Los megaproyectos que afectan la biodiversidad en Puebla

Imagen principal: Megadiscriminación La notable relación entre el poder y el negocio dentro de la ciudad de Puebla ha generado desigualdad, exclusión y segregación social. El territorio mexicano a pesar de sufrir un estancamiento económico desde 1981(Cobos, 2004) , se ha enfocado en las últimas dos décadas a la continua expansión geográfica acompañada de la […]

Imagen principal: Megadiscriminación

La notable relación entre el poder y el negocio dentro de la ciudad de Puebla ha generado desigualdad, exclusión y segregación social. El territorio mexicano a pesar de sufrir un estancamiento económico desde 1981(Cobos, 2004) , se ha enfocado en las últimas dos décadas a la continua expansión geográfica acompañada de la remodelación y transformación de las ciudades como atractivo tecnológico, económico y cultural. Tal es el caso de la Ciudad de Puebla, la cual en los últimos años ha sido escenario de diversos tipos de intervenciones sobre su territorio, dentro del cual, las zonas céntricas y algunas partes privilegiadas de las periferias han sido favorecidas (Patiño-Tovar, 2004). El objetivo del presente ensayo es dar a conocer los principales megaproyectos urbanos que se han desarrollado en la ciudad, convirtiendo a la misma en un codicioso megaproyecto de infraestructura que ha derivado en desigualdad social, degradación ambiental y omisión de los derechos humanos.

La ciudad de Puebla cuenta con dos tipos de intervenciones dentro de la elaboración de megaproyectos: la primera denominada “flagship” los cuales son edificios, monumentos o espacios físicos emblemáticos que tienen los objetivos de atracción turística, creación de empleo, promover la inversión privada, ser una imagen moderna para la ciudad y finalmente la creación de “riqueza” y ser una representación de la “regeneración urbana”(Boelsums, 2012; Vila, 2012), el segundo tipo de intervención es el más complejo. Este enfoca en el crecimiento y desarrollo de la ciudad mediante la creación de infraestructura residencial, vial, comercial, de oficinas, etcétera (Orueta, 2009). Estos megaproyectos son muestra clara de una ciudad que pretender llegar a la modernidad que los “desarrollados” impusieron a costa de las necesidades sociales, ambientales y económicas de toda la población.

Los principales “flagships” en la ciudad de Puebla, fueron creados según Montero (2015) con la visión moreno-vallista de “proporcionarle a Puebla la infraestructura que coadyuve al desarrollo del turismo”, entre ellos destacan El teleférico que se estableció dentro del “Corredor Turístico de los Fuertes”, con una inversión de 339.2 millones y una longitud de 688 metros, siendo el teleférico más caro del país hasta la fecha (Hernández, 2016), La estrella de Puebla (una rueda de observación movible) con una inversión de 1000 millones de pesos. El Museo internacional del Barroco con una inversión de 1,700 millones y finalmente el Tren suburbano actualmente en construcción. Dentro del segundo tipo de intervención tenemos el crecimiento de la mancha urbana acelerada conllevando a la ocupación de terrenos ejidales mediante su venta ilegal o expropiación abusiva (Díaz de León, 2005). Dentro de este crecimiento acelerado se dividen dos categorías, los de la población empobrecida con insuficiencia en infraestructura y equipamiento básico y en segundo lugar los lugares exclusivos vallados para no permitir el ingreso de gente externa.

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Asimismo, el crecimiento conlleva a la creación de más vías de comunicación, centros comerciales y la remodelación de parques solo para esas partes agraciadas de la población, como lo es el Jardín del Arte, el Ecoparque Metropolítano, el parque vial y la Estrella de Puebla que se encuentran en la sur-poniente de la ciudad, cercanas a las zonas residenciales más exclusivas como lo es Lomas de Angelópolis y el Fraccionamiento la Vista. Finalmente, algunas vías de comunicación en Puebla, como lo es el parque vial (en actual construcción) localizado sobre el bulevar Hermanos Serdán y el segundo piso de la autopista México-Puebla han ocasionado la tala y deterioro de los camellones con vegetación leñosa y no leñosa.

