Asesinados en México más de 20 activistas ambientales desde 2006

Activistas en pro de la conservación del medio ambiente ven peligrar sus vidas frente al avance de las corporaciones forestales y mineras. Esta es una preocupación creciente en el clima de violencia que vive nuestro país.

México es un país rico en biodiversidad y recursos naturales, los cuales se ven amenazados de manera sistemática por el avance de distintas industrias, como la minera o la forestal, además de los intereses del narcotráfico, los cuales dictan qué plantas producen ciertas comunidades. El único contrapeso frente al desinterés o la complicidad de las autoridades es el activismo civil –sin embargo, esta se ha vuelto una peligrosa actividad, la cual ha cobrado las vidas de muchas personas.

Eva Alarcón y Marcial Bautista denunciaron amenazas en su contra por parte de personas no identificadas desde diciembre del año pasado; se encontraban realizando actividades de conservación en las montañas del estado de Guerrero cuando desaparecieron sin dejar rastro. Ellos son sólo dos de los más de 20 defensores del ambiente asesinados durante los últimos seis años en México.

Y es que los activistas “se enfrentan a una mezcla de poderes fácticos y corrupción gubernamental. Si revisamos los casos vemos que son gente que mayoritariamente defiende sus tierras frente a compañías con intereses económicos que compran voluntades políticas”, según Jesús Robles Maloof, abogado especializado en derechos humanos.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que entre 2006 y 2009 al menos once personas fueron asesinadas, entre los que se cuentan casos como el de Aldo Zamora, defensor de los bosques del Estado de México asesinado a golpes por los talamontes, o el de María Edy Fabiola Osorio, activista opositora a la construcción de un muelle en la laguna de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero; en México, enfrentarse a las grandes corporaciones, públicas o privadas, pone en peligro la vida de los activistas.

Desde los manglares en Nayarit hasta la reserva sagrada en el desierto de Wirikuta en San Luis Potosí, al riesgo de la explotación indiscriminada de los recursos naturales se suma el peligro que corren cotidianamente quienes tratan de preservar el patrimonio natural del país. Sin embargo, sin la labor que estos hombres y mujeres realizan cotidianamente, el avance de la tala inmoderada o la minería excesiva sería aún más arrollador.

[El País]



¿Por qué están muriendo tantos defensores ambientales en el mundo?

Proteger al medio ambiente y luchar por la tierra es vital; sin embargo, los ambientalistas se enfrentan, paradójicamente, a la posibilidad de morir por ello.

En los últimos años, la violencia contra los defensores del medio ambiente ha escalado considerablemente. El periódico The Guardian, en un intento por hacer visible esta terrible situación, ha generado un registro en línea en donde da cuenta de todas las muertes ligadas a la defensa del planeta y sus recursos naturales. Según sus estadísticas, es probable que en una sola semana mueran alrededor de cuatro defensores de la tierra.

Diversos países en América Latina se encuentran entre los más peligrosos para los defensores ambientales. La causa principal son las industrias que invierten en megaproyectos de explotación de la tierra. Buscando la conservación ambiental, activistas locales e internacionales realizan acciones pacíficas para llamar la atención de gobiernos y otras instituciones. Además de la protesta, se dedican a documentar lo que ocurre en cada localidad o a intervenir físicamente los espacios, para cerrar el paso a las empresas frecuentemente extranjeras que invaden el territorio.

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Como resultado, reciben amenazas, son víctimas de violencia física e incluso son asesinados. Los gobiernos de muchos de los países afectados no han efectuado acciones concretas para frenar esta situación. En su lugar, las concesiones otorgadas para la explotación desmedida de la tierra se siguen sumando.

La minería es la industria más letal en este sentido (y también de las más dañinas para el medio ambiente), seguida de la explotación forestal, la agricultura comercial, las hidroeléctricas y la caza furtiva. Los países más peligrosos, según The Guardian, son Brasil, Colombia, Filipinas y Honduras. Este último tiene la mayor cantidad de muertes por número total de habitantes. En México, en los últimos tres años, se ha registrado la muerte de más de 20 defensores de la tierra.

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Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada.

Entre ellos se cuenta a Gabriel Ramos Olivera, un guardabosque del parque nacional de Chacahua en Oaxaca. Él fue presuntamente asesinado por cazadores furtivos. Ramos Olivera, era un biólogo dedicado a la protección y conservación de las lagunas encontradas en el parque, en donde habitan tortugas y cocodrilos, ambos en peligro de extinción. También relata The Guardian, el asesinato de Isidro Baldenegro López, campesino tarahumara y protector del bosque. Ganó el premio Goldman por sus campañas pacíficas en contra de la deforestación. La historia de Baldenegro siempre ha estado ligada al activismo medioambiental, pues su padre también fue asesinado por luchar en contra de la explotación forestal de la Sierra Madre de Oaxaca.

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Hacer visibles estas devastadoras historias es mucho más que un homenaje a la vida de los defensores de la tierra: es un llamado a la acción. Este llamado apela a las autoridades, responsables de aplicar estrategias para terminar con la violencia y  parar la impunidad con la que operan las industrias que explotan los recursos naturales; pero también nos habla a todos. La conciencia sobre lo que está ocurriendo en nuestros ecosistemas, nos invita a pensar en los recursos que estamos consumiendo. Cada uno de nosotros puede elegir productos fabricados con materias primas sustentables, extraídas de forma legal y socialmente responsable. Son muchos los que están defendiendo a la tierra, pero desafortunadamente son más los que continúan financiando la violencia que conlleva la explotación desmedida de nuestro entorno.

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También en Ecoosfera: 

Un recuento de activistas ambientales asesinados en América Latina

 

*Imagen principal:  Luis Cortés



Comunidades menonitas deforestan más de 1 440 hectáreas de selva en Quintana Roo, Campeche y Yucatán

Esta no es la primera vez que se realiza una denuncia penal en contra de los menonitas asentados al sur de México: en 2010, fue en Campeche; en 2013 y 2017, en Quintana Roo.

De acuerdo con la data brindada por la Comisión Nacional Forestal –Conafor–, el casi 90 por ciento de la deforestación del país sucede en zonas selváticas, principalmente en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Entre las principales causas de la deforestación en México se encuentra el cambio de uso de suelo en zonas forestales, con el objetivo de dedicarlo a actividades agrícolas, habitaciones o de infraestructura de comunicaciones y servicios. Recientemente, por ejemplo, se anunció que En Bacalar, Quintana Roo, se han apreciado huellas de deforestación: alrededor de 1 440 hectáreas devastadas de la selva mexicana. 

Una parte de la comunidad menonita se ha señalado como responsable de dicha deforestación, los cuales, según la Profepa, realizaron la devastación ambiental sin poseer los permisos correspondientes para cambiar el uso de suelo. Frente a esto, la Profepa presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República –PGR– contra integrantes de la comunidad que se encuentran en el municipio de Bacalar, como San Fernando, El Bajío y Paraíso. 

En palabras de Ignacio Millán, subprocurador de Recursos Naturales de Profepa, “Al haber deforestado las superficies, y por selva, se tipifica como un delito de carácter penal; hasta el momento no han exhibido ningún tipo de autorización.” De este modo que aún se pueda salvar la zona para ayudar a reducir hasta 20 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero –GEI–. 

Esta no es la primera vez que se realiza una denuncia penal en contra de los menonitas asentados al sur de México: en 2010, fue en Campeche; en 2013 y 2017, en Quintana Roo. Estas comunidades utilizan estas tierras para cultivar maíz, soya, entre otros productos, para así venderlos en las regiones locales. 

 

Desde el 2010, la Conafor estableció un esquema, la REDDPLUS, que reduciría la deforestación en distintas zonas de México. Se asumían como “responsables del cambio climático por su manejo forestal, tema que podría convertirse en una forma de cumplir obligaciones ecológicas, y al mismo tiempo impulsar el desarrollo económico.” Por esta razón, cuando numerosas comunidades de diferentes ejidos –salvo la de la comunidad de Salamanca– han deforestado sin permiso de las autoridades, la Conafor ha implementado actividades de planeación, conservación, manejo forestal para preparar tanto a la sociedad como a organismos gubernamentales, realizar arreglos legales y políticas necesarias para fortalecer los esfuerzos en materia de coordinación del cambio climático.