Minería amenaza suministro de agua de 650,000 personas en Colima, México

En la localidad de Zacualpan, en Colima, una minera pretende explotar el oro de la zona, pero su proyecto amenaza con afectar severamente el suministro de agua potable del lugar.

Un proyecto minero con la concesión federal  pretende realizar extracción de oro a cielo abierto en zonas cercanas los afluentes de los manantiales de Zacualpan, los cuales abastecen de el agua a la ciudad de Colima y Villa de Álvarez.

Cabe señalar que esta comunidad está habitada por los últimos indígenas nahuas de la región, los cuales por mayoría contundente se oponen a el establecimiento de una mina en su territorio ya que conocen el deterioro irreversible que esta traería para su salud y el ambiente en General.

La organización ambiental Bios Iguana encabezada por Gabriel Martínez están en pie de lucha ante los empresarios y transnacionales que quieren violentar los derechos de los indígenas nahuas a que se respete su decisión de no permitir este atropello al derecho que tenemos toda la población a un medio ambiente sano.

Está comprobado en todas partes que la minería convierte paisajes naturales de gran belleza en páramos contaminados que asemejan superficies como la de marte o la luna: un desierto sin vida.

minera

Además del derroche de agua  que se necesita para extraer los minerales de la roca, el agua es mezclada con disolventes tóxicos como cianuro, arsénico y mercurio, todos ellos con comprobados efectos perjudiciales en la salud de cualquier ser vivo.

El escaso seguimiento de las autoridades hacia la normatividad ambiental junto con la corrupción y la situación de ignorancia sobre estos temas convierte a nuestro país en un paraíso para las transnacionales que se dedican a esta actividad utilizando mínimas normas de seguridad y de prevención de desastres.

Agradecemos a Carlos Magaña por proporcionarnos la información y las imágenes.



Botellas de agua vs. Agua del grifo: ¿cuál es la mejor opción para consumir en México?

“La vieja desconfianza y el temor histórico promueven la desinformación sobre el agua potable. Los consumidores no tienen confianza en el agua potable que reciben.”

Cada hogar en México compra alrededor de 1 500 litros de agua embotellada al año, de acuerdo con un estudio realizado en 2016 por la firma Kantar WorldPanel. Esto a pesar de que en el Artículo 115 de la Constitución Mexicana se establezca que “todos los municipios del país están obligados a entregar agua potable”, para beber, bañarse, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Se trata de un negocio multimillonario, la de las aguas embotelladas. A diferencia de lo que sucede en otros países, en donde las botellas de agua son una mercancía gourmet para un estilo de vida, en México se consumen como un artículo básico y de primera necesidad. Pese a que académicos y múltiples organizaciones no gubernamentales explican que los mexicanos no las necesitan. 

De acuerdo con los datos de la revista Forbes México, el negocio de 66 500 millones de pesos anuales comenzó con un brote de cólera en la década de los 90. Fue en el año de 1991 que un mensaje gubernamental informó que la comunidad de San Miguel Totolmaloya, en el Estado de México, reportaba el primer episodio de una epidemia de cólera. Surgió un miedo a enfermarse severamente, pese a que la tasa de mortalidad fue de 0.04 por ciento de cada 100 habitantes y un total de 34 defunciones durante 1991. 

Ahora, tras décadas de ese fenómeno, los mexicanos dejaron de beber agua del grifo: el miedo a enfermarse continúa como una tradición cultural. En vano fueron los mensajes gubernamentales con advertencias para hervir el agua y tomar otras medidas preventivas, como comercializar los primeros garrafones de vidrio con “agua purificada” mediante la marca Electropura –hoy Epura–. En palabras del director del Programa de manejo, uso y reuso del agua –Pumagua– de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM–, “Han convertido el cuidado de la salud en un elemento de venta”, pese a que el 50 por ciento de las muestras de las marcas de botellas de agua que se vendían en la década de los 90, no cumplía con los requerimientos de salud necesarios para su consumo. Por su lado, Raúl Pacheco-Vega, Investigador y catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica –CIDE–, “Se convirtió en la salida fácil. Se incrementaron las campañas de transnacionales, que invirtieron mucho dinero para vender las botellas en México y dar paso al debilitamiento de la infraestructura.”

