¿Qué necesitas saber de los megaproyectos que amenazan a los pueblos indígenas?

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México, Colima y Puebla.

Desde hace cinco años, numerosos megaproyectos han afectado tanto a las comunidades indígenas como a su biodiversidad. Estados de la República Mexicana como Puebla, Chiapas, Oaxaca e incluso Sonora, han sido víctimas de las agresiones asociadas con los megaproyectos que van invadiendo cada vez más al país.

Un ejemplo de ello es el abuso denunciado en el informe Una sentencia fallida, elaborado por la Misión Civil de Observación a la Tribu Yaqui. En él se destacó que la comunidad indígena no tiene agua potable ni drenaje, por lo que se abastecen de los canales del río; sin embargo, en las últimas tres décadas, gran parte del agua de la zona es usada para surtir a otras ciudades, la agroindustria y actividades mineras de Sonora. El responsable de esto, un megraproyecto por parte del gobierno de Sonora y la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, ha violado un decreto de 1940, en la cual la tribu es la única que puede “disponer cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines de riego de sus propias tierras.”

Pese a realizar procesos legales coordinados por los yaquis y varias organizaciones, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– sentenció en 2013 un amparo a la comunidad indígena y ordenó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat– deje sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia –ya que no se consultó a la población sobre su construcción–, el acueducto continuó funcionando. De hecho, sólo podrán suspender la extracción de agua si advierten “un riesgo irreparable para los yaquis”, el cual existe en el momento en que les quitan el derecho a un recurso natural a una comunidad indígena. En palabras de Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, “En el caso de las comunidades indígenas y pueblos originarios, un principio fundamental es el de la consulta previa, y eso se viola sistemáticamente en la realización de megaproyectos. De entrada no puedes decir que una consulta va a ser de buena fe cuando realmente las autoridades ya aprobaron los permisos.”

Y no sólo se queda ahí, según los registros del Centro Nacional de Comunicación Social AC –Cencos– y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas –Periodismo CIDE–, existen alrededor de 80 agresiones físicas –comprobadas– entre 2014 y 2016 que se relacionan con megaproyectos en contra de las comunidades indígenas, pueblos originarios y sus defensores: hay secuestros, amenazas, entre otras más. Esta base de datos se realizó con los registros de las agresiones a las comunidades indígenas que iniciaron un proceso penal contra los megraproyectos.

De hecho, esta base de datos documentó ataques en contra de 30 comunidades y 50 defensores; en las cuales se presentaron violación al derecho a un medio ambiente sano –21–, consulta previa, libre e informada –8–, detenciones arbitrarias –30–, entre otros. Además que de los 30 casos de detención arbitraria, sólo once pisaron la cárcel y estuvieron presos entre seis y 15 meses –pero al final fueron liberados porque no se comprobaron los delitos que se les imputaban–.

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México –28–, Colima –12– y Puebla –9–. Mientras que las 77 agresiones registradas, de las 80, fueron cometidas por funcionarios públicos; principalmente de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la Secretaría de Energía.

Es importante mencionar que el mayor número de ataques hacia las poblaciones indígenas ocurren en los proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos. En ellos, regularmente, son los proyectos hidroeléctricos que violan el derecho a un ambiente sano de las comunidades; y los mineros, intimidan a los habitantes y desprestigian a los defensores.

 

Otro ejemplo importante es el Chiapas, en donde habitantes de once municipios han organizado una movilización en Defensa de la Vida y del Territorio –Modevite– con el fin de denunciar abiertamente los proyectos de muerte que están poniendo en riesgo a sus comunidades y pueblos originarios.

Desde el 16 de noviembre hasta el 25 del mismo mes, Modevite ha buscado animar y fortalecer su lucha con una megaperegrinación por la paz, la defensa de la Madre Tierra y la vida digna de los pueblos originarios. Esto pretende generar una toma de consciencia a las comunidades de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Cancuc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de Las Casas.

Para conocer más sobre esta discriminación a los pueblos indígenas, dale click aquí.



Los proyectos de conservación y el despojo del territorio de comunidades indígenas

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones como una oportunidad en la que comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques a largo plazo.

Autor: Gabriela Linares Sosa

Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en México, una de las regiones, -La Sierra Norte – es considerada de gran diversidad biológica por poseer 9 diferentes tipos de vegetación, una riqueza de especies, endemismos, y diversidad de hábitats. Estas características han motivado que la Sierra Norte se haya incluido dentro de las Áreas Terrestres Prioritarias para la Conservación definidas por CONABIO: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe Región Terrestre Prioritaria (Arriaga & Espinoza & Aguilar & Martínez & Gómez, 2000). Durante el año 2000, SERBO A.C., una Organización Civil de Oaxaca, delimitó en la región a partir de estudios de vegetación y uso del suelo para la conformación de áreas prioritarias para la conservación una ellas, denominada Cuasimulco, que engloba a las comunidades del Rincón de Ixtlán, entre otras (González, 2000).

El Rincón de Ixtlán, como haremos referencia de ahora en adelante, engloba a 9 comunidades indígenas zapotecas que se autodenominan Xhidza. En esta zona se encuentran cinco tipos de vegetación: bosques de encino, bosque de pino, bosque de pino – encino, bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia (Bolaños, 2012). Las actividades principales son la agricultura y el cultivo del café, la propiedad de la tierra es comunal y su forma de organización es comunitaria y regional.

A inicios del siglo XXI emergió el mercado de los servicios ambientales que se potenció con el mercado de los recursos genéticos (Toledo, 2008). Los pagos por servicios ambientales (PSA) son instrumentos utilizados para recompensar a los dueños de la tierra por ciertos tipos de uso o manejo de los recursos naturales que generan servicios ambientales para terceros (Madrid, 2012).

En ese sentido, en el año 2003 comunidades cafetaleras del rincón de Ixtlán se integran al programa de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), programa que impulsó el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la finalidad de apoyar la captura de agua en las principales montañas del país (Anta, 2006).

Para el 2004, la CONAFOR publica la convocatoria para el Programa de Servicios Ambientales-PSA- CABSA (Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales) en su modalidad de cultivos de sombra, siendo uno de los requisitos estar certificados o en el proceso de certificación agraria a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Anta, 2006). Al menos dos comunidades del Rincón de Ixtlán iniciaron con el proceso de certificación para poder acceder a los programas PSA- CABSA.

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad (Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer mundo, 2006). Sin embargo uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques en el largo plazo (Madrid, 2012).

Actualmente las comunidades del rincón de Ixtlán reciben pagos en tres modalidades: sistemas agroforestales, servicios ambientales hidrológicos y captura de carbono. Sin embargo, existen muchas dudas acerca de estos programas, ya que las comunidades no cuentan con expedientes completos, no existe transparencia y adecuada rendición de cuentas sobre los recursos económicos que llegan producto de la conservación, generando cierta desconfianza al interior de las comunidades (comunicación personal con autoridades locales, 2016).

Se suman a lo anterior, los convenios establecidos entre las comunidades y quienes pagan por la conservación, ya que durante el periodo que dura el programa PSA, las comunidades no pueden hacer uso del territorio. Es decir, no pueden cazar, ni tener acceso a plantas, hongos, leña, tampoco pueden sembrar maíz, actividades importantes para la subsistencia de las familias. En este sentido Toledo (2008), menciona que los contratos por servicios ambientales en cierta forma hipotecan y ceden el control de los territorios, conocimientos y recursos. Los servicios ambientales se convierten entonces en una forma de venta de derecho del uso del territorio, garantizando el derecho exclusivamente a las corporaciones.

Existen muchas dudas sobre los programas y proyectos ya mencionados, algunas comunidades que han decidido salir de ellos enfrentan una serie de presiones por parte de las consultoras para seguir dentro del programa PSA-CABSA. De la misma manera, instancias gubernamentales como la Procuraduría Agraria tratan de incidir para que las comunidades que no entraron al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), regularicen su situación ante el programa actual, para poder acceder a nuevos proyectos.

El panorama en materia ambiental en Oaxaca es muy complejo, principalmente después del 31 de octubre de 2013, cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático, por lo que se espera el impulso de nuevos proyectos como REDD+ y Protocolo de Nagoya que en teoría pretenden un reparto justo y equitativo de beneficios derivado de la biodiversidad. En el Rincón de Ixtlán se prevé la posibilidad de establecer un área de protección especial ante la CONANP como Corredor Biológico. Sin embargo, es importante mencionar que ninguno de los proyectos anteriores ha pasado por un proceso adecuado de consulta a las comunidades y pueblos indígenas, violando los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas, así como los de consulta libre, previa e informada para alcanzar su consentimiento, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A manera de conclusión podemos decir que no existe un proceso de gobernanza en la región, ya que se omite la participación de las comunidades en el diseño de las políticas públicas que impactan la zona. No existe un respeto hacia las instancias de toma de decisiones locales como es la asamblea comunitaria. Al final, los que obtienen algún beneficio son las consultoras y organizaciones civiles que obtienen financiamientos por el PSA-CABSA y de su intervención como enlaces o intermediarios con las empresas principalmente privadas que pagan por la conservación de los bosques. Las realmente beneficiarias son entonces y de acuerdo con Toledo (2008), las grandes corporaciones conservacionistas cuya propuesta sigue siendo la venta de bienes y servicios, esto incluye además de la captura de carbono, otros como el etnoturismo, la bioprospección, hasta el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos ancestrales.

