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La incansable lucha por la defensa del territorio en Guatemala (o sobre morir defendiendo la vida en la naturaleza)

Latinoamérica es un territorio que no siempre permite ser entendido como unidad. Y no es para menos: es muy grande, socialmente diverso, de culturas riquísimas que se ensamblan haciendo uso de símbolos de todo el mundo; su geografía es igualmente variada y, por lo tanto, también su flora y fauna. Pero si hay algo que parece hermanarnos —aunque sea una verdad desafortunada— es la constante lucha que nuestros pueblos indígenas tienen que realizar para defender su territorio.

La riqueza natural que bendice a muchos países de Latinoamérica se ha convertido en arma de doble filo, pues ya no son sus legítimos propietarios los que aprovechan los recursos que la tierra ofrece, sino compañías privadas que, a pesar de que sus actos son injustos y muy perjudiciales, están explotando el ambiente, para su propio beneficio y sin consideración alguna de los habitantes. Lo más grave es que los gobiernos no han puesto límites a la explotación; en algunos casos han solapado acciones terribles, incluso criminales.

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El caso de los habitantes originarios de las colinas del Sur de Guatemala es sólo un ejemplo de este problema social. Esta zona alberga la Mina de Escobal, el tercer mayor depósito de plata en el mundo. Como en otros países Latinoamérica, es una minera canadiense la responsable del despojo de recursos naturales. La actividad minera ha demostrado articular dinámicas sociales muy específicas, sin importar en qué país se está ejecutando. Encima, las consecuencias negativas sobre el ambiente tampoco varían. La minería contamina el agua; daña al suelo, dejándolo infértil y contaminado, y está ligada con la tala. En este sentido las tierras —que originalmente eran bosques, mantos acuíferos, tierras de cultivo o ganadería, viviendas y patrimonio local— se convierten en capital para enriquecer a la industria, y los pueblos indígenas no se benefician de la tremenda derrama económica que reciben los dueños de la minera.

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Alrededor de las mineras en Latinoamérica, muchos de los habitantes que solían ser agricultores y ganaderos, se convierten en activistas ambientales. Pero ese camino es muy arriesgado. Guatemala, por ejemplo, es uno de los países más peligrosos para los ecologistas.

Tahoe Resources, la empresa canadiense que extrae plata de la Mina de Escobal, está ligada con acciones violentas para tratar de frenar al activismo, entre ellas algunas muertes. La extraña colusión de la minera con el gobierno de ese país, sólo ha dejado muy decepcionados a los guatemaltecos. La misma empresa financió la construcción de una comisaría de policía muy cerca de la mina. La justicia no está del lado de los habitantes —rasgo que Guatemala comparte con otras regiones del continente—. Los guatemaltecos han temido el crecimiento de la actividad minera. Afortunadamente, la minera de Tahoe ha sido suspendida recientemente. Pero es imposible saber hacia dónde desarrollará un problema, que se replica en diversos entornos. La lucha activista, que ha encontrado el camino para ser pacífica, puede desembocar en una resistencia armada, si los pueblos indígenas no encuentran opciones.

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El sistema violento que rige este terrible problema social, económico y ambiental es tan arbitrario como el valor de plata. Es decir: la plata no tiene valor por sí misma, somos las personas las que le otorgamos esa fuerza simbólica, anclada a su materialidad, pero que la sobrepasa. Somos nosotros los que hemos dicho que la plata vale tanto como para destruir a una sociedad y al entorno natural que habita. Está en nosotros empezar a desmantelar la corrupción que legitima prácticas como la minería que no es sustentable. Podemos empezar, por ejemplo, haciéndonos responsables de lo que consumimos. Si dejamos de financiar a estas industrias mortales, tal vez se pueda, eventualmente, terminar con ellas.

 

*Imágenes: 1) Carlos Sebastián; 2) Dominio Púbico; 3) Servindi; 4)Giles Clarke

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