Pronunciamiento del Movimiento Mundial de los Pueblos

Pronunciamiento del Movimiento Mundial de los Pueblos, que reclama un involucramiento directo en las negociaciones sobre cambio climático en Naciones Unidas. las descisiones que sean tomadas al respecto impactarán en forma directa y contundente la vida de la población mundial y en especial la cotidianedad de los publos que son quienes mayor contacto tienen con […]

Pronunciamiento del Movimiento Mundial de los Pueblos, que reclama un involucramiento directo en las negociaciones sobre cambio climático en Naciones Unidas. las descisiones que sean tomadas al respecto impactarán en forma directa y contundente la vida de la población mundial y en especial la cotidianedad de los publos que son quienes mayor contacto tienen con los recursos naturales al mantener una milenaria relación con las fuerzas de la madre naturaleza.

Exigimos un proceso incluyente, transparente y equitativo, “que incorpore las propuestas de los pueblos que han sido presentadas como resultado de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Para adherirse a este llamado puede hacerlo mediante el sitio web: http://www.thepetitionsite.com/1/movement-for-mother-earth y apoyar con su firma para que las voces de nuestros pueblos sean escuchadas.”

Texto Oficial de negociación de la CMNUCC ignora las soluciones de la Conferencia Mundial de los Pueblos


En abril de 2010 más de 35.000 personas de 140 países se reunieron en Cochabamba, Bolivia y desarrollaron el histórico Acuerdo de los Pueblos, un documento basado en el consenso, que refleja las soluciones sustanciosas a la crisis climática. Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, participamos y/o apoyamos este proceso histórico.Como reflejo de las voces de la sociedad civil global y los acuerdos alcanzados en 17 grupos de trabajo, el Estado Plurinacional de Bolivia hizo una propuesta oficial, compuesta por los componentes centrales del Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba, al  Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo (GTE-CLP) en el marco del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde entonces, el acuerdo ha ganado el apoyo y el reconocimiento de diversas naciones y organismos regionales como el ALBA (Alianza Bolivariana de Nuestra América) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).

Por consiguiente, nos preocupa profundamente que el nuevo texto propuesto en el GTE-CLP como base para negociaciones climáticas no refleja ninguna de las principales conclusiones alcanzadas en Cochabamba.

El Presidente y el Vicepresidente del GTE-CLP (de Zimbabwe y los Estados Unidos, respectivamente) han incorporado en su lugar, todas las propuestas del Acuerdo de Copenhague, que ni siquiera tiene el consenso de las Naciones Unidas.

Instamos a la CMNUCC a adoptar las conclusiones alcanzadas por los movimientos sociales, pueblos indígenas y sociedad civil internacional en Cochabamba. Es a la vez antidemocrático y poco transparente excluir determinadas propuestas de las negociaciones, y es imperativo que las Naciones Unidas escuche a la comunidad mundial sobre este problema crítico para la humanidad.

Hacemos un llamado a todos los países de las Naciones Unidas y, en particular al Presidente y el Vicepresidente del GTE-CLP, a fin de incluir las conclusiones fundamentales del Acuerdo de los Pueblos en las negociaciones en el periodo previo a Cancún. Estas propuestas de preservación de la vida y la tierra incluyen:

1. Una reducción del 50% de las emisiones internas de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados para el periodo 2013-2017 en virtud del Protocolo de Kioto, a nivel nacional y sin depender de los mecanismos de mercado.

2. El objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a 300 ppm.

3. La necesidad de iniciar el proceso de considerar la propuesta de Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

4. La obligación de los países desarrollados a que honren su deuda climática hacia los países en desarrollo y a nuestra Madre Tierra.

5. El suministro de recursos financieros equivalente al 6% del PIB de los países desarrollados para ayudar a enfrentar la crisis del cambio climático.

6. La creación de un mecanismo para la gestión integral y la conservación de los bosques que, a diferencia de REDD-plus, respete la soberanía de los Estados, garantice los derechos y participación de los pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques, y no este basado en el régimen del mercado de carbono.

7. La implementación de medidas para reconocer los derechos de los pueblos indígenas deben ser garantizados de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los instrumentos y acuerdos universales de derechos humanos. Esto incluye el respeto por los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas, sus derechos a las tierras, territorios y recursos, y su participación plena y efectiva, con su consentimiento libre, previo e informado.

8. El incentivar los modelos de producción agrícola que sean ambientalmente sostenibles y que garanticen la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos indígenas y los pequeños agricultores.

9. La protección y el reconocimiento de los derechos y necesidades de los migrantes forzados por causas climáticas.

10. La promoción de la conformación de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental y Climática.

11. La consideración de un Referéndum Mundial sobre el Cambio Climático que permita al pueblo decidir que se hará sobre este problema, que es de vital importancia para el futuro de la humanidad y la Madre Tierra.

Exigimos que las conclusiones establecidas por Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que protegen la vida y la Madre Tierra, sean incorporadas al texto de negociación durante las negociaciones en Bonn, Alemania, del 31 Mayo al 11 Junio  2010.

