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Los proyectos de conservación y el despojo del territorio de comunidades indígenas

Autor: Gabriela Linares Sosa

Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en México, una de las regiones, -La Sierra Norte – es considerada de gran diversidad biológica por poseer 9 diferentes tipos de vegetación, una riqueza de especies, endemismos, y diversidad de hábitats. Estas características han motivado que la Sierra Norte se haya incluido dentro de las Áreas Terrestres Prioritarias para la Conservación definidas por CONABIO: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe Región Terrestre Prioritaria (Arriaga & Espinoza & Aguilar & Martínez & Gómez, 2000). Durante el año 2000, SERBO A.C., una Organización Civil de Oaxaca, delimitó en la región a partir de estudios de vegetación y uso del suelo para la conformación de áreas prioritarias para la conservación una ellas, denominada Cuasimulco, que engloba a las comunidades del Rincón de Ixtlán, entre otras (González, 2000).

El Rincón de Ixtlán, como haremos referencia de ahora en adelante, engloba a 9 comunidades indígenas zapotecas que se autodenominan Xhidza. En esta zona se encuentran cinco tipos de vegetación: bosques de encino, bosque de pino, bosque de pino – encino, bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia (Bolaños, 2012). Las actividades principales son la agricultura y el cultivo del café, la propiedad de la tierra es comunal y su forma de organización es comunitaria y regional.

A inicios del siglo XXI emergió el mercado de los servicios ambientales que se potenció con el mercado de los recursos genéticos (Toledo, 2008). Los pagos por servicios ambientales (PSA) son instrumentos utilizados para recompensar a los dueños de la tierra por ciertos tipos de uso o manejo de los recursos naturales que generan servicios ambientales para terceros (Madrid, 2012).

En ese sentido, en el año 2003 comunidades cafetaleras del rincón de Ixtlán se integran al programa de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), programa que impulsó el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la finalidad de apoyar la captura de agua en las principales montañas del país (Anta, 2006).

Para el 2004, la CONAFOR publica la convocatoria para el Programa de Servicios Ambientales-PSA- CABSA (Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales) en su modalidad de cultivos de sombra, siendo uno de los requisitos estar certificados o en el proceso de certificación agraria a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Anta, 2006). Al menos dos comunidades del Rincón de Ixtlán iniciaron con el proceso de certificación para poder acceder a los programas PSA- CABSA.

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad (Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer mundo, 2006). Sin embargo uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques en el largo plazo (Madrid, 2012).

Actualmente las comunidades del rincón de Ixtlán reciben pagos en tres modalidades: sistemas agroforestales, servicios ambientales hidrológicos y captura de carbono. Sin embargo, existen muchas dudas acerca de estos programas, ya que las comunidades no cuentan con expedientes completos, no existe transparencia y adecuada rendición de cuentas sobre los recursos económicos que llegan producto de la conservación, generando cierta desconfianza al interior de las comunidades (comunicación personal con autoridades locales, 2016).

Se suman a lo anterior, los convenios establecidos entre las comunidades y quienes pagan por la conservación, ya que durante el periodo que dura el programa PSA, las comunidades no pueden hacer uso del territorio. Es decir, no pueden cazar, ni tener acceso a plantas, hongos, leña, tampoco pueden sembrar maíz, actividades importantes para la subsistencia de las familias. En este sentido Toledo (2008), menciona que los contratos por servicios ambientales en cierta forma hipotecan y ceden el control de los territorios, conocimientos y recursos. Los servicios ambientales se convierten entonces en una forma de venta de derecho del uso del territorio, garantizando el derecho exclusivamente a las corporaciones.

Existen muchas dudas sobre los programas y proyectos ya mencionados, algunas comunidades que han decidido salir de ellos enfrentan una serie de presiones por parte de las consultoras para seguir dentro del programa PSA-CABSA. De la misma manera, instancias gubernamentales como la Procuraduría Agraria tratan de incidir para que las comunidades que no entraron al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), regularicen su situación ante el programa actual, para poder acceder a nuevos proyectos.

El panorama en materia ambiental en Oaxaca es muy complejo, principalmente después del 31 de octubre de 2013, cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático, por lo que se espera el impulso de nuevos proyectos como REDD+ y Protocolo de Nagoya que en teoría pretenden un reparto justo y equitativo de beneficios derivado de la biodiversidad. En el Rincón de Ixtlán se prevé la posibilidad de establecer un área de protección especial ante la CONANP como Corredor Biológico. Sin embargo, es importante mencionar que ninguno de los proyectos anteriores ha pasado por un proceso adecuado de consulta a las comunidades y pueblos indígenas, violando los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas, así como los de consulta libre, previa e informada para alcanzar su consentimiento, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A manera de conclusión podemos decir que no existe un proceso de gobernanza en la región, ya que se omite la participación de las comunidades en el diseño de las políticas públicas que impactan la zona. No existe un respeto hacia las instancias de toma de decisiones locales como es la asamblea comunitaria. Al final, los que obtienen algún beneficio son las consultoras y organizaciones civiles que obtienen financiamientos por el PSA-CABSA y de su intervención como enlaces o intermediarios con las empresas principalmente privadas que pagan por la conservación de los bosques. Las realmente beneficiarias son entonces y de acuerdo con Toledo (2008), las grandes corporaciones conservacionistas cuya propuesta sigue siendo la venta de bienes y servicios, esto incluye además de la captura de carbono, otros como el etnoturismo, la bioprospección, hasta el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos ancestrales.

 

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