Por esta razón, empresas como Danone, Coca-Cola y Pepsico concentran ahora el 64 por ciento del mercado nacional que incluye agua gasificada, embotellada y de manantial. Para Pacheco-Vega, una “manera de debilitar al proveedor estatal, y favorecer a las empresas, ha sido a través de la transferencia de recursos de los estados a municipios, donde el dinero no llega y permite a los privados acaparar la demanda que debería aliviar los gobiernos municiales. […] Ha sido una serie de acciones concertadas entre diferentes actores: el gobierno federal, mercadotecnia agresiva de transnacionales, desidia de gobierno y el cambio en los patrones de consumo. La culpa es de varios.” Por ejemplo, en el caso de Coca Cola FEMSA –KOF–, la empresa paga 2 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y obtiene ganancias por 32 000 millones de pesos: “Esta falta de proporción de pago por los derechos de explotación y utilidades revela cómo el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales. Es un círculo vicioso con intereses que se oponen.”

En otras palabras, el agua en México es potable y bebible. Desgraciadamente, “la vieja desconfianza y el temor histórico promueven la desinformación sobre el agua potable. Los consumidores no tienen confianza en el agua potable que reciben.”

 



Comunidades indígenas mayas solicitan a la ONU atender caso de agua contaminada por plaguicidas

Desgraciadamente existe completa omisión en todo el país por parte de las autoridades mexicanas, provocando la negligencia hacia comunidades indígenas en riesgo.

¿Qué información podría recibir el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, el Sr. Léo Heller, sobre los problemas vinculados en torno a la contaminación de los mantos acuíferos en México?

Se supone que el trabajo de un relato “es recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.” Sin embargo, el relator sólo ha recorrido dos de los 32 estados de México, Veracruz y Chiapas. 

Frente a esta situación, Gustavo Huchín, integrante del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu de Indigación, se dirigieron a las oficinas de la ONU para hablar sobre los problemas ambientales que trae consigo la contaminación del agua en el municipio de Hopelchén, Campeche y en la Península de Yucatán. Durante esta junta, se presentaron estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México –EPOMEX– y que estuvieron relacionados con la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo y agua purificada, así como del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas. Esta contaminación se originó por la implementación del modelo de agricultura industrial con un especial énfasis en la siembra de soya transgénica. 

En palabras de Huchín, “Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra de soya transgénica a nivel comercial e industrial.” No obstante existen otras preocupaciones como la sequía en el municipio debido a la deforestación, la pérdida de numerosas colonias de abejas y la ausencia de cosechas en los últimos años. Además, “los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.”

Desgraciadamente existe completa omisión en todo el país por parte de las autoridades, provocando la negligencia hacia comunidades indígenas en riesgo. En palabras del asesor legal del Consejo Maya de los Chenes, Jorge Fernández Mendiburu, existen dependencias –como la CONAGUA– que deberían ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua limpia y libre de contaminantes: “Eso le da insumos al relator para que en su momento haga recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias federales. […] Como realizar exigencias para que el Estado mexicano aplique medidas más estrictas.”

Por su lado, María Colín, abogada de Greenpeace, agrega que debe existir un compromiso y…

una voluntad política por parte de las instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios –COFEPRIS– en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentos –SAGARPA– quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT– que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias; es urgente que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas altamente peligrosos –PAP–, que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas.

El abandono por parte de las autoridades, menciona el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, viola el derecho humano al agua y a la salud de las comunidades indígenas mayas, ya que “pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es uno sólo a interconectado.” En otras palabras, el Estado mexicano “tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frentar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental.”