muy presente, ya que son quienes sufren la destrucción y el despojo promovido por los megaproyectos.

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Sin embargo, los megaproyectos son también una respuesta a las necesidades de un mundo en constante revolución y crecimiento. El problema es que son una respuesta que, mal gestionada, se ha vuelto completamente insustentable, y que sólo ha beneficiado a los pocos que monopolizan el mercado de estas megaestructuras.

Pero lo grande no es malo per se: los megaproyectos pueden ser sustentables, como lo demostró el pueblo purépecha de Cherán, en México.

Los pobladores de esta región tarasca frenaron el asalto a sus bosques por parte del crimen organizado en el 2011. A raíz de su levantamiento comprendieron la importancia de autogobernarse, no sólo para salvar la vida, sino para volverla sustentable.

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En términos ambientales, Cherán no sólo ha logrado reforestar sus bosques y ser un municipio libre de basura, sino que también han demostrado, con su proyecto de captación de agua en el cerro Kukundicata, que los megaproyectos pueden ser sustentables.

A través del Consejo de Mayores, y con el financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), los habitantes de Cherán iniciaron hace 4 años la construcción de su propio megaproyecto sustentable.

Se trata del sistema de captación de agua de lluvia (SCALL) en un cráter del cerro Kukundicata. Ahí los cheraneses construyeron un tanque recubierto con una geomembrana para recolectar el líquido, el cual es captado y transportado posteriormente a una planta purificadora a través de un sistema de líneas de conducción y cisternas que se alimenta de energía solar.

El antiguo cráter es capaz de almacenar 20 millones de litros de agua.

Constituye el captador de agua pluvial más grande de América Latina.

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Este megaproyecto sustentable no implicó la construcción de grandes infraestructuras, sino que aprovechó un espacio ya provisto por la naturaleza. Así, se realizó una gran obra que no implicó los grandes impactos sociales y ambientales que han tenido los megaproyectos en general.

Al contrario: este megaproyecto sustentable ayuda a ahorrar agua y a reducir el problema de la escasez de este líquido, abasteciendo a 15 comunidades aledañas al municipio de Cherán.

Así, si algo nos demuestra este municipio autónomo es que las comunidades indígenas no sólo son capaces de autogobernarse, sino que no le temen a la vorágine hiperbólica de nuestros tiempos. Nos han demostrado que podemos seguir pensando y viviendo en grande, sin que eso implique devastar el entorno.

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* Imágenes 1, 2, 3 y 5) Flickr kinoluiggi

Sandra Vanina Greenham Celis
Autor: Sandra Vanina Greenham Celis
Colaboradora del proyecto político Colectivo Ratio. Le gusta potenciar la depresión en su psique consumiendo productos culturales de las postrimerías del siglo XX. Cree teleologicamente en el arribo de la humanidad al comunismo.


Los proyectos de conservación y el despojo del territorio de comunidades indígenas

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones como una oportunidad en la que comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques a largo plazo.

Autor: Gabriela Linares Sosa

Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en México, una de las regiones, -La Sierra Norte – es considerada de gran diversidad biológica por poseer 9 diferentes tipos de vegetación, una riqueza de especies, endemismos, y diversidad de hábitats. Estas características han motivado que la Sierra Norte se haya incluido dentro de las Áreas Terrestres Prioritarias para la Conservación definidas por CONABIO: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe Región Terrestre Prioritaria (Arriaga & Espinoza & Aguilar & Martínez & Gómez, 2000). Durante el año 2000, SERBO A.C., una Organización Civil de Oaxaca, delimitó en la región a partir de estudios de vegetación y uso del suelo para la conformación de áreas prioritarias para la conservación una ellas, denominada Cuasimulco, que engloba a las comunidades del Rincón de Ixtlán, entre otras (González, 2000).

El Rincón de Ixtlán, como haremos referencia de ahora en adelante, engloba a 9 comunidades indígenas zapotecas que se autodenominan Xhidza. En esta zona se encuentran cinco tipos de vegetación: bosques de encino, bosque de pino, bosque de pino – encino, bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia (Bolaños, 2012). Las actividades principales son la agricultura y el cultivo del café, la propiedad de la tierra es comunal y su forma de organización es comunitaria y regional.

