Cada hogar en México compra alrededor de 1 500 litros de agua embotellada al año, de acuerdo con un estudio realizado en 2016 por la firma Kantar WorldPanel. Esto a pesar de que en el Artículo 115 de la Constitución Mexicana se establezca que “todos los municipios del país están obligados a entregar agua potable”, para beber, bañarse, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Se trata de un negocio multimillonario, la de las aguas embotelladas. A diferencia de lo que sucede en otros países, en donde las botellas de agua son una mercancía gourmet para un estilo de vida, en México se consumen como un artículo básico y de primera necesidad. Pese a que académicos y múltiples organizaciones no gubernamentales explican que los mexicanos no las necesitan.
De acuerdo con los datos de la revista Forbes México, el negocio de 66 500 millones de pesos anuales comenzó con un brote de cólera en la década de los 90. Fue en el año de 1991 que un mensaje gubernamental informó que la comunidad de San Miguel Totolmaloya, en el Estado de México, reportaba el primer episodio de una epidemia de cólera. Surgió un miedo a enfermarse severamente, pese a que la tasa de mortalidad fue de 0.04 por ciento de cada 100 habitantes y un total de 34 defunciones durante 1991.
Ahora, tras décadas de ese fenómeno, los mexicanos dejaron de beber agua del grifo: el miedo a enfermarse continúa como una tradición cultural. En vano fueron los mensajes gubernamentales con advertencias para hervir el agua y tomar otras medidas preventivas, como comercializar los primeros garrafones de vidrio con “agua purificada” mediante la marca Electropura –hoy Epura–. En palabras del director del Programa de manejo, uso y reuso del agua –Pumagua– de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM–, “Han convertido el cuidado de la salud en un elemento de venta”, pese a que el 50 por ciento de las muestras de las marcas de botellas de agua que se vendían en la década de los 90, no cumplía con los requerimientos de salud necesarios para su consumo. Por su lado, Raúl Pacheco-Vega, Investigador y catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica –CIDE–, “Se convirtió en la salida fácil. Se incrementaron las campañas de transnacionales, que invirtieron mucho dinero para vender las botellas en México y dar paso al debilitamiento de la infraestructura.”
Por esta razón, empresas como Danone, Coca-Cola y Pepsico concentran ahora el 64 por ciento del mercado nacional que incluye agua gasificada, embotellada y de manantial. Para Pacheco-Vega, una “manera de debilitar al proveedor estatal, y favorecer a las empresas, ha sido a través de la transferencia de recursos de los estados a municipios, donde el dinero no llega y permite a los privados acaparar la demanda que debería aliviar los gobiernos municiales. […] Ha sido una serie de acciones concertadas entre diferentes actores: el gobierno federal, mercadotecnia agresiva de transnacionales, desidia de gobierno y el cambio en los patrones de consumo. La culpa es de varios.” Por ejemplo, en el caso de Coca Cola FEMSA –KOF–, la empresa paga 2 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y obtiene ganancias por 32 000 millones de pesos: “Esta falta de proporción de pago por los derechos de explotación y utilidades revela cómo el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales. Es un círculo vicioso con intereses que se oponen.”
En otras palabras, el agua en México es potable y bebible. Desgraciadamente, “la vieja desconfianza y el temor histórico promueven la desinformación sobre el agua potable. Los consumidores no tienen confianza en el agua potable que reciben.”
