¿Qué es el Ordenamiento Territorial Comunitario y por qué es importante para el medio ambiente?

El Ordenamiento Territorial Comunitario es una herramienta utilizada por la población junto con expertos/as para analizar las aptitudes del paisaje y el posterior manejo del mismo.

Imagen principal: Animal Político

Actualmente enfrentamos una ‘‘crisis de gobernabilidad ambiental’’ (Lezama, 2016). En la cual el estado mexicano ha dado prioridad a recursos naturales considerados de alto valor económico, ocasionando por ello el detrimento de los culturales; esto demuestra un fallo en la planeación y ejecución de las políticas públicas, que tendrían que coadyuvar al desarrollo integral, protección del medio ambiente y la resiliencia del medio biofísico. En contraposición con ello encontramos que esta crisis se relaciona directamente con diversos conflictos sociales, políticos y medioambientales, de los cuales destacan seis: biotecnológico, energético, hidráulico, minero, turístico y urbano (Toledo, Garrido, y Basols, 2013). Esta relación se centra en una amenaza principalmente a ejidos1, y comunidades agrarias2, pues estas ocupan cuatro quintas partes de la vegetación que conforman los bosques del país (Bray y Merino, 2004) he ahí su inminencia ambiental. La falta de conocimiento y sabiduría local al interior de las políticas públicas hacen que la gestión y la protección territorial sea deficiente.

Este ensayo tiene la finalidad de realizar un breve análisis de la problemática asociada a la falta del reconocimiento legal del Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC). Inicialmente abordo la relación de la gobernanza y la crisis ambiental actual a nivel local (municipal). En un segundo momento revisaremos la viabilidad de incorporar la figura del OTC dentro de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA). Por último, concluyo con una propuesta general.

Podemos definir el Ordenamiento Territorial Comunitario como una herramienta utilizada por la población junto con expertos/as para analizar las aptitudes del paisaje y el posterior manejo del mismo. La importancia para generar un empoderamiento integral del territorio aseguraría una mejora periódica de las condiciones de vida de la población y del cuidado del medio biogeofísico (Platero, et al., 2008).

En contraposición con esto no se cuenta con una política territorial, existen políticas sectoriales que mantienen una relación cercana al sistema económico de libre mercado (Pass y Arreola, 2004). El primer paso en el proceso de integración dentro de la planeación territorial en México “fue la incorporación del concepto dentro de la LEGEEPA en la década de 1980’’ (Arreola, 2006: 69).

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La pobre voluntad política para hacer prevalecer las leyes existentes, así como una ampliación del marco jurídico actual, son algunos de los factores que conviene revisar para enmendar esta crisis ambiental. La LEGEEPA, reconoce los Ordenamientos Ecológicos Territoriales (OET) como herramientas de gestión ambiental espacialmente situadas. La prevalencia de los intereses de la iniciativa privada sobre lo público (Chapela, 2006) recae en detrimento de los saberes locales que son territorios amenazados. El sistema político centralizado otorga prioridad a las secretarías en perjuicio de los estados y municipios (Saldívar, 2005), limitando el reconocimiento de los actores locales. La descentralización supondría la inclusión de los OTC con marcos de transparencia y rendición de cuentas entre los actores, que deberán incluirse dentro de una toma de decisiones democrática. Consecuentemente se promoverán valores éticos y se legitimará una mejora de la gobernanza (Brenner, 2010).

Conviene resaltar que las/os pobladores/as pertenecientes tanto a cosmovisiones originarias como a otras, cuentan entre sus bienes o valores culturales y costumbres la experiencia del medio rural a través de su interacción con el mismo.

Es menester para el OTC el reconocimiento indispensable de las asambleas comunitarias, pues estas actúan como medios de participación directa en la toma de decisiones horizontales, con base en sus reglamentos internos y acuerdos. Estas interacciones entre los actores comunitarios pueden llegar a desarrollar un acercamiento con una gestión colaborativa y adaptativa3 (Barriga, et al, 2007) entorno a la mitigación de las problemáticas socio-ecológicos actuales. Surge de ello una oportunidad para intercambiar experiencias y prácticas que al conjugarse permiten compararse, con la oportunidad de complementar estos saberes y de propiciar conductas sostenibles (Sunstein, 2013).

Es por ello indispensable el reconocimiento comunitario-territorial con el objeto de fortalecer el tejido local. Para ello se incluiría las actividades productoras y la toma de decisiones a partir de las figuras que tienen base en las regulaciones culturales. Con esto recobrando los saberes instaurados en las practicas milenarias (Álvarez, 2015), que son elementos claves para enriquecer la gestión de los OTC.

