¿Qué necesitas saber de los megaproyectos que amenazan a los pueblos indígenas?

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México, Colima y Puebla.

Desde hace cinco años, numerosos megaproyectos han afectado tanto a las comunidades indígenas como a su biodiversidad. Estados de la República Mexicana como Puebla, Chiapas, Oaxaca e incluso Sonora, han sido víctimas de las agresiones asociadas con los megaproyectos que van invadiendo cada vez más al país.

Un ejemplo de ello es el abuso denunciado en el informe Una sentencia fallida, elaborado por la Misión Civil de Observación a la Tribu Yaqui. En él se destacó que la comunidad indígena no tiene agua potable ni drenaje, por lo que se abastecen de los canales del río; sin embargo, en las últimas tres décadas, gran parte del agua de la zona es usada para surtir a otras ciudades, la agroindustria y actividades mineras de Sonora. El responsable de esto, un megraproyecto por parte del gobierno de Sonora y la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, ha violado un decreto de 1940, en la cual la tribu es la única que puede “disponer cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines de riego de sus propias tierras.”

Pese a realizar procesos legales coordinados por los yaquis y varias organizaciones, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– sentenció en 2013 un amparo a la comunidad indígena y ordenó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat– deje sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia –ya que no se consultó a la población sobre su construcción–, el acueducto continuó funcionando. De hecho, sólo podrán suspender la extracción de agua si advierten “un riesgo irreparable para los yaquis”, el cual existe en el momento en que les quitan el derecho a un recurso natural a una comunidad indígena. En palabras de Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, “En el caso de las comunidades indígenas y pueblos originarios, un principio fundamental es el de la consulta previa, y eso se viola sistemáticamente en la realización de megaproyectos. De entrada no puedes decir que una consulta va a ser de buena fe cuando realmente las autoridades ya aprobaron los permisos.”

Y no sólo se queda ahí, según los registros del Centro Nacional de Comunicación Social AC –Cencos– y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas –Periodismo CIDE–, existen alrededor de 80 agresiones físicas –comprobadas– entre 2014 y 2016 que se relacionan con megaproyectos en contra de las comunidades indígenas, pueblos originarios y sus defensores: hay secuestros, amenazas, entre otras más. Esta base de datos se realizó con los registros de las agresiones a las comunidades indígenas que iniciaron un proceso penal contra los megraproyectos.

De hecho, esta base de datos documentó ataques en contra de 30 comunidades y 50 defensores; en las cuales se presentaron violación al derecho a un medio ambiente sano –21–, consulta previa, libre e informada –8–, detenciones arbitrarias –30–, entre otros. Además que de los 30 casos de detención arbitraria, sólo once pisaron la cárcel y estuvieron presos entre seis y 15 meses –pero al final fueron liberados porque no se comprobaron los delitos que se les imputaban–.

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México –28–, Colima –12– y Puebla –9–. Mientras que las 77 agresiones registradas, de las 80, fueron cometidas por funcionarios públicos; principalmente de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la Secretaría de Energía.

Es importante mencionar que el mayor número de ataques hacia las poblaciones indígenas ocurren en los proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos. En ellos, regularmente, son los proyectos hidroeléctricos que violan el derecho a un ambiente sano de las comunidades; y los mineros, intimidan a los habitantes y desprestigian a los defensores.

 

Otro ejemplo importante es el Chiapas, en donde habitantes de once municipios han organizado una movilización en Defensa de la Vida y del Territorio –Modevite– con el fin de denunciar abiertamente los proyectos de muerte que están poniendo en riesgo a sus comunidades y pueblos originarios.

Desde el 16 de noviembre hasta el 25 del mismo mes, Modevite ha buscado animar y fortalecer su lucha con una megaperegrinación por la paz, la defensa de la Madre Tierra y la vida digna de los pueblos originarios. Esto pretende generar una toma de consciencia a las comunidades de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Cancuc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de Las Casas.

Para conocer más sobre esta discriminación a los pueblos indígenas, dale click aquí.



¿Qué sucede con las mariposas monarca en México?

Es necesaria la organización entre ejidatarios como instituciones con un objeto en particular que es la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca.

