Coca Cola, Pepsi Cola y Danone: están acabando con la agua de México

Las empresas internacionales con sedes en México, tales como Coca Cola, Pepsi Cola, Danone y unas mineras, gozan de concesiones que les permiten realizar la extracción y la privatización del líquido vital del país. Esto pone en peligro tanto a la biodiversidad como a las comunidades de cada región mexicana, pues las multinacionales violan el derecho humano […]

Las empresas internacionales con sedes en México, tales como Coca Cola, Pepsi Cola, Danone y unas mineras, gozan de concesiones que les permiten realizar la extracción y la privatización del líquido vital del país. Esto pone en peligro tanto a la biodiversidad como a las comunidades de cada región mexicana, pues las multinacionales violan el derecho humano al agua al acaparar el 82 por ciento del valor del marcado en términos de ventas totales. 

De acuerdo con un informe presentado a Léo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, existen 101 organizaciones que acaparan dichas ganancias a partir del agua, las cuales “no son reguladas ni fiscalizadas adecuadamente, además de que las concesiones son absolutamente ridículas en relación con las ganancias.”

Por ejemplo, Coca Cola Femsa paga anualmente alrededor de 2 600 pesos por cada una de las seis concesiones de explotación de aguas subterráneas, y con una ganancia de 32 500 millones de pesos. Otro ejemplo es la industria minera que extrae casi 437 millones de metros cúbicos de agua –cantidad con la cual se cubren las necesidades de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit–. Sin olvidar que desde la publicación de la reforma constitucional en materia energética en el 2013, las actividades de exploración y explotación tanto de petróleo como de hidrocarburos  tienen “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”. 

La obstaculización para el cumplimiento del derecho humano al agua implica, de acuerdo con el Informe sobre las violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento, se debe principalmente por el fracking de cada región: “[Se] destaca por la afectación en términos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua, factores indispensables para el cumplimiento del derecho humano al agua” en el marco jurídico, el proceso de privatización, las implicaciones de los megaproyectos y la criminalización de comunidades y personas que defienden sus tierras y el agua. Se indica también que: 

Las empresas mineras gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación beneficien a unos cuantos, y con las reformas a las leyes minera y energética se les otorga carácter de ‘industria de utilidad pública’, con lo que la exploración y extracción de recursos son de interés nacional y orden público, priorizando este uso por encima de cualquier otro.



Comunidades indígenas mayas solicitan a la ONU atender caso de agua contaminada por plaguicidas

Desgraciadamente existe completa omisión en todo el país por parte de las autoridades mexicanas, provocando la negligencia hacia comunidades indígenas en riesgo.

¿Qué información podría recibir el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, el Sr. Léo Heller, sobre los problemas vinculados en torno a la contaminación de los mantos acuíferos en México?

Se supone que el trabajo de un relato “es recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.” Sin embargo, el relator sólo ha recorrido dos de los 32 estados de México, Veracruz y Chiapas. 

Frente a esta situación, Gustavo Huchín, integrante del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu de Indigación, se dirigieron a las oficinas de la ONU para hablar sobre los problemas ambientales que trae consigo la contaminación del agua en el municipio de Hopelchén, Campeche y en la Península de Yucatán. Durante esta junta, se presentaron estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México –EPOMEX– y que estuvieron relacionados con la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo y agua purificada, así como del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas. Esta contaminación se originó por la implementación del modelo de agricultura industrial con un especial énfasis en la siembra de soya transgénica. 

En palabras de Huchín, “Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra de soya transgénica a nivel comercial e industrial.” No obstante existen otras preocupaciones como la sequía en el municipio debido a la deforestación, la pérdida de numerosas colonias de abejas y la ausencia de cosechas en los últimos años. Además, “los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.”

Desgraciadamente existe completa omisión en todo el país por parte de las autoridades, provocando la negligencia hacia comunidades indígenas en riesgo. En palabras del asesor legal del Consejo Maya de los Chenes, Jorge Fernández Mendiburu, existen dependencias –como la CONAGUA– que deberían ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua limpia y libre de contaminantes: “Eso le da insumos al relator para que en su momento haga recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias federales. […] Como realizar exigencias para que el Estado mexicano aplique medidas más estrictas.”

