Perú cuenta ahora con “licencia para matar” a manifestantes ambientalistas

La modificación de la ley exonera a policías y soldados en caso de lastimar o matar a civiles.

En junio, Perú vivió momentos de tensión e incertidumbre donde más de 200 manifestantes fueron atacadas por la policía. El conflicto estalló al norte de ese país, después que los grupos indígenas Awajúns y Wampis protestaran pacíficamente en contra de una serie de leyes, las cuales benefician la extracción de recursos naturales en sus territorios para la exportación hacia EE.UU.

En la mañana del 5 de junio, la policía empezó a disparar para desocupar el lugar de los manifestantes que luchaban por sus tierras y el medioambiente. El saldo: 21 policías, cinco civiles indígenas y cinco civiles no-indígenas muertos; y más de 200 heridos, entre los cuales 80 recibieron un disparo.

De acuerdo con la ley no. 30151 de Perú, la cual se promulgó el pasado enero, “los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional quedan exonerados de la responsabilidad criminal si lastiman o matan, ya sea a través de armas fuego u otro medio de defensa, mientras están en turno.” Situación que ha preocupado a los grupos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya que significa que la ley es una licencia para matar.  

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica que la modificación de la legislación consiste en remplazar tres palabras (“en forma reglamentaria”), con otras cinco (“u otro medio de defensa”. Lo que significa que, de acuerdo con las regularizaciones, cualquier soldado o policía puede ahora matar o lastimar a una civil sin la necesidad de un arma:

Seguimos considerando que esta ley es una que permite el uso de las fuerzas armadas así como de la policía nacional para matar. Esto permite un alto nivel de impunidad. Durante la represión de las protestas sociales, los oficiales y soldados que mataron o hirieron a civiles quedan ahora exonerados de la responsabilidad criminal. […] Este exoneración también se aplicará a los policías o soldados quienes, en la lucha en contra del narcoterrorismo, maten accidentalmente a los civiles. […] Es una ley peligrosa y constituye una amenaza para todos. Permite el uso de armas contraviniendo a la ley existente y a los parámetros internacionales tales como el de los Principios de las Naciones Unidas. Esto da a los soldados y a la policía una carte blanche para cometer crímenes con impunidad.

Casi como un regreso a la tiranía, esta ley no sólo permite la muerte impune de civiles, sino también amenazas de violaciones, vigilancia física y electrónica, manipulación de los medios nacionales, la policía actuando como “seguridad privada” para ciertas compañías, la posibilidad de robo o confiscación de objetos, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante protestas o arrestos, la persecución autoritaria bajo los cargos de “rebelión, terrorismo, acoso judicial, violencia, usurpación, allanamiento, desobediencia o resistencia a una orden judicial”, abducción, daños criminales, coerción, entre otros.

Esta situación es evidentemente un atentado contra el derecho humano, el cual debilita la vida de miles de peruanos.

 



Pueblo Wayúu: El Carbón o la Vida

El Celeam, a través de Ana María Llorente Valbuena, nos describe quiénes son el pueblo Wayúu y por qué su situación ecológica es relevante.

Foto:Rpp

Los Wayúu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, sin fecha, p.1).

Los pueblos indígenas y afrocolombianos de La Guajira constituyen aproximadamente el 50% de la población de este departamento. En su mayoría son Wayúus, pero también se encuentran el pueblo Yupka, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo y campesinos colonos. Todos ellos han establecido lazos históricos de carácter económico y cultural con el río Ranchería. De él dependen estas poblaciones para su supervivencia cotidiana, además de mantener un vínculo cultural y espiritual con sus aguas (INDEPAZ, 2013, p.16).

Esta región ha padecido innumerables conflictos socioambientales desde la llegada de la empresa minera Carbones de El Cerrejón, lo que ha originado una metamorfosis territorial, natural y cultural ocasionada por la minería de carbón a cielo abierto, observándose graves alteraciones particularmente en la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas, entre otras problemáticas ambientales como contaminación atmosférica, deforestación, pérdida de biodiversidad; sumado a los inminentes efectos sobre la salud, pérdida del tejido social y costumbres ancestrales de los Wayúu y otras comunidades étnicas de origen afro y campesino.