 



¿Agrocombustibles y megaproyectos: cultivos para el hambre?

Los peligros del uso de transgénicos y agroquímicos en la pérdida de la diversidad biológica y agrícola.

Hoy sabemos que el hambre y la desnutrición en el mundo no se deben a la escasez de alimentos. Existe producción agropecuaria suficiente para cubrir la ingesta calórica de la población mundial. En el fondo, lo que tenemos es una inequitativa distribución y acceso a recursos para la producción o adquisición de alimentos. Nuestro continente no es la excepción a la regla. Como afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: América Latina dispone de provisiones suficientes para alimentar a toda su población; sin embargo, el hambre afecta todavía a más de 34 millones de personas. (FAO, 2015). En este escenario cabe preguntarse ¿Cuáles son las causas del hambre en el mundo? ¿Cuál es el destino final de la producción de granos básicos y cereales?

Una posible respuesta la encontramos en el hecho de que la producción de alimentos para consumo humano ha sido desplazada para responder a las necesidades de empresas y mercados internacionales, en pocas palabras –lastimosamente- los alimentos son una mercancía más para la acumulación capitalista y la producción de energéticos. Actualmente, un sector del modelo agroindustrial avanza ocupando tierras con vocación agrícola tradicional o cubierta forestal para la plantación de monocultivos destinados a la generación de electricidad y energía motriz a través de lo que se ha dado en llamar biocombustibles.

Estos <<cultivos energéticos>> -como los denomina la FAO- se nos presentan como una alternativa para la generación de energía limpia ante el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y la emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por el uso de energías convencionales. Como se argumentará, este discurso no es del todo cierto y encubre los verdaderos fines de su producción y comercialización.

El presente ensayo explora la relación entre la producción de agrocombustibles y los megaproyectos. Comienza con una introducción conceptual sobre agrocombustibles versus biocombustibles, posteriormente argumenta el porqué podemos considerarlos como <<megaproyectos agrícolas>>. Finalmente, se ejemplifica la relación entre Tratados de Libre Comercio y Proyectos de Integración e Infraestructura como mecanismos que profundizan el modelo neoextractivista en América Latina.

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Agrocombustibles versus Biocombustibles

De manera genérica se habla de biocombustibles para referirse a cualquier combustible (sólido, líquido o gaseoso) que se obtiene a partir de biomasa, es decir, materia orgánica viva o muerta resultado de un proceso biológico. Siguiendo la Terminología Unificada sobre Bioenergía de la FAO (2004), los biocombustibles se clasifican en tres tipos con base en la materia prima para su elaboración: combustibles derivados de madera, combustibles derivados de subproductos de origen municipal y los agrocombustibles. Respecto a últimos explica que comprende aquellos cultivos energéticos destinados directamente a la producción de combustibles procedentes de biomasa agrícola, así como subproductos de origen agrícola, animal y agroindustrial.

Cuando hablamos de biomasa agrícola nos referimos a semillas oleaginosas como son la soya, la canola, el maíz y la palma africana o cultivos de caña de azúcar, por mencionar algunos. Actualmente, estos biocombustibles se utilizan para generar calor y electricidad e incluso combustibles líquidos como el biogaseóleo y el biodiesel. Estos últimos han adquirido especial impulso por su potencial aplicación en el sector transporte.

A nuestro juicio, esta clasificación se desdibuja dejando paso al término genérico de biocombustibles, eludiendo de esta forma hablar de combustibles producidos a partir de insumos alimenticios cuyo destino final son las industrias automotriz, petrolera y agroindustrial, no el consumo humano. En este escenario, desde los movimientos sociales y las ONG se ha venido posicionado el término de agrocombustibles dejando claro que el origen de estos combustibles no es otro que cultivos alimenticios.
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Agrocombustibles y megaproyectos

Algunas de las particularidades de la agricultura industrial destinada a la generación de agrocombustibles son su carácter intensivo y la amplia escala de producción para mantener altos rendimientos; su dependencia a insumos externos como son paquetes tecnológicos que incluyen maquinaria, plaguicidas, fertilizantes y desde luego, semillas mejoradas. Esta práctica implica, además, una sobreexplotación de tierra y fuentes agua, pérdida de la diversidad de cultivos agrícolas ahora consignados a un solo producto agrario (monocultivos).

