México posee una ubicación latitudinal favorable donde se une la región neártica y neotropical, además de su historia geológica y la accidentada topografía que lo componen, se crearon las condiciones favorables para generar riqueza biológica la cual constituye los diferentes ecosistemas del país. La variedad de ecosistemas, orígenes, formas de vida y lenguas, se equiparan a una inagotable diversidad cultural, donde los recursos naturales son parte significativa como fuente de vida e identidad de muchos pueblos (Neyra y Durand, 1998; Navarrete, 2008)
La cultura y desarrollo de México ha hecho posible la subsistencia histórica de diversos grupos étnicos que dieron origen a los pueblos y comunidades que hoy en día conforman la República. De la superficie territorial del país, el 51% pertenece a núcleos agrarios lo cual quiere decir que más de la mitad del territorio está en manos de ejidos y comunidades. En dichos núcleos existen grandes riquezas naturales, se encuentra el 80% de los bosques y selvas, el 64% de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país (CONABIO, 2000; Navarrete, 2008; SEDATU- RAN, 2012).
En este trabajo, se examina la relación hombre-naturaleza así como la problemática actual que pone en riesgo la preservación de prácticas de manejo de bajo impacto (conocimientos y prácticas ancestrales como ceremonias sagradas, cacería, pesca, cosecha, recolección, agricultura y prácticas forestales) en zonas rurales de México, y por lo tanto la conservación de la biodiversidad (CONABIO, 2000; Navarrete, 2008).
En comunidades indígenas del norte de México, hay periodos donde escasea el agua, lo cual hace prácticamente imposible la producción agrícola. Mantener a la comunidad implica buscar otros medios para obtener alimentos. El monte, como ellos le llaman, les provee de vestimenta, vivienda, plantas medicinales, especies que usan para ritos, frutos silvestres, animales que van desde mamíferos hasta insectos ricos en nutrientes y leña, la principal fuente de energía de los fogones, donde cocinan sus alimentos (Loa et al., 1998; Navarrete 2008; CONABIO, 2009).
Actualmente existe una serie de problemas que pone en riesgo la preservación de prácticas en las zonas rurales y por lo tanto la conservación de la biodiversidad. En 1992 con el tratado de libre comercio (TLC) y la nueva reforma (artículo 27 constitucional), se le puso fin al reparto de tierras ejidales, además de dar paso para asociarse con el Estado y con terceros, permite que la tierra ejidal sea vendida, rentada y/o explotada. Aunado a esto, la aprobación de la Contrarreforma Indígena en 2001 negó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el control sobre su territorio, a pesar de la firma de los Acuerdos de San Andrés y proceso de organización y movilización social como la Marcha del Color de la Tierra en 2001 (Navarro, 2013).
El modelo de desarrollo adoptado por el país (1940; modelo de sustitución de importaciones, 1964, modelo de desarrollo estabilizador, y el actual modelo neoliberal de 1984), se caracteriza por haber privilegiado el crecimiento industrial y urbano a costa del desarrollo en el campo. El capitalismo comercial produjo la extracción y saqueo de los recursos; inversionistas pueden explotar las tierras, sin tener que comprarlas, se ha ignorado la realidad de un entorno ecológico diversificado y complejo. Mientras tanto la producción y los recursos atienden las necesidades del mercado mundial, y no en función de productores locales (Herzer et al., 1977; Loa y Durand, 1998; CCI, 2009; Navarro, 2013).
Entre las consecuencias del ya mencionado modelo de desarrollo, millones de familias campesinas han sido forzadas a abandonar su tierra de cultivo debido a usurpaciones de tierra propiciadas por políticas nacionales o fuerzas militares (muchas ocasiones con la finalidad del establecimiento de un megaproyecto). Se han visto en la necesidad de venderlas o rentarlas (CCI, 2009; Navarro, 2013). En busca de una mejor calidad de vida, la población rural migra a zonas urbanas. Hace 60 años más del 50% de la población del país vivía en el campo, para el 2010, la cifra se redujo a 22% (INEGI, 2010).
“La ciudad constituye una concentración desigual, el acceso a servicios y a beneficios del desarrollo está marcado por la posesión diferenciada de capitales de sus pobladores”. En este punto, los campesinos que recién se incorporan poseen en todos los campos capitales económico, social, simbólico y cultural muy restringidos para las pautas del mercado global, por consiguiente su incorporación a todos los beneficios del desarrollo es limitada (Ortega, 2013).
Dentro de toda la problemática que se genera vemos un impacto en la vida económica y social de las y los campesinos, ligado con la devastación de la biodiversidad. El crecimiento industrial y la necesidad económica y de supervivencia de los pobladores rurales trae consecuencias sobre los recursos: suelos erosionados, cambio de usos de suelo, aprovechamiento irracional de los recursos naturales, modificación de paisajes, y en general desequilibrio en los ecosistemas.
Las áreas naturales protegidas en México no son suficientes para la conservación de los recursos, actualmente solo el 13% del territorio está bajo alguna categoría de conservación (CONABIO, 2000). La participación de los pobladores rurales es fundamental en el manejo y conservación de los recursos.
En la comunidad indígena de San Juan Nuevo, en el estado de Michoacán, las y los pobladores manejan una empresa comunal certificada y toda su cadena productiva; la conservación y el aprovechamiento sostenible van de la mano con el desarrollo de la comunidad (Cortéz et al., 2001). Otro caso exitoso es el de la sierra Mixe de Oaxaca donde las principales actividades económicas de la comunidad son la producción forestal maderable, y no maderable, agricultura de básicos y la ganadería, que se complementan con actividades como la floricultura, la acuacultura, la extracción de leña, mientras que algunas familias se encargan de ofrecer servicios de ecoturismo y alimentación para los turistas o paseantes (Anta et al., s.f)
Es necesario rescatar los conocimientos tradicionales de los actores locales para generar estrategias y metodologías que ayuden a la participación social y al desarrollo responsable de las comunidades, de tal manera que se fortalezcan las capacidades y conjuntamente contribuir a la recuperación y conservación de los recursos.
Autora: Diana Lizett Corona Mora
Bibliografía
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