Mujeres mineras de Latinoamérica: activas defensoras de la vida de sus comunidades

Los metales pesados del polvo impactan en la salud reproductiva de las mujeres durante el embarazo y el puerperio, ya que como resultado de la actividad minera aumentaron los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés.

La actividad minera tiene una larga historia en la región. Sin embargo, a partir de la última década del siglo XX se realizó una serie de ajustes estructurales para promover la inversión extranjera, siendo hoy día el proceso extractivo con mayor crecimiento.[1] El modelo de desarrollo extractivista, desde una lógica patriarcal capitalista y colonizadora, se contrapone con los derechos humanos que los Estados se han comprometido a respetar, sobre todo los que se refieren a un medioambiente sano y al agua. Esta lógica destruye la naturaleza, contribuye al cambio climático y se ensaña con las personas que enfrentan realidades de mayor vulnerabilidad. Tal es el caso de las mujeres en contextos de minería en América Latina, que viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones a la problemática de las defensoras.

El objetivo de este artículo es exponer los impactos medioambientales de la minería, así como brindar algunos ejemplos de las consecuencias específicas que han vivido las mujeres latinoamericanas en estos contextos, siendo tanto víctimas del “desarrollo” de la minería como activas defensoras de la vida y sus comunidades.

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Para comenzar está el caso de la comunidad Carrizalillo[2] en Guerrero, México, el cual expone muy bien los impactos que tuvo la minería en la naturaleza y salud de las mujeres. La empresa canadiense GoldCorp obtuvo concesiones en el 2005[3] y el principal daño ambiental que ha ocasionado ha sido la pérdida de suelo y biodiversidad, con repercusiones en la flora y fauna.[4] Además alteró la cuenca hidrológica, desviando corrientes y contaminando fuentes superficiales y subterráneas con tóxicos peligrosos como cianuro y metales pesados.

Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo. Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminados.[5]

Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico. El uso de agua pública ha afectado a las personas de la comunidad en la piel con síntomas como comezón, salpullido, manchas y problemas en el cuero cabelludo.[6]

La población también se encuentra expuesta al polvo que contiene metales pesados, metaloides y sales minerales que se liberan de las rocas al ser dinamitadas y desintegradas todos los días, ocasionando enfermedades en las vías respiratorias, ojos y piel. Esto también afecta a otros seres vivos, como plantas que son consumidas por animales y que a la vez son alimento de la población.[7]

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Los metales pesados del polvo impactan en la salud reproductiva de las mujeres durante el embarazo y el puerperio, ya que como resultado de la actividad minera aumentaron los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés. La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos.[8]

En Guatemala, la empresa GoldCorp también inició un proyecto minero en el 2005 para explotación de oro y plata a cielo abierto en la comunidad de San Miguel Ixtahuacán, sin realizar una consulta previa e informada. La participación y resistencia activa de las mujeres ha sido crucial para el movimiento antiminería en la comunidad. Fueron ellas las que comenzaron el movimiento porque muchos hombres estaban trabajando para la minera y no tomaban una postura clara, a pesar de que en ocasiones también estuvieran en desacuerdo.[9]

Doña Crisanta es una de las mujeres maya-mam que desde el 2005 han estado activas en la lucha antiminería por los problemas que tuvieron directamente con la empresa. Los problemas comenzaron con la instalación de postes y tendido de cables de energía eléctrica muy cerca de las casas, e incluso dentro de las parcelas. Sin embargo, doña Crisanta ha denunciado que ella sólo dio autorización para que pasaran el cableado eléctrico, pero no para la colocación de los postes y anclas que ponían en riesgo la salud por el nivel de radiación, alto voltaje y los deslaves en tiempos de lluvia. Como no obtuvo respuesta ante sus reclamos, ella y otras siete mujeres se organizaron para resistir y actuaron arrancando las anclas y cortando la luz a la empresa.[10]

En el 2008, doña Crisanta y las otras siete mujeres son demandadas y reciben órdenes de aprehensión.[11] La discriminación e intimidación por parte de la empresa y el gobierno guatemalteco a las mujeres en resistencia ha sido constante. Para el 2015, doña Crisanta ya tenía 14 órdenes de captura y criminalizaciones por su trabajo en defensa de su territorio y sus derechos.[12] Sin embargo, esto no las ha detenido y siguieron denunciado los impactos de la minería, como las explosiones subterráneas con dinamita que provocaron rajaduras en las casas, además de la escasez y contaminación de agua. Se encontraron altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico en los ríos Quivichil y Tzalá, ubicados en la parte baja de las aguas residuales de la mina. La contaminación microbiológica está en todas las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, siendo no aptas para consumo humano.[13]

