Nueva York destinó más presupuesto a la lucha contra el terrorismo que a la prevención de desastres naturales

Lejos de carecer de recursos, la ciudad de Nueva York está sufriendo uno de los desastres ambientales más críticos de su historia. ¿Realmente las autoridades estaban preparadas para ello?

Para Nueva York estos días serán algunos de los más críticos en su historia. El huracán Sandy ha azotado sus costas, lo que se traduce en devastación y pérdidas millonarias. ¿Qué tan preparados están los gobiernos de los países y las ciudades para hacer frente a estos fenómenos?

De acuerdo a Douglas Hill, miembro de Storm Surge Research Group de la Universidad Stony Brooke, las autoridades de la ciudad de Nueva York carecen de un sentido de preocupación. “En vez de planificar qué hacer en caso de una inundación”, como dijo Hill, los esfuerzos se deberían en centrar en nuevas tecnologías que prevengan los desastres productos de huracanes, como, por ejemplo, compuertas para impedir el paso del agua hacia la isla.

Una de las preocupaciones que imperan hasta el momento es el Bronx y Sunset Park. Estas zonas de la ciudad cuentan con enormes frentes de agua con plantas de fabricación de productos químicos, centro de almacenamientos de petróleo y estaciones de transferencia de basura. A menos que los materiales estén protegidos, los residentes podrían ser alcanzados por aguas contaminadas por estos productos.

Un estudio del 2004 muestra una posible solución: barreras marinas móviles. Estas podrían construirse las zonas bajas de Manhattan, zona más amenazada por fenómenos como Sandy. Sin embargo, la colocación de este sistema costaría alrededor de unos $10 mil millones de dólares. Aunque, en comparación a los daños a consecuencia de estos fenómenos, esta cantidad no resulta una barbaridad.

Después del 9/11, Nueva York se ha convertido en bunker contra ataques terroristas, incluso sus medidas han atentado contra la libertad de los ciudadanos, pero, por otro lado, está el cambio climático y el ascenso del nivel del mar. ¿Quién realmente se ocupa de ello?

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Por descontento ciudadano, legisladores se retractan de favorecer a las refresqueras en México

Los diputados votaron disminuir un 50% el impuesto de 1 peso por cada litro, pero los senadores revocaron este intento considerado un evidente impulso por favorecer a la industria.

Foto:huffingtonpost.es

La semana pasada el descontento ciudadano, sobre todo en redes sociales, se hizo notable cuando los diputados aprobaron disminuir los impuestos a las bebidas azucaradas en México. Por primera vez, en el último año, había descendido hasta un 6% el consumo de refrescos y bebidas azucaradas en el país, y ello como resultado de un impuesto especial de 1 peso aplicado por cada  litro .

Muchas personas argumentan que este tipo de medidas en realidad no hacen un impacto significativo en la venta y compra de alimentos, sin embargo, las cifras apuntan a que, por primera vez en décadas, no solo dejó de crecer sostenidamente la venta, disminuyó también el consumo.

Por ello, organizaciones sociales como la Alianza por la Salud Alimentaria iniciaron una campaña en contra de la medida para disminuir los impuestos a estas bebida, aprobada sobre todo por diputados del PAN y del PRI. Finalmente, aún pese al enorme poder de estas transnacionales, los senadores decidieron no modificar los impuestos.

Cuando se trata de corporaciones tan poderosas, es muy difícil aplicar medidas en contra de sus ventas, dado el gran poder que tienen y el lobby que hacen con los políticos. Hace un año que comenzó a aplicarse la medida, muchos se sorprendieron, e incluso el impuesto ha sido aplaudido por diarios como The New York Times.

Los argumentos para reducir el impuesto eran en realidad muy débiles, como el del prirista Estefan Chidiac. Según él, al reducir los impuestos, las corporaciones encontrarían incentivos para desarrollar bebidas menos azucaradas.

Desde su implementación se ha demostrado que el impuesto ha tenido un efecto positivo en el consumo de bebidas azucaradas, logrando una disminución en el consumo de estas bebidas en un 6% en promedio en los hogares mexicanos y llegando hasta 12% en diciembre 2014. Según Inegi, el impuesto disminuyó el consumo en alrededor del 7%, ya que indica que el crecimiento anual en estas bebidas venía siendo de 3.4% y se presentó una reducción de 3.8%. – apunta un comunicado de la Alianza por la Salud Alimentaria.

 

Twitter de la autora: @anapauladelatd

 



¿Por qué el Acueducto Independencia atenta contra el pueblo yaqui y es nocivo para el medio ambiente?

La sustentabilidad del proyecto es cuestionada, entre otros motivos, por no especificar la cantidad de agua extraída de una cuenca aprovechada por un pueblo milenario: el yaqui

Entre los temas ambientales en México que más han magnetizado la atención colectiva está el Acueducto Independencia, que abastece de agua a la ciudad norteña de Hermosillo, Sonora. Se trata del 2o acueducto más grande de México; sin embargo, su construcción y uso han estado envueltos en polémica, pues el acueducto pasa por sobre la cuenca del río Yaqui. Su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ha sido incluso invalidada por la Suprema Corte de Justicia por sus inconsistencias y su sustentabilidad ha sido cuestionada pues, por ejemplo, se desconoce la cantidad de líquido exacto extraído de la cuenca del Yaqui. 

La historia

Desde 1940 un decreto del presidente Lázaro Cárdenas otorgó, por derechos de territorio, el uso de 50% del agua existente del caudal del río al pueblo yaqui. De esta manera, este grupo  milenario depende férreamente del uso de dicho río para su supervivencia cultural y productiva. 

En 2010 el gobierno de Sonora presentó un proyecto para la construcción del Acueducto Independencia, que transportaría desde el río Yaqui y la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) el trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del río Sonora).

Ante esto, y como muchas luchas sociales colectivas que ahora se llevan a cabo en el terreno judicial, los yaquis interpusieron un amparo que invalidara la autorización del MIA que la autoridad de México en materia ambiental, la SEMARNAT, había aprobado. Así, la Suprema Corte de Justicia anuló ese dudoso estudio de impacto ambiental y ordenó la consulta al pueblo yaqui conforme a estándares internacionales de reconocimiento de los derechos indígenas. 

Sin embargo, organizaciones como el  Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han cuestionado el hecho de que, aunque se invalidó el permiso de la SEMARNAT, la obra sigue operando. Es un acto paradójico: por un lado las autoridades judiciales más importantes del país han reconocido que existen fallas en los estudios de impacto ambiental presentados pero, por otro, ello no ha implicado la detención de la obra. 

El Acueducto Independencia ha despertado una vez más la discusión sobre la polémica antagónica, desde hace un siglo, entre la supuesta modernización o el beneficio de las mayorías a costa de las minorías, y el medio ambiente, un binomio en el que las minorías suelen ser las más perjudicadas en el supuesto “progreso” aunque, de hecho, numerosos pueblos indígenas han probado que tienen mucho mejor comprendido este tema.

Twitter de la autora: @anapauladelatd