Screen Shot 2015-08-12 at 10

Ilustración 1. Río Ranchería y vista frontal a la mina El Cerrejón

Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular- Cinep, 2014

Con ocasión del presente documento, se hará una descripción de la delicada situación que los Wayúu padecen por la ausencia de un Estado que garantice el derecho humano al agua, encontrando que el recurso más preciado en la región es escaso y el disponible es demandado en cantidades exorbitantes por la empresa minera. Descrito el problema, se profundizará en la responsabilidad del Estado, que ante la gravedad de la situación parece ajeno a ésta problemática, y su tarea en materia ambiental pareciera beneficiar a aquellos quienes causan graves e irreversibles daños al ambiente y quienes le arrebatan sistemáticamente el territorio a sus pobladores originarios – los Wayúu–.

El río Ranchería es la fuente hídrica más importante del departamento de La Guajira. Esta es una de las regiones más secas de Colombia, de manera que el río cumple una labor fundamental para el desarrollo de la vida. Los habitantes de esta zona utilizan el agua para beber, bañarse, regar sus sembrados, alimentar sus animales; también es un espacio de juego y deporte para los niños, además de ser un lugar pedagógico, pues los menores aprenden allí cuestiones fundamentales para su relación con el entorno, con su historia y con su tradición espiritual (INDEPAZ, 2013, p.16).

De esta corriente hídrica, se abastecen varias comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes localizadas en los municipios de Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Manaure, Maicao, entre otros. Pese a su importancia para la región, el río Ranchería ha sufrido diversas alteraciones en su dinámica natural producto de la explotación desarrollada por El Cerrejón, y por la cantidad significativa de agua que la actividad minera demanda, agua que es extraída tanto del río Ranchería y su acuífero aluvial, como de sus principales tributarios.

Mientras que gran parte del departamento de la Guajira es privado de un recurso vital como el agua, El Cerrejón emplea diariamente grandes cantidades de agua para el desarrollo de su actividad. En La Guajira sólo el 16,3% de la población rural tiene acceso a agua potable y el 83,7% restante se ven obligados a utilizar fuentes de agua contaminadas para el consumo humano, lavandería y el baño, dando lugar a enfermedades graves tales como diarrea, infecciones y erupciones en la piel (Millennium Water Alliance, sin fecha).

Por otro lado, y de acuerdo a la información contenida en la Licencia Ambiental Minera otorgada a El Cerrejón, particularmente lo señalado por Ingetec S.A. (2014), el volumen concesionado para fuentes superficiales (río Ranchería y arroyos tributarios) es de 185 l/s[1]. Los reportes de consumos de agua netos en la mina indican un consumo promedio entre los años 2006 y 2012 de 55,37 l/s, siendo el año 2006 el de mayor consumo con 98,4 l/s.

Sumado a esto, el complejo carbonífero demanda agua proveniente del acuífero aluvial del río Ranchería. La concesión otorga un consumo de 69,4 l/s captado a través de 16 pozos ubicados en la margen derecha del río; el consumo promedio en el periodo comprendido entre 2006 y 2012 entregó un valor de 23,44 l/s, siendo los años 2009 y 2010 los que registraron mayor consumo con 31, 5 l/s cada año. Además, como respuesta a la profundización en los tajos[2], el agua que aflora desde los mantos de carbón es captada a través de pozos de despresurización, el caudal concesionado de agua proveniente de estos pozos es de 250 l/s, y el consumo promedio registrado en el periodo 2007 – 2012 fue de 84, 18 l/s.

En ese sentido, es claro que los recursos hídricos presentes en esta región y que deben ser administrados razonable y equitativamente por el Estado no son de uso prioritario de comunidades, por el contrario, están siendo empleados por esta actividad extractiva sin considerar los daños y pasivos ambientales que se derivan de ésta. No hablamos solo de un conflicto de uso por beneficiar el interés particular sobre el interés colectivo al otorgar concesiones de agua cuya prioridad es la actividad minera, sino se considera dentro de los impactos de esta actividad, la pérdida del recurso hídrico producto de la destrucción de acuíferos, donde la capacidad de almacenamiento y recarga se altera disminuyendo considerablemente la disponibilidad de agua en la región.

