Tecnología renovable: el futuro de la economía mundial

Expertos afirman que el país que lidere la producción mundial de energía renovable, será el líder en la economía mundial.

Tras la gran necesidad por encontrar e implementar nuevas alternativas en energía renovable, los países que poseen las economías más estables se están centrando en conseguirla. Este es el caso de España.

Según la catedrática y experta en el tema, Natalia Fabra, no duda de que en el futuro, el éxito de una economía estará íntimamente ligada al desarrollo sustentable.

Desde hace más de 6 años, en España se ha apostado de manera importante por este tipo de fuentes renovables, lo que ha ayudado a que la economía vaya formando una brecha importante que después los lleve a ser de los líderes de esta producción.Desgraciadamente, el gobierno español ha frenado esto debido a la reciente moratoria para el sector.

Fabra hace hincapié en defender el apoyo a las energías renovables, argumentando que todas estas implementaciones necesitan de continuidad para que alcancen los resultados esperados. Si se llegasen a parar, sería como si nunca hubiesen comenzado. El interés de España en ser líder mundial en esta materia, se debe a que España depende energéticamente 90% del exterior.

Para Fabra, el problema radica en que los gobiernos aún están temerosos de invertir y atraer inversión de este tipo, aun a sabiendas de que el futuro de su economía recae en él. Ella recomienda adentrarse en los mercados internacionales para que las empresas locales sean competitivas a nivel mundial. Desde ahí comienza todo, pero también todo depende de las leyes que regulan todo el entorno, de cómo se utilicen los impuestos y el precio de los servicios por implementar este tipo de energía a nivel local.

 

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El mercado mexicano de carbono, un componente crucial para enfrentar el cambio climático e impulsar la justicia social en México

Es importante impulsar una economía de bajas emisiones en los sectores de energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria; no hacerlo comprometería nuestro desarrollo social y, sobre todo, nuestro medioambiente.

* por Andrés Flores Montalvo

 

La lógica de un sistema de comercio de emisiones de contaminantes es eminentemente económica, ya que con él se busca lograr los objetivos de política ambiental de forma más costo-efectiva. En el caso del dióxido de carbono (CO2), por ejemplo, hace sentido establecer incluso un comercio internacional, siendo que es un contaminante global y que tendría el mismo beneficio ambiental la reducción de 1 tonelada, independientemente de dónde se produzca. Con esa lógica se establecieron los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, como el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), que permiten a países industrializados “comprar” a países en  desarrollo, donde es más barato lograrlas, las reducciones de emisiones necesarias para cumplir con sus metas obligatorias de mitigación.

En el caso de un comercio de emisiones entre empresas, esta lógica prevalece. Aquellas que tengan costos marginales mayores para reducir 1 tonelada de emisiones, dado el estado del arte de su tecnología o su capacidad de inversión, por ejemplo, pueden comprar las reducciones logradas a empresas a las que les resulte más barato mitigar emisiones, y que tengan un excedente por encima de sus propios compromisos de mitigación.

Dependiendo de las reglas del mercado (qué sectores participan; de qué tamaño deben ser sus emisiones; qué porcentaje de sus metas pueden “comprar” contra el que deben lograr internamente) y de los límites (o porcentajes) de reducción de emisiones que se establezcan por sector, el gobierno, como regulador, puede además obtener algunos recursos, por ejemplo si decide cobrar por los derechos de emisión que se comercializarán, o si establecen cuotas de participación para cubrir al menos los costos de administración del sistema de comercio de emisiones. Es posible incluso recaudar fondos para atender  problemáticas sociales u objetivos de protección ambiental.

 

¿Racionalidad económica o argumentos éticos?

A pesar de estas ventajas, no todos están de acuerdo con los instrumentos de mercado como política de combate al cambio climático. En las negociaciones  climáticas multilaterales, algunos países (Bolivia como el caso más notable) se opusieron consistentemente a la inclusión del concepto de “mercados” y a establecer mecanismos de flexibilidad para el cumplimiento de compromisos de mitigación, aduciendo que los países desarrollados, dada su responsabilidad  histórica, debían reducir sus emisiones sin tener que “comprar” reducciones logradas por otros. Sin embargo, el tema se ha mantenido como un punto vigente en la agenda de las negociaciones, bajo el argumento de la lógica  económica de estos mecanismos, y del consenso general respecto a que sería difícil lograr las trayectorias de emisiones que nos pongan en ruta hacia un calentamiento máximo de 2 grados centígrados (y menos hacia 1.5), a  menos de que se le ponga un precio al carbono. En todo caso, al argumento de racionalidad económica se le contrasta con frecuencia con el argumento ético.