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Cabe mencionar también el caso de Colombia y la minera Cerrejón en el departamento de La Guajira, donde se explota carbón a cielo abierto desde hace más de 3 décadas. Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no sólo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también se incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayuu y de los infantes por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería.[14]

Antes de las actividades mineras, en La Guajira se podían detectar con facilidad los eventos climáticos, pero ahora se dan drásticamente, acompañados de otros problemas como el desplazamiento, abandono de tierras y pérdida de las cosechas.

Aunque no se suele pensar en la relación entre la minería y el cambio climático, este tipo de megaproyectos producen impactos que tienen como consecuencia la producción de gases de efecto invernadero. La contaminación, deforestación, cambio de suelo y eliminación de flora y fauna contribuye a que el cambio climático local se sume al global.[15]

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A partir de los principios de prevención, sustentabilidad y participación social, el derecho ambiental tiene pruebas para justificar que la actividad extractivista de la minería contamina y destruye el ambiente alterando el equilibrio ecológico. Además, este tipo de proyectos generalmente se hacen a pesar de la oposición de las comunidades, lo que trae problemas de violencia específica cuando se trata de mujeres, sobre todo en zonas militarizadas, como es el caso de Colombia. La participación de las mujeres en la toma de decisiones en materia ambiental es clave, pues por los roles sociales, la mayoría de las veces son ellas las que están más en contacto con la naturaleza y tienen conocimientos imprescindibles de sustentabilidad, pero por su posición social no se les toma en cuenta.

En este sentido, es fundamental que el derecho ambiental, entendido como el conjunto de normas jurídicas que protegen los sistemas naturales mediante la regulación de conductas humanas para la protección y preservación de la naturaleza, se comprometa a implementar la perspectiva de género como transversal para lograr el desarrollo sustentable.

 

Bibliografía

Barón Romero, Diana. Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales en Colombia. CINEP, 2013.

Bermúdez Rico, Rosa Emilia (coord.). Mujer y Minería. Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres, enfoque de derechos y perspectiva de género. Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería, Colombia, 2012.

Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE). Los problemas creados por la mina Marlín-Goldcorp en San Marcos. Guatemala, 2012.

Delgado-Ramos, Gian Carlo (Coord). Ecología Política de la minería en América Latina. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

Macleod Morna; Pérez Bámaca Crisanta. La lucha de Doña Crisanta contra Goldcorp. En defensa de la Madre Tierra, Sentir lo que siente el otro y el buen vivir. México, 2013.

Mijangos, Miguel Ángel. La nueva fiebre del oro. Comunidades afectadas por la empresa minera Goldcorp. Tribunal Popular Internacional de la Salud, 2013.

Sabas, Nancy. “La mina Marlín y la resistencia de las mujeres”. Revista Rebelión, Guatemala, 2015.

Salazar Hilda; Rodríguez Maritza. Miradas en el territorio. Cómo hombres y mujeres enfrentan la minería. Heinrich Böll Stiftung México, Centroamérica y El Caribe, 2015.

Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales


Oro verde: conoce uno de los únicos casos de minería verde y digna

Fue el 1er. modelo de certificación social y ambiental de metales preciosos en el mundo; llegó a beneficiar a más de 1300 mineros artesanales y a proteger más de 7900 hectáreas de bosque húmedo tropical.

Foto:idea.me

Colombia, en similitud con la mayoría de los países de Latinoamérica, tiene el privilegio de ser un territorio caracterizado por sus riquezas naturales: su biodiversidad, sus extensos reservorios de agua dulce, yacimientos petroleros, metales preciosos, etc. Paradójicamente, esta abundancia convive con realidades duras, graficadas -en parte- por cifras que indican que la pobreza afectaal 30,7 % de la población (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013).

En este contexto, es preciso indagar sobre formas de aprovechar los bienes naturales de un modo social y ambientalmente justo, que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Esta pregunta se la formularon los impulsores del proyecto Oro Verde, quienes encontraron una forma innovadora de conciliar la extracción minera y el respeto por la naturaleza, demostrando que “la minería y la destrucción del medio ambiente no eran dos caras de la misma moneda, y que podían desarrollarse mercados que generen oportunidades para los mineros que querían proteger la biodiversidad de su territorio” (“Actualización de Oro Verde y AMICHOCÓ”, 2014)

El Programa Oro Verde surge en una de las regiones más castigadas de Colombia, la región del Chocó, que además de ser reconocida por las condiciones precarias en las que habita su población,  es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Muchas de las especies de animales y plantas que allí se encuentran, son especies que solo están presentes en este lugar, es decir, son endémicas. El cuidado de esta biodiversidad resulta clave, teniendo en cuenta las declaraciones del Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano (2012)[i]:

del bosque húmedo tropical salen los componentes de la mitad de las medicinas que se fabrican en el mundo. La Biodiversidad misma de sus ecosistemas y de las formas en que se relacionan entre sí, son fundamentales para el avance de la investigación genética, que hacia el futuro será fuente principal de los desarrollos tecnológicos e industriales. Por eso se afirma que esta Biodiversidad será una importante fuente de poder y riqueza, información que debe ser apropiada por las comunidades y ponderada para la proyección de un verdadero desarrollo sostenible sin agotar nuestros recursos de manera irracional (p.2).

A partir del interés por estos ejes –el cuidado de la biodiversidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población- nace en el año 2000 el programa Oro Verde en alianza con tres organizaciones comunitarias locales: los Consejos Comunitarios Mayores de Condoto (COCOMACOIRO) y Tadó (ASOCASAN) y la Fundación Las Mojarras, que lograron crear el primer modelo de certificación social y ambiental de metales preciosos en el mundo llegando a beneficiar a más de 1300 mineros artesanales y a proteger más de 7900 hectáreas de bosque húmedo tropical. La sustentabilidad del programa se fundamentaba en el cumplimiento de diez criterios de certificación:

La mayoría de estos ítems nacieron fundamentados en las prácticas tradicionales de la minería artesanal, que históricamente y de manera voluntaria se adecuaban a los principios de sustentabilidad ecológica.  Por lo tanto, la aplicación de estos criterios también aporta a larecuperación y conservación de las prácticas mineras ancestrales. Fomentar estos métodos, significa un enorme beneficio, teniendo en cuenta la devastación, contaminación y marginación que genera la minería mecanizada “el anillo de oro que posee cualquier hijo de vecino, sobre todo los casados, pesa entre dos y tres gramos. Para obtener ese pequeño (o gran) lujo se dinamitó y trituró media tonelada de roca y se utilizaron millones de litros de agua que permanecerán, por siempre, contaminadas (Periódico MU, 2011).

Para comerciar el oro ecológico, los metales que comercializa Oro Verde son vendidos en joyerías éticas que se sumaron al programa, con un sobre precio del %15 sobre el precio internacional. Esta prima la reciben enteramente los mineros, que además de significarles un incentivo para la adopción de estas prácticas, les permite optar por la diversificación de las actividades productivas de sus unidades familiares, como pueden ser la agroforesteria o la agricultura, lo que posibilita la recuperación de las áreas intervenidas con especies alimenticias típicas de la zona.

Actualmente, luego de más de una década de labores, el Programa Oro Verde ha dejado de funcionar en la Región de Chocó, pero su trabajo pionero fundó las bases para la creación de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), que hoy día trabaja por el desarrollo sostenible de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en distintos países de América Latina, África y Asia, a través de una red mundial de expertos, mineros organizados y aliados.

Para concluir, considero que la experiencia transitada por Oro Verde y el trabajo que lleva adelante actualmente ARM, sirve como  impulso para la búsqueda de nuevas posibilidades en el  desarrollo de actividades productivas, que tengan impactos positivos en las comunidades a corto y largo plazo y, sobretodo, que puedan  prosperar en armonía con la naturaleza. También, es fundamental, que como consumidores tomemos un rol activo, y consultemos sobre el origen de lo que consumimos. Sería bueno que pongamos en práctica aquello que escuche hace un tiempo: “poné tu dinero donde ponés tus ideas”.

Twitter de la autora:@candearocena

Autora: Candela Arocena en una colaboración para el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

Notas

[i]El IIAP tiene la función de promover el conocimiento de los recursos naturales

renovables y del medio ambiente de la región chocoana y su utilización, fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para el manejo adecuado del singular ecosistema chocoano y el aprovechamiento sostenible racional de sus recursos naturales renovables y no renovables, así como asesorar a los municipios en el proceso de planificación ambiental y reglamentación de los usos del suelo y en la expedición de la normatividad necesaria para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural de las entidades territoriales.

