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COP 13: el diablo está en los detalles

Cada vez que inicia una reunión internacional sobre medio ambiente, como la COP 13 en Cancún, me surge una profunda curiosidad por saber cómo implementaremos los acuerdos que firmamos con bombos y platillos. Transformar el discurso en acciones concretas que mejoren el estado y aprovechamiento de nuestros recursos naturales no es cosa menor. Más aún, cuando el dinero que destina el gobierno a la conservación va en detrimento. Cualquier estrategia de biodiversidad, política pública o programa de conservación sin un presupuesto asignado es pura demagogia. Me cuesta trabajo entender a mis colegas que celebran la declaración del 17% de nuestro territorio como espacio protegido y olvidan que hace poco la CONANP sufrió un grave recorte presupuestal y de personal. ¿Quiénes se encargaran de gestionar esas millones de hectáreas? Quizás peco de escéptico pero hasta no ver un aumento en el presupuesto de egresos para el sector ambiental podré digerir sus palabras.

México alberga aproximadamente el 12 % de la biodiversidad del mundo. Esto es nuestra mejor arma para enfrentar el cambio climático. No obstante, mantener este escudo de manera intergeneracional conlleva reconocer que la biodiversidad no es un ente aislado sino que está íntimamente relacionado con nuestras poblaciones indígenas y campesinas. México es el país con mayor población indígena del continente americano. Actualmente sobreviven 52 pueblos indígenas, que hablan cerca de 280 lenguas originales, lo cual le confiere a México el quinto lugar mundial por conservación de lenguas vivas. Esta diversidad natural y cultural es nuestra mayor riqueza como nación. No obstante, una ausente planificación de nuestras políticas sigue impactando en una pérdida acelerada de nuestro patrimonio biocultural.

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Nuestro mayor error es seguir creyendo que el gobierno es el santo remedio. El armatoste burocrático ha demostrado ser muy bueno para dos cosas… la retórica y los golpes bajos. Hemos ratificado convenios y (lamentablemente) no tardaremos en saber de proyectos que atenten en contra de lo pactado. En medio de esta vorágine, existen tres caminos en los que tenemos mucho por trabajar: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. El mejor ejemplo para ilustrar lo anterior es la recién suspendida Ley General de Biodiversidad, la cual será discutida en el siguiente periodo legislativo. Esta ley evidenció (una vez más) la falta de transparencia y análisis serio por parte de nuestros legisladores. Contiene, además de errores conceptuales, ambigüedades que pudieran dar paso a acciones inconsistentes con un aprovechamiento justo e incluyente de la biodiversidad.

En su definición puramente ecológica, la biodiversidad puede entenderse como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. No obstante, considerando los intereses puestos sobre ella también se puede definir como el insumo, potencial o real, para las industrias farmacéuticas, cosméticas, de alimentos o para las agroindustrias. Esto sin considerar el conocimiento tradicional de los pueblos originarios asociado al uso de la biodiversidad. La bioprospección es una actividad que busca aprovechar los múltiples beneficios que tiene la biodiversidad. Sin embargo, estos beneficios han sido acaparados por las industrias farmacéuticas y de alimentos (principalmente), dejando cuantiosas ganancias para ellos y pocos beneficios para las comunidades que habitan los lugares de extracción. Vale la pena recordar el trabajo de Andrés Barreda (2003) sobre “Biopiratería, bioprospección y resistencia en México”, donde se afirma que “el nuevo paradigma establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) gira en torno al reparto de beneficios que las empresas transnacionales ofrecen a las comunidades indígenas, o a las instituciones nacionales que canjean los recursos biológicos y el saber tradicional en nombre de ellas.”

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Voy a retomar un caso, de los cuatro que Andrés expone en su texto, para ejemplificar los puntos importantes a acordar en la ley de biodiversidad: en 1998 la UNAM firmó un contrato con la empresa de biotecnología Diversa de Estados Unidos. El objetivo fue extraer bacterias que soportan condiciones extremas de temperatura, salinidad, azufre, presión, etc. de todas las áreas naturales protegidas del país. El contrato se formalizó con una activa intervención de la CONABIO. En el contrato la UNAM se comprometió con Diversa a recolectar muestras, enviarlas y notificar por escrito a la empresa el listado de lo recogido. La empresa se comprometió a pagar 50 dólares por muestra y transferir a la UNAM, al finalizar el contrato, la tecnología usada (con un valor inicial de 5,000 dólares) con el propósito de formar un Centro de Diversidad Microbiana. Además, se comprometió a dar a la UNAM entre el 0.3 y 0.5 por ciento de las regalías sobre ventas netas si se desarrolla algún producto a partir de las muestras. Entre los “socios estratégicos” de están Novartis, Aventis, Danisco, Invitrogen Corp, por mencionar algunos (Barreda, 2003).

Al final, la PROFEPA determinó que la acción de la UNAM fue inconstitucional, pero el suceso dejo preguntas abiertas que necesitamos responder antes de rubricar oficialmente la ley de biodiversidad: ¿Quiénes son los legítimos dueños de la biodiversidad? ¿Cómo se modifica la propiedad de la biodiversidad cuando estamos dentro de un área protegida, una comunidad indígena o a dos mil metros de profundidad en la plataforma continental? ¿Qué actores tienen el derecho de hacer uso de la biodiversidad para fines de investigación o lucrativos? ¿Cómo definimos un “reparto justo de beneficios”? ¿Cómo vinculamos el derecho de consulta con el aprovechamiento de la biodiversidad? ¿Cómo defendemos los conocimientos autóctonos sobre el uso de la biodiversidad ante las patentes de diferentes industrias? ¿Cómo logramos que nuestras investigaciones en biotecnología, financiadas con recursos públicos, generen más beneficios sociales que privados? ¿Cómo garantizamos procesos de participación y transparencia en los proyectos de biodiversidad?

En conclusión, las preguntas son muchas y las respuestas son pocas. Regular y gestionar de nuestra biodiversidad es un reto donde no existen panaceas únicas. La COP 13 fue un acto político importante; sin embargo, la discusión de la ley será la verdadera interfaz donde todas las partes interesadas tendremos que dialogar sobre el tema. Garantizar la inclusión de todos los actores involucrados será una condición sine qua non para generar una ley que sea legitima y funcional. De otra forma, daremos paso a una explotación irracional e insostenible de nuestro recurso más preciado.

 

Autor: Erick Alberto Rodríguez-Silva estudia el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM y es Director de México Sostenible. Twitter del autor: @Narval_del_Sur

Referencias:

Barreda, A. (2003). Biopiratería, bioprospección y resistencia: cuatro casos en México. L. Carlsen, T. Wise y H. Salazar (coords.), 119-144.

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