5 razones por las que el nuevo plan para el Nevado de Toluca podría ser una gran noticia

El aprovechamiento regulado del bosque del Nevado de Toluca podría ser lo mejor que le pudiera pasar a esta hermosa área natural.

Recientemente se desató gran polémica en torno al Nevado de Toluca. A raíz de la publicación de un Plan de Manejo para esta zona, circularon una serie de artículos que lo interpretaron como una maniobra para “privatizar” y explotar comercialmente el área. Como consecuencia, y entendiblemente, se generó un amplio rechazo de la sociedad contra éste.

Sobra decir que la defensa de una sociedad ante lo que percibe como una amenaza en contra de sus áreas naturales protegidas es algo celebrable. Sin embargo, si se profundiza con detalle en los objetivos, parece que se trata de un problema de desinformación; de hecho, estas podrían ser muy buenas noticias no solo para los bosques de la zona del Nevado de Toluca, también para los habitantes de las comunidades que ahí radican.

En este sentido, combatir el nuevo plan de manejo es un claro despliegue de buena voluntad pero que, como bien señala este artículo reciente, estaría apuntando en contra del fin compartido: conservar los bosques del Nevado de Toluca. Además, vale la pena recalcar que frenar esta iniciativa no solo prolongaría el mal manejo que hasta ahora, durante casi 8 décadas, ha padecido el Parque Nacional del Nevado –desde tala clandestina, asentamientos caóticos y deterioro a causa de actividades agrícolas y ganaderas, hasta políticas prohibicionistas que impiden el cuidado del bosque de manera adecuada–, también se estaría negando la posibilidad de que las comunidades locales aprovechen, de manera controlada y sustentable, los recursos de sus bosques y, paralelamente, funjan como efectivos guardianes del área. 

Antes de exponer las varias razones por las que en lugar de una amenaza latente podríamos estar ante muy buenas noticias, es importante enfatizar que mucho dependerá de una correcta implementación del manejo forestal comunitario –comenzando por la evaluación de cada una de las propuestas que se elaboren dentro del nuevo esquema–, pero por ahora, todo indica que es un gran paso a favor del bosque y las comunidades. 

A continuación te enlistamos algunas razones por las que este plan podría ser una solución loable para conservar de una manera más efectiva este Parque Nacional y, con él, mejorar la calidad de vida de sus comunidades:

Beneficios ambientales

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1) Conservación

La conservación de los bosques se garantiza mediante la presencia legal y organizada de las comunidades y los propietarios ejidales, pues estos se encargan de su cuidado y mantenimiento, además de combatir la tala clandestina. 

Existe un antecedente importante para demostrar lo anterior,  la Unión de Ejidos Emiliano Zapata que incluye varios ejidos dentro del área del Nevado de Toluca, llevan aprovechando durante más de 30 años los recursos forestales, de acuerdo a un plan de manejo, presume hoy una tasa de deforestación cero, es decir en la zona bajo su manejo.

2) Es una medida loable contra el cambio climático

Está plenamente demostrado que el manejo forestal comunitario contribuye, de manera significativa y con muy bajo costo, a disminuir la emisión de gases de invernadero (algo que por cierto ayudaría a que México cumpla el compromiso dentro del reciente Acuerdo de Paris). 

 

Beneficios económicos

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3) Activación económica del área

Se abre una importante coyuntura para que las comunidades se beneficien del aprovechamiento maderable y se activen económicamente. Recordemos que en hoy más de 2,400 comunidades manejan sus bosques en México, de las cuales casi mil operan empresas forestales comunitarias con resultados bastante alentadores.

 

Beneficios sociales

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4) Los derechos humanos

En este plan se prevén también los derechos humanos, específicamente los de las comunidades rurales que han habitado estos bosques y quienes por cierto tienen un papel fundamental en su cuidado y gestión. De igual forma, para evitar la toma de decisiones imprecisas por parte de la autoridad es necesario que quienes viven en estos bosques, y se benefician de ellos, intervengan activamente en su regulación y cuidado.

5) La regulación y las delimitaciones crean decisiones conscientes

En el marco legislativo de casi cualquier orden, optar por una regulación en vez de una prohibición permite generar alternativas viables para todos. La prohibición total de la tala de árboles excluye a los habitantes de la zona de tomar decisiones sobre las áreas naturales que les rodean e impide actuar a tiempo frente a problemáticas como un área forestal invadida por plaga. En este caso, con el Plan de Manejo, se reconocerían las facultades de las comunidades para ejercer su responsabilidad sobre los bosques que a lo largo de generaciones han habitado.