Autor: María Fernanda Medina Velázquez

Piedra Herrada se encuentra ubicado en San Mateo Almomoloa, del Municipio de Temascaltepec, Estado de México, forma parte de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca que abarca parte del Estado de México y Michoacán (CONANP, 2001). El régimen de propiedad es ejidal, esta situación genera un reto para la conservación de los bosques de oyamel por la coordinación entre ejidatarios e instituciones; de acuerdo con Brenner (2009) el reto es coordinar a los actores, intereses y conflictos, al ser los ejidatarios los dueños del predio tienen la necesidad de aprovechar los recursos tanto maderables como no maderables así como sus tierras, desencadenando cambios de usos de suelo donde el impacto es al deterioro ambiental.

En el presente ensayo tiene como objetivo relacionar la conservación de la Mariposa Monarca con el desarrollo sustentable de la comunidad de Piedra Herrada desde el punto de vista de gobernanza ambiental, que de acuerdo con Hufty (2008) se asocia a los acuerdos formales e informales en el ámbito normativo para solucionar problemas, donde no solo interviene el gobierno para dirigir a la sociedad, si no es un enfoque integrador donde interactúan todos los actores. Se realizó una visita al paraje Piedra Herrada el 9 de enero 2017 con la finalidad de conocer la situación socio-ambiental a través de entrevistas informales a los guías, los cuales son ejidatarios, con base en ello se realizó un análisis para concluir si la gobernanza es aplicada en la conservación de la Mariposa Monarca que a su vez se traduce en desarrollo sustentable en el paraje Piedra Herrada en Temascaltepec, Estado de México.

Fotografía de WWF
Fotografía de WWF

Durante décadas existe la preocupación por el ambiente, este tema ha logrado ser de carácter global formalizándolo con diversas reuniones internacionales, México fue cede en el 2010 para la Conferencia de la ONU sobre el cambio Climático en Cancún; a pesar de esta preocupación internacional y nacional no se ha logrado compaginar esfuerzos para llegar a una conservación ambiental y por lo tanto un desarrollo sustentable. Generalmente se entiende que la conservación ambiental va dirigida a recursos naturales y biodiversidad; sin embargo, va más allá de temáticas ambientales, no es posible hablar de conservación si no se involucran aspectos sociales, culturales, políticos y económicos.

En 1986 fue decretando el hábitat de la Mariposa Monarca como Reserva de la Biosfera (RB) (SEMARNAT, 2017), el objetivo es conservar el fenómeno migratorio de la Mariposa Monarca, Piedra Herrada comprende 100 hectáreas (Velázquez, 2006) siendo un punto de interés por diversas instituciones para impulsar la economía de la mano con el desarrollo sustentable para minimizar impactos ambientales, puesto que los habitantes de Piedra Herrada presenta problemas económicos y por ello tienen la necesidad de hacer uso de los recursos naturales que presenta el ejido.

El ejido al estar dentro del polígono de la RB implica una limitación del uso tradicional de los recursos naturales; Cárdenas (2009) menciona en el dilema de los prisioneros que las instituciones utilizan reglas como prohibiciones o impuestos, por consecuencia el individuo decide no cooperar; dentro de este análisis situamos los conflictos que se enfrentaron los ejidatarios de Piedra Herrada, primero por qué no se tenían el conocimiento que sus tierras se encuentran dentro de un área natural protegida, esta situación les implica restricciones para el uso de los recursos naturales y por lo tanto genera conflictos sociales al no comprender el porqué de las restricciones.

Durante la entrevista, el guía menciona que hace aproximadamente 25 años los pobladores se introducían al bosque para cuidar el ganado percatándose que existían colonias de mariposas que solo aparecían en una temporada y desaparecían posteriormente este fenómeno se repetía año con año atribuyéndole su estancia en el sitio como místico, la comunidad argumentaba que eran las almas de sus ancestros que año con año los visitaban; sin embargo, desconocían los beneficios que trae consigo que sus bosques sean elegidos por esta especie.

Con el pasar de los años llegaban visitantes de otros estados y países preguntando donde se encontraban las colonias de la mariposa, en ocasiones pagaban a las personas que los llevaran hasta donde se encontraran; la situación económica de los habitantes de Piedra Herrada era complicada puesto que las vías de comunicación eran carreteras de terracerías y los servicios de transporte públicos no eran frecuentes, complicando el traslado a otros lugares como Valle de Bravo o la ciudad de Toluca donde eran los destinos para trabajar o estudiar; la necesidad de buscar sustento para su familia los obligaba a hacer uso de sus terrenos deforestándolos para realizar agricultura.

