¡Adiós manglares! ¡Hola legislación!

En este artículo se nos devela el enmarañado mundo de las leyes mexicanas y se explica puntualmente por qué finalmente están perjudicando a los manglares.

Actualmente y desde hace tiempo escuchamos en diferentes medios acerca del cambio climático y de sus repercusiones negativas. De tal forma que hemos empezado a dirigir ciertas acciones para tratar de atender este problema: invertimos en investigación para escribir papers que nos ayuden a escapar de este leviatán, optamos por volvernos vegetarianos, enviamos a los líderes a las reuniones mundiales para negociar una solución o simplemente no hacemos nada. No obstante – dentro de este mainstream- los recursos naturales siguen desapareciendo lentamente. Esto nos lleva a pensar que la megadiversidad de este mundo no es compatible con la especie humana, o dicho de una manera menos antropocéntrica, la especie humana no está hecha para este mundo. Ya hace tiempo que Garrett Hardin puso a discusión la tragedia de los comunes: “muchos individuos actuando racionalmente para su propio interés pueden, en última instancia, destruir un recurso compartido y limitado, incluso cuando es evidente que esto perjudica a todos a largo plazo”.

México, uno de los pocos países megadiversos de este planeta, tiene que enfrentar un problema muy grande: instrumentar políticas públicas para la protección de sus recursos naturales, a la par de brindar trabajo, salud y educación a sesenta millones de personas (la mitad de su población) que viven en pobreza extrema. El reto que tiene por delante no es menor. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta todos los convenios, tratados, protocolos, etc. que hemos firmado para notificarle al mundo que estamos alineados en este camino que lleva a la sustentabilidad, hemos olvidado los lastres que nos impiden  subir a la carreta que lleva a ese utópico paraíso llamado “Un Mundo Sustentable”. ¿Quiénes tenemos mayor responsabilidad sobre el problema? ¿ricos o pobres? ¿vegetarianos o  carnívoros? ¿conservadores o agnósticos?

Responder estas preguntas no ayudará mucho, lo importante en este momento es evaluar nuestras acciones actuales e identificar cuáles son nuestros errores. Para tal efecto este artículo analiza el caso de los manglares en México y su marco regulatorio que intenta protegerlos en un acto fallido.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), la cual se ha convertido en la bandera que ondeamos en todas las reuniones sobre cambio climático, estipula en su artículo 26: “En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los manglares […]”. Ademas, también tenemos la NOM-022 SEMARNAT que estipula: “[…] el manglar deberá preservarse como comunidad vegetal. En la evaluación de las solicitudes en materia de cambio de uso de suelo, la autorización de aprovechamiento de la vida silvestre e impacto ambiental se deberá garantizar en todos los casos la integridad del mismo […]”.

No satisfechos con nuestro prolífico trabajo legal también tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Vida Silvestre, la NOM-059-SEMARNAT (para especies en riesgo), la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ordenamientos Territoriales, Manifestaciones de Impacto Ambiental, Normas Oficiales, Reglamentos, etc. (Todas escritas con mayúscula al principio, porque al parecer esto le da mayor oportunidad de que se respete). Y así perennemente me sigue sorprendiendo la capacidad de los juristas mexicanos para manufacturar más y más leyes en materia ambiental para los diputados. Mientras tanto los manglares allá en la costa se los sigue llevando la… elevación del mar.

¿Necesitamos más leyes para proteger nuestros recursos? ¿Dónde está nuestro error? Pienso que no hacen falta más leyes, al contrario, tenemos que reducir el número de leyes para evitar que se traslapen. El error se encuentra en que la regulación de los recursos naturales está dirigida a preservar a las especies y/o ecosistemas. No obstante, hace falta regular el uso del suelo donde se encuentran estas especies. El mejor de los ejemplos para explicar esto son los manglares. Están “protegidos” por infinidad de leyes nacionales e internacionales pero el suelo donde coexisten estas especies está regulado principalmente por la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), la cual en su artículo 119 menciona: “[…] En el caso de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, la faja de veinte metros de zona federal marítimo terrestre se contará a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la pleamar, en los términos que determine el reglamento […]”

De esta manera, nuestros manglares que gustan de vivir en las lagunas y esteros de México, pasan a habitar sobre algo llamado “zona federal marítimo terrestre”. ¿Qué implicaciones tiene esto? El principal problema es que la zona federal marítimo terrestre (zofemat) es un instrumento jurídico que sirve para regular el uso del suelo y cuasi-privatizar las zonas costeras de México. El artículo 119 (LGBN) prescribe: “Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos. Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes.”

