Factores clave en el desarrollo energético de México

El desarrollo energético requiere de una política energética estratégica, para convertirse en una pieza clave para el progreso de un país.

Autor: Nancy Gamboa Mancilla

Desde su origen, el desarrollo fue restringido al ámbito económico y, por lo tanto, asociado específicamente al crecimiento económico (Díaz y Ascoli, 2006). Y no fue hasta que fue creciendo la valoración de los aspectos sociales, culturales y ambientales del desarrollo, que el modelo de éste fue tomando diferentes esquemas hacia un enfoque holístico, que derivó hacia los modelos basados en los ejes de la sustentabilidad. Sin embargo, en la actualidad, países emergentes como es el caso de México, aunque presentan un discurso basado en la búsqueda de la sustentabilidad, el establecimiento de sus políticas y planes de desarrollo aun muestran una fuerte primacía hacia el elemento económico, como eje crucial del progreso. Esto se vislumbra en la actual estrategia energética de México, que es presentada como la panacea del desarrollo económico y social de todos los mexicanos, pero que en su implementación aún hay muchos vacíos legales y operativos que no dejan apreciar su contribución real hacia la sustentabilidad y progreso del país.

En primera instancia es importante reconocer la importancia que tiene el sector energético, como elemento estratégico para el desarrollo, desde el punto de vista económico y de finanzas públicas, como para el funcionamiento de las actividades productivas de cualquier nación; ya que la energía es insumo en todos los sectores de la economía como el transporte de personas y mercancías, la producción de manufacturas y el funcionamiento de establecimientos comerciales, de servicios, fábricas y hogares (HSBC, 2015). Por ello es que una política energética estratégica puede ser pieza clave para el progreso de un país, sin embargo para que éste se logre de manera sustentable no se puede perder de vista los factores sociales, culturales y ambientales que permita responder a las necesidades de su población.

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Por lo antes mencionado es que el Gobierno Mexicano entra al juego global con la polémica Reforma Energética, motivada por la necesidad de revertir la caída en la producción de gas y petróleo, a través de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, como son el gas shale y las fuentes de petróleo en aguas profundas. Esta reforma abre las puertas a la inversión privada tanto en actividades de exploración y extracción, como de transformación de hidrocarburos, petroquímica, transporte y almacenamiento, así como de generación eléctrica. Esto a su vez ha crea todo un movimiento de desarrollo de proyectos de inversión e infraestructura asociados a la industria energética alrededor del país.

La construcción de estos proyectos trae consigo una serie de impactos sociales y ambientales que deben ser contemplados como un elemento de importancia en el análisis de la factibilidad previa al desarrollo de dichos proyectos. Puesto que, como señala Daniel Revollo en 2016, “la implementación de cualquier tipo de proyecto en determinada área del territorio nacional, ya sea energético, turístico, de extracción minera o de infraestructura –entre muchos otros- genera tanto beneficios y costos privados, como beneficios y costos ambientales y sociales. En términos económicos y de bienestar, estos beneficios y costos sociales están estrechamente ligados con el término de las externalidades (positivas y negativas). El hecho de no incorporar estas externalidades en el análisis económico de los proyectos, puede llegar a generar condiciones no óptimas o no deseadas por algunos sectores de la sociedad. En otras palabras, el no incorporar estas externalidades provoca que tanto beneficios como costos sean transferidos de un sector de la sociedad a otros sectores, sin una compensación de por medio”.

En un intento de responder a las tendencias y tratados internacionales de impulso al respeto a los derechos humanos y al ambiente, la Reforma energética busca integrar los factores sociales y ambientales dentro de su estructura de operación, haciendo un especial énfasis en la salvaguarda de los derechos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad; estableciendo procedimientos de consulta previa y requerimientos de estudios de impacto social respecto al área de objeto de la asignación o contrato previo al desarrollo del proyecto (PwC México, 2015).

