El saldo ecológico del gobierno de Enrique Peña Nieto es desalentador, según Greenpeace

El crecimiento económico a cualquier costo es la línea irracional que sigue el gobierno para promover sus reformas, advierte la organización

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cumple 2 años en el poder. Sus reformas, según dice él, históricas, 11 de ellas aprobadas en 20 meses, han seguido una línea neoliberal. Es decir, han abierto la competencia a sectores como las telecomunicaciones, pero también a uno especialmente macabro: el energético.

En estos 2 años de gobierno la prensa internacional, de ideología neoliberal, ha aplaudido las reformas, que han sido en general consideradas como negocio de pocos. Especialmente el tema ecológico es amenazado por la Reforma Energética, que es calificada por organizaciones como Greenpeace como destructora de México.

Mientras el presidente enuncia sus logros en su Segundo Informe de Gobierno, Greenpeace envía un comunicado donde describe el saldo funesto para la ecología como efecto de las decisiones tomadas por el gobierno de Peña Nieto.

Describimos algunos de los focos rojos más puntuales. Lo siguiente resulta irónico, pues las reformas se han aprobado en pro de un crecimiento económico que, por cierto, sólo puede ser auténtico a largo plazo si va de la mano con la salud del planeta:

 

  • Mientras el mundo apuesta por la energía limpia, en México se exprimirán más hidrocarburos: un eje fundamental de la Reforma Energética es que, supuestamente, disminuirá el precio de la energía eléctrica si esta se genera a partir del gas natural. Esto es completamente anacrónico, pues en lugar de aprovechar energías limpias como la del Sol o el aire, se está retrocediendo a una práctica que es cada vez más evadida en el mundo, por sus incisivos efectos en el cambio climático.

 

  • Se promueve el pernicioso fracking: a pesar de los argumentos científicos y que en Estados Unidos esta técnica genera cada vez más demandas y comprueba ser un mal negocio, sumándose a ello la contaminación de los mantos freáticos, la propulsión de temblores y el uso de cantidades estratosféricas de agua, el gobierno y los legisladores mexicanos hicieron caso omiso a las advertencias científicas y han aprobado el fracking, que podría ejercerse en al menos 100 municipios de unos siete estados del país.

 

  • Legislación laxa sobre desastres ambientales y apertura a las empresas más oscuras del planeta: todos conocemos los estragos que han causado accidentes internacionales relacionados con el petróleo, como la catástrofe ocurrida en 2010 por British Petroleum, cuando cayeron al mar unos 3 mil 400 millones de litros de dicha sustancia a las aguas del Golfo de México, o en 1990 cuando Exxon Mobil derramó millones de litros en Alaska, sin reconocer su culpabilidad hasta mucho tiempo después. Chevron ha contaminado Ecuador y Shell tiene el descabellado plan de perforar el Ártico, aun cuando el mundo está experimentando un cambio climático por la quema de hidrocarburos. En este contexto, la legislación mexicana trata laxamente a las empresas nacionales que contaminan, como ocurrió recientemente con Grupo México. Imagínate el trato que dará el país a las transnacionales más oscuras; incluso, Peña Nieto ha esquivado abiertamente este tema.

 

  • Peligran las Áreas Naturales Protegidas: aunque el descontento social logró sacar de la posibilidad de explotación de hidrocarburos a las Áreas Naturales Protegidas, sí podrán pasar por ahí ductos de energéticos o instalaciones eléctricas.

 

  • El derecho al agua es un derecho humano irrelevante en México: según estadísticas de Greenpeace, al menos 70% de los ríos en este país están contaminados, sin que se estén tomando medidas sistemáticas y de largo plazo para revertir dicho fenómeno.

 

  • Pérdidas de bosques y selvas: la organización advierte: “La tasa de deforestación en nuestro país se mantiene en cerca de medio millón de hectáreas al año, de acuerdo con datos de la UNAM y el INEGI. Pero México reporta ante la FAO sólo una pérdida anual de 155 mil hectáreas”. Los programas y medidas que anuncia el gobierno en este informe anual, en realidad no tienen repercusiones a largo plazo.

 

 



Green Peace denuncia: con la reforma energética peligran áreas protegidas de México

La iniciativa prioriza la explotación de recursos naturales, con la posibilidad de expropiar tierras, incluyendo las zonas naturales protegidas.

Más allá del nacionalismo, la reforma energética que se promueve en México desde la presidencia, ha sumado el rechazo generalizado. Expertos en la materia no solo advierten que se trata de una reforma que privilegia la quema de hidrocarburos, sino que además, abre la puerta para que zonas comunales y protegidas sean devastadas para la explotación de recursos.

La organización Green Peace recién publicó un comunicado de prensa en el que advierte que las áreas naturales protegidas, podrían dejar de serlo, para explotar hidrocarburos y el agua. Según  Miguel Ángel Soto, vocero de la campaña de Energía de Greenpeace “el artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos señala que las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”,  lo que vulnera la propiedad comunal, ejidal y privada, incluso sobre Áreas Naturales Protegidas. “

También advierte que “La propuesta oficial elimina toda la política de conservación en el país, tanto para las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, como para las estatales y las municipales. “Las empresas productivas del Estado, como las de la iniciativa privada, pueden acabar con la riqueza natural, paisajística y cultural de México” advierte.

Otro de los puntos delicados e indignantes de la iniciativa, es que si los comuneros no desean vender, serán expropiados. También podrán ser pagados en especie, es decir, mediante contratos de trabajo, para convertirse de dueños, a obreros.

 Green Peace está exigiendo a los legisladores “que pongan candados a la legislación con el fin de evitar que se asignen áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de las ANP, impedir que se construya infraestructura para la industria geotérmica y eléctrica dentro de las mismas y prohibir que se establezcan servidumbres para actividades asociadas al sector dentro de las mencionadas zonas”.

Pareciera que la reforma energética es la culminación de una mentalidad que apuesta por la explotación de recursos naturales como panacea de desarrollo (además, promueve el pernicioso fracking). La legislación se está discutiendo justo en el marco del mundial, lo que ha sido criticado por analistas y la sociedad civil, como una evidente estrategia.



Ambientalistas mexicanos denuncian “terrorismo de Estado”

Al menos 11 activistas ambientales fueron asesinados entre 2006 y 2009, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Ambientalistas de Tepoztlán protestan contra la ampliación de la carretera.
(Cortesía de www.tppmexico.org.)

El periodista Fernando Camacho escribe el día de hoy en La Jornada sobre la situación de violencia que desde hace años viven los activistas ambientales en México, los cuales ha sido perseguidos, desaparecidos y asesinados en diferentes casos denunciados incluso frente a comisiones internacionales de derechos humanos.

En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se difundió que entre 2006 y 2009 al menos 11 ambientalistas fueron asesinados en territorio mexicano, a los que siguen sumándose casos como el de Noé Vázquez Ortiz, que tuvo lugar el 2 de agosto pasado.

Campesinos ecologistas como Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel denunciaron también la tortura y encarcelamiento de la que fueron objeto en 1999 por parte de miembros del Ejército Mexicano, y defensores de bosques como Aldo Zamora han desaparecido durante el periodo.

Octavio Rosas Landa, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y académico de la UNAM afirma que “lo que priva en todos estos conflictos es que el gobierno y las empresas llevan a cabo una cuidadosa ingeniería del conflicto antes de que se manifieste cualquier oposición a sus proyectos, para generar rencillas y divisiones y decir que el problema surgió por motivos personales”, de manera que la opinión pública no pueda hacerse una idea clara ni de las demandas de los activistas ni de la manera en que desaparecen. Esta omisión fue caracterizada por el académico como “terrorismo de Estado”.

Francisco Saucedo del colectivo Proclama por el Rescate de la Nación enfatizó que a la violencia se suma la impunidad, y que los ataques contra ambientalistas son sólo un aspecto de la criminalización de la lucha social por parte del Estado mexicano, apoyado por organismos empresariales que buscan explotar desmedidamente el campo, las minas y las playas.

En el contexto de la Reforma Energética promovida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, las organizaciones no gubernamentales y los activistas con menos arrastre mediático están viviendo una situación de terrorismo de Estado por omisión: al igual que los periodistas del país, los ambientalistas se ven sólos frente a la mole de lo que buscan combatir a toda costa.

[La Jornada]