Expertos te explican por qué la explotación eólica del Istmo solo favorece a las corporaciones

A veces al escuchar el concepto de energía verde nuestra impresión es positiva, pero incluso esta puede estar disfrazada: un grupo de expertos explica el caso del Istmo.

Foto:noticiasnet.mx

Ante una serie de irregularidades en torno a la puesta en marcha del megaproyecto Eólica del Sur, más de mil indígenas zapotecos se ampararon para detener todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios de usos de suelo. El pasado 12 de octubre en el Centro Nacional de Comunicación Social se informó sobre la suspensión del proyecto Eólica del Sur (nota de Proceso). A continuación se transcribe el posicionamiento del Grupo Asesor.

El Grupo Asesor para la consulta indígena en Juchitán de Zaragoza está conformado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Postgraduados y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

En los últimos años, la implementación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec ha causado muchos conflictos debido a que ha estado acompañada del despojo de las comunidades locales, la exclusión de la población en la toma de decisiones, graves impactos ambientales, opacidad en los beneficios económicos y el menosprecio a las opiniones de los especialistas. El modelo de explotación eólica imperante en el Istmo favorece a las empresas desarrolladoras, limitando los beneficios para las comunidades locales y acrecentando el rechazo social a los proyectos. Actualmente, la zona no cuenta con un estudio regional que evalúe los impactos acumulativos tanto ambientales como sociales. La falta de este estudio es sumamente grave si tomamos en cuenta que otorgar permisos para construir más parques en la región es una prioridad para el Gobierno Federal.

En 2014, la SEMARNAT autorizó el proyecto Eólica del Sur con la condicionante de que se realizara una consulta de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, esta consulta no resultó ser ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente apropiada. Por otra parte, el grupo asesor no contó con la disposición de la Secretaría de Energía para la entrega de la información que solicitamos reiteradamente para la realización de una evaluación científica en los aspectos social y ambiental con el detalle necesario, ni tampoco se nos abrió un espacio a lo largo de la consulta en Juchitán para presentar el resultado de nuestra investigación, a partir de la cual, detectamos una serie de inconsistencias en la autorización de impacto ambiental, por ejemplo:

Existe un conflicto de interés en su elaboración y autorización debido a que el Socio Fundador de la empresa que elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental es actualmente el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nuestros análisis muestran que existe falsedad de información y que el promovente pretende talar el 100% de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación. La omisión deliberada de información presentada por la empresa hace imposible que exista una evaluación real del impacto acumulativo de las plantas eólicas a nivel regional. Se menosprecia la importancia biológica de esta zona, que es un sitio fundamental para el Corredor Biológico Mesoamericano. Los muestreos de fauna son insuficientes y tienden a subestimar los impactos reales del proyecto. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, de los 147 impactos que se generarán, el 82% corresponde a impactos negativos, mientras que únicamente el 18% se reconoce como positivo.

Concluimos que la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el proyecto Eólica del Sur es inaceptable debido a su magnitud y a los impactos ambientales y sociales que generará a mediano y largo plazo.

Una vez más, el gobierno es el promotor del modelo de explotación eólica en el que los beneficios reales quedan fuera de las comunidades locales y en el que los ecosistemas se conciben como el obstáculo a vencer para el desarrollo de infraestructura. Así pues, es evidente que estamos lejos de lograr una transición hacia la generación de energía verdaderamente sustentable.

Atentamente:

Alejandro Castaneira Yee Ben, Fernando Córdova Tapia, Scott S. Robinson, Karen Levy Gálvez, Roberto Serafín Diego Quintana, Alfredo Saynes y Margarito Tapia García.

En la siguiente liga se puede descargar el estudio.

Twitter del autor:@FerCordovaTapia

 


Más de 300 conflictos ambientales han estallado en México en los últimos años

Los grandes megaproyectos que prometen desarrollo, contaminan los recursos naturales, y enriquecen a pocos.

Imagen: Greenpeace

Mientras la mayoría nos mantenemos alejados de la naturaleza con una vida cotidiana en las ciudades, las preocupaciones diarias nos alejan también de su cuidado. 

