Motivos por los que Ong´s advierten de una ley que privatizaría el agua en México

Los particulares podrían obtener concesiones por encima de derechos comunitarios, por ejemplo.

En este momento, en México, sus legisladores están discutiendo la Ley General de Aguas. Desde un inicio, cuando el presidente de este país envió la propuesta a la Cámara de Diputados, más de 18 organizaciones como Pronatura y CEMDA han estado exigiendo porque la clase política organice foros públicos para discutir esta ley e incluya las propuestas de los ambientalistas.

Para las organizaciones, la ley tal como es ahora, facilita las concesiones privadas de agua, lo que beneficiaría a las compañías privadas, incluyendo aquellas que hacen fracking (recordemos que la incorporación de esta nociva técnica es una de las novedades incluidas en la Reforma Energética). 

Algunos activistas como Claudia Campero, una conocida especialista en temas del derecho al agua en México, y consultora de Blue Planet Project, han hecho algunas declaraciones a distintos medios de comunicación sobre los diferentes motivos por los que la actual ley que se discute se trata de una medida privatizadora que atenta contra el derecho humano del agua. 

Aquí algunos argumentos: 

  • “Se trata de una legislación que contraviene el derecho al agua y significa “un paso adicional” para beneficiar al sector privado que ha ganado espacio de acción desde 1994.” Claudia Campero, para Animal Político. 
  • Las “causas de utilidad pública” dejan a las comunidades con “menos posibilidades de defensa”. Esto se refiere a los motivos por los que el Estado puede pasar los derechos de uso de agua a otras entidades que no sean las comunidades.
  • Con esta nueva ley “se otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad”.
  • La ley también pretende incentivar que los particulares inviertan en los sistemas de aguas en el país a través de estas disposiciones.
  • Según los expertos, el “trasvase” genera desequilibrios ambientales y resulta ineficiente para los ciudadanos y favorecedor para los particulares. El Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.


Todo lo que debes saber sobre la probable privatización del agua en México

El tema está en la mesa: ¿es viable la privatización? ¿qué significan los decretos firmados? ¿quiénes están tomando acción al respecto?

La seguridad hídrica de México es uno de los temas más importantes en la agenda pública. La desigualdad de ingreso en México se traduce en desigualdad de acceso a un suministro constante y de buena calidad del agua.

Actualmente, la zona centro–norte del país concentra al 27% de la población, genera el 79% del producto interno bruto (PIB) y sólo tiene un 32% de agua renovable.

Según el Consejo Consultivo del Agua, en la zona sur, donde está el 68% del agua del país, se encuentra únicamente el 23% de la población y se genera el 21% del PIB.

A la par, un estudio publicado por el Banco Mundial en el 2013, asegura que el 8.4% de la población del valle de México no tiene acceso al servicio de agua.

Esta población es la más carente de recursos y paga por agua un valor promedio de 20 pesos por un tambo de 200 litros, lo cual corresponde a 14 veces lo que pagan por metro cúbico los usuarios conectados al servicio.

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Sobre la supuesta privatización del agua en México

El tema de la privatización del agua regresó a la discusión pública porque el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos para la Reserva de Agua.

En estos decretos publicados por el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio se elimina la veda que existía en el área del Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, la costa de Jalisco, Ameca, el Pánuco, la Costa Grande de Guerrero, San Fernando y Soto la Marina, y Lerma-Santiago.

Lo anterior implica que 300 cuencas hidrológicas (de las 756 que existen) ya no tendrán el estatus de veda y se convertirán en zonas de reserva.

Según el gobierno, “las vedas son aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad”.

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Sin embargo, en los 10 decretos que se firmaron no se especifica el volumen de agua que se puede usar legalmente (entre otros datos específicos importantes) y esta acción sugiere, según el análisis hecho por Agua para Todos, que estas áreas ahora se pueden utilizar para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua mediante organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país.

 

Las dos versiones del tema (y por qué es un problema) 

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En este tema, el debate está sobre la mesa; por un lado, está la postura del gobierno federal que está siendo respaldada por la WWF México (aquí puedes leer su texto), que se refiere a los decretos como una “decisión histórica [que] protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas”:

El comunicado publicado por la Conagua explica que estos decretos atienden a recomendaciones hechas por organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, de manera que se trata de una medida de “primer mundo” adoptada por México para el cuidado del agua. La Conagua concluye que dichas “reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medioambiente”.

Sin embargo, existen diferentes expertos de la academia (como la ONG Agua para Todos y expertos de la UNAM y la UAM) que cuestionan cabalmente el discurso oficial, de entrada, porque el caso del territorio mexicano es distinto (por ejemplo, hay una gran cantidad de población de comunidades indígenas en áreas de riqueza natural que pueden ser afectadas), y sostienen que al levantar las vedas de las cuencas hidrológicas se vulnera el agua a la privatización a través de las concesiones.

En entrevista para Sin Embargo, los expertos coincidieron en que el problema no es la firma de dichos decretos como tal, sino la posibilidad de que las cuencas queden vulnerables frente a grandes corporaciones como son las refresqueras y cerveceras, y concretamente, expuestas a actividades de minería y fracking. Estas últimas, como ya ha venido padeciendo el país, son algunas de las actividades que más han contribuido a destruir los ecosistemas y el territorio de los pueblos indigenas. 

 

Una apuesta a la solución

Como explica Dossier Político, los expertos señalan que el sistema de concesiones aprobado debe ser reemplazado por uno que asigne los volúmenes ecológicamente aprovechables, que reconozca los derechos de los pueblos indígenas a la administración de las aguas y que establezca los volúmenes requeridos para uso personal-doméstico y servicios públicos para asegurar el acceso equitativo en torno al derecho humano al agua.

