Pueblo Wayúu: El Carbón o la Vida

El Celeam, a través de Ana María Llorente Valbuena, nos describe quiénes son el pueblo Wayúu y por qué su situación ecológica es relevante.

Foto:Rpp

Los Wayúu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, sin fecha, p.1).

Los pueblos indígenas y afrocolombianos de La Guajira constituyen aproximadamente el 50% de la población de este departamento. En su mayoría son Wayúus, pero también se encuentran el pueblo Yupka, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo y campesinos colonos. Todos ellos han establecido lazos históricos de carácter económico y cultural con el río Ranchería. De él dependen estas poblaciones para su supervivencia cotidiana, además de mantener un vínculo cultural y espiritual con sus aguas (INDEPAZ, 2013, p.16).

Esta región ha padecido innumerables conflictos socioambientales desde la llegada de la empresa minera Carbones de El Cerrejón, lo que ha originado una metamorfosis territorial, natural y cultural ocasionada por la minería de carbón a cielo abierto, observándose graves alteraciones particularmente en la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas, entre otras problemáticas ambientales como contaminación atmosférica, deforestación, pérdida de biodiversidad; sumado a los inminentes efectos sobre la salud, pérdida del tejido social y costumbres ancestrales de los Wayúu y otras comunidades étnicas de origen afro y campesino.

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Ilustración 1. Río Ranchería y vista frontal a la mina El Cerrejón

Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular- Cinep, 2014

Con ocasión del presente documento, se hará una descripción de la delicada situación que los Wayúu padecen por la ausencia de un Estado que garantice el derecho humano al agua, encontrando que el recurso más preciado en la región es escaso y el disponible es demandado en cantidades exorbitantes por la empresa minera. Descrito el problema, se profundizará en la responsabilidad del Estado, que ante la gravedad de la situación parece ajeno a ésta problemática, y su tarea en materia ambiental pareciera beneficiar a aquellos quienes causan graves e irreversibles daños al ambiente y quienes le arrebatan sistemáticamente el territorio a sus pobladores originarios – los Wayúu–.

El río Ranchería es la fuente hídrica más importante del departamento de La Guajira. Esta es una de las regiones más secas de Colombia, de manera que el río cumple una labor fundamental para el desarrollo de la vida. Los habitantes de esta zona utilizan el agua para beber, bañarse, regar sus sembrados, alimentar sus animales; también es un espacio de juego y deporte para los niños, además de ser un lugar pedagógico, pues los menores aprenden allí cuestiones fundamentales para su relación con el entorno, con su historia y con su tradición espiritual (INDEPAZ, 2013, p.16).

De esta corriente hídrica, se abastecen varias comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes localizadas en los municipios de Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Manaure, Maicao, entre otros. Pese a su importancia para la región, el río Ranchería ha sufrido diversas alteraciones en su dinámica natural producto de la explotación desarrollada por El Cerrejón, y por la cantidad significativa de agua que la actividad minera demanda, agua que es extraída tanto del río Ranchería y su acuífero aluvial, como de sus principales tributarios.

Mientras que gran parte del departamento de la Guajira es privado de un recurso vital como el agua, El Cerrejón emplea diariamente grandes cantidades de agua para el desarrollo de su actividad. En La Guajira sólo el 16,3% de la población rural tiene acceso a agua potable y el 83,7% restante se ven obligados a utilizar fuentes de agua contaminadas para el consumo humano, lavandería y el baño, dando lugar a enfermedades graves tales como diarrea, infecciones y erupciones en la piel (Millennium Water Alliance, sin fecha).

Por otro lado, y de acuerdo a la información contenida en la Licencia Ambiental Minera otorgada a El Cerrejón, particularmente lo señalado por Ingetec S.A. (2014), el volumen concesionado para fuentes superficiales (río Ranchería y arroyos tributarios) es de 185 l/s[1]. Los reportes de consumos de agua netos en la mina indican un consumo promedio entre los años 2006 y 2012 de 55,37 l/s, siendo el año 2006 el de mayor consumo con 98,4 l/s.

Sumado a esto, el complejo carbonífero demanda agua proveniente del acuífero aluvial del río Ranchería. La concesión otorga un consumo de 69,4 l/s captado a través de 16 pozos ubicados en la margen derecha del río; el consumo promedio en el periodo comprendido entre 2006 y 2012 entregó un valor de 23,44 l/s, siendo los años 2009 y 2010 los que registraron mayor consumo con 31, 5 l/s cada año. Además, como respuesta a la profundización en los tajos[2], el agua que aflora desde los mantos de carbón es captada a través de pozos de despresurización, el caudal concesionado de agua proveniente de estos pozos es de 250 l/s, y el consumo promedio registrado en el periodo 2007 – 2012 fue de 84, 18 l/s.