A inicios del siglo XXI emergió el mercado de los servicios ambientales que se potenció con el mercado de los recursos genéticos (Toledo, 2008). Los pagos por servicios ambientales (PSA) son instrumentos utilizados para recompensar a los dueños de la tierra por ciertos tipos de uso o manejo de los recursos naturales que generan servicios ambientales para terceros (Madrid, 2012).

En ese sentido, en el año 2003 comunidades cafetaleras del rincón de Ixtlán se integran al programa de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), programa que impulsó el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la finalidad de apoyar la captura de agua en las principales montañas del país (Anta, 2006).

Para el 2004, la CONAFOR publica la convocatoria para el Programa de Servicios Ambientales-PSA- CABSA (Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales) en su modalidad de cultivos de sombra, siendo uno de los requisitos estar certificados o en el proceso de certificación agraria a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Anta, 2006). Al menos dos comunidades del Rincón de Ixtlán iniciaron con el proceso de certificación para poder acceder a los programas PSA- CABSA.

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad (Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer mundo, 2006). Sin embargo uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques en el largo plazo (Madrid, 2012).

Actualmente las comunidades del rincón de Ixtlán reciben pagos en tres modalidades: sistemas agroforestales, servicios ambientales hidrológicos y captura de carbono. Sin embargo, existen muchas dudas acerca de estos programas, ya que las comunidades no cuentan con expedientes completos, no existe transparencia y adecuada rendición de cuentas sobre los recursos económicos que llegan producto de la conservación, generando cierta desconfianza al interior de las comunidades (comunicación personal con autoridades locales, 2016).

Se suman a lo anterior, los convenios establecidos entre las comunidades y quienes pagan por la conservación, ya que durante el periodo que dura el programa PSA, las comunidades no pueden hacer uso del territorio. Es decir, no pueden cazar, ni tener acceso a plantas, hongos, leña, tampoco pueden sembrar maíz, actividades importantes para la subsistencia de las familias. En este sentido Toledo (2008), menciona que los contratos por servicios ambientales en cierta forma hipotecan y ceden el control de los territorios, conocimientos y recursos. Los servicios ambientales se convierten entonces en una forma de venta de derecho del uso del territorio, garantizando el derecho exclusivamente a las corporaciones.

Existen muchas dudas sobre los programas y proyectos ya mencionados, algunas comunidades que han decidido salir de ellos enfrentan una serie de presiones por parte de las consultoras para seguir dentro del programa PSA-CABSA. De la misma manera, instancias gubernamentales como la Procuraduría Agraria tratan de incidir para que las comunidades que no entraron al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), regularicen su situación ante el programa actual, para poder acceder a nuevos proyectos.

El panorama en materia ambiental en Oaxaca es muy complejo, principalmente después del 31 de octubre de 2013, cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático, por lo que se espera el impulso de nuevos proyectos como REDD+ y Protocolo de Nagoya que en teoría pretenden un reparto justo y equitativo de beneficios derivado de la biodiversidad. En el Rincón de Ixtlán se prevé la posibilidad de establecer un área de protección especial ante la CONANP como Corredor Biológico. Sin embargo, es importante mencionar que ninguno de los proyectos anteriores ha pasado por un proceso adecuado de consulta a las comunidades y pueblos indígenas, violando los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas, así como los de consulta libre, previa e informada para alcanzar su consentimiento, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A manera de conclusión podemos decir que no existe un proceso de gobernanza en la región, ya que se omite la participación de las comunidades en el diseño de las políticas públicas que impactan la zona. No existe un respeto hacia las instancias de toma de decisiones locales como es la asamblea comunitaria. Al final, los que obtienen algún beneficio son las consultoras y organizaciones civiles que obtienen financiamientos por el PSA-CABSA y de su intervención como enlaces o intermediarios con las empresas principalmente privadas que pagan por la conservación de los bosques. Las realmente beneficiarias son entonces y de acuerdo con Toledo (2008), las grandes corporaciones conservacionistas cuya propuesta sigue siendo la venta de bienes y servicios, esto incluye además de la captura de carbono, otros como el etnoturismo, la bioprospección, hasta el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos ancestrales.

 

México Sostenible
Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.