No puede haber un proceso de negociación equitativa, transparente e incluyente, ni verdaderas soluciones a la urgencia de la crisis climática, si el texto de negociación del GTE-CLP ignora las voces de los pueblos del mundo cuyos negociadores deberían representar.



El mercado mexicano de carbono, un componente crucial para enfrentar el cambio climático e impulsar la justicia social en México

Es importante impulsar una economía de bajas emisiones en los sectores de energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria; no hacerlo comprometería nuestro desarrollo social y, sobre todo, nuestro medioambiente.

* por Andrés Flores Montalvo

 

La lógica de un sistema de comercio de emisiones de contaminantes es eminentemente económica, ya que con él se busca lograr los objetivos de política ambiental de forma más costo-efectiva. En el caso del dióxido de carbono (CO2), por ejemplo, hace sentido establecer incluso un comercio internacional, siendo que es un contaminante global y que tendría el mismo beneficio ambiental la reducción de 1 tonelada, independientemente de dónde se produzca. Con esa lógica se establecieron los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, como el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), que permiten a países industrializados “comprar” a países en  desarrollo, donde es más barato lograrlas, las reducciones de emisiones necesarias para cumplir con sus metas obligatorias de mitigación.

En el caso de un comercio de emisiones entre empresas, esta lógica prevalece. Aquellas que tengan costos marginales mayores para reducir 1 tonelada de emisiones, dado el estado del arte de su tecnología o su capacidad de inversión, por ejemplo, pueden comprar las reducciones logradas a empresas a las que les resulte más barato mitigar emisiones, y que tengan un excedente por encima de sus propios compromisos de mitigación.

Dependiendo de las reglas del mercado (qué sectores participan; de qué tamaño deben ser sus emisiones; qué porcentaje de sus metas pueden “comprar” contra el que deben lograr internamente) y de los límites (o porcentajes) de reducción de emisiones que se establezcan por sector, el gobierno, como regulador, puede además obtener algunos recursos, por ejemplo si decide cobrar por los derechos de emisión que se comercializarán, o si establecen cuotas de participación para cubrir al menos los costos de administración del sistema de comercio de emisiones. Es posible incluso recaudar fondos para atender  problemáticas sociales u objetivos de protección ambiental.

 

¿Racionalidad económica o argumentos éticos?

A pesar de estas ventajas, no todos están de acuerdo con los instrumentos de mercado como política de combate al cambio climático. En las negociaciones  climáticas multilaterales, algunos países (Bolivia como el caso más notable) se opusieron consistentemente a la inclusión del concepto de “mercados” y a establecer mecanismos de flexibilidad para el cumplimiento de compromisos de mitigación, aduciendo que los países desarrollados, dada su responsabilidad  histórica, debían reducir sus emisiones sin tener que “comprar” reducciones logradas por otros. Sin embargo, el tema se ha mantenido como un punto vigente en la agenda de las negociaciones, bajo el argumento de la lógica  económica de estos mecanismos, y del consenso general respecto a que sería difícil lograr las trayectorias de emisiones que nos pongan en ruta hacia un calentamiento máximo de 2 grados centígrados (y menos hacia 1.5), a  menos de que se le ponga un precio al carbono. En todo caso, al argumento de racionalidad económica se le contrasta con frecuencia con el argumento ético.

En el caso de los entes regulados, en este caso la industria, se esperaría que estuvieran a favor de un sistema de comercio de emisiones, dado que les da flexibilidad para lograr sus metas de reducción de manera más costo-efectiva, fomentando la innovación, e incluso permitiéndoles recibir ingresos adicionales si logran reducciones mayores a sus metas, mismas que pueden comerciar. Con frecuencia esto no ocurre, y en México este ha sido el caso, no necesariamente por oposición a tener una política que les daría  flexibilidad, comparado con la regulación directa, sino por resistencia a asumir metas de reducción de emisiones, del tipo que sea, argumentando que ello afectaría su competitividad frente a otros países.

Por esta razón, y por la dificultad para predecir un resultado final en términos de reducción de emisiones, es importante una fase piloto, en la que puedan afinarse las reglas del mercado. Un elemento adicional para asegurar su efectividad sería poder establecer un mercado que sea lo más sencillo y transparente posible.

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Ilustración: Tskisse Talsma

 

El inmenso mercado chino y el caso de México

En el mundo existen 21 sistemas de comercio de emisiones (SCE) en operación, y hay otros cinco (entre ellos el de México) oficialmente programados. De igual forma, diez gobiernos han manifestado su interés en implementar un SCE, aunque no han dado pasos formales para hacerlo. El diseño de un sistema de comercio de emisiones se hace de acuerdo con las necesidades de la jurisdicción que abarque, y la mayoría de ellos incluye a los sectores industriales y de generación de energía eléctrica. Uno de los mercados de emisiones más grandes a nivel global es el de China, que representa cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial. El mercado chino es dos veces más grande que el de la Unión Europea, y casi diez veces mayor que el de California.

