¿Por qué el Acueducto Independencia atenta contra el pueblo yaqui y es nocivo para el medio ambiente?

La sustentabilidad del proyecto es cuestionada, entre otros motivos, por no especificar la cantidad de agua extraída de una cuenca aprovechada por un pueblo milenario: el yaqui

Entre los temas ambientales en México que más han magnetizado la atención colectiva está el Acueducto Independencia, que abastece de agua a la ciudad norteña de Hermosillo, Sonora. Se trata del 2o acueducto más grande de México; sin embargo, su construcción y uso han estado envueltos en polémica, pues el acueducto pasa por sobre la cuenca del río Yaqui. Su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ha sido incluso invalidada por la Suprema Corte de Justicia por sus inconsistencias y su sustentabilidad ha sido cuestionada pues, por ejemplo, se desconoce la cantidad de líquido exacto extraído de la cuenca del Yaqui. 

La historia

Desde 1940 un decreto del presidente Lázaro Cárdenas otorgó, por derechos de territorio, el uso de 50% del agua existente del caudal del río al pueblo yaqui. De esta manera, este grupo  milenario depende férreamente del uso de dicho río para su supervivencia cultural y productiva. 

En 2010 el gobierno de Sonora presentó un proyecto para la construcción del Acueducto Independencia, que transportaría desde el río Yaqui y la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) el trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del río Sonora).

Ante esto, y como muchas luchas sociales colectivas que ahora se llevan a cabo en el terreno judicial, los yaquis interpusieron un amparo que invalidara la autorización del MIA que la autoridad de México en materia ambiental, la SEMARNAT, había aprobado. Así, la Suprema Corte de Justicia anuló ese dudoso estudio de impacto ambiental y ordenó la consulta al pueblo yaqui conforme a estándares internacionales de reconocimiento de los derechos indígenas. 

Sin embargo, organizaciones como el  Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han cuestionado el hecho de que, aunque se invalidó el permiso de la SEMARNAT, la obra sigue operando. Es un acto paradójico: por un lado las autoridades judiciales más importantes del país han reconocido que existen fallas en los estudios de impacto ambiental presentados pero, por otro, ello no ha implicado la detención de la obra. 

El Acueducto Independencia ha despertado una vez más la discusión sobre la polémica antagónica, desde hace un siglo, entre la supuesta modernización o el beneficio de las mayorías a costa de las minorías, y el medio ambiente, un binomio en el que las minorías suelen ser las más perjudicadas en el supuesto “progreso” aunque, de hecho, numerosos pueblos indígenas han probado que tienen mucho mejor comprendido este tema.

Twitter de la autora: @anapauladelatd

 



Un gasoducto afectará el medio ambiente en la Sierra Tarahumara

Existe un plan por construir hasta 10 mil km de gasoductos adicionales a los que ahora están atravesando la sierra.

Foto: La Crónica de Chihuahua

En los próximos años, como parte de la Reforma Energética, el gobierno federal mexicano planea importar millones de litros de gas natural a México proveniente de Estados Unidos.

Violando los derechos de los pueblos originarios (sin consulta previa) el gobierno mexicano autorizó construir a una filial de la empresa canadiense TransCanada Corporation, un ducto de 524 kilómetros para distribuir gas natural desde una central ubicada al sur de la ciudad de Chihuahua  hasta el puerto de Topolobampo, en Sinaloa.

En el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas, firmado por el gobierno mexicano en 1990, este se comprometió a hacer consultas a los pueblos indígenas cuando alguna concesión u obra pública afectara sus territorios. Sin embargo el gasoducto antes mencionado comenzó a construirse sin consulta.

Según una petición de Sin Embargo hecha a la empresa en cuestión, el agua de la zona sufrirá un “incremento de concentración de grasas, aceites y otras sustancias en el suelo”, para lo cual no plantea medidas de mitigación. También, dice el documento elaborado por la empresa, se afectarán, caminos y actividades “rituales o ceremoniales tradicionales”, así como “zonas, estructuras o recursos con valor arqueológico”.

El mismo reporte hecho por el sitio periodístico indica que el gasoducto afectará hasta a 70 pueblos rarámuris entre los que se encuentran San Luis de Majimachi, Pitorreal y Repechique, comunidades que ya interpusieron amparos en contra de este gasoducto.

Recordemos que existen ya casos exitosos de pueblos originarios, que a partir de amparos han conseguido revocar concesiones a poderosas corporaciones como el caso de grupos  mayas en Yucatán, quienes consiguieron revocar los permisos de soya transgénica, sobre todo otorgados a Monsanto.

[SinEmbargo]

 



Más de 70 organizaciones reiteran porqué es ilegal el Acueducto Independencia en México

Aún hoy opera este Acueducto que las mismas autoridades han prohibido; atenta contra los derechos indígenas y el medio ambiente.

La tribu Yaqui es una de las más importantes y numerosas del norte de México, con hasta 32 mil miembros. Desde 1940 el gobierno, del entonces presidente Lázaro Cárdenas, otorgó a esta etnia el 50% del aprovechamiento del agua del río Yaqui. 

Por la falta de abastecimiento de agua, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, anunció una serie de medidas para proveer de esta a la ciudad de Hermosillo: una de ellas el Acueducto Independencia, que aprovecha el agua de la tribu sin que se hubiese aplicado una consulta previa (como marcan los acuerdos internacionales sobre derechos indígenas) .

En el 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país ordenó reponer el proceso por el incumplimiento  de consulta a la Tribu. Sin embargo, hoy continúa operando. No obstante, en 2014 fueron detenidos el vocero de la tribu Mario Luna y Fernando Gutiérrez Jiménez por delitos que no cometieron, advierten organizaciones como Amnistía Internacional.

El Acueducto Independencia no solo representa una flagrante violación a los derechos indígenas, también, conlleva consecuencias serias para el medio ambiente: documentadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, como alteraciones a los patrones hidrológicos de la región y afectaciones negativas a los humedales abastecidos de agua por los ríos que pretenden desviarse.

Hace unos días más de 70 organizaciones sociales firmaron un comunicado para presionar al gobierno, paradójicamente, a que cumpla la ley. El Acueducto Independencia continúa funcionando luego de que se diera a conocer, hace unos meses, que fue encontrada una mega presa construida en el rancho del gobernador con una capacidad de 40 millones de metros cúbicos, además, edificada sin permiso.

Entre las organizaciones firmantes de este comunicado están CEMDA, Fundar, Serapaz, y CMDPDH. La presión debe dirigirse a la Semarnat, para que suspenda la operación del Acueducto, y al gobernador Guillermo Padrés, para que libere a los dos activistas injustamente detenidos.