La pregunta que surge es ¿cuáles son estos “aprovechamientos especiales”? Para esto aparece la Ley Federal de Derechos (LFD) que, en su artículo 232, menciona cuatro (¡únicamente cuatro!) usos que se le pueden dar a la zona federal marítimo terrestre:

General (lucrativo)

Protección (no toques nada)

Ornato (adorna sin impactar al ambiente)

Acuacultura

Para todos estos usos tienes que pagar, el monto depende de los ingresos económicos que tenga la región costera donde deseas obtener la concesión. Desde aquí podemos notar que “el suelo” donde viven los manglares puede ser destinado para la acuacultura (la principal actividad por la que se pierden manglares en todo el mundo). Además, resulta absurdo que tengas que pagar al gobierno si deseas proteger los manglares, en todo caso el gobierno te tendría que pagar a ti por prestar un servicio que él está obligado a realizar por todas las leyes que ha decretado. Otra objeción radica en no contemplar los usos y costumbres que los pueblos indígenas dan a ciertos sitios en las zonas costeras, como un uso religioso.

El artículo 233 (LFD) contempla otorgar concesiones gratuitas pero únicamente a asociaciones civiles (legalmente constituidas) que realicen acciones de conservación/restauración. El problema de este artículo es que está alejado de la realidad que se vive en las costas mexicanas. Lo más frecuente es encontrar zonas de manglar colindando con comunidades de pescadores que usufructúan las lagunas costeras. También es frecuente encontrar que los manglares están dentro de un territorio ejidal. Otras veces, encontramos que los manglares colindan con comunidades que ni están constituidas por una cooperativa pesquera ni tampoco por un ejido, ni tienen un título de propiedad, es decir que viven en irregularidad total.

Estas son las condiciones de las comunidades costeras en nuestro México. ¿Son las comunidades las que tienen que ajustarse a lo que dicta la ley? o ¿Son las leyes las que deben adecuarse a la realidad social? Mientras nuestros diputados y funcionarios públicos responden a estas preguntas, nuestras comunidades costeras siguen en espera de una oportunidad para coadyuvar en la conservación de los manglares y ayudarnos a entrar lentamente al camino que lleva a un México más incluyente.

Twitter del autor: @Erick_ARS

Erick Alberto Rodríguez trabaja para el departamento de Políticas Públicas de Pronatura Sur A.C. y es Coordinador del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales sede México.

Una colaboración de la Red Ambiental Mexicana.

 

Autor: Red Ambiental Mexicana


Manglares: el impacto humano y sus consecuencias

Los bosques de mangle son humedales constituidos por vegetación especialmente adaptadas a entornos de salinidad e inundación

Por: Alexis Domínguez Liévano

En México se tienen graves problemas de deforestación y pérdida de ecosistemas vitales para muchas especies de plantas y animales. La importancia que tienen los ecosistemas naturales está en la riqueza de sus recursos y en los servicios ambientales que ofrecen (Cortina et al., 2007). Parte de esta riqueza nacional la conforman los manglares, esenciales en el desarrollo y el funcionamiento de las zonas costeras (Herrera et al., 2014).

Desgraciadamente, no se le ha dado el seguimiento adecuado a la conservación de estos bosques. México y Brasil presentaron las tasas más elevadas de deforestación en términos absolutos (FAO, 2005). Estos países se encuentran entre los que cuentan con las zonas más extensas de manglares.