La importancia de la evaluación del impacto social en los proyectos energéticos en su etapa previa, radica en su utilidad para dar una comprensión previa del sistema, a través de un acercamiento entre las partes interesadas, que permita brindar la posibilidad de generar mapas de análisis de los actores interesados y abrir canales de comunicación, identificar los impactos que deriven de la actividad, estimando las medidas para mitigarlos y compensarlos; que culmine en la apropiación del proyecto por parte de las comunidades, ya que se trata de desarrollos que duran de 25 a 30 años que requieren de un proceso de apropiación por parte de la comunidad para garantizar la sustentabilidad a lo largo de la vigencia del proyecto (PwC México, 2015).

En el caso del factor ambiental, es cierto que en nuestro país tenemos un avance significativo en la legislación en materia de impacto ambiental, el cual integra consultas públicas y evaluaciones de impactos ambientales como requerimiento previo a la autorización del desarrollo de cualquier proyecto; y que éste está sustentado en toda una estructura legislativa y judicial para salvaguardar la protección de esta factor.

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Independientemente de los elementos de integración de estos factores dentro del análisis de factibilidad y autorización de los proyectos, aún hay dudas y serias críticas al sistema, derivado del argumento de la primacía de la utilidad pública que envuelve este tipo de proyectos por su carácter estratégico para el país, lo cual le da preferencia sobre cualquier otra actividad o factor. A esto se le suma realidades como las deficiencias derivadas de la falta de claridad en la implementación de lo establecido legislativamente y las insuficiencias de la incorporación de manera estructurada de los impactos, así como de la cuantificación de forma precisa de los servicios ambientales que prestan los recursos afectados por dichos proyectos (Arriaga, 2014).

De lo anterior se deriva la relevancia de cuantificar a través de metodologías estandarizadas, los servicios ambientales de la región en la cual se piensa llevar a cabo el proyecto, así como los impactos sociales que la realización del mismo tendría sobre la comunidad. Esto con el fin de que esta información se incluya en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y permita brindar mayor certidumbre jurídica a todos los actores involucrados; es decir, al gobierno responsable de brindar las autorizaciones, los inversionistas interesados en desarrollar el proyecto y a la comunidad que habita en la zona (Revollo, 2016). Así mismo resulta fundamental el promover el incremento de la autogestión comunitaria con respeto a sus diferencias culturales, de forma que les permita alcanzar un mayor grado de participación en la toma de decisiones en sus respectivas áreas, reconociendo la autonomía de los pueblos y del ejercicio de la capacidad social de estos para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones (Bonfil, 1985).

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A pesar que los instrumentos jurídicos que se derivan o refuerzan la Reforma energética han incluido diversos estudios y autorizaciones para contemplar los factores sociales y ambientales durante el desarrollo de proyectos, aún quedan vacíos operativos y de efectividad en su implementación que deben ser considerados a la hora de otorgar las autorizaciones correspondientes.

Como conclusión, el caso de la Reforma energética de México, es solo un ejemplo de que el desarrollo sustentable sin duda ha logrado una hegemonía discursiva, pero en la realidad no se ha consolidado como la alternativa viable que pretendía subsanar las prácticas de su antecesor desarrollista (Escobar, 1995), sin embargo aún se realizan esfuerzos por contemplar un enfoque holístico producto de las presiones y tendencias internacionales, el cual es una ventana de oportunidad que requiere de la participación de los diferentes actores sociales, los cuales deberán testificar y contribuir en el proceso de democratización y manejo de su territorio en miras del verdadero desarrollo social-sustentable.

Referencias

Arriaga, R. (2014) “La evaluación del impacto ambiental en México: situación actual y perspectivas futuras”, consultado el 22 de octubre de 2016 en http://www.amia.org.mx/legislacion/115-la-evaluacion-del-impacto-ambiental-en-mexico-situacion-actual-y-perspectivas-futuras.