Ante este escenario es necesaria la organización entre ejidatarios como instituciones con un objeto en particular que es la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca, considerando que la gobernanza se ha “convertido en una herramienta sociopolítica en la gestión ambiental” (Alfie, 2013), cuya base es la participación de la comunidad con instituciones para lograr el objeto principal; aproximadamente hace 10 años fue cuando se comenzaron a realizar redes de trabajo principalmente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de acuerdo con el guía los primeros años fueron complicados porque no todos los ejidatarios estaban de acuerdo con conservar el bosque cuando tenían la necesidad de ejercer actividades agrícolas.

Los primeros esfuerzos de conservación el bosque se complicaron por la organización de la comunidad; sin embargo, poco a poco se ha logrado una organización colectiva, Cárdenas (2009) menciona que los intereses e incentivos individuales con los colectivos es la suma de las decisiones individuales, generando una solución individual y socialmente deseable para los involucrados; para optimizar la conservación se sumaron organizaciones como Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) donde su papel es el monitoreo de la mariposa monarca sobre los bosques de oyamel en toda la RB, de igual forma han brindado herramientas para que la comunidad pueda obtener un beneficio económico bajo un esquema de desarrollo sustentable que busca estrategias y medidas socio-ambientales balanceadas en este caso el turismo desempeña un papel importante en el desarrollo económico de la comunidad de Piedra Herrada.

En conclusión Piedra herrada ha logrado avances durante los últimos años, han consolidado estrategias a favor de la conservación de una especie, la cual implica mantener un ecosistema que brinda refugio a otras especies de flora y fauna, generando servicios ambientales y económicos. La gobernanza de acuerdo con Hufty (2008) se puede relacionar con la dinámica social ya que desde los ejidatarios hasta las instituciones tienen el mismo objetivo, una de las mayores motivaciones es lograr un desarrollo sustentable, la infraestructura que utilizan en Piedra Herrada está diseñada para que el impacto al ambiente no sea agresivo, aportando una sensación al turista como parte de la naturaleza, aún falta trabajo pero concluyo que Piedra Herrada es un ejemplo de trabajo en conjunto donde los actores fijaron un objetivo y están participando para conseguirlo, la mariposa monarca es vista como un impulso económico para los ejidatarios y ellos trabajan para mantener su hábitat donde habitan otras especies son beneficiadas.



Los proyectos de conservación y el despojo del territorio de comunidades indígenas

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad.

Autor: Gabriela Linares Sosa

Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en México, una de las regiones, -La Sierra Norte – es considerada de gran diversidad biológica por poseer 9 diferentes tipos de vegetación, una riqueza de especies, endemismos, y diversidad de hábitats. Estas características han motivado que la Sierra Norte se haya incluido dentro de las Áreas Terrestres Prioritarias para la Conservación definidas por CONABIO: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe Región Terrestre Prioritaria (Arriaga & Espinoza & Aguilar & Martínez & Gómez, 2000). Durante el año 2000, SERBO A.C., una Organización Civil de Oaxaca, delimitó en la región a partir de estudios de vegetación y uso del suelo para la conformación de áreas prioritarias para la conservación una ellas, denominada Cuasimulco, que engloba a las comunidades del Rincón de Ixtlán, entre otras (González, 2000).

El Rincón de Ixtlán, como haremos referencia de ahora en adelante, engloba a 9 comunidades indígenas zapotecas que se autodenominan Xhidza. En esta zona se encuentran cinco tipos de vegetación: bosques de encino, bosque de pino, bosque de pino – encino, bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia (Bolaños, 2012). Las actividades principales son la agricultura y el cultivo del café, la propiedad de la tierra es comunal y su forma de organización es comunitaria y regional.

A inicios del siglo XXI emergió el mercado de los servicios ambientales que se potenció con el mercado de los recursos genéticos (Toledo, 2008). Los pagos por servicios ambientales (PSA) son instrumentos utilizados para recompensar a los dueños de la tierra por ciertos tipos de uso o manejo de los recursos naturales que generan servicios ambientales para terceros (Madrid, 2012).

En ese sentido, en el año 2003 comunidades cafetaleras del rincón de Ixtlán se integran al programa de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), programa que impulsó el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la finalidad de apoyar la captura de agua en las principales montañas del país (Anta, 2006).

Para el 2004, la CONAFOR publica la convocatoria para el Programa de Servicios Ambientales-PSA- CABSA (Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales) en su modalidad de cultivos de sombra, siendo uno de los requisitos estar certificados o en el proceso de certificación agraria a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Anta, 2006). Al menos dos comunidades del Rincón de Ixtlán iniciaron con el proceso de certificación para poder acceder a los programas PSA- CABSA.