Por sus características, la agroindustria extensiva de monocultivos pueden considerarse un <<megaproyecto agrícola>> equiparable con otros Proyectos de Desarrollo e Infraestructura. Éstos pueden definirse como “aquellos emprendimientos impulsados por empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo el argumento del bien común”. (SCJN, 2014, p.11). Por esta razón, dichos proyectos también suelen llamarse <<megaproyectos de inversión por despojo>> pues suponen “la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos.” (Ídem).

Para la socióloga argentina Maricela Svampa, los megaproyectos en materia de transporte, energía, agua así como la explotación de recursos minerales, forestales, agrícolas y genéticos forman parte del modelo neoextractivista que impera en la región latinoamericana, basado en la intensificación y extensión de actividades extractivas de bienes primarios o commodities para el mercado mundial. (Svampa, 2013).

En este mismo orden de ideas, para asegurar la libre circulación de estos commodities se han perfeccionado mecanismos que garantizan el control de dichos recursos por parte de los países desarrollados y las corporaciones transnacionales. Ese es el papel que cumplen hoy los Tratados de Libre Comercio (TLC). Como advierte la CEPAL (2005) en un estudio sobre el tema: la instrumentación de un creciente número de TLC constituye un medio uniforme que facilita el comercio y, en el ámbito de los recursos naturales, busca evitar todo tipo de restricciones al acceso, distribución o suministro. (Ruiz-Caro, 2005, p.16).

A la par de esto tratados comerciales encontramos los proyectos de integración energética e infraestructura desplegándose por todo el continente, trazando las nuevas rutas que permitirán el transporte y la exportación de estos recursos estratégicos. En este contexto, iniciativas como el Plan Puebla Panamá (PPP), ahora Proyecto Mesoamérica, y el Proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) adquieren relevancia.

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Tanto el PPP-PM como el IIRSA incluyen dentro de su cartera de proyectos el fomento a la producción de agrocombustibles. El Programa Mesoamericano de Biocombustibles, por ejemplo, se plantea la instalación de plantas de biocombustibles así como una red de investigación e intercambio de tecnología sobre el tema entre los países miembro. (Proyecto Mesoamericano, 2016). Por su parte, uno de los ejes económicos estratégicos del IIRSA que contempla este sector es el Eje Interoceánico Central donde participan Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, en conjunto constituyen “una gran superficie de cultivos de soja y caña de azúcar lo que lo perfila como uno de los asientos para la producción de biocombustibles (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007, p.41) Ambas iniciativas cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

En conclusión, todo este entramado de intereses nos deja ver que los agrocombustibles, más que una alternativa de energía limpia o una opción para que los países con escazas reservas de hidrocarburos accedan a su soberanía energética, representan una nueva rama de inversión para las compañías automotrices, petroleras, de biotecnología y agronegocios así como instituciones financieras y gobiernos.

Como contraparte, no son pocos los esfuerzos desde la sociedad civil para advertir sobre los potenciales impactos del cultivo de agrocombustibles en la disponibilidad de recursos como tierra, semillas, agua; los peligros del uso de transgénicos y agroquímicos en la pérdida de la diversidad biológica y agrícola o la relación entre alza de los precios de granos con la demanda mundial de biocombustibles. Lo anterior nos obliga a estar atentos y sumarnos a las iniciativas. Campañas como ¡No te comas el mundo!, la Marcha Mundial contra Monsanto o la Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”, son un buen ejemplo de estos esfuerzos.

Autora: Perla Rodriguez Ferreira

Referencias Bibliográficas

Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”. Recuperado de http://sinmaiznohaypais.org/

Ceceña, A. E., Aguilar, P., & Motto, C. (2007). Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

FAO (2004). Terminología unificada sobre bioenergía (TUB). Departamento Forestal de la FAO, Roma: FAO.

FAO (2015) Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Roma: FAO, Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf

Marcha Mundial contra Monsanto. Recuperado de http://www.march-against-monsanto.com/may20//

¡No te comas el mundo!. Recuperado de http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?lang=es

Proyecto Mesoamérica (2016) Programa Mesoamericano de Biocombustibles. Recuperado de http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=103

Ruiz-Caro, A. (2005). Los recursos naturales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6288/S055371_es.pdf?sequence=1

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014). Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de Desarrollo e Infraestructura. México. 256.

Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva sociedad, 244, 30-46. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3926_1.pdf