Bonfil, Guillermo (1985) “El etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización” en Etnodesarrollo y etnocidio. San José, Costa Rica: FLACSO

Díaz, J. y Ascoli, J. (2006) “Reflexiones sobre el desarrollo local y regional”, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

Escobar, A. (1995) “El desarrollo sostenible: dialogo de discursos”, en Ecología Política, Cuadernos de Debate Internacional núm 9. Páginas: 7-25, recuperado el 23 de octubre de 2016 en https://legacy.wlu.ca/documents/55945/SH20-06.pdf

HSBC (2015) “Importancia de la industria energética en el crecimiento de la economía”, consultado el 22 de octubre de 2016 en https://globalconnections.hsbc.com/mexico/es/articles/importancia-de-la-industria-energetica-en-el-crecimiento-de-la-economia

PwC México (2015) “Seminario, Implicaciones de la reforma energética en la propiedad social, soluciones y controversias”. Consultado el 22 de octubre de 2016 en https://www.pwc.com/mx/es/eventos/archivo/20151027-laa-memorias-seminario.pdf

Revollo, D. (2016) “Valoración de los impactos ambientales, sociales y económicos vinculados con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA): caso de estudio i) Cabo Dorado, ii) ) La Parota y iii Eólica del Sur” México D.F. consultado el 23 de octubre de 2016 en http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Estudio-Valoraci%C3%B3n-_-CEMDA-FINAL-rev-AVR_UGA-1final.pdf



El nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en el nido de las aves de Texcoco

El lago de Texcoco da refugio a poblaciones de 100,000 o más aves acuáticas durante el invierno.

El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se pretende construir en el Lago de Texcoco, sitio privilegiado, ya que se encuentra en la Ruta Central de Migración de las Aves de Norte América y hogar de especies endémicas. 

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Fotografía: Iraquí Echeverria

México se encuentra en onceavo lugar en diversidad de aves a nivel mundial. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2015) “se conocen 1,107 especies de aves, de las cuales 102 son especies endémicas.” Lo anterior, según Berlanga y colaboradores (2015), incentivó a que “en 1996 se designaran Áreas de Importancia para la Conservación de Aves en México (AICA) como una idea conjunta de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife International.” 

La CONABIO establece que el Lago de Texcoco es considerado, desde el 2007, un AICA debido a que representa un área de 1700 ha. de lagos permanentes y 2000 de charcas someras estacionales que da refugio a poblaciones de 100,000 o más aves acuáticas durante el invierno, siendo el área más importante de hibernación de aves acuáticas del Valle de México (CONABIO, 2016). Actualmente se constituye por 5 lagos artificiales permanentes con aportes de agua de los ríos Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, San Bernardino y Churubusco, así como por aportes de aguas negras provenientes del dren de la Ciudad de México (CONABIO, 2004). Tan sólo en esta área se tienen registradas 250 especies de aves, que se encuentran designadas en diversas categorías según la Birdlife (2007) y la clasificación en México de 1999, tales como: especies amenazadas, en riesgo y que por lo menos, cuenta con el 1% de la población biogeográfica de una especie acuática congregatoria. 

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Lo anterior resalta cuando “el proyecto de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México contempla su ubicación dentro del Lago de Texcoco que abarca los municipios de Texcoco y Atenco con una superficie de 4,431.1640 ha a tan sólo 14 km del actual aeropuerto” (GACM, 2014). Es decir, esta mega-infraestructura estará ubicada en el corazón del AICA de Texcoco causando sobresalto por los impactos ambientales a la zona.

Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en la sección V sobre la Evaluación del Impacto Ambiental establece que  la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas deben estar sujetas a una evaluación de impacto ambiental,  por lo que los interesados deberán presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una manifestación de impacto ambiental (MIA)” (SEMARNAT, 2013).  La MIA, según la ley, deberá contener, por lo menos, “una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente” (SEMARNAT 2013).    

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En el 2014, se presentó la MIA del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S. A. de C. V para cumplir con lo que establece la LGEEPA. Dicha MIA establece en su capítulo IV y V la descripción del sistema ambiental regional y el señalamiento de las tendencias de desarrollo y deterioro de la región, así como la identificación, caracterización y evaluación de los impactos ambientales. En estos capítulos describen el trabajo técnico que se realizó para declarar la situación actual de la flora y fauna que existe en el predio destinado para la construcción del megaproyecto aeroportuario, así como los impactos que dicho proyecto traerá para las especies que ahí habitan. Para el caso de las aves, se utilizó una metodología de muestreo que limita una obtención de registros más completa de la avifauna del lugar, además se omitieron los datos que la CONABIO registró y publicó para el Lago de Texcoco.

Según la MIA (GACM, 2014), en su página 190 del capítulo IV, el monitoreo de aves “se basa en la observación en un recorrido de 5 días en temporada de invierno con la técnica de recorrido en vehículo y a pie”. El resultado final del monitoreo fue de 74 especies con un total estimado de 65,594 individuos contabilizados en los cuerpos de agua del lago de Texcoco de las cuales únicamente fueron reportadas 4 especies con preocupación menor (GACM, 2014). Complementado su estudio con una revisión bibliográfica a la CONABIO, se expone una tabla comparativa de las especies que esta Comisión tiene identificadas y los datos encontrados en el monitoreo, señalando la estacionalidad de estas aves. Esta información es la base de los planes de mitigación de los efectos negativos de la construcción de la infraestructura y el impacto de la destrucción del hábitat, declarando, en el capítulo V  que “todas las especies de aves se encuentran ampliamente representadas en los demás cuerpos de agua cercanos, por lo que en el caso de desecar el cuerpo de agua, tanto las especies residentes como migratorias se distribuirían en cuerpos de agua cercanos como el Lago Nabor Carrillo, Laguna Recreativa, Laguna Churubusco, Xalapango y Laguna Facultativa, entre otros” (GACM, 2014). 

La realidad es que la magnitud del proyecto y la zona de impacto requieren de un muestreo más amplio.

En este contexto, se infiere que es importante considerar a cuatro AICAS como zonas de impacto local y regional para el análisis de aves: Lago de Texcoco, Ciénega de Tláhuac, Sur del Valle de México, Volcanes Iztaccihuatl- Popocatépetl, ya que hay especies residentes y migratorias de consideración. Para estas zonas la CONABIO registra 349 especies de las cuales, 233 tienen residencia en el territorio, 211 migran en invierno, 46 migran en verano y 29 son transitorias.

Además, hacer recorridos con un vehículo imposibilita el avistamiento de fauna, no sólo por la velocidad, sino por el ruido que genera, provocando el ausentamiento de especies.  La cantidad de días es insuficiente para poder obtener datos acerca de las especies que habitan en la zona, así como la época de muestreo y el polígono de investigación ya que representan sesgos informativos respecto a la diversidad biológica y a los impactos ambientales a nivel regional. 

 

Asimismo, el listado de aves de la página 208 del muestreo con respecto a la información que tiene la CONABIO establecen la estacionalidad de las aves, en muchas especies, se tiene como indefinido, datos que sí tiene registro dicha Comisión. Aunado a eso evitan anotar la categoría de protección en que se encuentran dichas especies, esto último genera controversia al no reflejar claramente el estado de la población de las especies de las cuales ya se tiene una investigación previa. 

Según la NOM-059-SEMARNAT-2010 tres especies registradas en el lago se encuentran en la categoría de amenazadas (Botaurus lentiginosus, Rallus limícola, Geothlypis tolmiei). Las dos primeras especies residen en el centro del país, sobre todo en verano, temporalidad omitida en el muestreo. Debiendo incluir 4 especies más en esta categoría (Catharus frantzii, Tilmatura dupontii, Dendrortyx macroura y Picoides stricklandi), que se encuentran en las AICAs de la Ciénega de Tláhuac, Sur del Valle de México, Volcanes Iztaccihuatl- Popocatépetl; todas residentes del país y las dos últimas endémicas, es decir, sólo se distribuyen en México.

El AICA de Texcoco tiene 11 especies bajo la categoría de protección especial según la NOM 059-SEMARNAT-2010.  La lista aumenta a 19 especies registradas por la CONABIO que ya están en esta categoría dentro de las cuatro AICAs antes mencionadas. Hay que especificar que 10 de estas especies migran en invierno, 3 hacen migración en verano, 15 de ellas tienen periodo de residencia, de las cuales 8 no migran y una es transitoria.

Asimismo, se omiten los datos de endemismo de las especies, mismas que reflejan un alto grado de importancia para la conservación, es decir, son 56 especies a las cuales no se les asigna un plan especial para su protección.  Dentro de las cuatro AICAs, según los datos de la CONABIO, “existen 8 especies cuasiendémicas, 22 endémicas, 26 semiendémicas.” Tener especies endémicas reconoce la existencia de biomas únicos en México y que, además de exhibir la riqueza biodiversa del país, expone los retos de protección de los sistemas complejos que se forman por las relaciones de distintas especies que no se distribuyen en otro espacio territorial.

Los vacíos metodológicos que tiene la técnica de muestreo presente en la manifestación de impacto ambiental son claros. La omisión sobre las especies en alguna categoría de protección o endemismo y que serán afectadas negativamente directa e indirectamente con la construcción y puesta en marcha del aeropuerto son aspectos graves que deben ser señalados. 

Al mismo tiempo, argumentando que las especies se movilizarán o se encuentran ampliamente representadas en otros cuerpos de agua del territorio, buscan minimizar la importancia del área para las aves acuáticas migratorias. Lo anterior, no se explica con algún indicé que calcule capacidad de carga de los otros lagos para que las especies puedan subsistir o los efectos que esto tenga es decir, qué tanto el ecosistema puede soportar a los organismos y al mismo tiempo, mantener su productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación hasta un límite determinado. 

En conclusión, la MIA presentada para el proyecto de la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México presenta vacíos metodológicos e informativos que son sustanciales para hacer un análisis completo del impacto que este proyecto puede tener a nivel ambiental. Según la SEMARNAT (2013), “el objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la sustentabilidad, pero para que un proyecto sea sustentable debe considerar además de la factibilidad económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable de los recursos naturales”. Esta definición no contempla el respeto y protección a la biodiversidad que cohabita el territorio mexicano y que permiten que cada ser humano tenga uso de esos recursos, gracias al papel de cada especie, conceptualizadas económicamente como servicios ecosistémicos; dando pie a que se acepten manifestaciones carentes de información relevante y que la Secretaría se convierta en cómplice de los desastres ecológicos que estos megaproyectos ocasionan.

Estos vacíos que son responsabilidad de todos los actores (técnicos, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SEMARNAT) se interpretan como intencionales ya que los encargados de hacer la investigación técnica son especialistas en el área y, por lo tanto, pueden limitar la cantidad de información para generar sesgos, y al ser aprobados por la Secretaría provocan planes erróneos con graves consecuencias negativas para la biodiversidad. 

 

 

/ Referencias 

Berlanga, H., H. Gómez de Silva, V.M. Vargas-Canales, V. Rodríguez-Contreras, L.A. Sánchez-González, R. Ortega-Álvarez y R. Calderón-Parra. 2015. Aves de México: Lista actualizada de especies y nombres comunes. CONABIO. Ciudad de México, México. 122 pp.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2002. Criterios utilizados en la designación de AICAs. Recuperado el 03 de junio de 2017 desde http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/criterios-aicas.html 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2004. Áreas de Importancia para la Conservación de Aves. Recuperado el 03 de junio de 2017 desde http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicas.html

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2015. Áreas de Importancia para la Conservación de Aves. Recuperado el 04 de junio de 2017 desde http://avesmx.conabio.gob.mx/AICA.html

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2016. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Recuperado desde http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 2014. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional. MIA-15EM2014V0044

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2013. Impacto ambiental y tipos. Recuperado desde http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/definicion-y-objetivo



México, abierto a la inversión en energías limpias de Tesla

México cuenta con recursos geotérmicos abundantes que se distribuyen a lo largo del territorio; un total de 3 000 manifestaciones terminales en 27 estados.

De acuerdo con los datos de la empresa internacional Bloomberg Energy Finance –BNEF–, durante el primer trimestre del año hubo una inversión en energías limpias de 53,5 mil millones de dólares, la cual incluye la emisión de 1.4 mil millones de dólares en acciones públicas por parte de la empresa de vehículos electrónicos Tesla y el financiamiento del proyecto de Enel en su complejo fotovoltáico en Zacatecas. Hasta ahora, este complejo posee una capacidad de producción de 754MW y es el proyecto solar más grande del mundo. 

Desgraciadamente la posición frente al calentamiento global del nuevo gobierno de EE.UU., ha impactado negativamente en la inversión de los dos mercados más grandes, China y EE.UU., en torno a los proyectos eólicos cuesta-fuera. De hecho, durante el primer trimestre del 2017, EE.UU. presentó una caída del 24 por ciento y China, del 11 por ciento. En palabras de Jon Moore, director general de BNEF, explicó: “Este año, el primer trimestre refleja, una vez más, las caídas en los costos de capital promedio por megawatt para la energía eólica y solar. Esta tendencia significa que año con año es posible financiar capacidades de generación equivalentes con estas tecnologías por menos dólares.”

Si bien la inversión global en energías limpias cayó durante el primer trimestre, los analistas de BNEF esperan que tanto “la energía solar y eólica alcancen cifras similares de nuevos megawatss este año contra el año pasado”. Mientras tanto, México ha invertido en energías limpias mediante cuatro plantas: “En el Valle de Mexicali, Baja California, opera la planta de Cerro Prieto, la mayor central de energía geotérmica a nivel mundial, con una capacidad de 720 Megawatts (MW); Los Azufres en Michoacán (188 MW),  Las Tres Vírgenes en Baja California Sur (10MW) y Los Humeros  en Puebla (40 MW). En un futuro  los Humeros II, fase A, y Humeros II, fase B, generarán 25 MW y 21 MW, respectivamente.”

Gracias a ello, México se ha convertido en el tercer líder mundial como productor de energía geotérmica, generando con el vapor derivado del agua del subsuelo que alcanza altos grados de temperatura para hacer mover una turbina y así producir electricidad. Si bien lo más costoso es la etapa de exploración, México es considerado como país con potencial para una fuente limpia en la generación de electricidad pese a producir sólo el 3 por ciento de total nacional de energía. 

México cuenta con recursos geotérmicos abundantes que se distribuyen a lo largo del territorio; un total de 3 000 manifestaciones terminales en 27 estados. Al menos 20 zonas geotérmicas podrían tener un buen potencial para su explotación; como por ejemplo Tulecheck y Piedras de Lumbre en el norte; El Ceboruco y Cerritos Colorados en la zona central; y Acoculco, Tacaná y Chichonal en el sur, tienen un alto potencial para producir energía eléctrica. Para ello es indispensable, primero, identificar las barreras regulatorias que impiden avanzar a la industria; segundo, elaborar una propuesta legislativa que dé seguridad a los inversionistas y a las comunidades indígenas cercanas a las fuentes de energía; tercero, establecer un mecanismo financiero para la cobertura de riesgo de la explotación de fuentes geotérmicas. Se trata de proyectos que requieren una mayor atención pero implican un fuerte potencial.