¿El fracking está ligado al interés del gobierno mexicano para privatizar el agua?

Un nuevo informe de la Semarnat asegura que el fracking pondrá en competencia el uso del agua entre la población y estas empresas.

Hay quien dice que en la política no existen las coincidencias… Recientemente en México se aprobó una Reforma Energética que privilegia la explotación de hidrocarburos, y en esta ley también se promueve el pernicioso fracking, que hace uso de millones de litros de agua potable para la extracción de gas shale (rompiendo, junto con otros químicos, literalmente las capas de la tierra). 

Luego de la aprobación de esta reforma, que ahora la sociedad civil buscará revocar por anticonstitucional, y que ha llevado su debate hasta la Comisión Interamericana de Derechos humanos, la Nueva ley General de Agua aparece como una adecuación para facilitar el acceso de los intereses de las empresas al agua. 

Distintas organizaciones como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la Red Ambiental Mexicana, o Greenpeace México, han expuesto los motivos por los cuáles esta nueva ley es contraria a los derechos humanos, y los porqués es privatizadora, recordándonos el viejo cuento Ayoreo de la Abuela Grillo, que alude a que la naturaleza no puede poseerse. 

Hace unos días, la institución de gobierno más importante en materia ambiental en México, la SEMARNAT, reconoció en el documento “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Regulación de Hidrocarburos Contenidos en Lutitas” que el método de la fractura hidraúlica puede provocar competencia por el agua, contaminación de los mantos acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, así como pérdida de la biodiversidad” (fragmento retomado por el sitio Sinembargo). 

El siguiente pedazo del informe se relaciona notablemente con la Nueva Ley General de Aguas, pues al privatizarse la explotación del agua, los criterios de abasto responderían a la rentabilidad más que a los derechos humanos. Al aprobarse el fracking, por la cantidad de agua que requiere, se competiría desde el lado empresarial, ineludiblemente, con los recursos disponibles para la población: 

“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”.

En México desde inicios de los años noventa una serie de privatizaciones han seguido una línea de un capitalismo neoliberal que no necesariamente han mejorado las condiciones de la población en general (más de la mitad de la población en este país persiste en las líneas de pobreza), por ejemplo. Así, la privatización del agua sería la culminación de un tipo de pensamiento que apuesta por el libre mercado más allá de cualquier otro criterio, una especie de sinsentido marcado por una avaricia suicida. 

Aquí los motivos, según distintas prestigiadas Ong´s, sobre porqué esta ley sí es privatizadora:

Aquí puedes firmar para evitar la privatización del agua. 

Aquí puedes enterarte de las nuevas acciones para defender el agua.

 

Twitter del autor: @anapauladelatd 



Todo lo que debes saber sobre la probable privatización del agua en México

El tema está en la mesa: ¿es viable la privatización? ¿qué significan los decretos firmados? ¿quiénes están tomando acción al respecto?

La seguridad hídrica de México es uno de los temas más importantes en la agenda pública. La desigualdad de ingreso en México se traduce en desigualdad de acceso a un suministro constante y de buena calidad del agua.

Actualmente, la zona centro–norte del país concentra al 27% de la población, genera el 79% del producto interno bruto (PIB) y sólo tiene un 32% de agua renovable.

Según el Consejo Consultivo del Agua, en la zona sur, donde está el 68% del agua del país, se encuentra únicamente el 23% de la población y se genera el 21% del PIB.

A la par, un estudio publicado por el Banco Mundial en el 2013, asegura que el 8.4% de la población del valle de México no tiene acceso al servicio de agua.

Esta población es la más carente de recursos y paga por agua un valor promedio de 20 pesos por un tambo de 200 litros, lo cual corresponde a 14 veces lo que pagan por metro cúbico los usuarios conectados al servicio.

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Sobre la supuesta privatización del agua en México

El tema de la privatización del agua regresó a la discusión pública porque el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos para la Reserva de Agua.

En estos decretos publicados por el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio se elimina la veda que existía en el área del Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, la costa de Jalisco, Ameca, el Pánuco, la Costa Grande de Guerrero, San Fernando y Soto la Marina, y Lerma-Santiago.

Lo anterior implica que 300 cuencas hidrológicas (de las 756 que existen) ya no tendrán el estatus de veda y se convertirán en zonas de reserva.

Según el gobierno, “las vedas son aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad”.

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Sin embargo, en los 10 decretos que se firmaron no se especifica el volumen de agua que se puede usar legalmente (entre otros datos específicos importantes) y esta acción sugiere, según el análisis hecho por Agua para Todos, que estas áreas ahora se pueden utilizar para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua mediante organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país.

 

Las dos versiones del tema (y por qué es un problema) 

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En este tema, el debate está sobre la mesa; por un lado, está la postura del gobierno federal que está siendo respaldada por la WWF México (aquí puedes leer su texto), que se refiere a los decretos como una “decisión histórica [que] protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas”:

El comunicado publicado por la Conagua explica que estos decretos atienden a recomendaciones hechas por organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, de manera que se trata de una medida de “primer mundo” adoptada por México para el cuidado del agua. La Conagua concluye que dichas “reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medioambiente”.

Sin embargo, existen diferentes expertos de la academia (como la ONG Agua para Todos y expertos de la UNAM y la UAM) que cuestionan cabalmente el discurso oficial, de entrada, porque el caso del territorio mexicano es distinto (por ejemplo, hay una gran cantidad de población de comunidades indígenas en áreas de riqueza natural que pueden ser afectadas), y sostienen que al levantar las vedas de las cuencas hidrológicas se vulnera el agua a la privatización a través de las concesiones.

