Las políticas públicas como defensa ante Megaproyectos

Una gran parte de los conflictos ambientales tiene qué ver con la nula contemplación de la realidad de las comunidades.

El ejercicio de gobernar requiere de diferentes herramientas legales que sirven como estrategia para la solución a los problemas internos que tiene un país de tipo social, económico político y/o ambiental. En el ámbito social, una de estas herramientas son las políticas públicas, definidas como “las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente problemáticas” (Salazar, 1994). Teniendo como base el hecho de que las políticas públicas son respuestas para solucionar problemas, el objetivo del presente ensayo es resaltar la necesidad de integrar los diferentes actores, que participan o se ven afectados en la construcción de un megaproyecto, con el fin de formular e implementar  políticas públicas que sirvan como una estrategia para la protección de la comunidad.

Durante los últimos siglos se ha hablado de desarrollo como uno de los temas con mayor transcendencia alrededor del mundo. En efecto, los países con mayores recursos económicos (países desarrollados o industrializados) y con madurez tecnológica, buscan crecer cada día más adquiriendo beneficios y poder de y sobre los otros. De este modo, los países en vía de desarrollo abren sus puertas para que las industrias extranjeras puedan ampliar sus negocios y explotar los recursos que ellos no tienen en abundancia. Sin embargo, estas acciones han generado el detrimento de los recursos naturales y a su vez conflictos sociales, los cuales no han podido ser minimizados ni con la implementación de políticas públicas, que técnicamente deberían servir como un instrumento de protección a la población afectada por las decisiones de los gobiernos.

Las políticas publicas cumplen un papel fundamental en el momento de dirigir un país, ya que por medio de ellas es posible generar acuerdos entre el Estado y la sociedad. Estos acuerdos, tienen como finalidad establecer reglas y acciones que den respuesta a la necesidades de comunidades, la cuales han sido afectadas o vulneradas por actividades antrópicas, que han deteriorado sus terrenos y cambiado las dinámicas sociales, económicas y culturales. No obstante, estas políticas no han sido entendidas como una herramienta para la protección de la población por parte del gobierno, ni como una estrategia de participación ciudadana en la toma de decisiones; por el contrario, la población cada vez es más ajena a los procesos políticos y a su vez, el gobierno incentiva la entrada de inversionistas extranjeros al país sin el consentimiento de los gobernados.

Estas afirmaciones se ven reflejadas en la Evaluación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, ya que en el se expone la preocupación existente por la falta de participación de los grupos indígenas en la toma de decisiones públicas y políticas a nivel nacional. Adicional a esto, en el mismo documento se afirma que los pueblos indígenas no participan en las consultas comunitarias y tampoco en las ganancias generadas por la explotación de los recursos que se extraen de sus territorios. En efecto, estos territorios se ha visto deteriorados por las actividades mencionadas y no han recibido reparaciones por parte de las industrias ni del gobierno.

Por otro lado, uno de los problemas que se pueden evidenciar en las políticas públicas es la falta de imparcialidad, ya que es el Estado el que lidera dichas iniciativas para la entrada en agenda de una política y como dice Salazar (2010), “una política pública es todo lo que el gobierno escoge hacer o no hacer”. Esta afirmación se podría argumentar con el concepto “constructos de acción colectiva” que da Michel Crozier (1990), ya que  los define como las soluciones que crean los actores autónomos con sus recursos y capacidades particulares para la solución a los problemas que plantea la comunidad. Estas soluciones pueden ser indeterminadas y arbitrarias.