En México, el antecedente más importante del mercado de emisiones de carbono data de diciembre de 2017, con la adhesión del gobierno federal a la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, junto con los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile y los gobiernos locales de California, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. En la práctica, se ha dado un paso importante con el Registro Nacional de Emisiones (RENE), que establece, además del reporte de emisiones, una opción para que las empresas obligadas se registren de manera voluntaria para la obtención de certificados de mitigación o reducción, provenientes de proyectos y actividades realizados en México. Adicionalmente, se había hecho un ejercicio de mercado de emisiones virtual, en el que algunas de las empresas que reportan al RENE participaron de manera voluntaria.

 

Atrasos e indefiniciones

En 2012 se aprobó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), donde se establece, entre otras cosas, la posibilidad de crear un mercado voluntario de emisiones de carbono. Con las reformas a esta ley publicadas en julio de 2018, esta posibilidad se vuelve una obligación, y se marcan plazos para diseñar e implementar un sistema de comercio de emisiones “de manera gradual y preservando la competitividad de los sectores cubiertos, particularmente aquellos expuestos al comercio internacional”. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de conformidad con esta reforma de ley, tiene 10 meses a partir de su publicación para echar a andar un piloto, cuya duración será de 36 meses. Según lo inicialmente planeado, se esperaba que la fase piloto terminara en agosto de 2021, coincidiendo con el inicio del primer período de compromiso del Acuerdo de París. Sin embargo ello no será posible, ya que como requisito para echar a andar el piloto, que no conlleva costos por derechos de emisión ni penalizaciones por incumplimiento, es necesario emitir un documento con las reglas del mercado (las Bases), cuya consulta pública y publicación se han retrasado, entre otras razones, por el cambio de administración.

Antes de ello, se había ya hecho público un borrador de Bases, en el que se definió que sólo participen en el mercado empresas que emiten más de 100,000 toneladas de CO2 al año. Estas son una pequeña parte de las que reportan al RENE, establecido en 2014, que es obligatorio para instalaciones con emisiones anuales por arriba de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). Nótese que el RENE incluye otros GEI, mientras que la fase piloto del mercado sólo al CO2.

Con las reformas a la LGCC se establece, además, que el mercado de emisiones será obligatorio después de la fase piloto, con lo que se busca que contribuya sustancialmente a lograr las metas de reducción de emisiones firmadas por México en el Acuerdo de París, que la propia ley reconoce como obligatorias. Al igual que para la fase piloto, que servirá para probar y pulir sus reglas de operación, la Semarnat será el organismo encargado de publicar las reglas para la entrada oficial del mercado en operaciones formales.

 

Es necesario dar señales claras, y pronto

El Gobierno de México ratificó en diciembre, en la 24ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su compromiso con el Acuerdo de París. Ello implica una reducción sustancial de sus emisiones de GEI, que equivale a “descarbonizar” gradualmente la economía. Para hacerlo, es necesario evolucionar hacia formas de generación de energía más limpias, y a un uso más sustentable de los recursos. Hay muchas maneras posibles para que la política pública pueda incidir en esta transformación, y entre las más costo-efectivas está el poner un precio a las emisiones de carbono, que dé una señal clara para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible y socialmente inclusivo del País. El SCE de México marcará un paso correcto en este sentido.

Las acciones de combate al cambio climático a nivel global, si son lo suficientemente ambiciosas, pueden generar una oportunidad económica de al menos 26 billones de dólares de ahora al 2030, según la Comisión Global de Economía y Clima, que incluye a más de 200 expertos. Para aprovecharla, es importante impulsar una economía de bajas emisiones en al menos los siguientes sectores: energía, ciudades, alimentación, uso de suelo, agua e industria. Se requerirá de inversiones y cambios de visión, sin duda, pero no hacerlo no sólo nos dejará fuera en la repartición de estos beneficios, sino que podría también, a la larga, comprometer nuestro desarrollo social y nuestro medioambiente.

 

* Imagen principal: Sierra Juárez, Oaxaca–Chris Ford–Creative Commons

 

 

Sobre el autor:

Andrés Flores Montalvo es Director de Cambio Climático y Energía, y tiene a su cargo la coordinación e implementación de la agenda relacionada con estas dos áreas temáticas dentro del programa de trabajo de WRI México. Sus temas de enfoque incluyen la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático, eficiencia energética y fomento a la energía limpia.

Su experiencia profesional incluye más de 12 años ocupando diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), incluyendo la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Política y Economía Ambiental y la Coordinación General de Crecimiento Verde. Fue además Director General Adjunto de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y Coordinador de Proyectos del Centro Mario Molina. En múltiples ocasiones fungió como delegado de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el G20, y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Andrés es Economista, graduado con Mención Honorífica de la Facultad de Economía de la UNAM; con Maestría en Economía del ITESM; Maestría en Tecnología Ambiental del Colegio Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres, y Doctorado (PhD) en Energía y Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ha publicado diversos artículos y capítulos sobre temas relacionados con economía ambiental, cambio climático y la interfaz entre energía y medioambiente.

WRI México
Autor: WRI México
El World Resources Institute es una organización técnica global que convierte las grandes ideas en acciones: establecemos vínculos entre la conservación del medio ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano.