Así es el negocio redondo del agua embotellada en México

El agua embotellada daña el medio ambiente y es un negocio fructífero para grandes corporaciones.

Hace un año la noticia de que México se convertía en el primer consumidor de agua embotellada en el mundo sorprendió a muchos (sobre todo por los niveles de pobreza de la población, casi la mitad).  

Unos años antes, la información sobre cómo el consumo del agua embotellada es dañino para el planeta también inundó la red. Una de las principales afectaciones de este consumo es la sobreexplotación de los mantos acuíferos del planeta por parte de empresas transnacionales a precios irracionales en comparación con las ganancias de venta de estas empresas. 

En un reciente artículo para Sinembargo, la reportera Daniela Barragán desglosa cómo es que el negocio del agua embotellada en México comenzó a ser una mina de oro, sobre todo desde los años 90, mayormente para estas cuatro empresas: Coca-Cola, Nestlé, Pepsico y Danone.

Las ventajas

Estas grandes corporaciones obtienen la mejor agua (generalmente la subterránea) a precios ínfimos, pues según expertos como Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, suelen venderla en un precio de hasta 5000% más de lo que la compran al Estado. Además, las concesiones que suelen darles son prolongadas. Es decir, hacen un nutritivo negocio con un recurso nacional casi regalado. 

Las cifras

México es el principal consumidor de agua embotellada en el mundo con 234 litros por persona al año. Acapara el 46% de la distribución total de todo Latinoamérica seguido de Brasil y Argentina. 

Danone, Coca Cola y Pepsico tienen el 82 por ciento del valor del mercado en términos de ventas totales.

Sólo el 15 por ciento de los desechos de PET se recicla, el resto va a la basura y tiene procesos de degradación que duran hasta 100 años.

“Coca-Cola Femsa paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y tan sólo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos.” Alejandro Calvillo. 

Según organizaciones sociales como la Red Ambiental Mexicana o la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la nueva ley de Aguas que propone el presidente actual de México, Enrique Peña Nieto, favorecería aún más este tipo de concesiones al sector privado, por sobre el derecho humano al agua. Por ello  proponen firmar para presionar para que, por primera vez en décadas, el agua no pueda ser un recurso con el que las empresas hacen un negocio, sino más bien un derecho real. 



Hallan microplásticos tóxicos en agua embotellada proveniente de México y otros países

Se encontró que 90% de las botellas tiene estas partículas, que se adhieren al agua que bebemos.

En la actualidad, gran parte del agua que consumimos en áreas urbanas es embotellada. Se trata de una forma de consumir el agua que hace algunas décadas habría sido considerada inútil, pues en muchos países era –y sigue siendo– posible tomar agua del grifo, pues ésta es potable.

Lamentablemente, el agua embotellada se impuso como una necesidad debido, por un lado, a la desinformación, y por el otro, al nulo mantenimiento de las tuberías en muchos países. Es el caso de México, donde el mercado del agua embotellada comenzó en 1991 tras los brotes de cólera que se presentaron en algunas entidades del país, y siguió creciendo debido al temor tanto a las bacterias como a los materiales nocivos con los que se construyeron las tuberías, como el asbesto cancerígeno.

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Resulta paradójico, no obstante, que la solución a los problemas del agua potable sean las botellas de plástico, que además de ser altamente contaminantes, han probado ser sumamente nocivas para la salud humana. A otras investigaciones al respecto se suma un nuevo estudio, realizado por la Universidad Estatal de New York y revisado y sustentado por la World Health Organization, el cual reveló que de 259 botellas de plástico, el 90% contenía pequeñas partículas de plástico.

Las botellas provenían de nueve países: México, EEUU, China, Brasil, India, Indonesia, Líbano, Kenya y Tailandia, y todas eran de marcas bien posicionadas en el mercado.

Los microplásticos son diminutas partículas de plástico desprendido de las botellas. Los investigadores encontraron en promedio 10 de estas partículas por cada litro de agua, y otras 314 partículas que asumen que podrían ser de plástico, pero que no pudieron identificar.

Según los científicos, los microplásticos podrían provenir del proceso de embotellamiento, o incluso desprenderse de las tapas al abrir la botella.

La preocupación principal respecto a estas partículas es que puedan liberar químicos nocivos para la salud y que debido a su tamaño puedan viajar por el tracto gastrointestinal y propagarse en el resto del cuerpo. Incluso, señalan los investigadores, las micropartículas podrían pasar hacia el sistema límbico cerebral y adherirse a los ganglios linfáticos, mismos que pueden desarrollar cáncer.

Ante toda esta evidencia y lo que pudiera descubrirse en un futuro, nuestro papel como consumidores es permanecer atentos. Y sobre todo, no olvidar que el agua potable es un derecho, y que en países como México ningún hogar debería estar comprando la absurda cantidad de mil 500 litros de agua embotellada al año. Es una tarea ciudadana (y necesaria) abogar por óptimas condiciones para beber agua, que no impacten a nuestra salud ni al planeta.



Coca Cola, Pepsi Cola y Danone están acabando con el agua de México

Las empresas internacionales con sedes en México, tales como Coca Cola, Pepsi Cola, Danone y muchas  mineras, gozan de concesiones que les permiten realizar la extracción y la privatización del líquido vital del país. Esto pone en peligro tanto a la biodiversidad como a las comunidades de cada región mexicana, pues las multinacionales violan el derecho humano […]

Las empresas internacionales con sedes en México, tales como Coca Cola, Pepsi Cola, Danone y muchas  mineras, gozan de concesiones que les permiten realizar la extracción y la privatización del líquido vital del país. Esto pone en peligro tanto a la biodiversidad como a las comunidades de cada región mexicana, pues las multinacionales violan el derecho humano al agua al acaparar el 82 por ciento del valor del marcado en términos de ventas totales. 

De acuerdo con un informe presentado a Léo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, existen 101 organizaciones que acaparan dichas ganancias a partir del agua, las cuales “no son reguladas ni fiscalizadas adecuadamente, además de que las concesiones son absolutamente ridículas en relación con las ganancias.”

Por ejemplo, Coca Cola Femsa paga anualmente alrededor de 2 600 pesos por cada una de las seis concesiones de explotación de aguas subterráneas, y con una ganancia de 32 500 millones de pesos. Otro ejemplo es la industria minera que extrae casi 437 millones de metros cúbicos de agua –cantidad con la cual se cubren las necesidades de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit–. Sin olvidar que desde la publicación de la reforma constitucional en materia energética en el 2013, las actividades de exploración y explotación tanto de petróleo como de hidrocarburos  tienen “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”. 

La obstaculización para el cumplimiento del derecho humano al agua implica, de acuerdo con el Informe sobre las violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento, se debe principalmente por el fracking de cada región: “[Se] destaca por la afectación en términos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua, factores indispensables para el cumplimiento del derecho humano al agua” en el marco jurídico, el proceso de privatización, las implicaciones de los megaproyectos y la criminalización de comunidades y personas que defienden sus tierras y el agua. Se indica también que: 

Las empresas mineras gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación beneficien a unos cuantos, y con las reformas a las leyes minera y energética se les otorga carácter de ‘industria de utilidad pública’, con lo que la exploración y extracción de recursos son de interés nacional y orden público, priorizando este uso por encima de cualquier otro.