Desde la década de 1980, una de las causas de alteración a gran escala en los manglares de Asia, el Caribe y América Latina ha sido por la acuicultura y la infraestructura turística (FAO, 2005). Este ensayo tiene como objetivo analizar la problemática asociada al impacto antropogénico en los manglares y las consecuencias en los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas. Comenzaré por describir la importancia de los manglares en la línea de costa. Después mencionaré la perturbación causada en los manglares.

Los bosques de mangle son humedales constituidos por vegetación especialmente adaptadas a entornos de salinidad e inundación (Herrera et al., 2014), diversificando el espacio y ofreciendo arribo a un gran número de especies de macro-invertebrados (Félix et al., 2011). De esta manera, y para nuestro interés, son fuente y origen de las pesquerías en las ribereñas y de los recursos alimenticios, actúan como zonas de protección y/o amortiguamiento frente a tormentas y huracanes y, estabilizan la línea de costa evitando su erosión, entre otros (León et al., 2001).

Desafortunadamente, no se ha sabido apreciar y gestionar la importancia ecológica, social y económica de los manglares, al estar sometidos a una degradación sistemática y acelerada durante las últimas décadas (Del Alba y Reyes, 1998). Es cada vez más común que los mangles estén sujetos a grandes tensiones por causa del crecimiento acelerado de las actividades turísticas como el de las actividades de acuacultura industrial (Batllori y Febles, 2007). Por otro lado, parte de la pérdida de la flora también se debe a causas naturales. Por ejemplo, en septiembre del año pasado en la Reserva de la Biosfera de Dzilam en Yucatán, se incendiaron 500 hectáreas de vegetación según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), viéndose amenazado el manglar. En Baja California Sur, tan solo en la porción sur de la Ensenada de La Paz, se ha perturbado aproximadamente el 10% de las casi 26,000 ha de manglar (Acosta-Velázquez et al. 2007), debido al desarrollo costero, que involucra el crecimiento urbano como la construcción de infraestructura turística (Mendoza et al. 1984). Esto ha impactado en la reducción u obstrucción del intercambio de agua entre los esteros y lagunas con el mar, teniendo afectaciones en la supervivencia de los manglares, al igual que la provocación de diferentes transformaciones ambientales (Llinas-Gutiérrez et al. 1982).

La gestión integral de los manglares juega un papel fundamental por sencillas razones; si los manglares están en buen estado, nos pueden proveer servicios de elevado valor, que van desde los elementos de seguridad alimentaria y recursos para un crecimiento económico favorable, un desarrollo turismo sustentable y sobre todo, la protección de la línea costera (PNUMA, 2015). Traduciéndose en el mediano plazo, en un manejo y aprovechamiento sustentable de los manglares.

Actualmente en el país, se siguen suscitando casos de cambio de uso de suelo en las costas en busca de un “desarrollo económico” con beneficio de particulares. Un ejemplo es el caso de Tajamar, donde se ha comprometido la flora y fauna del lugar. El proyecto inmobiliario llamado Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, fue planeado por la FONATUR desde hace más de 16 años, quien aseguró haber cumplido con los requerimientos ambientales y autorizaciones vigentes previstos por la Ley. Por su parte, la SEMARNAT da la autorización en materia de impacto ambiental en 2005 y el permiso en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 2006. En principio, el permiso dado por la SEMARNAT, autoriza el cambio de uso de suelo de aproximadamente 58 hectáreas. En febrero 2007, se adiciona a la Ley General de Vida Silvestre el Artículo 60 TER, en el que se prohíbe cualquier obra o actividad que afecte al manglar. Esto se decreta con el fin de dar una mayor protección a estos humedales, pero la sorpresa fue que, en marzo de 2008, la SEMARNAT autoriza aumentar 14 hectáreas a las ya establecidas dentro de Tajamar, dando un giro inexplicable. Es entonces cuando se gestionan las prórrogas de vigencia de permisos de cambio de uso de suelo para poder construir por parte de los empresarios involucrados. Para 2015, la ciudadanía manifiesta rechazo por el ecocidio que se está gestando por las autorizaciones de FONATUR y SEMARNAT. Se presenta la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por la destrucción y/o desmonte del manglar y pérdida de fauna. Actualmente, diversos jueces han otorgado suspensiones definitivas y provisionales a los amparos presentados por la ciudadanía, lo que significa que no se puede construir en Tajamar hasta que se resuelvan los juicios. La ciudadanía en Cancún sigue defendiendo el manglar.