En entrevista para Sin Embargo, los expertos coincidieron en que el problema no es la firma de dichos decretos como tal, sino la posibilidad de que las cuencas queden vulnerables frente a grandes corporaciones como son las refresqueras y cerveceras, y concretamente, expuestas a actividades de minería y fracking. Estas últimas, como ya ha venido padeciendo el país, son algunas de las actividades que más han contribuido a destruir los ecosistemas y el territorio de los pueblos indigenas. 

 

Una apuesta a la solución

Como explica Dossier Político, los expertos señalan que el sistema de concesiones aprobado debe ser reemplazado por uno que asigne los volúmenes ecológicamente aprovechables, que reconozca los derechos de los pueblos indígenas a la administración de las aguas y que establezca los volúmenes requeridos para uso personal-doméstico y servicios públicos para asegurar el acceso equitativo en torno al derecho humano al agua.

La organización Agua para todos explica detalladamente en su página de internet por qué estos decretos son un peligro para México y su recurso vital. Adicional están promoviendo una petición para que se modifiquen los decretos y lograr una mejor Ley General de Aguas.

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Fotografía: © Thor Morales /WWF México

 

El agua en una situación bastante grave

Es un hecho que los decretos privatizadores son contrarios al derecho humano al agua, de los pueblos indios y de los productores de México.

Históricamente, la desigualdad territorial en el acceso al agua se corresponde con el despojo de los territorios indígenas, estrechamente en relación con la construcción de megaproyectos hidráulicos. Un caso son las presas que han desplazado forzosamente a miles de indígenas.

La Ciudad de México y el Estado de México tienen problemas en el suministro de agua porque ha crecido su consumo, pero no ha aumentado el volumen de lo que se obtiene de mantos freáticos y del sistema Cutzamala (que permite transportar este recurso desde Michoacán, pasando por el Edomex, hasta la Zona Metropolitana del Valle de México), según datos de la consultora KPMG.

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Poco a poco, la asignación de grandes volúmenes a las comisiones estatales del agua está convirtiendo las aguas nacionales en ‘aguas estatales’.

¿Quiénes están tomando acción al respecto? Mientras no haya una definición clara, la responsabilidad cae en la ciudadanía. Como usuarios del agua, también hay mucho que se puede hacer.

Por ejemplo, construir recolectores de agua de lluvia para reutilizarla, o desarrollar hábitos cotidianos que realmente hagan la diferencia en el consumo de agua. Pero sobre todo, recordar que tenemos un territorio en común.

Debemos ser guardianes del agua desde todos los flancos posibles. Sin agua, ¿qué otra posibilidad queda?



4 megacorporaciones petroleras van tras territorios mexicanos

Las cuatro megacorporaciones han comenzado un proceso de precalificación para el concurso de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos por un plazo máximo hasta de medio siglo.

Tóxicos inyectados en el suelo, cantidades descomunales de agua contaminada y desperdiciada, elementos radioactivos y metales pesados liberados desde el subsuelo, liberación de sustancias cancerígenas en el aire, contaminación en el aire, tierra y ganado. Son sólo algunas de las consecuencias del fracking en los mantos friáticos del mundo. 

El fracking de tan sólo un pozo entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo cual supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico –100lts/pers/día– de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Esto genera entonces la disminución de la cantidad de agua disponible, poner en riesgo los ecosistemas y la realización del derecho humano a la alimentación y agua; principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Y pese a que el fracking de PEMEX se redujo considerablemente en el último año, ahora las cuatro megacorporaciones petroleras internacionales –BP, Shell, Chevron y ExxonMobil– buscan regresar a territorios mexicanos. De acuerdo con el periódico nacional La Jornada, las cuatro de las “Siete Hermanas”, junto con Repsol, Statoil y Total, forman parte de las 21 petroleras inscritas para la subasta de 10 bloques en aguas territoriales del Golfo del México. 

 

Las cuatro megacorporaciones han comenzado un proceso de precalificación para el concurso de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos por un plazo máximo hasta de medio siglo. De acuerdo con Comisión Nacional de Hidrocarburo –CNH–, las compañías ganadoras explotarán los yacimientos petroleros a cambio del pago de regalías e impuestos con una tasa máxima predefinida en el contrato.  

Antes de la expropiación petrolera en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, siete compañías extranjeras –cinco estadounidenses y dos británicas– eran propietarias del petróleo mexicano. Entre ellas estaba ESSO –Standard Oil of New Jersey, que eventualmente se convertiría en ExxonMobil–, Royal Dutch Shell, Anglo-Iranian Oil Company –ahora British Petroleum–, Standard Oil of New York –más tarde se cambió al nombre de Mobil– y Standard Oil of California –Chevron–. Con el paso del tiempo, sólo sobrevivieron cuatro de las “Siete Hermanas”, ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell y BP, cuyos capital en conjunto es considerablemente superior a las originales. 

La CNH mencionó que entre los requisitos que tendrán que cubrir las empresas para ser operadoras es contar con un capital contable de por lo menos 2 000 millones de dólares o activos totales con un valor mínimo de 10 000 millones de dólares y una calificación crediticia de grado de inversión emitida durante 2014 o 2015. Sólo de este modo, las empresas podrán tener acceso a la explotación de tierras mexicanas por un periodo máximo de hasta 50 años…

En caso que esto se lleve a cabo, las consecuencias en el medio ambiente serán catastróficas, pues no sólo la contaminación afectaría los ecosistemas de la región, también se reduciría significativamente la biodiversidad con la que coexistimos tanto animales, plantas como humanos…

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*Si te suena, puedes unirte a la campaña contra el fracking acá.