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A la hora de abordar las problemáticas socio-ecológicas y del cambio climático resulta beneficioso que las comunidades/poblaciones intercambien experiencias y prácticas encaminadas a mitigar sus consecuencias. Al conjugarse y comparar los beneficios o riesgos que pueden llegar a causar las mismas, se acompaña en el desarrollo del proceso generado y del conocimiento intercambiado.

Por consiguiente, el “Capitulo IV: Instrumentos de la Política Ambiental” de la LEGEEPA no cuenta con ninguna referencia al OTC como herramienta local para el desarrollo de la política ambiental. El único indicio de dicha Ley la encontramos en el “Artículo 19, BIS, II” donde describe al Ordenamiento Ecológico Local (municipal) y al Ordenamiento Ecológico Territorial. Ambos priorizan la ecología, actividades económicas y asentamientos humanos.

Conviene apostar por la construcción de una arquitectura de gobernanza horizontal y transversal que reconozca e incluya a los actores sociales participes. Igualmente, se requiere de un análisis durante todas las fases del proceso por medio de una plataforma de decisiones estratégicas, desde su planteamiento hasta su conclusión. Todo esto impulsará una gobernabilidad legitima de forma integral (Barriga, et al, 2007). Lo cual evidencia la necesidad de reconocer al OTC como herramienta para complementar el OEL y a la par el OET, con bases sólidas y como eje principal la integración del reconocimiento local.

En conclusión, las formas actuales de entender la realidad comunitaria desde una visión gubernamental son generalmente a través de políticas públicas deficientes que lejos de crear riqueza ecológica, cultural y social, han creado más pobreza, exclusión social y la sobre explotación (humana y natural). Hasta ahora se ha actuado sin un mínimo de empatía, con una gobernabilidad centralizada y asistencialista en connivencia con todo el entramado institucional y político nacional e internacional. Es por esto que resulta urgente reconocer el Ordenamiento Territorial Comunitario como una herramienta para el ejercicio de la gobernanza ambiental local. Generar políticas públicas sostenibles y resilientes, requiere del conocimiento local que proporciona el OTC por lo tanto un primer paso para avanzar en este tema será reconocer legalmente el OTC en las leyes ambientales mexicanas.

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Esta es una colaboración de México Sostenible A.C. Para más información: http://mexicosostenible.org.mx/

Autor: Erwin Alejandro Garnica

México Sostenible
Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.


Comunidades zapotecas buscan administración comunitaria del agua

Esta propuesta funge como demanda para reconocer los derechos territoriales y de libre determinación y autonomía para las comunidades zapotecas de la región.

En los últimos años, el tema del agua está fuertemente relacionado con la contaminación y la escasez mundial; pero en los últimos días, en las comunidades zapotecas de Oaxaca, en México, se ha tornado hacia la defensa de este recurso natural para el hábitat y sus pobladores locales. El día 8 de febrero del 2017, la comunidad zapoteca de San Pedro Apóstol, Oaxaca, presentó a la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA– su propuesta para “el uso, disfrute y administración comunitaria del agua, en el marco de la consulta indígena que se está llevando a cabo en los Valles Centrales”. 

Esta propuesta funge como demanda para reconocer los derechos territoriales y de libre determinación y autonomía para las comunidades zapotecas de la región, y así brindarles la facultar de elaborar y emitir las normas que regulen el uso de las aguas del subsuelo. En otras palabras, que se levante el Decreto de Veda –1967– para que las 16 comunidades de esta región hagan uso y cuidado del agua subterránea sin la intervención de empresas extranjeras. 

Por esta razón, las 16 comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua –COPUDA– han dado “cuenta de su capacidad, para gestionar, diseñar y construir obras de captación de agua de lluvia que hasta ahora revitalizan los mantos acuíferos de la región, de la cual depende su sustento.” De modo que al establecer una relación de corresponsabilidad entre el gobierno de Oaxaca y los pueblos indígenas, se está defendiendo no sólo el recurso natural del país, también los derechos de las comunidades indígenas a la igualdad y al acceso justo a los bienes comunes naturales, a la innovación y propuestas tanto comunitarias como ciudadanas. 

 No es novedad que las comunidades indígenas se encuentren en situaciones de riesgo frente a firmas internacionales que explotan los recursos naturales de las áreas naturales mexicanas. Por esta razón, las mismas comunidades hacen un llamado a las autoridades para que se respeten sus derechos y voluntad en relación con el acceso justo al agua en los Valles Centrales de Oaxaca, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– y otros mecanismos de derechos humanos. 

En la presentación de la propuesta, la COPUDA escribió: “Un proceso de consulta con esas características sería un ejemplo de buenas prácticas de gobierno para el cuidado y aprovechamiento de los bienes comunes naturales en México y el mundo, y por lo tanto un ejemplo en el combate a la desigualdad social.” De alguna manera, esta propuesta busca la defensa del agua y de los ciudadanos para la construcción de una economía más justa, humana e igualitaria. 

 

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