Pese a lo anterior, y con los mencionados impactos irreversibles ocasionados por la apertura de los tajos, destruyendo los acuíferos, y la escasez de agua de la región por sus características climáticas, el Estado no entrega una solución de fondo que permita a estas comunidades acceder a este preciado recurso. No obstante, la operadora minera tiene absoluta gobernabilidad sobre el agua, mientras los pobladores luchan por acceder a ella.

Por su parte, los Wayúu se ha visibilizado en las realidades sociales del país apoyados por varias organizaciones civiles y ambientales, que lejos de tener poder de decisión frente a los megaproyectos desarrollados, han llevado la bandera de la defensa y la lucha territorial amparados sobre los derechos constitucionales, Estos ideales, comparten la tesis aportada por Ostrom et al. (2003), que hace alusión al concepto de Capital Social cuya naturaleza lleva intrínseco múltiples formas de defensa contra megaproyectos como la aplicación de normas compartidas, saberes comunes, reglas de uso de los recursos, lo que para el autor se considera como un medio para solucionar problemas de acción colectiva. Ideales éstos que van en contravía a lo afirmado por Crozier (1990) sobre  la organización colectiva vista como un universo de conflicto y de la no unicidad en la consecución de objetivos comunes.

Finalmente, y haciendo alusión a la importancia que revisten las comunidades étnicas en la Constitución Política colombiana, la realidad es otra. Muchas de estas comunidades, localizadas en las regiones más ricas en recursos naturales en el territorio, son elantiejemplo de que el desarrollo de las regiones y sus ciudadanos proviene de la explotación de los recursos que su territorio posee. Más bien, esos mismos recursos que se podrían considerar como un premio de la naturaleza, para estos pobladores se han convertido en un castigo y un riesgo para su supervivencia.

BIBLIOGRAFÍA

Crozier, Michel y Erhard Friedberg (1990). El Actor y el sistema: las restricciones de la acción colectiva. Fondo de Cultura Económica, México.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ-. (2013). El Río Ranchería. Perdido en el Desierto. Bogotá, Colombia.

Ingetec (2014). Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral. Capítulo 3. Descripción Técnico Operativa del Proyecto P40.

Millennium Water Alliance (Sin fecha). Programa Lazos de Agua en Colombia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (Sin fecha). Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Wayúu.

Ministerio de Minas y Energía – MME. (2003). Glosario Técnico Minero. Bogotá, D.C, agosto de 2003. [en línea]:http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


[1] Litros por segundo.

[2] Según (MME, 2003, p. 150), el tajo corresponde a un escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción en las minas a cielo abierto.

 

 

 

 

Por  Ana María Llorente Valbuena

anitallorente@gmail.com

Una colaboración del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

@celeam_latam

Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales


Uno de los últimos pueblos guaraníes canta para llamar nuestra atención sobre la devastación de la selva (VIDEO)

La expansión de la agricultura industrializada, entre otros intereses, ha ido relegando a las comunidades y fulminando la selva Paranense.

Los grupos indígenas de todo el mundo han sufrido una marginación sistemática. Uno podría pensar que el que vivan su cultura en sus tierras quizá sería más que benéfico (para qué necesitan las ideas del consumo occidental). Sin embargo, el mundo tal como lo conocemos no solo los margina de sus posibles efectos positivos, más bien los continúa sometiendo a un desplazamiento que los obliga a dejar sus tierras ancestrales.

Hace unos meses el grupo Lamca Multimedia (Laboratorio Multimedia de Conflictos Ambientales) visitó algunas de las pocas comunidades guaraníes que quedan en la selva Paranaense en Paraguay, Argentina y Brasil, y que por la expansión de la agricultura industrializada, principalmente en estos dos últimos países, han perdido sus tierras, además de que han sido sometidos a divisiones territoriales (fronteras) que no existían para ellos.

Este grupo de canto de la comunidad Yriapú está asentado en las inmediaciones de las cataratas de Iguazú, por lo que sus tierras tienen un alto valor turístico y han sido hostigados durante años. El mismo grupo pidió a Lamca grabar su performance como una manera de hacer llegar al mundo un mensaje que apunta a la existencia de estas comunidades, que fuera de una ideología capitalista, tienen muchas lecciones para enseñarnos.