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad (Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer mundo, 2006). Sin embargo uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques en el largo plazo (Madrid, 2012).

Actualmente las comunidades del rincón de Ixtlán reciben pagos en tres modalidades: sistemas agroforestales, servicios ambientales hidrológicos y captura de carbono. Sin embargo, existen muchas dudas acerca de estos programas, ya que las comunidades no cuentan con expedientes completos, no existe transparencia y adecuada rendición de cuentas sobre los recursos económicos que llegan producto de la conservación, generando cierta desconfianza al interior de las comunidades (comunicación personal con autoridades locales, 2016).

Se suman a lo anterior, los convenios establecidos entre las comunidades y quienes pagan por la conservación, ya que durante el periodo que dura el programa PSA, las comunidades no pueden hacer uso del territorio. Es decir, no pueden cazar, ni tener acceso a plantas, hongos, leña, tampoco pueden sembrar maíz, actividades importantes para la subsistencia de las familias. En este sentido Toledo (2008), menciona que los contratos por servicios ambientales en cierta forma hipotecan y ceden el control de los territorios, conocimientos y recursos. Los servicios ambientales se convierten entonces en una forma de venta de derecho del uso del territorio, garantizando el derecho exclusivamente a las corporaciones.

Existen muchas dudas sobre los programas y proyectos ya mencionados, algunas comunidades que han decidido salir de ellos enfrentan una serie de presiones por parte de las consultoras para seguir dentro del programa PSA-CABSA. De la misma manera, instancias gubernamentales como la Procuraduría Agraria tratan de incidir para que las comunidades que no entraron al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), regularicen su situación ante el programa actual, para poder acceder a nuevos proyectos.

El panorama en materia ambiental en Oaxaca es muy complejo, principalmente después del 31 de octubre de 2013, cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático, por lo que se espera el impulso de nuevos proyectos como REDD+ y Protocolo de Nagoya que en teoría pretenden un reparto justo y equitativo de beneficios derivado de la biodiversidad. En el Rincón de Ixtlán se prevé la posibilidad de establecer un área de protección especial ante la CONANP como Corredor Biológico. Sin embargo, es importante mencionar que ninguno de los proyectos anteriores ha pasado por un proceso adecuado de consulta a las comunidades y pueblos indígenas, violando los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas, así como los de consulta libre, previa e informada para alcanzar su consentimiento, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A manera de conclusión podemos decir que no existe un proceso de gobernanza en la región, ya que se omite la participación de las comunidades en el diseño de las políticas públicas que impactan la zona. No existe un respeto hacia las instancias de toma de decisiones locales como es la asamblea comunitaria. Al final, los que obtienen algún beneficio son las consultoras y organizaciones civiles que obtienen financiamientos por el PSA-CABSA y de su intervención como enlaces o intermediarios con las empresas principalmente privadas que pagan por la conservación de los bosques. Las realmente beneficiarias son entonces y de acuerdo con Toledo (2008), las grandes corporaciones conservacionistas cuya propuesta sigue siendo la venta de bienes y servicios, esto incluye además de la captura de carbono, otros como el etnoturismo, la bioprospección, hasta el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos ancestrales.

 



¿Agrocombustibles y megaproyectos: cultivos para el hambre?

Los peligros del uso de transgénicos y agroquímicos en la pérdida de la diversidad biológica y agrícola.

Hoy sabemos que el hambre y la desnutrición en el mundo no se deben a la escasez de alimentos. Existe producción agropecuaria suficiente para cubrir la ingesta calórica de la población mundial. En el fondo, lo que tenemos es una inequitativa distribución y acceso a recursos para la producción o adquisición de alimentos. Nuestro continente no es la excepción a la regla. Como afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: América Latina dispone de provisiones suficientes para alimentar a toda su población; sin embargo, el hambre afecta todavía a más de 34 millones de personas. (FAO, 2015). En este escenario cabe preguntarse ¿Cuáles son las causas del hambre en el mundo? ¿Cuál es el destino final de la producción de granos básicos y cereales?