En ese sentido, es claro que los recursos hídricos presentes en esta región y que deben ser administrados razonable y equitativamente por el Estado no son de uso prioritario de comunidades, por el contrario, están siendo empleados por esta actividad extractiva sin considerar los daños y pasivos ambientales que se derivan de ésta. No hablamos solo de un conflicto de uso por beneficiar el interés particular sobre el interés colectivo al otorgar concesiones de agua cuya prioridad es la actividad minera, sino se considera dentro de los impactos de esta actividad, la pérdida del recurso hídrico producto de la destrucción de acuíferos, donde la capacidad de almacenamiento y recarga se altera disminuyendo considerablemente la disponibilidad de agua en la región.

Pese a lo anterior, y con los mencionados impactos irreversibles ocasionados por la apertura de los tajos, destruyendo los acuíferos, y la escasez de agua de la región por sus características climáticas, el Estado no entrega una solución de fondo que permita a estas comunidades acceder a este preciado recurso. No obstante, la operadora minera tiene absoluta gobernabilidad sobre el agua, mientras los pobladores luchan por acceder a ella.

Por su parte, los Wayúu se ha visibilizado en las realidades sociales del país apoyados por varias organizaciones civiles y ambientales, que lejos de tener poder de decisión frente a los megaproyectos desarrollados, han llevado la bandera de la defensa y la lucha territorial amparados sobre los derechos constitucionales, Estos ideales, comparten la tesis aportada por Ostrom et al. (2003), que hace alusión al concepto de Capital Social cuya naturaleza lleva intrínseco múltiples formas de defensa contra megaproyectos como la aplicación de normas compartidas, saberes comunes, reglas de uso de los recursos, lo que para el autor se considera como un medio para solucionar problemas de acción colectiva. Ideales éstos que van en contravía a lo afirmado por Crozier (1990) sobre  la organización colectiva vista como un universo de conflicto y de la no unicidad en la consecución de objetivos comunes.

Finalmente, y haciendo alusión a la importancia que revisten las comunidades étnicas en la Constitución Política colombiana, la realidad es otra. Muchas de estas comunidades, localizadas en las regiones más ricas en recursos naturales en el territorio, son elantiejemplo de que el desarrollo de las regiones y sus ciudadanos proviene de la explotación de los recursos que su territorio posee. Más bien, esos mismos recursos que se podrían considerar como un premio de la naturaleza, para estos pobladores se han convertido en un castigo y un riesgo para su supervivencia.

BIBLIOGRAFÍA

Crozier, Michel y Erhard Friedberg (1990). El Actor y el sistema: las restricciones de la acción colectiva. Fondo de Cultura Económica, México.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ-. (2013). El Río Ranchería. Perdido en el Desierto. Bogotá, Colombia.

Ingetec (2014). Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral. Capítulo 3. Descripción Técnico Operativa del Proyecto P40.

Millennium Water Alliance (Sin fecha). Programa Lazos de Agua en Colombia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (Sin fecha). Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Wayúu.

Ministerio de Minas y Energía – MME. (2003). Glosario Técnico Minero. Bogotá, D.C, agosto de 2003. [en línea]:http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


[1] Litros por segundo.

[2] Según (MME, 2003, p. 150), el tajo corresponde a un escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción en las minas a cielo abierto.

 

 

 

 

Por  Ana María Llorente Valbuena

anitallorente@gmail.com

Una colaboración del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

@celeam_latam

Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales


Mujeres mineras de Latinoamérica: activas defensoras de la vida de sus comunidades

Los metales pesados del polvo impactan en la salud reproductiva de las mujeres durante el embarazo y el puerperio, ya que como resultado de la actividad minera aumentaron los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés.

La actividad minera tiene una larga historia en la región. Sin embargo, a partir de la última década del siglo XX se realizó una serie de ajustes estructurales para promover la inversión extranjera, siendo hoy día el proceso extractivo con mayor crecimiento.[1] El modelo de desarrollo extractivista, desde una lógica patriarcal capitalista y colonizadora, se contrapone con los derechos humanos que los Estados se han comprometido a respetar, sobre todo los que se refieren a un medioambiente sano y al agua. Esta lógica destruye la naturaleza, contribuye al cambio climático y se ensaña con las personas que enfrentan realidades de mayor vulnerabilidad. Tal es el caso de las mujeres en contextos de minería en América Latina, que viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones a la problemática de las defensoras.

El objetivo de este artículo es exponer los impactos medioambientales de la minería, así como brindar algunos ejemplos de las consecuencias específicas que han vivido las mujeres latinoamericanas en estos contextos, siendo tanto víctimas del “desarrollo” de la minería como activas defensoras de la vida y sus comunidades.

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Para comenzar está el caso de la comunidad Carrizalillo[2] en Guerrero, México, el cual expone muy bien los impactos que tuvo la minería en la naturaleza y salud de las mujeres. La empresa canadiense GoldCorp obtuvo concesiones en el 2005[3] y el principal daño ambiental que ha ocasionado ha sido la pérdida de suelo y biodiversidad, con repercusiones en la flora y fauna.[4] Además alteró la cuenca hidrológica, desviando corrientes y contaminando fuentes superficiales y subterráneas con tóxicos peligrosos como cianuro y metales pesados.

Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo. Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminados.[5]

Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico. El uso de agua pública ha afectado a las personas de la comunidad en la piel con síntomas como comezón, salpullido, manchas y problemas en el cuero cabelludo.[6]

La población también se encuentra expuesta al polvo que contiene metales pesados, metaloides y sales minerales que se liberan de las rocas al ser dinamitadas y desintegradas todos los días, ocasionando enfermedades en las vías respiratorias, ojos y piel. Esto también afecta a otros seres vivos, como plantas que son consumidas por animales y que a la vez son alimento de la población.[7]

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Los metales pesados del polvo impactan en la salud reproductiva de las mujeres durante el embarazo y el puerperio, ya que como resultado de la actividad minera aumentaron los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés. La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos.[8]

En Guatemala, la empresa GoldCorp también inició un proyecto minero en el 2005 para explotación de oro y plata a cielo abierto en la comunidad de San Miguel Ixtahuacán, sin realizar una consulta previa e informada. La participación y resistencia activa de las mujeres ha sido crucial para el movimiento antiminería en la comunidad. Fueron ellas las que comenzaron el movimiento porque muchos hombres estaban trabajando para la minera y no tomaban una postura clara, a pesar de que en ocasiones también estuvieran en desacuerdo.[9]

Doña Crisanta es una de las mujeres maya-mam que desde el 2005 han estado activas en la lucha antiminería por los problemas que tuvieron directamente con la empresa. Los problemas comenzaron con la instalación de postes y tendido de cables de energía eléctrica muy cerca de las casas, e incluso dentro de las parcelas. Sin embargo, doña Crisanta ha denunciado que ella sólo dio autorización para que pasaran el cableado eléctrico, pero no para la colocación de los postes y anclas que ponían en riesgo la salud por el nivel de radiación, alto voltaje y los deslaves en tiempos de lluvia. Como no obtuvo respuesta ante sus reclamos, ella y otras siete mujeres se organizaron para resistir y actuaron arrancando las anclas y cortando la luz a la empresa.[10]

En el 2008, doña Crisanta y las otras siete mujeres son demandadas y reciben órdenes de aprehensión.[11] La discriminación e intimidación por parte de la empresa y el gobierno guatemalteco a las mujeres en resistencia ha sido constante. Para el 2015, doña Crisanta ya tenía 14 órdenes de captura y criminalizaciones por su trabajo en defensa de su territorio y sus derechos.[12] Sin embargo, esto no las ha detenido y siguieron denunciado los impactos de la minería, como las explosiones subterráneas con dinamita que provocaron rajaduras en las casas, además de la escasez y contaminación de agua. Se encontraron altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico en los ríos Quivichil y Tzalá, ubicados en la parte baja de las aguas residuales de la mina. La contaminación microbiológica está en todas las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, siendo no aptas para consumo humano.[13]

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Cabe mencionar también el caso de Colombia y la minera Cerrejón en el departamento de La Guajira, donde se explota carbón a cielo abierto desde hace más de 3 décadas. Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no sólo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también se incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayuu y de los infantes por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería.[14]

Antes de las actividades mineras, en La Guajira se podían detectar con facilidad los eventos climáticos, pero ahora se dan drásticamente, acompañados de otros problemas como el desplazamiento, abandono de tierras y pérdida de las cosechas.