 

 

Imagen 1. Visita de auditores de Cajamarca al proyecto Conga

Fuente: Megaproyectos. Observatorio de la gran inversión en el Perú. 2014

Asimismo, las políticas públicas no están hechas teniendo en cuenta las dinámicas sociales de cada comunidad en estudio, es decir, que la formulación y ejecución crea una brecha entre los objetivos de la política y lo que realmente sucede en la realidad inmediata. Esta afirmación se puede ver respaldada por el concepto de capital social descrito por Elinor Ostrom (2003), donde sustenta que al trabajar en grupo, repartiendo responsabilidades y teniendo como base normas y reglas definidas, se pueden obtener mejores resultados en el momento de gobernar. Un ejemplo de esta brecha puede ser representada por el caso colombiano, debido a que las políticas no responden a las necesidades de las comunidades que se encuentran inmersas en conflictos ambientales y sociales. Dichos conflictos son causados por los planes de desarrollo del gobierno, los cuales  tienen como objetivo buscar un crecimiento económico bajo la premisa de  proporcionar garantías a las industrias de explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, minerales y otros materiales económicamente rentables. 

Las consecuencias de estas dinámicas políticas y sociales se pueden ver reflejadas en el deterioro ambiental, los despojos de tierras, el desplazamiento, las enfermedades por las malas practicas industriales y la contaminación de los recursos naturales. Un ejemplo de esta afirmación se encuentra ubicado en la Amazonía Ecuatoriana, la cual sufrió un desastre ambiental debido a derrames de barriles de oleoducto a raíz de las malas prácticas realizadas por la compañía Chevron. A pesar de estas calamidades y de algunas normas que aún controlan las practicas industriales, no se ha logrado evitar que se sigan generando impactos negativos a nivel ambiental y social. Por esta razón, en el proceso de formular una norma o estrategia (leyes, políticas publicas, decretos, entre otros), es necesario dar apertura a la participación de los diferentes actores con el fin de diseñar un política democrática , donde exista un debate público y se pueda legitimar la acción gubernamental en una plataforma de transparencia y rendición de cuentas. Haciendo esto, es más probable que  se alcancen los objetivos propuestos, se minimicen  los impactos ambientales y conserve la biodiversidad autóctona de cada región.

Tanto el petróleo como otros recursos no renovables que se explotan en algunos países latinos, hacen parte de lo que Ostrom llama capital físico, puesto que de ellos se obtendrán beneficios económicos a futuro y que a su vez requiere de numerosas obras  para su funcionamiento. Sin embargo este capital “es la amenaza de la destrucción de la humanidad”, debido a los efectos colaterales que se han generado por la ausencia de estrategias para administrar los recursos ambientales de una manera sostenible. A esto se le suma el capital humano que ha sido, en muchas ocasiones, subvalorado debido a que la gran mayoría son campesinos con pocas oportunidades de estudio o que simplemente han escogido dicho trabajo como medio de sustento económico. Bajo estas circunstancias, se deben considerar todos los atributos que tiene la comunidad y el territorio para generar estrategias de participación e inclusión, en las cuales se potencialicen las habilidades de la población y se tengan en cuenta buenas prácticas de producción para el beneficio de todo un país.

Finalmente, es necesario que se generen espacios de dialogo en donde  la sociedad y el gobierno puedan generar políticas públicas más incluyentes y en las cuales no se subyuguen los derechos humanos de las comunidades que han vivido en armonía con su entorno.

 

Autora: Carmen Angélica Lamprea Abril. Una colaboración para el @celeam_latam

angielaab@gmail.com

 

Referencias

–       El actor y el sistema: Las restricciones de la acción colectiva. Michel Crozier y Erhard Friedberg 1990

–       La definición de políticas públicas. Carlos Salazar Vargas. 2010

–       Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva. Elinor Ostrom y T. K. Ahn. 2003

–       Imagen disponible en: http://www.chilesustentable.net/participacion-ciudadana-anteproyecto-de-la-norma-primaria-de-calidad-ambiental-para-material-particulado-fino-respirable-mp-25/

 

 

Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales


Nos quedan tres años para salvar al planeta tierra del irreversible cambio climático

En una carta publica, científicos y diplomáticos explican qué es lo que tenemos que hacer para evitar que en 2020 el cambio climático se vuelva irreversible.

