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Coca Cola, Pepsi Cola y Danone: están acabando con la agua de México

Las empresas internacionales con sedes en México, tales como Coca Cola, Pepsi Cola, Danone y unas mineras, gozan de concesiones que les permiten realizar la extracción y la privatización del líquido vital del país. Esto pone en peligro tanto a la biodiversidad como a las comunidades de cada región mexicana, pues las multinacionales violan el derecho humano al agua al acaparar el 82 por ciento del valor del marcado en términos de ventas totales. 

De acuerdo con un informe presentado a Léo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, existen 101 organizaciones que acaparan dichas ganancias a partir del agua, las cuales “no son reguladas ni fiscalizadas adecuadamente, además de que las concesiones son absolutamente ridículas en relación con las ganancias.”

Por ejemplo, Coca Cola Femsa paga anualmente alrededor de 2 600 pesos por cada una de las seis concesiones de explotación de aguas subterráneas, y con una ganancia de 32 500 millones de pesos. Otro ejemplo es la industria minera que extrae casi 437 millones de metros cúbicos de agua –cantidad con la cual se cubren las necesidades de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit–. Sin olvidar que desde la publicación de la reforma constitucional en materia energética en el 2013, las actividades de exploración y explotación tanto de petróleo como de hidrocarburos  tienen “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”. 

La obstaculización para el cumplimiento del derecho humano al agua implica, de acuerdo con el Informe sobre las violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento, se debe principalmente por el fracking de cada región: “[Se] destaca por la afectación en términos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua, factores indispensables para el cumplimiento del derecho humano al agua” en el marco jurídico, el proceso de privatización, las implicaciones de los megaproyectos y la criminalización de comunidades y personas que defienden sus tierras y el agua. Se indica también que: 

Las empresas mineras gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación beneficien a unos cuantos, y con las reformas a las leyes minera y energética se les otorga carácter de ‘industria de utilidad pública’, con lo que la exploración y extracción de recursos son de interés nacional y orden público, priorizando este uso por encima de cualquier otro.

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