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Oaxaca, vulnerable por conflictos sociales y proyectos mineros

Según los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT–, existen 35 conflictos activos en México y 653 lugares contaminados por actividades mineras. Pero Oaxaca… Oaxaca es considerada como un “hervidero de conflictos agrarios, mineros, electorales, indígenas, estudiantiles” (Rodríguez y Matías, 2016). Este estado al sur de México acumula los 35 proyectos mineros y energéticos, convirtiéndolo en la entidad más conflictiva del país. 

¿Qué hace a Oaxaca tan vulnerable para acumular en 93 793 km² la mayor cantidad de conflictos en un sólo estado? Especialistas, como Miguel Ángel Vázques de la Rosa, del comité directivo de la organización civil Educa, considera que el origen de estos conflictos reside en “la falta de reconocimiento a los derechos indígenas y a la ausencia de garantías que configuran un escenario de confrontación, gestando conflictos en las comunidades afectando a los pueblos y la gobernabilidad democrática.” Esta situación se agravó con el retorno del Partido Revolucionario Institucional –PRI– pues incrementó la cantidad de fraudes y robos a ciertos sectores de la población; con reformas estructurales complejas que no se enfocan en las necesidades de sus comunidades ni en las de la biodiversidad de la región; y el impacto de proyectos energéticos que han resultado devastadores e incrementado la desigualdad, tales como el de la refinería Salina Cruz, los parques eólicos y las minas.

Los datos de Educa reflejan que en Oaxaca hay 35 proyectos mineros en activo, 407 concesiones mineras que aún no se explotan, medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudios y parques eólicos que saturan el Istmo de Tehuantepec. De hecho, es esta región en Oaxaca en donde se ubica la mayor parte de los proyectos energéticos y concesiones mineras, y por tanto de operativos policiacos. Todos con existencia previa a Nochixtlán, en donde “lo que hubo fue una respuesta espontánea de una población agraviada que salió a defenderse y que simpatiza con los maestros.”

Frente a esta situación, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática –PRD–, Sergio López Sánchez ha promovido la reforma Ley Minera para incorporal el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad como requisito indispensable para otorgar concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas. Para él, para enfrentar la conflictividad, es fundamental incorporar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que las minas operen en sus territorios. Pues incluso es una medida preventiva de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos relacionados con la destrucción de la biodiversidad, el agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y desplazamiento forzado de los habitantes. En sus palabras:

Los daños por la actividad minera tienen un especial agravante en las comunidades indígenas, ya que además de perder recursos naturales y económicos de su entorno, también ven perjudicado su tejido social, el cual está íntimamente relacionado con la naturaleza. 

Si bien es importante, para él, la inversión productiva en el país, como la que hace Canadá con sus empresas mineras, “es necesario que ésta se haga en consenso con el pueblo, no afecte al medio ambiente y genere empleos dignos y se desarrolle bajo principios de sustentabilidad”. Pues, retomando el ejemplo de Canadá, explica López Sánchez, “las leyes se encuentran a la vanguardia del desarrollo económico con principios sustentables y que sin embargo son precisamente las empresas canadienses que en nuestro país se destacan por su operación depredadora del medio ambiente y que han ocasionado los mayores conflictos sociales.”

La idea, concluye el diputado mexicano, es que…

[C]on la aprobación de esta reforma se de por sentado un importante precedente para generar justicia social y redistribución de la riqueza en un sector importante para el crecimiento económico como lo podría ser el de la minería, pero que en los últimos años sólo ha contribuido al deterioro del medio ambiente y de la paz social. Pero sobre todo, estaríamos generando un cambio de política en la que el modelo de desarrollo económico sea decidido de manera democrática por los propios mexicanos, y no por un puñado de potentados y poderes fácticos.

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