Aunque no se suele pensar en la relación entre la minería y el cambio climático, este tipo de megaproyectos producen impactos que tienen como consecuencia la producción de gases de efecto invernadero. La contaminación, deforestación, cambio de suelo y eliminación de flora y fauna contribuye a que el cambio climático local se sume al global.[15]

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A partir de los principios de prevención, sustentabilidad y participación social, el derecho ambiental tiene pruebas para justificar que la actividad extractivista de la minería contamina y destruye el ambiente alterando el equilibrio ecológico. Además, este tipo de proyectos generalmente se hacen a pesar de la oposición de las comunidades, lo que trae problemas de violencia específica cuando se trata de mujeres, sobre todo en zonas militarizadas, como es el caso de Colombia. La participación de las mujeres en la toma de decisiones en materia ambiental es clave, pues por los roles sociales, la mayoría de las veces son ellas las que están más en contacto con la naturaleza y tienen conocimientos imprescindibles de sustentabilidad, pero por su posición social no se les toma en cuenta.

En este sentido, es fundamental que el derecho ambiental, entendido como el conjunto de normas jurídicas que protegen los sistemas naturales mediante la regulación de conductas humanas para la protección y preservación de la naturaleza, se comprometa a implementar la perspectiva de género como transversal para lograr el desarrollo sustentable.

 

Bibliografía

Barón Romero, Diana. Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales en Colombia. CINEP, 2013.

Bermúdez Rico, Rosa Emilia (coord.). Mujer y Minería. Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres, enfoque de derechos y perspectiva de género. Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería, Colombia, 2012.

Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE). Los problemas creados por la mina Marlín-Goldcorp en San Marcos. Guatemala, 2012.

Delgado-Ramos, Gian Carlo (Coord). Ecología Política de la minería en América Latina. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

Macleod Morna; Pérez Bámaca Crisanta. La lucha de Doña Crisanta contra Goldcorp. En defensa de la Madre Tierra, Sentir lo que siente el otro y el buen vivir. México, 2013.

Mijangos, Miguel Ángel. La nueva fiebre del oro. Comunidades afectadas por la empresa minera Goldcorp. Tribunal Popular Internacional de la Salud, 2013.

Sabas, Nancy. “La mina Marlín y la resistencia de las mujeres”. Revista Rebelión, Guatemala, 2015.

Salazar Hilda; Rodríguez Maritza. Miradas en el territorio. Cómo hombres y mujeres enfrentan la minería. Heinrich Böll Stiftung México, Centroamérica y El Caribe, 2015.

Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales


Oro verde: conoce uno de los únicos casos de minería verde y digna

Fue el 1er. modelo de certificación social y ambiental de metales preciosos en el mundo; llegó a beneficiar a más de 1300 mineros artesanales y a proteger más de 7900 hectáreas de bosque húmedo tropical.

Foto:idea.me

Colombia, en similitud con la mayoría de los países de Latinoamérica, tiene el privilegio de ser un territorio caracterizado por sus riquezas naturales: su biodiversidad, sus extensos reservorios de agua dulce, yacimientos petroleros, metales preciosos, etc. Paradójicamente, esta abundancia convive con realidades duras, graficadas -en parte- por cifras que indican que la pobreza afectaal 30,7 % de la población (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013).

En este contexto, es preciso indagar sobre formas de aprovechar los bienes naturales de un modo social y ambientalmente justo, que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Esta pregunta se la formularon los impulsores del proyecto Oro Verde, quienes encontraron una forma innovadora de conciliar la extracción minera y el respeto por la naturaleza, demostrando que “la minería y la destrucción del medio ambiente no eran dos caras de la misma moneda, y que podían desarrollarse mercados que generen oportunidades para los mineros que querían proteger la biodiversidad de su territorio” (“Actualización de Oro Verde y AMICHOCÓ”, 2014)

El Programa Oro Verde surge en una de las regiones más castigadas de Colombia, la región del Chocó, que además de ser reconocida por las condiciones precarias en las que habita su población,  es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Muchas de las especies de animales y plantas que allí se encuentran, son especies que solo están presentes en este lugar, es decir, son endémicas. El cuidado de esta biodiversidad resulta clave, teniendo en cuenta las declaraciones del Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano (2012)[i]:

del bosque húmedo tropical salen los componentes de la mitad de las medicinas que se fabrican en el mundo. La Biodiversidad misma de sus ecosistemas y de las formas en que se relacionan entre sí, son fundamentales para el avance de la investigación genética, que hacia el futuro será fuente principal de los desarrollos tecnológicos e industriales. Por eso se afirma que esta Biodiversidad será una importante fuente de poder y riqueza, información que debe ser apropiada por las comunidades y ponderada para la proyección de un verdadero desarrollo sostenible sin agotar nuestros recursos de manera irracional (p.2).

A partir del interés por estos ejes –el cuidado de la biodiversidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población- nace en el año 2000 el programa Oro Verde en alianza con tres organizaciones comunitarias locales: los Consejos Comunitarios Mayores de Condoto (COCOMACOIRO) y Tadó (ASOCASAN) y la Fundación Las Mojarras, que lograron crear el primer modelo de certificación social y ambiental de metales preciosos en el mundo llegando a beneficiar a más de 1300 mineros artesanales y a proteger más de 7900 hectáreas de bosque húmedo tropical. La sustentabilidad del programa se fundamentaba en el cumplimiento de diez criterios de certificación:

La mayoría de estos ítems nacieron fundamentados en las prácticas tradicionales de la minería artesanal, que históricamente y de manera voluntaria se adecuaban a los principios de sustentabilidad ecológica.  Por lo tanto, la aplicación de estos criterios también aporta a larecuperación y conservación de las prácticas mineras ancestrales. Fomentar estos métodos, significa un enorme beneficio, teniendo en cuenta la devastación, contaminación y marginación que genera la minería mecanizada “el anillo de oro que posee cualquier hijo de vecino, sobre todo los casados, pesa entre dos y tres gramos. Para obtener ese pequeño (o gran) lujo se dinamitó y trituró media tonelada de roca y se utilizaron millones de litros de agua que permanecerán, por siempre, contaminadas (Periódico MU, 2011).

Para comerciar el oro ecológico, los metales que comercializa Oro Verde son vendidos en joyerías éticas que se sumaron al programa, con un sobre precio del %15 sobre el precio internacional. Esta prima la reciben enteramente los mineros, que además de significarles un incentivo para la adopción de estas prácticas, les permite optar por la diversificación de las actividades productivas de sus unidades familiares, como pueden ser la agroforesteria o la agricultura, lo que posibilita la recuperación de las áreas intervenidas con especies alimenticias típicas de la zona.

Actualmente, luego de más de una década de labores, el Programa Oro Verde ha dejado de funcionar en la Región de Chocó, pero su trabajo pionero fundó las bases para la creación de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), que hoy día trabaja por el desarrollo sostenible de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en distintos países de América Latina, África y Asia, a través de una red mundial de expertos, mineros organizados y aliados.

Para concluir, considero que la experiencia transitada por Oro Verde y el trabajo que lleva adelante actualmente ARM, sirve como  impulso para la búsqueda de nuevas posibilidades en el  desarrollo de actividades productivas, que tengan impactos positivos en las comunidades a corto y largo plazo y, sobretodo, que puedan  prosperar en armonía con la naturaleza. También, es fundamental, que como consumidores tomemos un rol activo, y consultemos sobre el origen de lo que consumimos. Sería bueno que pongamos en práctica aquello que escuche hace un tiempo: “poné tu dinero donde ponés tus ideas”.

Twitter de la autora:@candearocena

Autora: Candela Arocena en una colaboración para el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

Notas

[i]El IIAP tiene la función de promover el conocimiento de los recursos naturales

renovables y del medio ambiente de la región chocoana y su utilización, fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para el manejo adecuado del singular ecosistema chocoano y el aprovechamiento sostenible racional de sus recursos naturales renovables y no renovables, así como asesorar a los municipios en el proceso de planificación ambiental y reglamentación de los usos del suelo y en la expedición de la normatividad necesaria para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural de las entidades territoriales.

 

Referencias

 –         Actualización de Oro Verde y AMICHOCÓ (2014). Recuperado de: http://www.responsiblemines.org/es/mas-noticias/580-actualizacion-de-oro-verde-y-amichoco

 –         Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013). Se estanca la reducción de la pobreza y la indigencia en la mayoría de los países de América Latina. Recuperado de: http://www.cepal.org/es/comunicados/se-estanca-la-reduccion-de-la-pobreza-y-la-indigencia-en-la-mayoria-de-los-paises-de

–         Periódico MU  (2011). “Las minas de la polémica: Breve recorrido por los 17 emprendimientos más controvertidos de Argentina”.Recuperado de: http://www.lavaca.org/notas/las-minas-de-la-polemica-breve-recorrido-por-los-17-emprendimientos-mas-controvertidos-de-argentina/

–         Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano (2012). “Chocó…. Tesoro de biodiversidad”. Recuperado de: http://www.iiap.org.co/filenoticias/10092012_cidea.pdf

Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales