Ecocidio: policía reanuda la devastación del manglar Tajamar en Cancún

“Esto es un ecocidio”, afirma la vicepresidenta del Consejo Municipal.

En la madrugada y en silencio, granaderos estatales y municipales reingresaron al Malecón Tajamar, en Cancún –México– para desmontar mangle y rellenar los humedales para la construcción de plazas comerciales y condominios.

A dos semanas de que expiren las autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y con el aval del Fondo de Fomento al Turismo, ingresaron al malecón alrededor de 100 vehículos, entre camiones de volteo y trascabos. E inclusive el ingreso de estos automóviles se encontraron resguardados por elementos de las secretarias estatales y municipales de Seguridad Pública. 

La zona de Malecón Tajamar estuvo clausurado temporalmente debido a las numerosas protestas frente al incumplimiento de la MIA, provocando que los activistas iniciaran los trabajos de desmonte en tres predios –alrededor de 74 hectáreas–: Cocodrilos, Máquinas y Table.

Dado que no se trató de una clausura definitiva, estableciendo un procedimiento resarcitorio en que las empresas deberían dar cumplimiento a la MIA, se estipuló una multa de cuatro millones de pesos. Sin embargo, el Juez que redujo la fianza a 20 985 643.89 pesos, derivándose en un recurso incidental que aún estaba en proceso. 

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A pesar que la invasión turística en esta zona provocaría un impacto negativo en las especies protegidas de flora –como el chechén, uva de mar, ficus, palma chit, jabón, chaco rojo y palma– y fauna –chachalaca, cenzontle, calandria, colibrí, huaca, Martín pescador e iguana–, el 4 de enero del 2016, maquinaria y trabajadores volvieron a ingresar al lugar. Si bien la acción fue detenida por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal, la madrugada del 16 de enero las empresas volvieron a ingresar la maquinaria para llevar a cabo los trabajos. Inclusive las zonas de acceso al malecón, cuyas calles son utilizadas como corredores, fueron resguardadas con vallas metálicas y unos 200 elementos de las policías estatales y municipales.

Pasada la mañana, un grupo de dirigentes del partido de PRD intentaron ingresar al lugar, sin embargo fueron golpeados y empujados por la policía. Entre ellos se encontraba el presidente estatal, Emiliano Ramos y el secretario general, Carlos Montalbán. Mientras que la vicepresidenta del Consejo Municipal del PRD, Haydé Saldaña, lamentó la complicidad del presidente municipal, Paul Carrillo, quien cedió a las empresas turísticas para realizar la devastación del mangle; finalizó: “Esto es un ecocidio”.

[Proceso]

Forma parte la petición en Change.org que busca detener este ecocidio dándole click aquí.



Otorgan amparo y protección judicial al manglar Tajamar

La viralización en redes sociales del ecocidio del manglar Tajamar provocó la atención de numerosas instituciones para frenar la ambición de las empresas turísticas sobre la biodiversidad de la región. Ahora, de acuerdo con el periódico La Jornada, el tercer tribunal del vigesimoséptimo circuito otorgó un amparo y protección de la justicia federal a grupos […]

La viralización en redes sociales del ecocidio del manglar Tajamar provocó la atención de numerosas instituciones para frenar la ambición de las empresas turísticas sobre la biodiversidad de la región. Ahora, de acuerdo con el periódico La Jornada, el tercer tribunal del vigesimoséptimo circuito otorgó un amparo y protección de la justicia federal a grupos ambientalistas que se opusieron a la construcción del complejo inmobiliario –el cual causó la devastación de 59 hectáreas de manglares–. 

Frente a esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales –Semarnat– se abstendrá de ejecutar la autorización del impacto ambiental otorgada al Fondo Nacional de Turismo –Fonatur–, prohibiendo la remoción del manglar para llevar a cabo el complejo inmobiliario. Fue así que tanto el Grupo Ecologista del Mayab –Gema–, Centro para la Diversidad Biológica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental –Cemda– y Greenpeace México y otras organizaciones ambientales han solicitado que la Semarnat se vea obligado a abstenerse de emitir una nueva autorización y de restaurar la zona afectada. 

Todas estas organizaciones ambientales aclaran que el tribunal fundó su sentencia para prevenir, promover tanto la responsabilidad como el desarrollo sustentable, y asegurar el reconocimiento de derechos colectivos que prevalecen sobre la propiedad privada en torno a la lucha por la protección y el respeto dle medio ambiente. Para ellos, es indispensable la resolución del tribunal para “identificar cómo se debe restaurar o reforestar la porción del manglar afectada.” Las organizaciones ambientalistas motivan a la resolución del tribunal colegiado en Quintana Roo para convertir el precedente ambientalista en una gran trascendencia y un referente para el derecho ambiental en México. 

Para las organizaciones ecologistas, aplaudimos del mismo modo que el tribunal reconozca el interés legítimo de las quejosas al identificar su residencia en Cancún y principalmente destacando el beneficio social que se hizo valer al querer proteger los manglares del malecón Tajamar. Esto es para combatir la autorización de impacto ambiental del proyecto Anteproyecto malecón Cancún, los trabajos de tala y la remoción del manglar con maquinaria pesada, por violar el derecho humano a un ambiente sano. 

El tribunal evidenció que no existe constancia de que la urbnación y edificación del malecón estuviese terminada, por lo que no son actos consumados de forma irreparable, como er la intención de hacer valer el Fonatur: “Con este amparo ya no hay nada que pueda hacer algún desarrollador inmobiliario y al parecer es la última palabra legal. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no ha resuelto el tema del derecho a un medio ambiente sano que demandaron 113 niños por la devastación ocurrida en Malecón Tajamar.”

 


Activistas solicitan apoyo a la ONU para combatir ecocidios en Quintana Roo

Ante la indiferencia y negligencia por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el colectivo decidió redactar una carta al relator de la ONU

Desde hace un año la lucha de varias organizaciones en contra de los ecocidios en Quintana Roo se han vuelto cada vez más violenta, riesgosa y perseverante. El ruido que provocó la destrucción de los manglares Tajamar y Holbox, promovió que tanto habitantes como activistas formaran una defensa a favor del medio ambiente; sin embargo las injusticias y los ecocidios continúan afectando esta región de México. 

Esta es una de las razones por las que un colectivo de 22 organizaciones, encabezado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental –CEMDA– solicitara la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, en especial del relator para el Derecho al Agua y el Saneamiento, Léo Heller. Si bien esta no es la primera vez que activistas mexicanos solicitan su apoyo con el fin de detener la degradación ambiental, esta petición va enfocada a defender el Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam. 

Ante la indiferencia y negligencia por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el colectivo decidió redactar una carta al relator de la ONU dejando en claro que

“[H]ay fuerte presión para construir y operar infraestructuras turísticas de alto impacto, sin que haya políticas e inversión suficiente para garantizar los servicios básicos a la población y los visitantes. […] Eso pone en grave riesgo el derecho humano al agua limpia, así como la riqueza natural y valor ambiental del área, lo que generaría que los océanos y lagos se conviertan en zonas muertas, y muchos depósitos de agua subterránea se contaminen, lo que amenaza los medios de subsistencia de quienes dependen de los servicios de estos ecosistemas.”

Para Sandra Linette Moguel Archila, directora regional de la Oficina Sureste del Cemda, se trata de salvar sitios como la isla de Holbox, la cual no sólo está totalmente abandonada por las autoridades, también de “la incesante tala de mangle, construcciones y modificaciones ilegales, así como descarga de aguas residuales en sitios de pesquerías.” De hecho, la activista envió una carta el pasado 24 de abril a las autoridades federales y locales para realizar rondines en Yum Balam, y otra el pasado 7 de mayo para enfrentar la falta de saneamiento y saturación del sistema de drenaje en Holbox, la cual provoca desbordamientos de las aguas residuales que se alcanzan las playas y manglares. Hasta ahora, no hay respuesta alguna. 

En el caso de Yum Balam, los proyectos de las constructoras ponen en riesgo hay más de 311 especies de animales silvestres –aves, mamíferos, reptiles, insectos, arañas y mariposas–, así como otras especies en peligro de extinción como el mono, jaguar, puma, ocelote, manatí, etcétera. En palabras de Moguel Achila, “diario se cometen [crímenes ecológicos] en Holbox y Chiquilà, ante la negligencia y/o complacencia de las autoridades:

– Desmonte y rellenos ilegales del manglar;

– la tala descontrolada en la selva del poblado de Solferino;

– las construcciones ilegales en la llamada Isla Chica –zona poblacional de Holbox–;

– los incendios en el centro de transferencia y Chiquilá;

– el uso sin control ni regulación de redes de pesca que degradan los recursos pesqueros y afectan a especies protegidas como las tortugas marinas, cocodrilos y manatí;

– la nula vigilancia y regulación de la pesca legal, lo cual facilita la pescadería furtiva en la zona marina de Yum Balam.  

Entre las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en el colectivo son: ‘Alma Verde’, ‘Todos Unidos por Holbox’, ‘Amigos de Sian Ka’an’, ‘Consejo de Desarrollo Holbox’, ‘Casa Wayuu’, la Oficina de Estados Unidos de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, así como las cooperativas de Producción Pesquera Chiquilá, y la Manta-Tiburón. Mientras que las cartas fueron dirigidas al gobernador Carlos Manuel Joaquín González, a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat–, Rafael Pacchiano Alamán; de Turismo –Sectur–, Enrique de la Madrid Cordero; y a Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente –Profepa–.