 

Referencias

 –         Actualización de Oro Verde y AMICHOCÓ (2014). Recuperado de: http://www.responsiblemines.org/es/mas-noticias/580-actualizacion-de-oro-verde-y-amichoco

 –         Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013). Se estanca la reducción de la pobreza y la indigencia en la mayoría de los países de América Latina. Recuperado de: http://www.cepal.org/es/comunicados/se-estanca-la-reduccion-de-la-pobreza-y-la-indigencia-en-la-mayoria-de-los-paises-de

–         Periódico MU  (2011). “Las minas de la polémica: Breve recorrido por los 17 emprendimientos más controvertidos de Argentina”.Recuperado de: http://www.lavaca.org/notas/las-minas-de-la-polemica-breve-recorrido-por-los-17-emprendimientos-mas-controvertidos-de-argentina/

–         Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano (2012). “Chocó…. Tesoro de biodiversidad”. Recuperado de: http://www.iiap.org.co/filenoticias/10092012_cidea.pdf

Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales


Las políticas públicas como defensa ante Megaproyectos

Una gran parte de los conflictos ambientales tiene qué ver con la nula contemplación de la realidad de las comunidades.

El ejercicio de gobernar requiere de diferentes herramientas legales que sirven como estrategia para la solución a los problemas internos que tiene un país de tipo social, económico político y/o ambiental. En el ámbito social, una de estas herramientas son las políticas públicas, definidas como “las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente problemáticas” (Salazar, 1994). Teniendo como base el hecho de que las políticas públicas son respuestas para solucionar problemas, el objetivo del presente ensayo es resaltar la necesidad de integrar los diferentes actores, que participan o se ven afectados en la construcción de un megaproyecto, con el fin de formular e implementar  políticas públicas que sirvan como una estrategia para la protección de la comunidad.

Durante los últimos siglos se ha hablado de desarrollo como uno de los temas con mayor transcendencia alrededor del mundo. En efecto, los países con mayores recursos económicos (países desarrollados o industrializados) y con madurez tecnológica, buscan crecer cada día más adquiriendo beneficios y poder de y sobre los otros. De este modo, los países en vía de desarrollo abren sus puertas para que las industrias extranjeras puedan ampliar sus negocios y explotar los recursos que ellos no tienen en abundancia. Sin embargo, estas acciones han generado el detrimento de los recursos naturales y a su vez conflictos sociales, los cuales no han podido ser minimizados ni con la implementación de políticas públicas, que técnicamente deberían servir como un instrumento de protección a la población afectada por las decisiones de los gobiernos.

Las políticas publicas cumplen un papel fundamental en el momento de dirigir un país, ya que por medio de ellas es posible generar acuerdos entre el Estado y la sociedad. Estos acuerdos, tienen como finalidad establecer reglas y acciones que den respuesta a la necesidades de comunidades, la cuales han sido afectadas o vulneradas por actividades antrópicas, que han deteriorado sus terrenos y cambiado las dinámicas sociales, económicas y culturales. No obstante, estas políticas no han sido entendidas como una herramienta para la protección de la población por parte del gobierno, ni como una estrategia de participación ciudadana en la toma de decisiones; por el contrario, la población cada vez es más ajena a los procesos políticos y a su vez, el gobierno incentiva la entrada de inversionistas extranjeros al país sin el consentimiento de los gobernados.

Estas afirmaciones se ven reflejadas en la Evaluación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, ya que en el se expone la preocupación existente por la falta de participación de los grupos indígenas en la toma de decisiones públicas y políticas a nivel nacional. Adicional a esto, en el mismo documento se afirma que los pueblos indígenas no participan en las consultas comunitarias y tampoco en las ganancias generadas por la explotación de los recursos que se extraen de sus territorios. En efecto, estos territorios se ha visto deteriorados por las actividades mencionadas y no han recibido reparaciones por parte de las industrias ni del gobierno.