La forma en que la Tierra está siendo afectada por el cambio climático y otros fenómenos ambientales es cada día más evidente. El nivel de los mares ha aumentado casi el 50%, lo que, por supuesto, está dañando la vida en las costas y provocando inundaciones tremendas que destruyen trazas de mancha urbana y los cultivos agrícolas. Las temperaturas que está alcanzando el planeta rompen récords históricos (son, por lo menos, las más extremas de nuestra era) y la biodiversidad está sufriendo bajas, debido a la extinción de múltiples especies.

Pero estamos a tiempo de revertirlo. Tenemos 3 años para lograrlo; o por lo menos eso consideran un grupo de prominentes científicos y diplomáticos ligados a temas ambientales. A través de una carta publica escrita en julio de 2017, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad, invitándolos a tomar acción para disminuir, a como dé lugar, sus emisiones de gases de efecto invernadero.

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Este grupo afirma que el cambio climático aún no es irreversible, pero en 2020 lo será si no empezamos a apuntar al uso de energías y transporte limpio. Afortunadamente, hay muchas circunstancias favorables. Son cada vez más las personas que están conscientes de la gravedad del problema y también hay cada vez más gobiernos involucrándose en la formulación de políticas públicas verdes. Los científicos que hacen este llamado público afirman también que las emisiones de dióxido de carbono a nivel global por la quema de combustibles fósiles se han nivelado. Esto es prueba de que vale la pena invertir en energías limpias. Si procuramos que la disminución sea más drástica será posible darle un giro a la radicalidad del cambio climático que se estima a corto plazo.

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La única manera de hacer esto realidad es involucrar a la comunidad científica en la toma de decisiones en cuanto al desarrollo del sistema económico y también cuando se trata de diseñar políticas públicas. Ellos sugieren seis objetivos para comenzar a hacer esto realidad y todos podemos involucrarnos, a través de la disminución de nuestras propias emisiones y presionando a nuestros gobiernos para que se unan al cambio. Estos seis objetivos fueron diseñados junto a expertos de la Universidad de Yale, el consorcio Climate Action Tracker, Carbon Tracker, la coalición de reducción de emisiones de carbono We Mean Business, el Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport (SLoCaT), empresa de asesoría SYSTEMIQ, el proyecto New Climate Economy y Conservation International; definitivamente no se basan en puras especulaciones, pero sí parten de una preocupación muy real por nuestro futuro.

  1. Energía: El 30% del suministro eléctrico mundial, deberá provenir de fuentes renovables. Y, para ese entonces, las plantas de energía de combustibles fósiles estarán siendo retiradas.

  2. Infraestructura: Los gobiernos se harán cargo de que cada ciudad “descabronize” sus edificios.

  3. Transporte: El 15% de las ventas de automóviles es de vehículos eléctricos en 2020. El transporte público se debe duplicar. Los gases de efecto invernadero por aviación  deberán reducirse al 20% por kilómetro recorrido.

  4. Tierra: Se deben apoyar urgentemente los derechos sobre la tierra. Es decir, que las tierras que pertenecen a comunidades y pueblos indígenas, verdaderamente sean administradas por ellos. Pues ellos no sólo las utilizan, también conservan. Las emisiones por deforestación y por malas prácticas agrícolas deben desaparecer en 2030.

  5. Industria: toda la industria pesada tiene que transitar a energías limpias, de manera que para 2050, por lo menos reduzcan al 50% sus emisiones.

  6. Financiamientos: Los bancos (especialmente el Banco Mundial) y los gobiernos, deberán emitir 10 veces más “bonos verdes” (que los que se dieron en 2016, sumando $81 mil millones de dólares)  para empresas que adopten acción en contra del cambio climático.