De esta manera, queda claro que los intereses particulares y económicos están por encima de la conservación de los recursos naturales. Puntualmente, en el Marco Legal de México, se asientan las bases de la protección de los manglares (Poder Ejecutivo Federal, 2007). A pesar de esto, las políticas públicas que se aplican en el ámbito federal, estatal y municipal han permitido históricamente la destrucción de dichos ecosistemas (López y Ezcurra, 2002).

Se continúa perseverando en la conservación de los ecosistemas. Cada año se suman esfuerzos. Por ejemplo, en 2005 se restauró el manglar en la Laguna de Términos, Campeche, y se implementó una estrategia integral que identifica los factores estresantes que llevan a la degradación y muerte del manglar. Otro caso de restauración con resultados favorables, es la rehabilitación de 30 ha de manglar en la Laguna de Tampamachoco, Tuxpan, Veracruz, afectadas por una planta termoeléctrica que inició el cambio de uso de suelo en 1993. Y así, se encuentran otros casos de estudio, donde los factores determinantes de éxito fueron: el grado de perturbación y/o estado del manglar, las acciones que realiza la comunidad local para su restauración y la metodología utilizada en la zona de recuperación. Así como, el seguimiento u observación del ecosistema después de finalizar el proyecto.

Es necesario que se castigue con lo establecido en la Ley y se tomen las decisiones correctas cuando se comete ecocidio, buscando las labores necesarias para su restauración ecológica. Así pues, es importante un ordenamiento ecológico en la zona costera, mediante un proceso de planeación integral, participativa, transparente y sistemática para una mejor actuación a la hora de gestionar y proteger los manglares. De tal forma que, involucrar a los distintos niveles de gobierno y a la sociedad local, sigue siendo una de las acciones necesarias para sumar esfuerzos en la protección y el cuidado de los ecosistemas costeros.

México Sostenible
Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.


Crónica de un conversatorio sobre megaproyectos en México hacia la sostenibilidad 2030

Un México Sostenible en donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas

Todo parece indicar que no habrá un alto al “progreso” hasta que toquemos pared como civilización, en ese sentido llega a la mente el comentario de Noam Chomsky* donde explica cómo, a diferencia de la extinción de los dinosaurios producida por un meteorito, nosotros somos nuestro propio meteorito y la extinción ha comenzado desde hace tiempo.

¿Qué puede hacer la sociedad civil frente a los megaproyectos?, ¿qué rol juegan las poblaciones y dónde está el poder de decisión?, ¿es posible lograr alguna convención mínima entre esquemas de desarrollo?, ¿cuál es la diferencia entre megaproyecto y proyecto?, ¿seguimos apostando y subsidiando modelos de desarrollo caducos?, ¿qué tanto sabemos del tema?

Este breve registro es un intento por plasmar el crisol de opiniones escuchadas el pasado jueves 4 de febrero en las instalaciones de la Escuela Bancaria Comercial en el Conversatorio Sostenibiladad 2030 visiones y retos de los Megaproyectos en México, organizado por la plataforma SostenibilidadMx (http://www.sostenibilidadmx.org/), apoyado por la Red Ambiental Mexicana, que da inicio a sus acciones que tienen como objetivo fortalcer las agendas públicas desde la sociedad civil. Durante el evento estuvieron presentes, ponentes de organizaciones, think tanks y un organismo gubernamental: Centro Mexicana de Derecho Ambiental, Centro de Colaboración Cívica, Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) Fundar, World Wild Fund, Centro Prodh, Bo.Vo. Asesores Integrales y CONABIO.