En el caso de los entes regulados, en este caso la industria, se esperaría que estuvieran a favor de un sistema de comercio de emisiones, dado que les da flexibilidad para lograr sus metas de reducción de manera más costo-efectiva, fomentando la innovación, e incluso permitiéndoles recibir ingresos adicionales si logran reducciones mayores a sus metas, mismas que pueden comerciar. Con frecuencia esto no ocurre, y en México este ha sido el caso, no necesariamente por oposición a tener una política que les daría  flexibilidad, comparado con la regulación directa, sino por resistencia a asumir metas de reducción de emisiones, del tipo que sea, argumentando que ello afectaría su competitividad frente a otros países.

Por esta razón, y por la dificultad para predecir un resultado final en términos de reducción de emisiones, es importante una fase piloto, en la que puedan afinarse las reglas del mercado. Un elemento adicional para asegurar su efectividad sería poder establecer un mercado que sea lo más sencillo y transparente posible.

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Ilustración: Tskisse Talsma

 

El inmenso mercado chino y el caso de México

En el mundo existen 21 sistemas de comercio de emisiones (SCE) en operación, y hay otros cinco (entre ellos el de México) oficialmente programados. De igual forma, diez gobiernos han manifestado su interés en implementar un SCE, aunque no han dado pasos formales para hacerlo. El diseño de un sistema de comercio de emisiones se hace de acuerdo con las necesidades de la jurisdicción que abarque, y la mayoría de ellos incluye a los sectores industriales y de generación de energía eléctrica. Uno de los mercados de emisiones más grandes a nivel global es el de China, que representa cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. El mercado chino es dos veces más grande que el de la Unión Europea, y casi diez veces mayor que el de California.

En México, el antecedente más importante del mercado de emisiones de carbono data de diciembre de 2017, con la adhesión del gobierno federal a la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, junto con los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y los gobiernos locales de California, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. En la práctica, se ha dado un paso importante con el Registro Nacional de Emisiones (RENE), que establece, además del reporte de emisiones, una opción para que las empresas obligadas se registren de manera voluntaria para la obtención de certificados de mitigación o reducción, provenientes de proyectos y actividades realizados en México. Adicionalmente, se había hecho un ejercicio de mercado de emisiones virtual, en el que algunas de las empresas que reportan al RENE participaron de manera voluntaria.

 

Atrasos e indefiniciones

En 2012 se aprobó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), donde se establece, entre otras cosas, la posibilidad de crear un mercado voluntario de emisiones de carbono. Con las reformas a esta ley publicadas en julio de 2018, esta posibilidad se vuelve una obligación, y se marcan plazos para diseñar e implementar un sistema de comercio de emisiones “de manera gradual y preservando la competitividad de los sectores cubiertos, particularmente aquellos expuestos al comercio internacional”. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de conformidad con esta reforma de ley, tiene 10 meses a partir de su publicación para echar a andar un piloto, cuya duración será de 36 meses. Según lo inicialmente planeado, se esperaba que la fase piloto terminara en agosto de 2021, coincidiendo con el inicio del primer período de compromiso del Acuerdo de París. Sin embargo ello no será posible, ya que como requisito para echar a andar el piloto, que no conlleva costos por derechos de emisión ni penalizaciones por incumplimiento, es necesario emitir un documento con las reglas del mercado (las Bases), cuya consulta pública y publicación se han retrasado, entre otras razones, por el cambio de administración.

Antes de ello, se había ya hecho público un borrador de Bases, en el que se definió que sólo participen en el mercado empresas que emiten más de 100,000 toneladas de CO2 al año. Estas son una pequeña parte de las que reportan al RENE, establecido en 2014, que es obligatorio para instalaciones con emisiones anuales por arriba de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Nótese que el RENE incluye otros GEI, mientras que la fase piloto del mercado sólo al CO2.

