Demanda de mayas en Guatemala contra compañía minera canadiense podría sentar precedente histórico

El atropello de derechos humanos ejercido por compañías transnacionales podría estar a punto de tener un nuevo rostro de responsabilidad jurídica.

hudbay

“Entonces me tumbaron al piso y me arrancaron la ropa. Pensé que sólo uno de ellos iba a violarme, pero los nueve lo hicieron”, declaró Rosa Elbria a la organización de derechos humanos Rights Action. Por esta y al menos otras dos violaciones a derechos humanos, un grupo de indígenas maya quiché han levantado una demanda en Canadá contra HudBay Minerals Inc. en Toronto, en la que buscarían responsabilizar a sus subsidiarias HMI Nickel, Skype Resources y Compañía Guatemalteca de Níquel por una serie de atrocidades.

Y es que poco después del golpe de estado en 1954, el gobierno de Guatemala autorizó a diversas compañías para explotar áreas del territorio que pertenecen históricamente a distintos grupos indígenas.

En octubre del 2011 otras tres demandas fueron realizadas por 13 integrantes de la comunidad de Ocho Lote contra HudBay Minerals. De los demandantes, 11 mujeres afirman que en 2007 (durante una serie de desalojos forzados de la población) ellas fueron violadas por el ejército, oficiales de policía y empleados de seguridad de la compañía minera. La compañía, además de desestimar las declaraciones de los afectados, dijo que el caso debería seguirse según las leyes guatemaltecas, lo cual los exime de facto de cualquier responsabilidad.

El problema es que las demandas de país a país, en materia de derechos humanos, raramente prosperan. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó una demanda similar contra Shell por supuestos abusos de derechos en Nigeria, en base a que Shell no tenía suficientes lazos con Estados Unidos.

El vacío legal que las transnacionales aprovechan existe en la legislación internacional y ha dejado heridas abiertas en distintos países y poblaciones, a pesar de que se han ganado casos como el de Chevron en Ecuador y contra la First Majestic Silver Co., también de origen canadiense, en favor del desierto mexicano de Wirikuta.

La otra razón que vuelve muy importante el caso de los indígenas mayas es que podría sentar un precedente para futuras legislaciones en materia de derechos humanos y responsabilidad corporativa: en febrero pasado, AmnCanada intervino en la corte de su país para afirmar que HudBay era responsable de negligencia en este caso, a pesar de que según las leyes canadienses una compañía matriz no puede ser responsable por las acciones de sus subsidiarias.

“Pienso que es una impresionante victoria para los derechos humanos. Pienso que es histórico”, dijo Murray Klippsenstein, el abogado de los guatemaltecos. “Debería mover el suelo de todas las cortes de Canadá.” Por su parte, la compañía afirma que decidió tomar el caso en sus manos a partir de un análisis de costos, pues creen que es más posible ganar el caso en Canadá; según HudBay, los testimonios de los testigos son débiles o vagos.

Pero Amnistía Internacional de Canadá, quienes apoyan a los demandantes, opina que “las compañías canadienses están bajo la obligación de respetar los derechos humanos donde sea que operen, particularmente si el negocio está operando en una zona de conflicto de alto riesgo, y donde la vida de poblaciones indígenas y su forma de vida está en riesgo.”

Se espera una decisión de la Suprema Corte de Canadá de un momento a otro.

[CorpWatch]



La incansable lucha por la defensa del territorio en Guatemala (o sobre morir defendiendo la vida en la naturaleza)

Latinoamérica disfruta de una amplia riqueza natural, pero sus pueblos resienten la explotación de recursos y deben defender su territorio.

Latinoamérica es un territorio que no siempre permite ser entendido como unidad. Y no es para menos: es muy grande, socialmente diverso, de culturas riquísimas que se ensamblan haciendo uso de símbolos de todo el mundo; su geografía es igualmente variada y, por lo tanto, también su flora y fauna. Pero si hay algo que parece hermanarnos —aunque sea una verdad desafortunada— es la constante lucha que nuestros pueblos indígenas tienen que realizar para defender su territorio.

La riqueza natural que bendice a muchos países de Latinoamérica se ha convertido en arma de doble filo, pues ya no son sus legítimos propietarios los que aprovechan los recursos que la tierra ofrece, sino compañías privadas que, a pesar de que sus actos son injustos y muy perjudiciales, están explotando el ambiente, para su propio beneficio y sin consideración alguna de los habitantes. Lo más grave es que los gobiernos no han puesto límites a la explotación; en algunos casos han solapado acciones terribles, incluso criminales.

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El caso de los habitantes originarios de las colinas del Sur de Guatemala es sólo un ejemplo de este problema social. Esta zona alberga la Mina de Escobal, el tercer mayor depósito de plata en el mundo. Como en otros países Latinoamérica, es una minera canadiense la responsable del despojo de recursos naturales. La actividad minera ha demostrado articular dinámicas sociales muy específicas, sin importar en qué país se está ejecutando. Encima, las consecuencias negativas sobre el ambiente tampoco varían. La minería contamina el agua; daña al suelo, dejándolo infértil y contaminado, y está ligada con la tala. En este sentido las tierras —que originalmente eran bosques, mantos acuíferos, tierras de cultivo o ganadería, viviendas y patrimonio local— se convierten en capital para enriquecer a la industria, y los pueblos indígenas no se benefician de la tremenda derrama económica que reciben los dueños de la minera.

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Alrededor de las mineras en Latinoamérica, muchos de los habitantes que solían ser agricultores y ganaderos, se convierten en activistas ambientales. Pero ese camino es muy arriesgado. Guatemala, por ejemplo, es uno de los países más peligrosos para los ecologistas.

Tahoe Resources, la empresa canadiense que extrae plata de la Mina de Escobal, está ligada con acciones violentas para tratar de frenar al activismo, entre ellas algunas muertes. La extraña colusión de la minera con el gobierno de ese país, sólo ha dejado muy decepcionados a los guatemaltecos. La misma empresa financió la construcción de una comisaría de policía muy cerca de la mina. La justicia no está del lado de los habitantes —rasgo que Guatemala comparte con otras regiones del continente—. Los guatemaltecos han temido el crecimiento de la actividad minera. Afortunadamente, la minera de Tahoe ha sido suspendida recientemente. Pero es imposible saber hacia dónde desarrollará un problema, que se replica en diversos entornos. La lucha activista, que ha encontrado el camino para ser pacífica, puede desembocar en una resistencia armada, si los pueblos indígenas no encuentran opciones.

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El sistema violento que rige este terrible problema social, económico y ambiental es tan arbitrario como el valor de plata. Es decir: la plata no tiene valor por sí misma, somos las personas las que le otorgamos esa fuerza simbólica, anclada a su materialidad, pero que la sobrepasa. Somos nosotros los que hemos dicho que la plata vale tanto como para destruir a una sociedad y al entorno natural que habita. Está en nosotros empezar a desmantelar la corrupción que legitima prácticas como la minería que no es sustentable. Podemos empezar, por ejemplo, haciéndonos responsables de lo que consumimos. Si dejamos de financiar a estas industrias mortales, tal vez se pueda, eventualmente, terminar con ellas.

 

*Imágenes: 1) Carlos Sebastián; 2) Dominio Púbico; 3) Servindi; 4)Giles Clarke



Mineras extranjeras y el crimen organizado: un vínculo que destruye la biodiversidad de México

La minería en México es un problema grave que ha afectado gran parte de la biodiversidad y la supervivencia de varias comunidades en diferentes regiones del país. En más de una ocasión poblaciones indígenas han tenido que abandonar sus tierras pues alguna empresa minera canadiense contaminó la zona volviéndola inhabitable por su toxicidad; y en más […]

La minería en México es un problema grave que ha afectado gran parte de la biodiversidad y la supervivencia de varias comunidades en diferentes regiones del país. En más de una ocasión poblaciones indígenas han tenido que abandonar sus tierras pues alguna empresa minera canadiense contaminó la zona volviéndola inhabitable por su toxicidad; y en más de una ocasión, las comunidades indígenas han dado sus vidas para combatir estas injusticias que arremeten en contra de los derechos humanos. Desgraciadamente, y pese a las advertencias a los gobiernos locales, la invasión de estas empresas extranjeras continúan teniendo lugar en varias regiones de México. 

No sería tan arriesgado sospechar el interés económico que podría implicar la presencia de empresas extranjeras en terrenos nacionales. Pues de hecho, según el director y propietario en jefe de la minera McEwan Mining, Rob McEwen, no se trata de una alianza tan sólo con el gobierno mexicano, también con el crimen organizado. 

En el 2015, la minera El Gallo del centésimo hombre más rico de Canadá sufrió un asalto. Ahí, en la zona serrana de Mocorito, Sinaloa, hubo un robo de 198 kilos de oro –un equivalente a 8.4 millones de dólares–, lo cual se convirtió en el hurto de oro más grande de México y el cuarto más importante registrado en la historia en peso. Frentea este evento, McEwen dio una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, decretando que: “Los cárteles están activos ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos y te dicen: ‘No, pero regresen en un par de semanas y terminamos lo que estamos haciendo.'”

Estalló la polémica. Entonces McEwen se retractó y ofreció disculpas por el mantenido que creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos y un contacto regular con el crimen organizado en su sociedad. Sin embargo, McEwen dejó en claro algo: “la compleja relación que se ha entablado en México entre las empresas mineras y el crimen organizado. Una relación que tiene varias facetas: la abierta colaboración entre ambos negocios, la conversión de narcotraficantes en empresarios del sector, y la extorsión y el robo de los cárteles a las compañías.”

De acuerdo con la investigación del reportero Luis Hernández Navarro, de La Jornada, “los narcotraficantes y mineros comparten territorios y rutas de traslado de su producción”. La mayoría de los depósitos de mineras se encuentran en regiones productoras de amapola y mariguana, en donde albergan ejércitos privados o guardias de seguridad: “En ocasiones, los mineros mantienen relaciones de entendimiento y colaboración con los sicarios que operan en remotas serranías.”

Es decir que los narcos se encargan de limpiar el terreno para que las empresas extraigan los minerales sin importar las comunidades ni habitantes de las zonas; los empresarios cobran a los trabajadores un impuesto de cooperación para tener derecho a laborar en la mina y a los poblados una cuota por las regalías de las minas. Es así que “el crimen organizado ha encontrado en la minería una próspera actividad económica, ya sea para lavar las ganancias producto de la venta de estupefacientes o como una forma de diversificar sus negocios. Obtienen de paso legitimidad social y política.”

Hernández Navarro enlista ejemplos del abuso de poder entre narcos, empresas mineras extranjeras y el gobierno: Los caballeros templarios en Michoacán enviaban a China barcos completos cargados de hierro, y según sus lavadores que fue detenido habían exportado 1.1 millones de toneladas de mineral de hierro a ese país por medio de tres compañías; Los Zetas en Coahuila explotaron pequeñas minas y lavadoras de carbón –las cuales eran, por sí solas, rutas de paso de cocaína hacia EE.UU.– con una ganancia de 22 millones de dólares; entre otras. 

Frente a esto, Hernández Navarro concluye: 

Pero, más allá de las modalidades que asume la compleja y perversa relación entre narcotráfico y compañías mineras, un hecho resulta fundamental: la terrible afectación que las comunidades campesinas en lo general y las indígenas en lo particular padecen a manos de ambas. Sus tierras, territorios y recursos naturales están siendo salvajemente despojados, devastados y explotados por unos y otros. Con la minería y la narcominería los pueblos originarios son víctimas de una nueva colonización.