Foto: anywherethatswild.org
El volcán de Toluca, en México, es una de las bellezas naturales más importantes del país. Su belleza, quizá, es mucho menor en comparación con su función, sobre todo hídrica, abasteciendo a dos de las cuencas más importantes del país: el río Lerma y Balsas.
Desde 1936 fue declarado como Parque Nacional por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Esta categorización en teoría impide las actividades productivas en la zona, pero por un mal trabajo del Estado en el sitio, desde hace décadas, han explotado la zona talamontes, agricultores, ganaderos, cazadores e incluso mineros.
Por su parte, el 3 de octubre de 2013, el presidente de México Enrique Peña Nieto publicó un decreto que modifica la categoría al Parque Nacional por “Área de Protección y Fauna”. Ello implica que en el 96% del área, ahora considerada como “zona de amortiguamiento”, ahora será legal “turismo sustentable”, “manejo forestal”, “actividades agrícolas y pecuarias”, “agrosilvopastoreo”, “erradicación de especies de flora y fauna que se tornen perjudiciales”, “aprovechamiento de la vida silvestre (extractivo y no extractivo)”, además, los particulares podrán erigir construcciones.
Según el decreto, la medida busca no sólo que se “preserve nuestro patrimonio natural”, sino que al mismo tiempo se genere “riqueza”. De algún modo, en lugar de impedir tajantemente el desarrollo de actividades productivas en la zona, se le está legalizando para permitirlas, en un supuesto intento por “poner orden”, y naturalmente, con una visión de negocio…
Al menos 22 expertos han analizado el Nuevo Programa de Manejo para el Nevado y han encontrado grandes contradicciones en la supuesta búsqueda de su protección. Este grupo está formado por hasta 15 académicos del la UNAM y otros de la Universidad de California, de Queensland, y diversas ONG´s.
Un año después de la publicación del decreto, la ciudadana Luz Emilia Aguilar Zinser, quien también era columnista del diario Excelsior, y quien por cierto fue despedida una semana antes de que la Corte decida el resultado del caso, interpuso un amparo en contra de esta medida que finalmente atenta contra los derechos ambientales. Desde este 28 de octubre, luego de 2 años de polémica, el caso será analizado.
Acá te dejamos la postura de académicos y miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad sobre las fallas técnicas de este decreto, que hace sospechar sobre los intereses económicas involucrados en el Nevado.
Twitter de la autora: @anapauladelatd