Por su lado, María Colín, abogada de Greenpeace, agrega que debe existir un compromiso y…

una voluntad política por parte de las instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios –COFEPRIS– en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentos –SAGARPA– quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT– que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias; es urgente que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas altamente peligrosos –PAP–, que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas.

El abandono por parte de las autoridades, menciona el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, viola el derecho humano al agua y a la salud de las comunidades indígenas mayas, ya que “pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es uno sólo a interconectado.” En otras palabras, el Estado mexicano “tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frentar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental.”

 



Esto fue lo que se encontró en 15 000 muestras de agua de la Ciudad de México

Pese a ser Patrimonio cultural del mundo por la UNESCO, Xochimilco guarda en sus aguas residuos de suciedad, toxicidad y putrefacción.

¿Qué tan limpia es el agua de la Ciudad de México? A simple vista comienzan a surgir dudas. 

¿Cuán contaminada se encuentra el agua de la Ciudad de México? El arquitecto Elias Cattan, presidente de la firma arquitectónica Taller 13, desarrolló un proyecto para tratar de responder a esta pregunta. Con la inquietud de desarrollar un método de limpieza acuífera para la capital del país, Cattan y su equipo comenzó a cuantificar la calidad del agua en la región. Para lograrlo, se dirigió a los canales de Xochimilco y recolectó muestras de sus aguas con los restos de alcohol, comida chatarra y residuos de las fiestas portátiles que suceden a diario. 

Pese a ser Patrimonio cultural del mundo por la UNESCO, Xochimilco guarda en sus aguas residuos de suciedad, toxicidad y putrefacción. Después de recuperar algunas muestras del agua, Cattan encontró pequeñas partículas que se retuercen entre el líquido fangoso, restos de algas color neón y pedazos de basura. Sorprendentemente este sitio no fue el único que mostró muestras con estas características: otra docena de lugares de la zona metropolitana también contaban con aspectos muy similares. En total, unas 15 000 muestras de toda la ciudad. 

Para Cattan, “El sistema acuífero de la Ciudad de México va en contra de su propio funcionamiento en esencia. La ciudad se está deshidratando a sí misma. Estamos mezclando nuestra agua con desperdicios tóxicos y luego bombéandolos a través de una red compleja de pipas. Y sucede algo similar como cuando el ser humano está deshidratado, la Ciudad de México tiene diarrea.”

Incluso agrega que ha sido histórica la nociva administración del agua en la ciudad: si bien al principio, previo a la conquista española, las comunidades indígenas mantenían una vínculo especial con el agua, en la actualidad se lleva una relación complicada y desaprovechada. El mal uso del agua comenzó con la llegada de los españoles: “Los primeros colonos llegaron de climas áridos, por lo que no sabían qué hacer con el agua. Y en vez de vivir con ella, decidieron ‘conquistarla’.” El resultado fueron más de 500 años de aniquilación del agua: el desarrollo de un sistema acuífero en el que no sólo se desaprovechaba el agua, también se contaminaba con los deshechos y la suciedad de la población. 

De acuerdo con su investigación, cerca de 1/4 del agua disponible se escapa por las fallas de pipas provocando escasez de este recurso natural en regiones rurales; por ejemplo, en las zonas más marginalizadas llega a suceder que no hay agua durante un mes y cuando la hay, tiene tintes verdosos y olores desagradables. E incluso, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México encontraron un mayor número de casos de enfermedades relacionados con agua en malas condiciones que en otras regiones del mundo. 

Sin embargo, afirma Cattan, la Ciudad de México no tiene que continuar viviendo esta realidad: pese a la devaluadora corrupción que habita en la capital mexicana, existen numerosas formas de enfrentar esta crisis de agua. Y todo comienza por la toma de consciencia de los habitantes mediante la educación y campañas ambientales. El objetivo es que una vez que las personas estén conscientes de la importancia de sus acciones diarias en el agua que beben, promover una “declaración del agua” ante el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo una renovación de la administración acuífera del país. Para Cattan, el daño hecho es aún reversible. 



¡Excelentes noticias! Cuetzalan prohibe la entrada a PEMEX para fracking

“No se dará ningún tipo de permiso para exploración o extracción de minerales”, sentenció el edil del municipio de la región de Cuetzalan del Progreso, en Puebla.