Con las reformas a la LGCC se establece, además, que el mercado de emisiones será obligatorio después de la fase piloto, con lo que se busca que contribuya sustancialmente a lograr las metas de reducción de emisiones firmadas por México en el Acuerdo de París, que la propia ley reconoce como obligatorias. Al igual que para la fase piloto, que servirá para probar y pulir sus reglas de operación, la Semarnat será el organismo encargado de publicar las reglas para la entrada oficial del mercado en operaciones formales.

 

Es necesario dar señales claras, y pronto

El Gobierno de México ratificó en diciembre, en la 24ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su compromiso con el Acuerdo de París. Ello implica una reducción sustancial de sus emisiones de GEI, que equivale a “descarbonizar” gradualmente la economía. Para hacerlo, es necesario evolucionar hacia formas de generación de energía más limpias, y a un uso más sustentable de los recursos. Hay muchas maneras posibles para que la política pública pueda incidir en esta transformación, y entre las más costo-efectivas está el poner un precio a las emisiones de carbono, que dé una señal clara para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible y socialmente inclusivo del País. El SCE de México marcará un paso correcto en este sentido.

Las acciones de combate al cambio climático a nivel global, si son lo suficientemente ambiciosas, pueden generar una oportunidad económica de al menos 26 billones de dólares de ahora al 2030, según la Comisión Global de Economía y Clima, que incluye a más de 200 expertos. Para aprovecharla, es importante impulsar una economía de bajas emisiones en al menos los siguientes sectores: energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria. Se requerirá de inversiones y cambios de visión, sin duda, pero no hacerlo no sólo nos dejará fuera en la repartición de estos beneficios, sino que podría también, a la larga, comprometer nuestro desarrollo social y nuestro medioambiente.

 

* Imagen principal: Sierra Juárez, Oaxaca–Chris Ford–Creative Commons

 

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Sobre el autor:

Andrés Flores Montalvo es Director de Cambio Climático y Energía, y tiene a su cargo la coordinación e implementación de la agenda relacionada con estas dos áreas temáticas dentro del programa de trabajo de WRI México. Sus temas de enfoque incluyen la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático, eficiencia energética y fomento a la energía limpia.

Su experiencia profesional incluye más de 12 años ocupando diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), incluyendo la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Política y Economía Ambiental y la Coordinación General de Crecimiento Verde. Fue además Director General Adjunto de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y Coordinador de Proyectos del Centro Mario Molina. En múltiples ocasiones fungió como delegado de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el G20, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Andrés es Economista, graduado con Mención Honorífica de la Facultad de Economía de la UNAM; con Maestría en Economía del ITESM; Maestría en Tecnología Ambiental del Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres, y Doctorado (PhD) en Energía y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ha publicado diversos artículos y capítulos sobre temas relacionados con economía ambiental, cambio climático y la interfaz entre energía y medioambiente.

WRI México
Autor: WRI México
El World Resources Institute es una organización técnica global que convierte las grandes ideas en acciones: establecemos vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano.


La energía eólica en Oaxaca: injusticia social y ambiental

Desigualdad social y efectos al medioambiente en los proyectos eólicos en Oaxaca.

* Por: María del Carmen Monterrosas Mirón

 

La energía renovable no puede ser sustentable si sólo se toma en cuenta el aspecto económico. La Asociación Mexicana en Energía Eólica (AMDEE) reportó que en el 2014 México generaba 2,551 megawatts (MW) y que se espera que entre el 2020 y 2022 sean 15,000 MW; además, menciona que en ese año existían 31 parques eólicos en operación y 1,570 aerogeneradores operando en México.

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Oaxaca posee un potencial eólico de 10,000 MV (AMDEE, 2010) y la capacidad energética de los 27 proyectos eólicos en operación registrados en 2015 fue de 2,359.97 MW (AMDEE, 2015). En contraste, no ha habido un desarrollo social favorable en todo el istmo de Tehuantepec. Los residentes y expertos mencionan que los parques eólicos generan empleos durante su construcción, pero después ya no existen más fuentes de empleo: los que obtienen un beneficio son los dueños de las tierras que las rentan para las empresas eólicas. Además, a los pueblos indígenas no se les consultó sobre el proyecto, por lo que no se cumple con esa obligación, señalada por la Ley de Hidrocarburos del 2014 (Burnett, 2016).