Una posible respuesta la encontramos en el hecho de que la producción de alimentos para consumo humano ha sido desplazada para responder a las necesidades de empresas y mercados internacionales, en pocas palabras –lastimosamente- los alimentos son una mercancía más para la acumulación capitalista y la producción de energéticos. Actualmente, un sector del modelo agroindustrial avanza ocupando tierras con vocación agrícola tradicional o cubierta forestal para la plantación de monocultivos destinados a la generación de electricidad y energía motriz a través de lo que se ha dado en llamar biocombustibles.

Estos <<cultivos energéticos>> -como los denomina la FAO- se nos presentan como una alternativa para la generación de energía limpia ante el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y la emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por el uso de energías convencionales. Como se argumentará, este discurso no es del todo cierto y encubre los verdaderos fines de su producción y comercialización.

El presente ensayo explora la relación entre la producción de agrocombustibles y los megaproyectos. Comienza con una introducción conceptual sobre agrocombustibles versus biocombustibles, posteriormente argumenta el porqué podemos considerarlos como <<megaproyectos agrícolas>>. Finalmente, se ejemplifica la relación entre Tratados de Libre Comercio y Proyectos de Integración e Infraestructura como mecanismos que profundizan el modelo neoextractivista en América Latina.

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Agrocombustibles versus Biocombustibles

De manera genérica se habla de biocombustibles para referirse a cualquier combustible (sólido, líquido o gaseoso) que se obtiene a partir de biomasa, es decir, materia orgánica viva o muerta resultado de un proceso biológico. Siguiendo la Terminología Unificada sobre Bioenergía de la FAO (2004), los biocombustibles se clasifican en tres tipos con base en la materia prima para su elaboración: combustibles derivados de madera, combustibles derivados de subproductos de origen municipal y los agrocombustibles. Respecto a últimos explica que comprende aquellos cultivos energéticos destinados directamente a la producción de combustibles procedentes de biomasa agrícola, así como subproductos de origen agrícola, animal y agroindustrial.

Cuando hablamos de biomasa agrícola nos referimos a semillas oleaginosas como son la soya, la canola, el maíz y la palma africana o cultivos de caña de azúcar, por mencionar algunos. Actualmente, estos biocombustibles se utilizan para generar calor y electricidad e incluso combustibles líquidos como el biogaseóleo y el biodiesel. Estos últimos han adquirido especial impulso por su potencial aplicación en el sector transporte.

A nuestro juicio, esta clasificación se desdibuja dejando paso al término genérico de biocombustibles, eludiendo de esta forma hablar de combustibles producidos a partir de insumos alimenticios cuyo destino final son las industrias automotriz, petrolera y agroindustrial, no el consumo humano. En este escenario, desde los movimientos sociales y las ONG se ha venido posicionado el término de agrocombustibles dejando claro que el origen de estos combustibles no es otro que cultivos alimenticios.
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Agrocombustibles y megaproyectos

Algunas de las particularidades de la agricultura industrial destinada a la generación de agrocombustibles son su carácter intensivo y la amplia escala de producción para mantener altos rendimientos; su dependencia a insumos externos como son paquetes tecnológicos que incluyen maquinaria, plaguicidas, fertilizantes y desde luego, semillas mejoradas. Esta práctica implica, además, una sobreexplotación de tierra y fuentes agua, pérdida de la diversidad de cultivos agrícolas ahora consignados a un solo producto agrario (monocultivos).

Por sus características, la agroindustria extensiva de monocultivos pueden considerarse un <<megaproyecto agrícola>> equiparable con otros Proyectos de Desarrollo e Infraestructura. Éstos pueden definirse como “aquellos emprendimientos impulsados por empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo el argumento del bien común”. (SCJN, 2014, p.11). Por esta razón, dichos proyectos también suelen llamarse <<megaproyectos de inversión por despojo>> pues suponen “la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos.” (Ídem).

Para la socióloga argentina Maricela Svampa, los megaproyectos en materia de transporte, energía, agua así como la explotación de recursos minerales, forestales, agrícolas y genéticos forman parte del modelo neoextractivista que impera en la región latinoamericana, basado en la intensificación y extensión de actividades extractivas de bienes primarios o commodities para el mercado mundial. (Svampa, 2013).

En este mismo orden de ideas, para asegurar la libre circulación de estos commodities se han perfeccionado mecanismos que garantizan el control de dichos recursos por parte de los países desarrollados y las corporaciones transnacionales. Ese es el papel que cumplen hoy los Tratados de Libre Comercio (TLC). Como advierte la CEPAL (2005) en un estudio sobre el tema: la instrumentación de un creciente número de TLC constituye un medio uniforme que facilita el comercio y, en el ámbito de los recursos naturales, busca evitar todo tipo de restricciones al acceso, distribución o suministro. (Ruiz-Caro, 2005, p.16).