Imagen principal: http://www.wikipuebla.poblanerias.com/

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan –POET– ha prohibido a Petróleos Mexicanos –PEMEX– la actividad de exploración y producción de hidrocarburos –fracking– en este territorio poblano. En especial después de que PEMEX solicitó autorización ambiental del Proyecto Regional Petrolero Poza Rica –Alta Mira y Aceite Terciario del Golfo 2013-2035, para extraer minerales de los territorios que componen la región de Cuetzalan.  

POET fungió entonces como un instrumento legalmente normativo, fundado por la paraestatal en el Manifiesto de Impacto Ambiental –MIA–, publicado en la Gaceta Ecológica en marzo 2016 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat–, para regular las actividades de fracking por parte de PEMEX. 

Según MIA, el proyecto de PEMEX es continuidad del “Proyecto Integral Activo Poza Rica 2001–2016” y del “Proyecto Zona Norte de Chicontepec”, autorizados por la dependencia federal de manera condicionada en 2002 y 2005 respectivamente. El proyecto refiere la intención de explotar y explotar pozos de gas natural no convencional, lo que implica su extracción a través de la técnica de fracking, sin mencionar las coordenadas precisas de dichos puntos. Además traza un polígono de 2 235 224.15 hectáreas entre Hidalgo, Veracruz y Puebla, sobre 99  municipios –entre ellos, Cuetzalan–, para realizar diversas actividades vinculadas a la exploración y producción de hidrocarburos y gas natural. Frente a esto, PEMEX estima que sólo se estaría afectando 16 436.9 hectáreas de suelo; sin embargo, se desconocen las áreas puntuales a afectar a través de las obras. 

El texto fue enviado al presidente del municipio, el panista Óscar Paula Cruz; y su respuesta fue la siguiente.  

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[…] El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos en yacimientos de lutitas, pizarra o esquisto que se realiza a partir de la inyección de un fluido (agua con una mezcla de más 700 sustancias químicas altamente tóxicas) a alta presión con el propósito, de fracturar la roca impermeable en que se encuentran los hidrocarburos.

[…] En la MIA se hace mención del vínculo del proyecto con instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables. Refiere al artículo 133 Constitucional para mencionar que el proyecto acatará en todas y cada una de sus etapas los tratados y convenios internacionales en materia ambiental y demás aplicables en los cuales México sea participe, pero no hace mención de la reforma al artículo Segundo Constitucional hecha en 2011, en la que se privilegia el cumplimiento de los tratados firmados por México relacionados a Derechos Humanos. 

[…] Es de destacarse que la paraestatal reconozca la importancia de velar por el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, sin embargo la manera en que plantea resolver sus indicaciones violenta al propio Convenio, pues menciona que el promovente (Pemex) es la obligada a realizar la consulta a los pueblos indígenas, lo cual viola los procedimientos de consulta que establecen que es obligación del Estado (no de una empresa, aunque sea paraestatal), el consultar a los pueblos indígenas, de manera libre, previa e informada.

[…] El estudio se refiere a varios planes de desarrollo estatales y municipales para justificar su armonía con el proyecto. El empleo y el desarrollo económico son los argumentos centrales para evidenciar coadyuvancia del proyecto con la región. Pero esto no ocurre así en la realidad para el fracking, técnica que ha presentado una seria oposición, sobre todo por sus efectos nocivos para la naturaleza y la población, pero también por sus adversos efectos económicos. Algunos de estos daños ya han sido bastante documentados, entre los que se reportan el agotamiento o contaminación de los acuíferos, lo cual es saldado por los pueblos y comunidades que ven violado su Derecho Humano al Agua. Al verse contaminada el agua, la salud de la población se ve vulnerada. La disposición inadecuada de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero son otros de los costos que la industria no absorbe. 

[…] Es de hacer notar que la MIA presentada por Pemex enumera Ordenamientos Ecológicos Territoriales involucrados en el desarrollo del proyecto, dentro de los cuales ubica al General del Territorio, de la Cuenca del Río Bobos y del Río Tuxpan, el Ordenamiento Ecológico Territorial de Puebla e Hidalgo y el Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan. Este último representa un importante elemento de análisis. La MIA reconoce que el Ordenamiento Ecológico de Cuetzalan, establece lineamientos y restricciones permitiendo únicamente la microindustria y pequeña industria, lo que es retomado de los criterios de regulación ecológica, que aplican al sector industria, artesanía y comercio.

El documento presenta un mapa en el que se evidencian las zonas que Pemex pretende utilizar y cómo el polígono correspondiente a Cuetzalan. […] El mapa anterior muestra un análisis realizado por el promovente sobre los ordenamientos vigentes, que expresa áreas geográficas que restringen la actividad propia del proyecto. Nótese el señalamiento para todo el polígono de Cuetzalan. El ordenamiento citado por la propia paraestatal es contundente en la prohibición de cualquier actividad del proyecto, por lo cual debería estar ausente del polígono de Pemex Exploración y Producción. En resumen, el cambio de uso de suelo y los permisos para exploración de hidrocarburos, no pueden realizarse en el municipio de Cuetzalan del Progreso. Es por esto que resulta indispensable que las autoridades municipales y los habitantes conozcan y comprendan la problemática expresada. Pero además, es importante entender que el territorio municipal de Cuetzalan es un componente de una multiplicidad de territorios de carácter geográfico, hidrológico, social y ambiental, de los cuales depende para que sus habitantes gocen de un bienestar colectivo. Esto indica que el impacto de las obras es de carácter regional, y aunque no realice ninguna acción dentro del municipio de Cuetzalan, no significa que evite su afectación. Ante ello, el COTIC ha ingresado una solicitud ante la Semarnat para una reunión pública informativa del proyecto.

El tema es preocupante, efectivamente, porque estos proyectos no benefician a la población porque son monopolios, son grupos que desgraciadamente lo único que buscan es un beneficio, es enriquecerse: el más rico más rico y el más pobre mucho más pobres. Estos proyectos nunca van a ayudarnos. Si bien es cierto que dicen que van a industrializar y van a hacer que tengamos mayores recursos, más empleos y oportunidades de trabajo, desgraciadamente en la práctica acabarían con el poco medio ambiente que aún nos queda, y ese es un tema que nosotros lo entendemos perfectamente.

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Por estas razones, tanto el edil del municipio y el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan –COTIC–, se manifestaron en contra de la apertura de una mina del grupo Autlán – en la región de la Sierra Nororiental poblana. En consecuencia, “no se dará ningún tipo de permiso para exploración o extracción de minerales”. Esto propone defender los recursos naturales y de salud de los habitantes de la región de Cuetzalan del Progreso y Tlatlauquitepec, perjudicados o amenazados por las compañías mineras. 



4 megacorporaciones petroleras van tras territorios mexicanos

Las cuatro megacorporaciones han comenzado un proceso de precalificación para el concurso de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos por un plazo máximo hasta de medio siglo.

Tóxicos inyectados en el suelo, cantidades descomunales de agua contaminada y desperdiciada, elementos radioactivos y metales pesados liberados desde el subsuelo, liberación de sustancias cancerígenas en el aire, contaminación en el aire, tierra y ganado. Son sólo algunas de las consecuencias del fracking en los mantos friáticos del mundo. 

El fracking de tan sólo un pozo entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo cual supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico –100lts/pers/día– de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Esto genera entonces la disminución de la cantidad de agua disponible, poner en riesgo los ecosistemas y la realización del derecho humano a la alimentación y agua; principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Y pese a que el fracking de PEMEX se redujo considerablemente en el último año, ahora las cuatro megacorporaciones petroleras internacionales –BP, Shell, Chevron y ExxonMobil– buscan regresar a territorios mexicanos. De acuerdo con el periódico nacional La Jornada, las cuatro de las “Siete Hermanas”, junto con Repsol, Statoil y Total, forman parte de las 21 petroleras inscritas para la subasta de 10 bloques en aguas territoriales del Golfo del México. 

 

Las cuatro megacorporaciones han comenzado un proceso de precalificación para el concurso de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos por un plazo máximo hasta de medio siglo. De acuerdo con Comisión Nacional de Hidrocarburo –CNH–, las compañías ganadoras explotarán los yacimientos petroleros a cambio del pago de regalías e impuestos con una tasa máxima predefinida en el contrato.  