El aprovechamiento de la energía del viento sólo puede ser para unos cuantos, ya que el gobierno, con el fin de incentivar la inversión privada, repartió el territorio del istmo de Tehuantepec entre las empresas y consorcios interesados para evitar que éstos compitieran entre sí e impedir que las comunidades indígenas pudieran llevar a cabo las negociaciones, debido a que entre los inversionistas fijaron los precios por el pago del uso de sus tierras (Von Bertrab, 2016). El presente ensayo examina la desigualdad social y el efecto al medioambiente de la implementación de los proyectos eólicos en el estado de Oaxaca. Se hablará sobre las irregularidades en la implementación de los proyectos eólicos en las comunidades del istmo de Tehuantepec, el impacto social y ambiental en éstas y las agresiones que han enfrentado activistas y pobladores por oponerse a los proyectos. Por último, brindaré mi conclusión respecto de este caso.

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Ninguno de los proyectos considera dotar de energía eléctrica a las poblaciones locales, sino que están concebidos para suministrar la energía generada mediante la red eléctrica nacional. La mayoría se creó conforme al esquema de autoabastecimiento —que surgió en 1992 con la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica (Von Bertrab, 2016)—. El artículo 36 de esta ley considera que las personas físicas o morales y la sociedad generarán energía eléctrica para satisfacer sus necesidades y que no podrán entregarla a terceros, a menos de que haya una autorización de cesión de derechos o una modificación de los planes de expansión. A partir del 2007, se tenía previsto que el proyecto de La Venta II redujera la emisión de 192,545 toneladas de CO2 equivalente durante 7 años de la acreditación inicial; quien compraría Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) sería el Fondo Español de Carbono (Guijarro et al., 2009). 

En el Seminario Internacional sobre Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas “El Istmo en la encrucijada”, llevado a cabo en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el 2013, se realizó una declaratoria respecto a los problemas del despojo del territorio y los recursos naturales por los proyectos eólicos, además de un pronunciamiento en contra de la introducción de semillas genéticamente modificadas que ponen en riesgo el maíz criollo de la región. En la declaratoria se resalta lo siguiente: “no estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del mero lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural”. Los proyectos eólicos han traído mayores problemas sociales que beneficio, puesto que no han sido transparentes en el acceso a la información para los pobladores y han recurrido a la violencia para reprimir la oposición al desarrollo de los mismos. En el proyecto de La Venta II, la empresa trató de forma individual cada contrato, en vez de tratarlo en conjunto con todos los ejidatarios. Los pobladores consideran que se ha fragmentado a la comunidad. Además, se recibían visitas entre tres y cuatro veces a la semana para hablarles de que obtendrían mucho dinero, con el fin de que firmaran sin explicarles todo lo que implicaba el proyecto. Los contratos fueron escritos en español; sin embargo, la mayoría habla zapoteco o es analfabeta. E igualmente, los pobladores indican que no recibieron copia de su contrato, por lo que no conocen los términos del mismo. Se presentaron otras irregularidades, como que la empresa convencía a otra persona de firmar cuando el jefe de la familia se negaba y que los técnicos tomaron medidas en los terrenos sin que hubiera un contrato (Guijarro et al., 2009). Bettina Cruz explica que Mareña Renovables no tomó en cuenta que la comunidad de San Dionisio depende de la pesca artesanal, y agrega que “sólo mediante la siembra del terror en la población se habría logrado imponer tal proyecto”, pues los pobladores y observadores denuncian que Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, envió policías para reprimir a la población bajo las órdenes de la empresa (Von Bertrab, 2016). Lo antes expuesto permite observar que la comunicación sólo se llevó a cabo entre las empresas y el gobierno, por lo que no hubo una evolución de acuerdo con el “modelo de soporte comunitario y acción política con ciencia” propuesto por Reid et al. (2009). Esto representa el primer modelo, ya que mantiene una separación entre la comunidad y las empresas en conjunto con el gobierno. La ciencia y los intereses económicos influyen en la política para facilitar el desarrollo de los proyectos eólicos en Oaxaca. La participación de la comunidad representa un obstáculo, por lo que se emplea la represión y no se hace un proceso claro de negociación de los contratos.