Por otro lado, uno de los problemas que se pueden evidenciar en las políticas públicas es la falta de imparcialidad, ya que es el Estado el que lidera dichas iniciativas para la entrada en agenda de una política y como dice Salazar (2010), “una política pública es todo lo que el gobierno escoge hacer o no hacer”. Esta afirmación se podría argumentar con el concepto “constructos de acción colectiva” que da Michel Crozier (1990), ya que  los define como las soluciones que crean los actores autónomos con sus recursos y capacidades particulares para la solución a los problemas que plantea la comunidad. Estas soluciones pueden ser indeterminadas y arbitrarias.

 

 

Imagen 1. Visita de auditores de Cajamarca al proyecto Conga

Fuente: Megaproyectos. Observatorio de la gran inversión en el Perú. 2014

Asimismo, las políticas públicas no están hechas teniendo en cuenta las dinámicas sociales de cada comunidad en estudio, es decir, que la formulación y ejecución crea una brecha entre los objetivos de la política y lo que realmente sucede en la realidad inmediata. Esta afirmación se puede ver respaldada por el concepto de capital social descrito por Elinor Ostrom (2003), donde sustenta que al trabajar en grupo, repartiendo responsabilidades y teniendo como base normas y reglas definidas, se pueden obtener mejores resultados en el momento de gobernar. Un ejemplo de esta brecha puede ser representada por el caso colombiano, debido a que las políticas no responden a las necesidades de las comunidades que se encuentran inmersas en conflictos ambientales y sociales. Dichos conflictos son causados por los planes de desarrollo del gobierno, los cuales  tienen como objetivo buscar un crecimiento económico bajo la premisa de  proporcionar garantías a las industrias de explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, minerales y otros materiales económicamente rentables. 

Las consecuencias de estas dinámicas políticas y sociales se pueden ver reflejadas en el deterioro ambiental, los despojos de tierras, el desplazamiento, las enfermedades por las malas practicas industriales y la contaminación de los recursos naturales. Un ejemplo de esta afirmación se encuentra ubicado en la Amazonía Ecuatoriana, la cual sufrió un desastre ambiental debido a derrames de barriles de oleoducto a raíz de las malas prácticas realizadas por la compañía Chevron. A pesar de estas calamidades y de algunas normas que aún controlan las practicas industriales, no se ha logrado evitar que se sigan generando impactos negativos a nivel ambiental y social. Por esta razón, en el proceso de formular una norma o estrategia (leyes, políticas publicas, decretos, entre otros), es necesario dar apertura a la participación de los diferentes actores con el fin de diseñar un política democrática , donde exista un debate público y se pueda legitimar la acción gubernamental en una plataforma de transparencia y rendición de cuentas. Haciendo esto, es más probable que  se alcancen los objetivos propuestos, se minimicen  los impactos ambientales y conserve la biodiversidad autóctona de cada región.

Tanto el petróleo como otros recursos no renovables que se explotan en algunos países latinos, hacen parte de lo que Ostrom llama capital físico, puesto que de ellos se obtendrán beneficios económicos a futuro y que a su vez requiere de numerosas obras  para su funcionamiento. Sin embargo este capital “es la amenaza de la destrucción de la humanidad”, debido a los efectos colaterales que se han generado por la ausencia de estrategias para administrar los recursos ambientales de una manera sostenible. A esto se le suma el capital humano que ha sido, en muchas ocasiones, subvalorado debido a que la gran mayoría son campesinos con pocas oportunidades de estudio o que simplemente han escogido dicho trabajo como medio de sustento económico. Bajo estas circunstancias, se deben considerar todos los atributos que tiene la comunidad y el territorio para generar estrategias de participación e inclusión, en las cuales se potencialicen las habilidades de la población y se tengan en cuenta buenas prácticas de producción para el beneficio de todo un país.

Finalmente, es necesario que se generen espacios de dialogo en donde  la sociedad y el gobierno puedan generar políticas públicas más incluyentes y en las cuales no se subyuguen los derechos humanos de las comunidades que han vivido en armonía con su entorno.

 

Autora: Carmen Angélica Lamprea Abril. Una colaboración para el @celeam_latam

angielaab@gmail.com

 

Referencias

–       El actor y el sistema: Las restricciones de la acción colectiva. Michel Crozier y Erhard Friedberg 1990

–       La definición de políticas públicas. Carlos Salazar Vargas. 2010

–       Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva. Elinor Ostrom y T. K. Ahn. 2003

–       Imagen disponible en: http://www.chilesustentable.net/participacion-ciudadana-anteproyecto-de-la-norma-primaria-de-calidad-ambiental-para-material-particulado-fino-respirable-mp-25/

 

 

Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales