Apicultores mayas entregan 60 mil firmas a la Corte contra la agricultura de soya transgénica de Monsanto en México

En abril de 2014 fue descubierto cómo las abejas recolectan el polen transgénico y lo llevan a su miel; las comunidades se dedican a la producción de esta como orgánica.

 

En los estados mexicanos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las comunidades mayas de la zona han vivido durante siglos de la apicultura mayormente. Sin embargo, un permiso para sembrar soya transgénica comenzó a contaminar su miel orgánica, recordemos que los cultivos transgénicos suelen pernear otros cultivos y actividades productivas. En marzo de 2014, primero algunas comunidades consiguieron parar el permiso en todo su estado al argumentar que no fueron consultados para esta decisión y que esta daña el medio ambiente.

Después, en Yucatán también se consiguió obstaculizar en algunas zona la siembra de soya transgénica. Ahora, el tema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, quien decidirá esta semana si se mantiene el amparo interpuesto por las comunidades. Apicultores de estos tres estados, en compañía de activistas y organizaciones civiles como Greenpeace han entregado a la Corte 62 mil firmas recabadas por change.org para que se mantenga un sureste libre de transgénicos; a los cuales también está ligada la deforestación de una de las selvas que quedan de México: Hopelchén.

En la entrega de las firmas algunas de las intervenciones de los apicultores nos hablan de su situación y argumentos contra el cultivo transgénico de soya.

Quiero agradecerles a todos por apoyarnos y firmar la petición. Llevamos muchos años defendiendo nuestros derechos contra el permiso para la siembra de soya transgénica otorgado por la SAGARPA a Monsanto y esperamos que la Suprema Corte de Justicia nos apoye. Hace ya 19 meses que los apicultores de Campeche y Yucatán logramos que los jueces federales nos dieran la razón y cancelaran el permiso para la siembra de este cultivo porque nadie nos consultó y vulneraron nuestros derechos como pueblo maya. Desde entonces hemos visto cómo se deforestan nuestros bosques, cómo están secando las aguadas y hemos vuelto a ver a los jaguares cerca de los pueblos porque están huyendo de la quema de los bosques para volverlos plantaciones. Salvemos nuestra selva maya en Campeche, nuestra agricultura, nuestra apicultura, no queremos más deforestación ni contaminación”, exclamó Don Gustavo Huchín, apicultor que inició la petición “¿Qué pensarían si en su patio trasero estuvieran fumigando con avionetas? En mi pueblo casi todos viven de la apicultura y ahora vemos cómo se están muriendo de pronto las abejas y el gobierno no hace nada. Hemos sido testigos del aumento de las plantaciones de soya transgénica de grandes empresarios agrícolas que no son de nuestra región. También vemos cada vez más seguido a los aviones sobre nuestras tierras tirando tóxicos que están poniendo en peligro nuestra salud y la de nuestras abejas. Nosotros hemos cuidado y protegido nuestros ejidos y recursos naturales. Me preocupa el patrimonio que vamos a dejar a nuestros nietos”, compartió Angélica Ek, quien fuese autoridad tradicional maya y una de las demandantes en representación de su comunidad.

La autoridad encargada de los temas agrícolas en México expidió permisos de soya transgénica (actos reclamados) que afectan la actividad histórica del pueblo maya consistente en la apicultura y la meliponicultura, a través de la cual expresan el ejercicio de derechos fundamentales como son: identidad cultural, la autonomía, el territorio y el acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados. Las autoridades también ignoraron el principio precautorio porque la soya transgénica es tolerante al agroquímico glifosato, el cual fue incluido en la lista de posibles cancerígenos de la Organización Mundial de la Salud. Las nefastas consecuencias de las plantaciones de soya transgénica ya se observan en Argentina en donde los médicos han reportado los efectos negativos de las fumigaciones aéreas en la salud de la población local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe reconocer el derecho a la consulta de las comunidades mayas y tiene la oportunidad de pronunciarse sobre la importancia del principio precautorio en relación con el derecho al medio ambiente sano”, señaló Jorge Fernández, abogado de la organización Indignación Promoción y defensa de los derechos humanos.

Acá 3 casos de éxitos ambientalistas y animalistas gracias al recabo de firmas en change.org



La destrucción en Xochicuautla para construir una carretera por el polémico Grupo Higa en México (FOTOS)

Esta autopista de cuota viola la ley por parte de las mismas autoridades. Trastoca también Áreas Naturales Protegidas.

Foto:masde131

San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, es una comunidad otomí que ha sufrido atropellos a sus derechos como pueblo originario desde hace ocho años cuando comenzó a construirse la carretera de cuota Naucalpan-Toluca.

Cuando un proyecto pretende construirse o hacerse en tierras indígenas, el gobierno mexicano está obligado a hacer consultas públicas a estos pueblos según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del que México forma parte. Sin embargo, el gobierno no aplicó dicha consulta obligatoria.

El argumento para hacer la carretera es que esta detona el desarrollo económico a los pueblos por los que pasa y entre los sitios que conecta. Sin embargo, los otomíes de la zona, por ser una carretera de cuota, en general no podrán hacer uso de ella. Además, la carretera causará daños a varias áreas naturales protegidas y afectará a casi 300 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción, y afectará también diversos mantos acuíferos.

La empresa que está construyendo la carretera es Autovan, una filial del Grupo Higa (asociado a casos de corrupción por una de las casas de la esposa del presidente de México, y grupo que encubrió más de 100 millones de dólares mediante empresas fantasmas en paraísos fiscales según los Panama Papers).

Lo más descarado en el caso es que el gobierno ha violado varios amparos concedidos a los otomís. Este 11 de abril irrumpieron en la comunidad cientos de policías estatales, seguidos de personal de la empresa Autovan, filial del grupo Higa. Se destruyeron un centro cultural y casas, además de que se han talado cientos de árboles.

*Si te suena, puedes sumarte a la campaña que apoya a los otomís en su lucha por salvar el bosque acá.

Algunas de las imágenes:

 

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Foto: frentedepueblosindigenas.org

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Foto:frentedepueblosindigenas.org

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Foto: i0.wp.com

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Foto:@droncita

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Foto:Alfonso Flores

Twitter del autor: @AnaPauladelaTD

 

Autor: Ana Paula de la Torre
Politóloga de carrera, colabora para diversas publicaciones digitales como Pijama Surf. Creadora del proyecto ciudadano yanostoca.com. Y pintora ocasional


La historia de los 113 niños contra un desarrollo turístico en un manglar de Cancún

Luego de que estos menores firmaran y presentaran un amparo, por fin ha sido varado uno de los mega proyectos que destruirían el ecosistema de la zona.

 

 

Como sabrás, en las luchas ambientales de los últimos años los recursos legales han sido decisivos para encontrar vías de solución. Cuando el Estado no prioriza el bien común y más bien lo hace con las agendas de las corporaciones, suelen haber otros cauces, como el poder judicial, que pudiese estar más ajeno a esos intereses.

En México específicamente en los últimos años las luchas ambientalistas han ido volcándose al recurso de los amparos para detener megaproyectos que dañan el medio ambiente. Algunos de los casos más icónicos sobre victorias con este tipo de herramientas es la obstaculización del cultivo de maíz transgénico o de soya transgénica (por cierto uno de los sectores con más intereses puestos, y por parte de mega corporaciones muy poderosas).

Un nuevo caso está siendo muy sonado por su peculiaridad. Hace 10 años, algunas de las instancias que supuestamente velarían por el medio ambiente como la Semarnat autorizaron una propuesta de un mega proyecto ubicado a solo 1 km de la laguna de Nichupté, y por ello, una zona de manglares.

El tamaño de este es tan grande como 800 mil m2, equivalente a 114 campos de fútbol y de 5, 096 unidades de alojamiento. Desde que el proyecto está aprobado, 10 años, decenas de habitantes de Cancún han estado movilizándose para impedir el proyecto. Sin embargo hasta hace poco es que ha ido atrayendo la atención de la autoridad, cuando se tuvo la idea de que fueran menores los que firmaran también y presentaran el amparo en contra del proyecto.

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Foto: BBC

Con este amparo firmado por los niños, por fin ha sido lograda la suspensión, aunque temporal, del las obras del proyecto Malecón Tajamar Cancún.

Cabe apuntarse que los permisos fueron otorgados en 2005, cuando era ya prohibido en la ley modificar la zona de manglares. Está documentado, también, como Fonatur (la instituución de turismo promotora del proyecto) había mentido al señalar que en realidad no se trataba de una zona de manglar.  Por lo anterior (argumentos por demás contundentes), bien podría conseguirse la suspensión definitiva por parte de estos niños y adultos activistas.

[BBC]