 

Efectos negativos en el medioambiente

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El proyecto de energía eólica en Oaxaca ha ocasionado graves efectos negativos en el medioambiente. El parque eólico de La Venta II provocó la muerte de 9,900 ejemplares de animales (principalmente aves y murciélagos), debido al choque con las aspas de las turbinas aerogeneradoras. Los proyectos eólicos en la Barra de Santa Teresa producirían la perdida de especies acuáticas y aves, lo que implicaría una grave amenaza a la soberanía alimentaria y al sistema productivo de la región. Entre otras afectaciones, está la contaminación de los suelos, ríos, lagunas y acuíferos provocada por el derrame de aceites de las turbinas, la acumulación de los residuos de la construcción de los parques, la erosión del suelo, la pérdida de la vegetación, la contaminación sonora electromagnética por el gran número de aerogeneradores funcionando al mismo tiempo, la contaminación visual y la afectación al paisaje (SIPAZ, 2013).

Cash et al. (2002) sugieren tres funciones para la gestión de los límites en los sistemas de desarrollo sustentable: comunicación, traducción y mediación. Estas funciones no fueron tomadas en cuenta, en razón de los intereses económicos de los consorcios energéticos y sus aliados políticos. Entre las acciones que se omitieron está, por una parte, la existencia de líneas claras de responsabilidad y rendición de cuentas. Asimismo, proporcionar un foro en donde la información fuera coproducida junto con los habitantes, ya que no hubo una comunicación abierta entre el gobierno, los inversionistas y la comunidad; los primeros no brindaron información adaptada a la lengua nativa (zapoteco) ni comprensible a todos, lo que refleja que las negociaciones sobre la explotación del potencial energético del viento de la región sólo fueron hechas entre el gobierno y los inversionistas, para que los segundos obtengan beneficios sin importar la participación de los habitantes.

En conclusión, la energía eólica no es sustentable, debido a que responde a los intereses económicos de los consorcios empresariales apoyados por los políticos, no toma en cuenta evitar lo más posible el daño al medioambiente ni respeta los derechos humanos de las comunidades, pues se emplea la violencia para mantenerlos callados. Una energía no puede ser sustentable si no va a la par con la justicia social y si genera daños graves al medioambiente.

 

* Bibliografía

AMDEE. El viento en números. Recuperado de: amdee.org.

AMDEE (2015). Oaxaca. Recuperado de: amdee.org.

Burnett, V. (1 de agosto del 2016). Los parques eólicos generan prosperidad en Oaxaca, pero no para todos. New York Times. Recuperado de: New York Times.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. (11 de agosto del 2014). Ley del servicio público de energía eléctrica. Recuperado de: diputados.gob.mx.

Cash, D.W. et al. (2003). Knowledge systems for sustainable development. PNAS Early Edition.

Declaratoria El Istmo en la encrucijada. Seminario Internacional Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas. (26 a 28 de julio del 2013). Recuperado de: educaoaxaca.org.

Guijarro, A., Lumbreras, J., Habert, J., Guereña, A. (2009). Impacto de los proyectos MDL sobre el desarrollo humano. Análisis de experiencias en Marruecos, Guatemala y México. Oxfam Intermón. 

Reid, R. S. et al. (2009). Evolution of models to support community and policy action with science: Balancing pastoral livehoods and wildlife conservation in savannas of East Africa. PNAS Early Edition.

SIPAZ (3 de septiembre del 2013). Enfoque: Impactos y afectaciones de los proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Recuperado de: sipaz.org

Von Bertrab, E. (1 de abril del 2016). Energía eólica: la lucha por el viento en México. MAGIS. Recuperado de: magia.iteso.mx.

México Sostenible
Autor: México Sostenible
Somos una organización de jóvenes comprometidos con la conservación de la riqueza natural y cultural del país. Integramos un equipo interdisciplinario capaz de analizar diferentes temas de la agenda ambiental, con el fin de generar acciones para fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático e incentivar su desarrollo sostenible.