La organización Agua para todos explica detalladamente en su página de internet por qué estos decretos son un peligro para México y su recurso vital. Adicional están promoviendo una petición para que se modifiquen los decretos y lograr una mejor Ley General de Aguas.

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Fotografía: © Thor Morales /WWF México

 

El agua en una situación bastante grave

Es un hecho que los decretos privatizadores son contrarios al derecho humano al agua, de los pueblos indios y de los productores de México.

Históricamente, la desigualdad territorial en el acceso al agua se corresponde con el despojo de los territorios indígenas, estrechamente en relación con la construcción de megaproyectos hidráulicos. Un caso son las presas que han desplazado forzosamente a miles de indígenas.

La Ciudad de México y el Estado de México tienen problemas en el suministro de agua porque ha crecido su consumo, pero no ha aumentado el volumen de lo que se obtiene de mantos freáticos y del sistema Cutzamala (que permite transportar este recurso desde Michoacán, pasando por el Edomex, hasta la Zona Metropolitana del Valle de México), según datos de la consultora KPMG.

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Poco a poco, la asignación de grandes volúmenes a las comisiones estatales del agua está convirtiendo las aguas nacionales en ‘aguas estatales’.

¿Quiénes están tomando acción al respecto? Mientras no haya una definición clara, la responsabilidad cae en la ciudadanía. Como usuarios del agua, también hay mucho que se puede hacer.

Por ejemplo, construir recolectores de agua de lluvia para reutilizarla, o desarrollar hábitos cotidianos que realmente hagan la diferencia en el consumo de agua. Pero sobre todo, recordar que tenemos un territorio en común.

Debemos ser guardianes del agua desde todos los flancos posibles. Sin agua, ¿qué otra posibilidad queda?



Botellas de agua vs. Agua del grifo: ¿cuál es la mejor opción para consumir en México?

“La vieja desconfianza y el temor histórico promueven la desinformación sobre el agua potable. Los consumidores no tienen confianza en el agua potable que reciben.”

Cada hogar en México compra alrededor de 1 500 litros de agua embotellada al año, de acuerdo con un estudio realizado en 2016 por la firma Kantar WorldPanel. Esto a pesar de que en el Artículo 115 de la Constitución Mexicana se establezca que “todos los municipios del país están obligados a entregar agua potable”, para beber, bañarse, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Se trata de un negocio multimillonario, la de las aguas embotelladas. A diferencia de lo que sucede en otros países, en donde las botellas de agua son una mercancía gourmet para un estilo de vida, en México se consumen como un artículo básico y de primera necesidad. Pese a que académicos y múltiples organizaciones no gubernamentales explican que los mexicanos no las necesitan. 

De acuerdo con los datos de la revista Forbes México, el negocio de 66 500 millones de pesos anuales comenzó con un brote de cólera en la década de los 90. Fue en el año de 1991 que un mensaje gubernamental informó que la comunidad de San Miguel Totolmaloya, en el Estado de México, reportaba el primer episodio de una epidemia de cólera. Surgió un miedo a enfermarse severamente, pese a que la tasa de mortalidad fue de 0.04 por ciento de cada 100 habitantes y un total de 34 defunciones durante 1991. 

Ahora, tras décadas de ese fenómeno, los mexicanos dejaron de beber agua del grifo: el miedo a enfermarse continúa como una tradición cultural. En vano fueron los mensajes gubernamentales con advertencias para hervir el agua y tomar otras medidas preventivas, como comercializar los primeros garrafones de vidrio con “agua purificada” mediante la marca Electropura –hoy Epura–. En palabras del director del Programa de manejo, uso y reuso del agua –Pumagua– de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM–, “Han convertido el cuidado de la salud en un elemento de venta”, pese a que el 50 por ciento de las muestras de las marcas de botellas de agua que se vendían en la década de los 90, no cumplía con los requerimientos de salud necesarios para su consumo. Por su lado, Raúl Pacheco-Vega, Investigador y catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica –CIDE–, “Se convirtió en la salida fácil. Se incrementaron las campañas de transnacionales, que invirtieron mucho dinero para vender las botellas en México y dar paso al debilitamiento de la infraestructura.”

Por esta razón, empresas como Danone, Coca-Cola y Pepsico concentran ahora el 64 por ciento del mercado nacional que incluye agua gasificada, embotellada y de manantial. Para Pacheco-Vega, una “manera de debilitar al proveedor estatal, y favorecer a las empresas, ha sido a través de la transferencia de recursos de los estados a municipios, donde el dinero no llega y permite a los privados acaparar la demanda que debería aliviar los gobiernos municiales. […] Ha sido una serie de acciones concertadas entre diferentes actores: el gobierno federal, mercadotecnia agresiva de transnacionales, desidia de gobierno y el cambio en los patrones de consumo. La culpa es de varios.” Por ejemplo, en el caso de Coca Cola FEMSA –KOF–, la empresa paga 2 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y obtiene ganancias por 32 000 millones de pesos: “Esta falta de proporción de pago por los derechos de explotación y utilidades revela cómo el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales. Es un círculo vicioso con intereses que se oponen.”

En otras palabras, el agua en México es potable y bebible. Desgraciadamente, “la vieja desconfianza y el temor histórico promueven la desinformación sobre el agua potable. Los consumidores no tienen confianza en el agua potable que reciben.”