Desde nuestras miradas, el tema de los megaproyectos como fenómenos que transforman por completo un territorio ya sea urbano o rural, resulta un reflejo de la atrocidad de nuestros tiempos y creo que no faltan razones para creer en ello. Basta poner la lupa en cualquier punto del territorio mexicano para encontrar desastres ecológicos causa del esquizofrénico contraste entre las leyes y la realidad.

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De acuerdo con los especialistas nos enfrentamos a un escenario donde los megaproyectos emergen bajo marcos legales de hace veinte años para satisfacer necesidades que ya no existen, mientras son presentados como necesidades cuando en realidad fomentan la desigualdad. De ahí el llamado a que las luchas no estén aisladas frente a la legalización de lo ilegal de la Reforma Energética que nos condena a la servidumbre legal.

Al respecto, el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, A.C. (CEMDA), habló del caso de la carretera Huejuquilla-Bolaños en la sierra huichola, que atravesó territorios sagrados y fue dejada a medias después de un amparo agrario por violar leyes ambientales interpuesto por la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie.2 Por otra parte, el Centro Pro Derechos Humanos, A.C; fue una muestra de acciones desde las comunidades y sociedad civil que apuestan por las decisiones tomadas desde la información y el consenso, el Buen Vivir y la defensa de los derechos humanos, sobre el mero crecimiento económico para hacer frente a la imposición de los megaproyectos, tal es el caso de Magdalena, Teitipac, pueblo oaxaqueño en lucha contra la minería.3

O bien, en la urgente defensa de líderes comunitarios como Idelfonso Zamora a quién defender el medio ambiente le ha costado su libertad y la vida de uno de sus hijos. Ildefonso Zamora, es un líder indígena tlahuica y protector de los bosques mexicanos, encarcelado injustamente acusado de un delito que no cometió, en venganza por su combate a la tala clandestina en el Estado de México. 4

Sin embargo, también dentro del conversatorio encontramos enfoques de personas con experiencia directa en el trabajo de mediación entre empresas y comunidades. Y hablaban de una mirada a los megaproyectos como una oportunidad para que los pueblos tomen sus propias decisiones (sean buenas o malas), a la vez de ser una alternativa al desarrollo que permita mitigar las condiciones de pobreza y desigualdad que detonan la migración de los jóvenes o su inserción en el narcotráfico, ¿estamos hablando de una oportunidad hacia agendas de convivencia entre visiones de desarrollo?

La problemática es sumamente compleja y nos deja, vale decirlo nuevamente, con más preguntas que respuestas: ¿es posible crear otros modelos de desarrollo social y territorial?, ¿es el emprendimiento social una vía de solución?, ¿existen megaproyectos sustentables?, ¿podemos actuar desde esquemas de gobernanza que integren las diferentes visiones de desarrollo? Sin duda necesitamos más espacios de encuentro y diálogo como este conversatorio para conectar nuestras acciones.

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SostenibilidadMx, impulsada por Telar Social México y Reforestamos México, integrantes de la Red Ambiental Mexicana #RAM, nos facilitan una alternativa que pone en práctica nuevas vías de colaboración, gestión de conocimientos, co-creación y trabajo en red entre las y los ciudadanos. a fin de robustecer la participación y representación ciudadana en la integración de la sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2024, como estrategia la 2050.

Esta nueva plataforma híbrida 3.0 de inteligencia colaborativa, nos invita vislumbrar un México Sostenible, donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas, ante los desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales regionales y globales del Siglo XXI.

Ser conscientes del gran desafío y su problematización hoy en día ya no es suficiente. El desarrollo de sociedades sostenibles, no puede pensarse, sin la gestión de un modelo sistémico, un pensamiento holístico y un sentido de cooperación.

Te invitamos a dialogar,colaborar e incidir a través de www.sostenibilidadmx.org o través de sus redes sociales y el hashtag #SostenibilidadMx.

Monserrat Salazar Gamboa y David Ordaz Bulos

Autor: Red Ambiental Mexicana