A la par de esto tratados comerciales encontramos los proyectos de integración energética e infraestructura desplegándose por todo el continente, trazando las nuevas rutas que permitirán el transporte y la exportación de estos recursos estratégicos. En este contexto, iniciativas como el Plan Puebla Panamá (PPP), ahora Proyecto Mesoamérica, y el Proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) adquieren relevancia.

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Tanto el PPP-PM como el IIRSA incluyen dentro de su cartera de proyectos el fomento a la producción de agrocombustibles. El Programa Mesoamericano de Biocombustibles, por ejemplo, se plantea la instalación de plantas de biocombustibles así como una red de investigación e intercambio de tecnología sobre el tema entre los países miembro. (Proyecto Mesoamericano, 2016). Por su parte, uno de los ejes económicos estratégicos del IIRSA que contempla este sector es el Eje Interoceánico Central donde participan Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, en conjunto constituyen “una gran superficie de cultivos de soja y caña de azúcar lo que lo perfila como uno de los asientos para la producción de biocombustibles (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007, p.41) Ambas iniciativas cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

En conclusión, todo este entramado de intereses nos deja ver que los agrocombustibles, más que una alternativa de energía limpia o una opción para que los países con escazas reservas de hidrocarburos accedan a su soberanía energética, representan una nueva rama de inversión para las compañías automotrices, petroleras, de biotecnología y agronegocios así como instituciones financieras y gobiernos.

Como contraparte, no son pocos los esfuerzos desde la sociedad civil para advertir sobre los potenciales impactos del cultivo de agrocombustibles en la disponibilidad de recursos como tierra, semillas, agua; los peligros del uso de transgénicos y agroquímicos en la pérdida de la diversidad biológica y agrícola o la relación entre alza de los precios de granos con la demanda mundial de biocombustibles. Lo anterior nos obliga a estar atentos y sumarnos a las iniciativas. Campañas como ¡No te comas el mundo!, la Marcha Mundial contra Monsanto o la Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”, son un buen ejemplo de estos esfuerzos.

Autora: Perla Rodriguez Ferreira

Referencias Bibliográficas

Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”. Recuperado de http://sinmaiznohaypais.org/

Ceceña, A. E., Aguilar, P., & Motto, C. (2007). Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

FAO (2004). Terminología unificada sobre bioenergía (TUB). Departamento Forestal de la FAO, Roma: FAO.

FAO (2015) Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Roma: FAO, Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf

Marcha Mundial contra Monsanto. Recuperado de http://www.march-against-monsanto.com/may20//

¡No te comas el mundo!. Recuperado de http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?lang=es

Proyecto Mesoamérica (2016) Programa Mesoamericano de Biocombustibles. Recuperado de http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=103

Ruiz-Caro, A. (2005). Los recursos naturales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6288/S055371_es.pdf?sequence=1

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014). Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de Desarrollo e Infraestructura. México. 256.

Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva sociedad, 244, 30-46. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3926_1.pdf



Los megaproyectos que afectan la biodiversidad en Puebla

Imagen principal: Megadiscriminación La notable relación entre el poder y el negocio dentro de la ciudad de Puebla ha generado desigualdad, exclusión y segregación social. El territorio mexicano a pesar de sufrir un estancamiento económico desde 1981(Cobos, 2004) , se ha enfocado en las últimas dos décadas a la continua expansión geográfica acompañada de la […]

Imagen principal: Megadiscriminación

La notable relación entre el poder y el negocio dentro de la ciudad de Puebla ha generado desigualdad, exclusión y segregación social. El territorio mexicano a pesar de sufrir un estancamiento económico desde 1981(Cobos, 2004) , se ha enfocado en las últimas dos décadas a la continua expansión geográfica acompañada de la remodelación y transformación de las ciudades como atractivo tecnológico, económico y cultural. Tal es el caso de la Ciudad de Puebla, la cual en los últimos años ha sido escenario de diversos tipos de intervenciones sobre su territorio, dentro del cual, las zonas céntricas y algunas partes privilegiadas de las periferias han sido favorecidas (Patiño-Tovar, 2004). El objetivo del presente ensayo es dar a conocer los principales megaproyectos urbanos que se han desarrollado en la ciudad, convirtiendo a la misma en un codicioso megaproyecto de infraestructura que ha derivado en desigualdad social, degradación ambiental y omisión de los derechos humanos.