En la ciudad es preciso reflexionar sobre dónde vienen los productos que consumimos: cuando compramos una botella de agua en la tienda ¿sabías que podría ser de Coca-Cola y Nestlé explotando los mantos friáticos de tu país a costos 5000% menores de lo que la venden?

Cuando compras un teléfono ¿sabías que sus elementos podrían venir de mineras que desplazan comunidades, pagan pocos impuestos, y contaminan el agua?

Todo ello pareciera lejano aunque el equilibrio del planeta depende de esas decisiones de compra y de hacer consciente que en tu propio país, a pocos kilómetros, las marcas que compras podrían estar devastando ecosistemas y también sociedades.

Es una realidad, en México en los últimos años, según una investigación de la revista Contralínea, se han originado hasta 300 conflictos ambientales, la mayoría de ellos mineros. ¿Sabías que desde la administración de Felipe Calderón mineras extranjeras, en los últimos diez años, se han llevado 4 veces más oro que durante el periodo de conquista de México?

La gran mayoría de estos conflictos ambientales suceden en zonas de tierra comunal, donde las personas tienen pocos recursos y poder, por ello es muy sencillo para las grandes corporaciones conseguir las concesiones por parte del gobierno mexicano y despojarlos.

Al ser los afectados personas con poca influencia, pareciera que pocos se enteran de cómo megaproyectos enteros están alterando el equilibrio ecológico, rompiendo el tejido social de miles, originando violencia, y contaminando el entorno, pagando pocos impuestos y enriqueciéndose con los recursos colectivos.

El siguiente cuadro desglosa los sectores y los estados donde más conflictos ambientales se han activado en México en los últimos años. Hay que estar alertas, estos conflictos, por ser ambientales, en realidad son de todos. Si quieres conocer más de este tema puedes dar click a la página del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales donde conocerás casos de toda la región.

 

conflictos ambientales méxico

 



La destrucción en Xochicuautla para construir una carretera por el polémico Grupo Higa en México (FOTOS)

Esta autopista de cuota viola la ley por parte de las mismas autoridades. Trastoca también Áreas Naturales Protegidas.

Foto:masde131

San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, es una comunidad otomí que ha sufrido atropellos a sus derechos como pueblo originario desde hace ocho años cuando comenzó a construirse la carretera de cuota Naucalpan-Toluca.

Cuando un proyecto pretende construirse o hacerse en tierras indígenas, el gobierno mexicano está obligado a hacer consultas públicas a estos pueblos según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del que México forma parte. Sin embargo, el gobierno no aplicó dicha consulta obligatoria.

El argumento para hacer la carretera es que esta detona el desarrollo económico a los pueblos por los que pasa y entre los sitios que conecta. Sin embargo, los otomíes de la zona, por ser una carretera de cuota, en general no podrán hacer uso de ella. Además, la carretera causará daños a varias áreas naturales protegidas y afectará a casi 300 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción, y afectará también diversos mantos acuíferos.

La empresa que está construyendo la carretera es Autovan, una filial del Grupo Higa (asociado a casos de corrupción por una de las casas de la esposa del presidente de México, y grupo que encubrió más de 100 millones de dólares mediante empresas fantasmas en paraísos fiscales según los Panama Papers).

Lo más descarado en el caso es que el gobierno ha violado varios amparos concedidos a los otomís. Este 11 de abril irrumpieron en la comunidad cientos de policías estatales, seguidos de personal de la empresa Autovan, filial del grupo Higa. Se destruyeron un centro cultural y casas, además de que se han talado cientos de árboles.

*Si te suena, puedes sumarte a la campaña que apoya a los otomís en su lucha por salvar el bosque acá.

Algunas de las imágenes:

 

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Foto: frentedepueblosindigenas.org

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Foto:frentedepueblosindigenas.org

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Foto: i0.wp.com

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Foto:@droncita

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Foto:Alfonso Flores

Twitter del autor: @AnaPauladelaTD