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Al terminar de enunciar las acciones, la carta de estos científicos y diplomáticos, cierra con una línea alentadora:Siempre habrá quienes esconden la cabeza en la arena e ignoran los riesgos globales del cambio climático. Pero hay muchos más de nosotros comprometidos a superar esta inercia. Permítanos mantenernos optimistas y actuar audazmente juntos.”



Estos son 6 de los países con mejores políticas verdes en el mundo

Para mejorar las condiciones del medio ambiente, necesitamos convertir nuestras acciones e ideas en políticas concretas, propiciando cambios profundos.

Cada vez es más urgente que hagamos consciencia de la enorme importancia que tienen las políticas verdes para la vida misma. Los problemas de deforestación; contaminación del agua, la extinción de especies y, agrandes rasgos, el cambio climático ya no son una amenaza, son la realidad a la que nos estamos enfrentando. El crecimiento desmedido de la mancha urbana y la explotación desequilibrada de recursos naturales, se deben en gran medida a una falta en la solidez de las políticas verdes. La necesidad de incluir en los marcos legislativos de todo el mundo acciones verdes y prohibir actos dañinos es ya obligada.  

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Las políticas verdes tienen dos propósitos muy claros: se trata de proteger a los ecosistemas, a la flora y fauna que los habitan y, por otro lado, hay que procurar el mejoramiento de la salud humana. Nuestras vidas dependen del medio ambiente y nuestra calidad de vida está íntimamente ligada a la salud del entorno. La sustentabilidad es clave, especialmente porque es un posicionamiento que mira hacia el futuro. Por otro lado, es necesario entender que las políticas verdes también sirven para buscar igualdad social. Hay que enfatizar en las visiones ecológicas que reconocen que todos merecemos vivir en un mundo más equilibrado, sano y limpio. No se trata sólo de no tirar basura en la calle, también de no dejar que la basura que produces sea depositada en un terreno en las periferias de tu ciudad, en donde los afectados serán las clases más bajas. En este sentido, la transparencia es otro de los conceptos importantes cuando hablamos de políticas verdes.

Algunos países ya lo están haciendo y podemos aprender de ellos. Además, involucrarse como sociedad puede hacer toda la diferencia y son acciones muy sencillas y cotidianas las que suman en beneficio del medio ambiente.

Estos son algunos de los países con las mejores políticas verdes

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Finlandia: Este país se ha encargado de limpiar ríos y lagos contaminados. Además han hecho una restauración del bosque y es el recurso que más cuidan, porque lo consideran el más valioso. Han incorporado el uso de energías renovables y tienen estrategias para reducir emisiones por agricultura, transportes y centros urbanos. Lo más importante es que, como política ambiental, invierten en tecnologías verdes.

Islandia: La pesca es vital para la economía en Islandia, por eso valoran mucho a sus océanos y la vida marina. En este sentido han implementado sistemas de pesca sustentable y han abogado en todo el mundo en contra de la contaminación del océano. Por otro lado, están invirtiendo en energías renovables.

Suecia: Las políticas verdes en este país están ligadas a tres ejes: construir una sociedad libre de emisiones de gases de efecto invernadero y toxinas peligrosas para personas, animales y plantas; adaptarse de forma sustentable al cambio climático, y la colaboración con otros países.

Dinamarca: En este país, las políticas que luchan contra el cambio climático son muy duras. Tienen metas muy ambiciosas para dejar atrás el uso de combustibles fósiles en 2050 y el carbón en 2030. Han cumplido con sus indicadores de monitoreo de dichas políticas y presionan internacionalmente para incentivarlas en otros lados.

Eslovenia: Cuentan con un grupo muy extenso de políticas verdes, implementadas en la última década. Les interesa reducir emisiones, proteger el agua potable y generar planes de manejo de desechos. Invierten en energías limpias y se han encargado de que el 60% de los bosques tengan buen manejo.

Estonia: Una de sus políticas verdes más relevantes es que se plantean reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%. Han hecho un esfuerzo considerable por tener bosques bien manejados y por reducir la contaminación en el agua.