La ciudad de Puebla cuenta con dos tipos de intervenciones dentro de la elaboración de megaproyectos: la primera denominada “flagship” los cuales son edificios, monumentos o espacios físicos emblemáticos que tienen los objetivos de atracción turística, creación de empleo, promover la inversión privada, ser una imagen moderna para la ciudad y finalmente la creación de “riqueza” y ser una representación de la “regeneración urbana”(Boelsums, 2012; Vila, 2012), el segundo tipo de intervención es el más complejo. Este enfoca en el crecimiento y desarrollo de la ciudad mediante la creación de infraestructura residencial, vial, comercial, de oficinas, etcétera (Orueta, 2009). Estos megaproyectos son muestra clara de una ciudad que pretender llegar a la modernidad que los “desarrollados” impusieron a costa de las necesidades sociales, ambientales y económicas de toda la población.

Los principales “flagships” en la ciudad de Puebla, fueron creados según Montero (2015) con la visión moreno-vallista de “proporcionarle a Puebla la infraestructura que coadyuve al desarrollo del turismo”, entre ellos destacan El teleférico que se estableció dentro del “Corredor Turístico de los Fuertes”, con una inversión de 339.2 millones y una longitud de 688 metros, siendo el teleférico más caro del país hasta la fecha (Hernández, 2016), La estrella de Puebla (una rueda de observación movible) con una inversión de 1000 millones de pesos. El Museo internacional del Barroco con una inversión de 1,700 millones y finalmente el Tren suburbano actualmente en construcción. Dentro del segundo tipo de intervención tenemos el crecimiento de la mancha urbana acelerada conllevando a la ocupación de terrenos ejidales mediante su venta ilegal o expropiación abusiva (Díaz de León, 2005). Dentro de este crecimiento acelerado se dividen dos categorías, los de la población empobrecida con insuficiencia en infraestructura y equipamiento básico y en segundo lugar los lugares exclusivos vallados para no permitir el ingreso de gente externa.

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Asimismo, el crecimiento conlleva a la creación de más vías de comunicación, centros comerciales y la remodelación de parques solo para esas partes agraciadas de la población, como lo es el Jardín del Arte, el Ecoparque Metropolítano, el parque vial y la Estrella de Puebla que se encuentran en la sur-poniente de la ciudad, cercanas a las zonas residenciales más exclusivas como lo es Lomas de Angelópolis y el Fraccionamiento la Vista. Finalmente, algunas vías de comunicación en Puebla, como lo es el parque vial (en actual construcción) localizado sobre el bulevar Hermanos Serdán y el segundo piso de la autopista México-Puebla han ocasionado la tala y deterioro de los camellones con vegetación leñosa y no leñosa.

 

Estrategias de defensa utilizadas por la ciudadanía y omitidas por el gobierno

Inicialmente, el teleférico iba a terminar hasta el centro histórico y la Estrella de Puebla iba a colocarse en Paseo Bravo que, de igual manera, este sitio forma parte del centro histórico. Esto no se llevó a cabo gracias a la protesta de la ciudadanía por proteger su patrimonio cultural, al ser el centro de Puebla parte de la Lista del Patrimonio Mundial (Hernandez, 2013). Esto fue un logro para la ciudadanía al hacer valer sus derechos de integridad cultural, diálogo y consulta. Por otro lado, existieron estrategias de defensa por parte de los ciudadanos, que, a pesar de la difusión, organización interna y comunicación, no se tomaron en cuenta por las autoridades. Entre estas están las marchas realizadas por organizaciones sociales y colectivos ambientalistas para que se replanteara el proyecto de la Ciclo-vía Hermanos Serdán, de la cual salieron victoriosos frenando la tala de 800 pero que, la re-planeación ha costado hasta la fecha más de 150 árboles (Llaven, 2016). Como consecuencia, se creó el Frente Puebla con árboles, para hacer valer el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, estipulado en el Artículo 4 de la Constitución (DOF, 1917), ya que como establece la Organización Mundial de la Salud, cada habitante debe tener un mínimo de 9 m2 de área verde por habitante (Sorensen, Barzetti, Keipi, & Williams, 1998) y Puebla presenta un déficit menor a 2 m2(De Gante Cabrera & Rodríguez, 2009). A pesar de todo el esfuerzo por dicho frente, la construcción sigue eliminando árboles, haciendo caso omiso a las peticiones.

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En conclusión, la mayoría de los proyectos implementados actualmente son más “apantalladores” que eficientes, debido a que muchos de estos, como por ejemplo la ciclo vía, se pudo haber realizado sobre la calle sin necesidad de hacer un segundo piso, eliminando toda la vegetación circundante y de los camellones para su cambio por tubos de metal. Asimismo, se ha notado que, a pesar de toda la modernización de UNA PARTE de la ciudad de Puebla, esta ciudad tiene un talón de Aquiles que ha aparecido en este último año y ha ido en aumento: la inseguridad y la desigualdad social. Otro problema es la omisión de las leyes y normas que se establecen dentro del Código Reglamentario Municipal, como el caso de la ciclo-vía en donde se inició el proyecto sin los permisos para la extracción de los árboles y el establecimiento de pavimento sobre áreas verdes, artículo 852 y 851(Puebla, 2004).

Se deben crear políticas públicas más incluyentes para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los involucrados dentro del proyecto y el no favorecimiento de solo una pequeña parte de la población. Es imprescindible que se tomen en cuenta los derechos a la consulta y participación y que a la sociedad esté consciente de ello, ya que al haber movimiento social acompañado de herramientas legales se puede lograr la defensa de los derechos.

Autora: Diana del Carmen Ríos Quiroz

Referencias.

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Indígenas brasileños exigen que se dejen de financiar proyectos dañinos para el ambiente

De acuerdo con los líderes del grupo Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA–, los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia, han afectado casi al 100 por ciento las tierras selváticas.

Imagen: http://www.ecoticias.com/

El desarrollo energético de Brasil ha comenzado no sólo a atentar contra el medio ambiente al ir destruyendo los ecosistemas y contaminando las aguas y tierras de este país, también la existencia de las comunidades indígenas de todas las regiones brasileñas. Uno de los megaproyectos que más han impactado negativamente en la naturaleza es la presa Belo Monte, la cual fue construida para la producción de 11 mil megavoltios en el estado de Pará, y terminó perjudicando los derechos de los indígenas y sus pueblos ancestrales. 

De acuerdo con los líderes del grupo Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA–, los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia, han afectado casi al 100 por ciento las tierras selváticas. Por ello, la organización exigen tener voz y voto en las decisiones que involucren megaproyectos que destruyen los ecosistemas más frágiles del planeta: bosques húmedos tropicales, desiertos, páramos, montañas e islas. 

Actualmente los indígenas no sólo deben enfrentarse a los resultados negativos en el medio ambiente en relación con las construcciones de los megaproyectos, también a los efectos que genera el cambio climático. Frente a esto, la COICA observa con preocupación la vulnerabilidad tanto de la Madre Tierra como de la cultura, medio ambiente y sustento de los pueblos indígenas: “Estos cambios son el resultado de un modelo de desarrollo occidental, basado en un capitalismo voraz que, no contempla el respeto por la Madre Tierra. En este siglo se estima que la temperatura media se elevará de 1.8⁰C a 4.0⁰C, acelerando los impactos del cambio climático sobre los pueblos indígenas.”

 

Cambio climático y pueblos indígenas de la Amazonía from GDI BID on Vimeo.

A pesar de haber intentado llamar la atención de las autoridades, tanto el planeta como los pueblos indígenas y sus comunidades están sufriendo. La COICA reitera tomar en cuenta “la sabiduría y los conocimientos milenarios que los pueblos indígenas han adquirido en sus relaciones con el manejo integrado de ecosistemas, caracterizadas por formas asociativas ancestrales, armónicas y sensibles con la naturaleza y de relación espiritual con la tierra y el territorio comunitario.”

Por esta razón, la COICA exige estar presente en la mayoría de las agendas de los gobiernos y organizaciones de la sociedad, como medida de crear una vinculación entre los derechos de los indígenas, el cuidado hacia el medio ambiente y el desarrollo de proyectos de infraestructura que en Sudamérica está afectando cada vez más: “[C]arreteras, gasoductos, oleoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales así como tendidos eléctricos y de fibra óptica en las zonas mas delicadas del planeta, como son las selvas amazónicas. Y la gran mayoría de estas cruzan el Amazonas afectando la biodiversidad, tierras comunales y recursos de los pueblos indígenas que habitan la Cuenca Amazónica.”

http://ocahostel.com.br/
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[CBD]

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