* Imágenes: Veo Verde; CCMSS.


Concebir la energía eléctrica como derecho humano: una lección indígena

En Bolivia la energía eléctrica ya no es un servicio, sino un bien común al que todos podrán acceder.

Para los aymaras ­–la principal comunidad indígena de Bolivia– existe una relación profunda entre el mundo invisible y el mundo visible. Al primero le llaman ukhu pacha y al segundo kay pacha. La energía pertenece al mundo invisible e intangible, al ukhu pacha, y es el alimento del espíritu, o ayju. Este mundo invisible, donde se mueven las fuerzas energéticas, está lleno de poderosos simbolismos, y es el que provee de un equilibrio las relaciones entre las comunidades y la naturaleza, propias del mundo visible o kay pacha.

Esta rica cosmovisión ancestral es la que está moldeando toda una nación. Porque Bolivia es hoy un país dirigido en su mayoría por indígenas, los cuales se han adaptado de maneras muy resilientes y originales a las dinámicas de la vida contemporánea, sin dejarse absorber por nociones incompatibles con sus creencias.

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Así, las concepciones religiosas, éticas y productivas de los indígenas bolivianos están transformando muchas nociones. Incluso están redefiniendo la manera como nos relacionamos con “servicios” como la energía eléctrica.

Porque los pueblos indígenas en Bolivia han hablado: la energía eléctrica debe ser un derecho humano y formar parte del buen vivir.

Desde el 2009 existe una nueva constitución en el país andino, la cual fue el resultado de un largo proceso constituyente en el cual la sociedad se vio realmente representada. En la nueva constitución del Estado Plurinacional se estableció a la energía eléctrica, junto con otros servicios básicos, como un derecho humano.

Pero esto ha pasado de la tinta a ser una realidad concreta: los costos del bien común energético han bajado tanto que la tarifa eléctrica en Bolivia es la más baja de Sudamérica.

Y es que desde el 2006 –y tras algunas dificultades técnicas– se implementó la Tarifa Dignidad: un decreto que logró que sectores marginados –sobre todo rurales– pudiesen acceder a un consumo eléctrico de 70 kWh por casi la mitad de la tarifa que se había mantenido hasta entonces. Es decir: más energía a menor precio. Desde entonces la cobertura ha crecido un 20%, pues en 2005 ésta alcanzaba sólo al 70% de la población.

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Ahora, 90% de los bolivianos cuentan con energía eléctrica.

Y se prevé que para el 2025 el 100% de la población cuente con el bien común eléctrico.

Aún hace falta incrementar la producción de megavatios sin que eso implique subir los costos, así como fomentar que la energía eléctrica no dependa de ninguna fuerza económica, de manera tal que no se vea afectada por ninguna crisis. Por eso, otro objetivo será diversificar la matriz energética, pasando de la producción de energías subterráneas –a base de carbón– y de termoeléctricas, a energías sustentables como las eólicas y solares; esto como parte de una agenda que priorizará también el combate a la crisis climática.

Esto es expresión, una vez más, de una cosmovisión milenaria: porque para los aymaras la tecnología tiene que ser más orgánica, siguiendo los ritmos de la naturaleza y no de la eficiencia económica

La ONU reconoció a Bolivia como país líder en inversión en energía eólica.

Se espera que para el 2030 el 80% de la energía provenga de fuentes renovables.

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La radical lección de los indígenas bolivianos es que la energía no puede ser una mercancía, y ni siquiera sólo un subsidio, como han insistido las economías neoliberales. Se ha comprobado que algo tan fundamental como la energía eléctrica no puede dejarse en manos del azar –o en términos técnicos, de los flujos del precio y la demanda–, sino que debe ser gestionado por el Estado y la sociedad.

Es así que la energía tiene que considerarse un bien común y un derecho al que todos deben tener acceso. Porque la nuestra es una cultura de la energía desde tiempos inmemoriales. Y en la actualidad, es gracias a su forma eléctrica qur hemos podido reproducir nuestra existencia con una facilidad extraordinaria, cambiando nuestra forma de trabajar, de alimentarnos e incluso acelerando el aprendizaje colectivo a través de la tecnología.

Y a algo así no se le puede poner precio. No se puede comerciar con la energía eléctrica, pues al hacerlo estamos comerciando con la necesidad de la gente. Porque hoy, quien no cuenta con acceso a la energía eléctrica se vuelve una especie de exiliado de la sociedad: a quien se le niega la energía eléctrica se le está marginado e incluso violentado, colocándosele en desventaja frente a otros.

Por eso, y una vez más con su ejemplo vivo, los pueblos indígenas están iluminando el camino hacia la sociedad del futuro.

Sandra Vanina Greenham Celis
Autor: Sandra Vanina Greenham Celis
Colaboradora del proyecto político Colectivo Ratio. Le gusta potenciar la depresión en su psique consumiendo productos culturales de las postrimerías del siglo XX. Cree teleologicamente en el arribo de la humanidad al comunismo.


Día internacional de los pueblos indígenas: ¿por qué todos debemos estar agradecidos con ellos?

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores fundamentales en la conservación del patrimonio natural y cultural del planeta.

En 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que el 9 de agosto de cada año se celebraría el Día internacional de los pueblos indígenas. Más allá del gesto protocolario o el reconocimiento simbólico de esta efeméride, existen varias, y muy buenas, razones para celebrar la presencia de estos grupos, para valorarla y agradecerla. Sin importar nuestra ubicación geográfica, ideología o postura, todos los habitantes de este planeta debiéramos reconocer activamente el papel que los pueblos indígenas desempeñan en un rubro que es crucial para la subsistencia de nuestra especie: el cuidado y conservación del medioambiente.

Para dimensionar lo anterior te compartimos el siguiente dato: ¿Sabías que el 80% de la biodiversidad del planeta está resguardada por pueblos indígenas?. A lo largo de la historia humana estos grupos, además de cultivar un riquísimo patrimonio cultural –vía ese vasto cúmulo de tradiciones, usos y costumbres–, han velado por los entornos naturales donde se asientan, aprovechando sus recursos de forma armónica y sustentable, y demostrando así al resto que la conservación de un área natural, y su simultáneo aprovechamiento, son actividades compatibles. 

América Latina es una de las regiones con mayor población indígena, y donde existe una mayor biodiversidad. Organizaciones civiles como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) advierten que, tan solo en México, el 39 % de los bosques y el 60 % de las selvas se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.

¿Y cómo ha logrado México la sostenibilidad de estos ecosistemas?

En las tierras de propiedad social de México, ocurre un fenómeno peculiar: comunidades indígenas y locales están tomando las riendas de la conservación y manejo de su territorio. La aparición de numerosos de estos grupos que hoy aprovechan sustentablemente los bosques y selvas del país, es un caso ejemplar que está adquiriendo cada vez mayor relevancia. Existen muchos ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales indígenas que a través del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales han logrado consolidar empresas comunitarias.  Ejemplo de ello son los ejidos de Amanalco, en el Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo, en Michoacán y el Ejido Caobas, en Quintana Roo.  

Estas comunidades y unas 900 más operan en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex. De hecho, el 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que controlan en diferentes grados los procesos productivos. Sin embargo, existen numerosas afrentas para estos grupos, debido a que las políticas públicas dirigidas a las regiones campesinas han permitido el despojo de tierras y el desarrollo e inversión de grandes proyectos agroindustriales privados sobre territorios indígenas y campesinos.

En este sentido, y con motivo del Día Internacional de los pueblos indígenas, el Consejo Civil Mexicano emitió un comunicado en el que llama a los tomadores de decisiones a promover decididamente el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas de México, puesto que se debe:

hacer una revisión crítica de la intervención gubernamental en las zonas rurales e indígenas, pues a lo largo de los años se ha puesto énfasis en el desarrollo de programas asistenciales y subsidio al consumo, lo que ha resultado contraproducente y ha generado graves daños a las economías locales.

Es urgente instrumentar cambios profundos en la intervención gubernamental orientada a las comunidades campesinas e indígenas, y tomar las medidas necesarias para asegurar la alineación de la inversión pública hacia el campo ya que hasta ahora ésta se ha quedado en los discursos y en la retórica. Hoy cada dependencia opera de manera aislada, sectorialmente, sin la voluntad de coordinar acciones, sin un enfoque de desarrollo territorial y con programas claramente contradictorios que resultan nocivas para las comunidades y sus territorios.