Antes de la expropiación petrolera en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, siete compañías extranjeras –cinco estadounidenses y dos británicas– eran propietarias del petróleo mexicano. Entre ellas estaba ESSO –Standard Oil of New Jersey, que eventualmente se convertiría en ExxonMobil–, Royal Dutch Shell, Anglo-Iranian Oil Company –ahora British Petroleum–, Standard Oil of New York –más tarde se cambió al nombre de Mobil– y Standard Oil of California –Chevron–. Con el paso del tiempo, sólo sobrevivieron cuatro de las “Siete Hermanas”, ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell y BP, cuyos capital en conjunto es considerablemente superior a las originales. 

La CNH mencionó que entre los requisitos que tendrán que cubrir las empresas para ser operadoras es contar con un capital contable de por lo menos 2 000 millones de dólares o activos totales con un valor mínimo de 10 000 millones de dólares y una calificación crediticia de grado de inversión emitida durante 2014 o 2015. Sólo de este modo, las empresas podrán tener acceso a la explotación de tierras mexicanas por un periodo máximo de hasta 50 años…

En caso que esto se lleve a cabo, las consecuencias en el medio ambiente serán catastróficas, pues no sólo la contaminación afectaría los ecosistemas de la región, también se reduciría significativamente la biodiversidad con la que coexistimos tanto animales, plantas como humanos…

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*Si te suena, puedes unirte a la campaña contra el fracking acá.



Mexicanos exigen que PEMEX retire proyectos de fracking

Beatriz Olivera, académica integrante de la AMCF, sentencia que “apostar al fracking es irresponsable”.

El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica que además de permitir la extracción de gas y petróleo del subsuelo, también provoca un impacto negativo en el medio ambiente. Desde 1947, los proyectos petroleros han hecho 2,5 millones de fracturas en pozos en todo el mundo –entre ellos, un millón en EE.UU.–, lo cual ha resultado en una serie de consecuencias y problemas en el planeta.

Las consecuencias más reconocidas del fracking es la contaminación de acuíferos, el aumento en el consumo de agua, la contaminación de la atmósfera, la contaminación sonora, la migración de los gases y los productos químicos hacia la superficie, la contaminación en la superficie debido a los vertidos, los efectos en la salud de los habitantes cerca de las fracturas en pozos, y el incremento en la actividad sísmica debido a la inyección profunda de fluidos relacionados con este procedimiento.

La fracturación de tan sólo un pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, y en México eso supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico –100lts/pers/día– de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Esto generaría entonces la disminución de la cantidad de agua disponible, poner en riesgo los ecosistemas y la realización del derecho humano a la alimentación y al agua; principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por esta razón, la Alianza Mexicana contra el Fracking –AMCF– criticó los permisos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos –CNH– otorgó a Petróleos Mexicanos –PEMEX– para abrir tres campos exploratorios en donde se usará esta técnica hidráulica.

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Las 43 organizaciones que forman la AMCF reprocharon la determinación avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos –ASEA–, a pesar de las múltiples advertencias de la sociedad civil y académica asociadas con las afectaciones sociales y ambientales. Pues los campos afectarán las zonas de la sierra norte de Tamaulipas –El Semillal– y los alrededores de la ciudad de Poza Rica, Veracruz –Maxóchitl y Kaneni–, en donde se disminuirá significativamente el acceso al agua.  Además que aumentará el volumen de emisiones de metano en la atmósfera, afectará la calidad de salud de la población al entrar en contacto con las sustancias contaminantes asociadas con esta práctica y se elevará el riesgo de sismos a partir de la disposición de aguas residuales.

Por esta razón la AMCF exigió al gobierno federal que se retiren los permisos, contratos y asignaciones otorgados para la explotación de hidrocarburos en yacimientos de lutitas. De modo que se solicitó la reapertura del debate legislativo sobre la prohibición del fracking y así elaborar planes sectoriales multianuales que procuren una transición efectiva hacia una economía independiente de los hidrocarburos. Beatriz Olivera, académica integrante de la AMCF, sentencia que “apostar al fracking es irresponsable”.

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*Si te suena, puedes unirte a la campaña contra el fracking acá.

[La Jornada]

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