 

Estrategias de defensa utilizadas por la ciudadanía y omitidas por el gobierno

Inicialmente, el teleférico iba a terminar hasta el centro histórico y la Estrella de Puebla iba a colocarse en Paseo Bravo que, de igual manera, este sitio forma parte del centro histórico. Esto no se llevó a cabo gracias a la protesta de la ciudadanía por proteger su patrimonio cultural, al ser el centro de Puebla parte de la Lista del Patrimonio Mundial (Hernandez, 2013). Esto fue un logro para la ciudadanía al hacer valer sus derechos de integridad cultural, diálogo y consulta. Por otro lado, existieron estrategias de defensa por parte de los ciudadanos, que, a pesar de la difusión, organización interna y comunicación, no se tomaron en cuenta por las autoridades. Entre estas están las marchas realizadas por organizaciones sociales y colectivos ambientalistas para que se replanteara el proyecto de la Ciclo-vía Hermanos Serdán, de la cual salieron victoriosos frenando la tala de 800 pero que, la re-planeación ha costado hasta la fecha más de 150 árboles (Llaven, 2016). Como consecuencia, se creó el Frente Puebla con árboles, para hacer valer el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, estipulado en el Artículo 4 de la Constitución (DOF, 1917), ya que como establece la Organización Mundial de la Salud, cada habitante debe tener un mínimo de 9 m2 de área verde por habitante (Sorensen, Barzetti, Keipi, & Williams, 1998) y Puebla presenta un déficit menor a 2 m2(De Gante Cabrera & Rodríguez, 2009). A pesar de todo el esfuerzo por dicho frente, la construcción sigue eliminando árboles, haciendo caso omiso a las peticiones.

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En conclusión, la mayoría de los proyectos implementados actualmente son más “apantalladores” que eficientes, debido a que muchos de estos, como por ejemplo la ciclo vía, se pudo haber realizado sobre la calle sin necesidad de hacer un segundo piso, eliminando toda la vegetación circundante y de los camellones para su cambio por tubos de metal. Asimismo, se ha notado que, a pesar de toda la modernización de UNA PARTE de la ciudad de Puebla, esta ciudad tiene un talón de Aquiles que ha aparecido en este último año y ha ido en aumento: la inseguridad y la desigualdad social. Otro problema es la omisión de las leyes y normas que se establecen dentro del Código Reglamentario Municipal, como el caso de la ciclo-vía en donde se inició el proyecto sin los permisos para la extracción de los árboles y el establecimiento de pavimento sobre áreas verdes, artículo 852 y 851(Puebla, 2004).

Se deben crear políticas públicas más incluyentes para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los involucrados dentro del proyecto y el no favorecimiento de solo una pequeña parte de la población. Es imprescindible que se tomen en cuenta los derechos a la consulta y participación y que a la sociedad esté consciente de ello, ya que al haber movimiento social acompañado de herramientas legales se puede lograr la defensa de los derechos.

Autora: Diana del Carmen Ríos Quiroz

Referencias.

Boelsums, R. (2012). Living next to a flagship development. TU Delft, Department of Urbanism.

Cobos, E. P. (2004). Ciudad de México: los caminos de la privatización de lo urbano. Revista Ciudades(64).

De Gante Cabrera, V., & Rodríguez, M. (2009). Parques y jardines del municipio de Puebla. Elementos, 76, 51-55.

Díaz de León, C. F. (2005). Puebla: el más allá de la retícula, más acá en la pobreza.

DOF. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, recuperado de http://www/. diputados. gob. mx/LeyesBiblio/doc/1. doc (2007, 27 de julio).

Hernandez, G. (2013). Emprende INAH acciones contra funcionarios por teleférico en Puebla. Revista Proceso. Recuperado de http://www.proceso.com.mx/340054/emprende-inah-acciones-contra-funcionarios-por-teleferico-en-puebla

Hernández, M. (2016). Teleférico de Puebla, el más caro en todo el país. El Economista. Recuperado de http://eleconomista.com.mx/estados/2016/01/07/teleferico-puebla-mas-caro-todo-pais

Llaven, Y. (2016). Pese a litigio en proceso, derriban 150 árboles y avanza instalación de ciclovía Hermanos Serdán. La Jornada de Oriente. Recuperado de http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/10/04/pese-litigio-proceso-derriban-150-arboles-avanza-instalacion-ciclovia-hermanos-serdan/

Montero, C. (2015). La defensa del patrimonio mundial por las personas y comunidades de Puebla, México.

Orueta, F. D. (2009). El impacto de los megaproyectos en las ciudades españolas. Hacia una agenda de investigación. Estudios demográficos y urbanos, 193-218.

Patiño-Tovar, E. (2004). Periferia poblana: la desigualdad del crecimiento. Papeles de población, 10(42).

Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN), (2004).

Sorensen, M., Barzetti, V., Keipi, K., & Williams, J. R. (1998). Manejo de las áreas verdes urbanas.

Vila, J. I. (2012). Estudiandola viabilidad de los “flagship projects” urbanos: modelos de gobernanza en ciudades europeas Las ciudades y el sistema urbano: Reflexiones en tiempos de crisis, 249.



¿Ya conoces las nuevas tecnologías para aprovechar mejor el agua?

El agua es un recurso natural que debemos proteger para garantizar el funcionamiento de los ecosistemas y la supervivencia de los seres vivos.

Muchos de nosotros gozamos en nuestro hogar de los servicios básicos para el día a día, como son el agua, electricidad o gas. Sin embargo, muchas de nuestras actividades contribuyen al desperdicio o mal uso de recursos naturales necesarios para proveernos, lo que ha causado la escacez de algunos de ellos en ciertas regiones.

Afortunadamente, el ingenio ha sido un gran aliado, ya que ha permitido que diversas personas, alrededor del mundo, creen equipos o procesos que ayudan al mejor aprovechamietno de los recursos naturales para el aprovechamiento de las personas, lo que se conoce como ecotecnias.

En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano, se recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. El agua de lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso. La captación de agua de lluvia es una ecotecnia que permite hacer más fácil el obtener agua para consumo humano o uso agrícola.

En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra a utilizar la superficie del techo como captación, conociéndose a este modelo como SCAPT (sistema de captación de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un beneficio adicional y es que además de su ubicación minimiza la contaminación del agua. Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en pequeñas áreas verdes para la producción de algunos alimentos que puedan complementar la dieta de las personas.

Otra ecotecnia es la implementación del sanitario seco. Este método es ideal para lugares donde no se cuenta con la infraestructura de drenaje. Este aparato se llama seco porque no requiere de agua, además de que su construcción no necesita de excavación profunda, adecuándose bien en terrenos rocosos. Al contrario de lo que muchos podrán pensar es muy limpio y no produce olores, además de que se hace una reutilización favorable al ambiente de los desechos que se ahí se depositan.

Una ecotecnia que se puede implementar en la mayoría de los hogares son dos circuitos hidráulicos separados, a través de uno de ellos circula únicamente el agua potable para grifos y duchas, mientras que en el otro contiene el agua obtenido a través del anterior procedimiento. El agua tratada es destinada a usos en los que no es imprescindible el uso de agua potable, tales como la lavadora, inodoro o riego de jardines, alcanzando un ahorro hasta del 80% del consumo total de agua por año.

El agua es un recurso natural que debemos proteger para garantizar el funcionamiento de los ecosistemas y la supervivencia de los seres vivos. Tenemos que darnos cuenta que preservar los recursos naturales es asegurar un desarrollo sostenible que posibilite a nuestros descendentes disfrutar de la naturaleza igual que lo hemos hecho nosotros.

Opta por tecnologías sostenibles o haz volar tu imaginación y contribuye con nuevos procedimientos que hagan que tu huella en el planeta se favorable.

COLABORACIÓN DE EARTHGONOMIC MÉXICO, A.C. Nuestra misión es fomentar el desarrollo de la sociedad en armonía con el entorno natural y el respeto a los seres vivos. Para más in información visita: www.earthgonomic.org, @Earthgonomic y /Earthgonomic.



Los proyectos de conservación y el despojo del territorio de comunidades indígenas

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad.

Autor: Gabriela Linares Sosa

Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en México, una de las regiones, -La Sierra Norte – es considerada de gran diversidad biológica por poseer 9 diferentes tipos de vegetación, una riqueza de especies, endemismos, y diversidad de hábitats. Estas características han motivado que la Sierra Norte se haya incluido dentro de las Áreas Terrestres Prioritarias para la Conservación definidas por CONABIO: Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe Región Terrestre Prioritaria (Arriaga & Espinoza & Aguilar & Martínez & Gómez, 2000). Durante el año 2000, SERBO A.C., una Organización Civil de Oaxaca, delimitó en la región a partir de estudios de vegetación y uso del suelo para la conformación de áreas prioritarias para la conservación una ellas, denominada Cuasimulco, que engloba a las comunidades del Rincón de Ixtlán, entre otras (González, 2000).

El Rincón de Ixtlán, como haremos referencia de ahora en adelante, engloba a 9 comunidades indígenas zapotecas que se autodenominan Xhidza. En esta zona se encuentran cinco tipos de vegetación: bosques de encino, bosque de pino, bosque de pino – encino, bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia (Bolaños, 2012). Las actividades principales son la agricultura y el cultivo del café, la propiedad de la tierra es comunal y su forma de organización es comunitaria y regional.

A inicios del siglo XXI emergió el mercado de los servicios ambientales que se potenció con el mercado de los recursos genéticos (Toledo, 2008). Los pagos por servicios ambientales (PSA) son instrumentos utilizados para recompensar a los dueños de la tierra por ciertos tipos de uso o manejo de los recursos naturales que generan servicios ambientales para terceros (Madrid, 2012).

En ese sentido, en el año 2003 comunidades cafetaleras del rincón de Ixtlán se integran al programa de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), programa que impulsó el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la finalidad de apoyar la captura de agua en las principales montañas del país (Anta, 2006).

Para el 2004, la CONAFOR publica la convocatoria para el Programa de Servicios Ambientales-PSA- CABSA (Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales) en su modalidad de cultivos de sombra, siendo uno de los requisitos estar certificados o en el proceso de certificación agraria a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Anta, 2006). Al menos dos comunidades del Rincón de Ixtlán iniciaron con el proceso de certificación para poder acceder a los programas PSA- CABSA.

La venta de servicios ambientales se ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad (Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer mundo, 2006). Sin embargo uno de los problemas es que no genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la conservación de los bosques en el largo plazo (Madrid, 2012).

Actualmente las comunidades del rincón de Ixtlán reciben pagos en tres modalidades: sistemas agroforestales, servicios ambientales hidrológicos y captura de carbono. Sin embargo, existen muchas dudas acerca de estos programas, ya que las comunidades no cuentan con expedientes completos, no existe transparencia y adecuada rendición de cuentas sobre los recursos económicos que llegan producto de la conservación, generando cierta desconfianza al interior de las comunidades (comunicación personal con autoridades locales, 2016).

Se suman a lo anterior, los convenios establecidos entre las comunidades y quienes pagan por la conservación, ya que durante el periodo que dura el programa PSA, las comunidades no pueden hacer uso del territorio. Es decir, no pueden cazar, ni tener acceso a plantas, hongos, leña, tampoco pueden sembrar maíz, actividades importantes para la subsistencia de las familias. En este sentido Toledo (2008), menciona que los contratos por servicios ambientales en cierta forma hipotecan y ceden el control de los territorios, conocimientos y recursos. Los servicios ambientales se convierten entonces en una forma de venta de derecho del uso del territorio, garantizando el derecho exclusivamente a las corporaciones.

Existen muchas dudas sobre los programas y proyectos ya mencionados, algunas comunidades que han decidido salir de ellos enfrentan una serie de presiones por parte de las consultoras para seguir dentro del programa PSA-CABSA. De la misma manera, instancias gubernamentales como la Procuraduría Agraria tratan de incidir para que las comunidades que no entraron al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), regularicen su situación ante el programa actual, para poder acceder a nuevos proyectos.

El panorama en materia ambiental en Oaxaca es muy complejo, principalmente después del 31 de octubre de 2013, cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático, por lo que se espera el impulso de nuevos proyectos como REDD+ y Protocolo de Nagoya que en teoría pretenden un reparto justo y equitativo de beneficios derivado de la biodiversidad. En el Rincón de Ixtlán se prevé la posibilidad de establecer un área de protección especial ante la CONANP como Corredor Biológico. Sin embargo, es importante mencionar que ninguno de los proyectos anteriores ha pasado por un proceso adecuado de consulta a las comunidades y pueblos indígenas, violando los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas, así como los de consulta libre, previa e informada para alcanzar su consentimiento, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A manera de conclusión podemos decir que no existe un proceso de gobernanza en la región, ya que se omite la participación de las comunidades en el diseño de las políticas públicas que impactan la zona. No existe un respeto hacia las instancias de toma de decisiones locales como es la asamblea comunitaria. Al final, los que obtienen algún beneficio son las consultoras y organizaciones civiles que obtienen financiamientos por el PSA-CABSA y de su intervención como enlaces o intermediarios con las empresas principalmente privadas que pagan por la conservación de los bosques. Las realmente beneficiarias son entonces y de acuerdo con Toledo (2008), las grandes corporaciones conservacionistas cuya propuesta sigue siendo la venta de bienes y servicios, esto incluye además de la captura de carbono, otros como el etnoturismo, la bioprospección, hasta el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos ancestrales.

 



¿Qué necesitas saber de los megaproyectos que amenazan a los pueblos indígenas?

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México, Colima y Puebla.

Desde hace cinco años, numerosos megaproyectos han afectado tanto a las comunidades indígenas como a su biodiversidad. Estados de la República Mexicana como Puebla, Chiapas, Oaxaca e incluso Sonora, han sido víctimas de las agresiones asociadas con los megaproyectos que van invadiendo cada vez más al país.

Un ejemplo de ello es el abuso denunciado en el informe Una sentencia fallida, elaborado por la Misión Civil de Observación a la Tribu Yaqui. En él se destacó que la comunidad indígena no tiene agua potable ni drenaje, por lo que se abastecen de los canales del río; sin embargo, en las últimas tres décadas, gran parte del agua de la zona es usada para surtir a otras ciudades, la agroindustria y actividades mineras de Sonora. El responsable de esto, un megraproyecto por parte del gobierno de Sonora y la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, ha violado un decreto de 1940, en la cual la tribu es la única que puede “disponer cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines de riego de sus propias tierras.”

Pese a realizar procesos legales coordinados por los yaquis y varias organizaciones, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– sentenció en 2013 un amparo a la comunidad indígena y ordenó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat– deje sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia –ya que no se consultó a la población sobre su construcción–, el acueducto continuó funcionando. De hecho, sólo podrán suspender la extracción de agua si advierten “un riesgo irreparable para los yaquis”, el cual existe en el momento en que les quitan el derecho a un recurso natural a una comunidad indígena. En palabras de Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, “En el caso de las comunidades indígenas y pueblos originarios, un principio fundamental es el de la consulta previa, y eso se viola sistemáticamente en la realización de megaproyectos. De entrada no puedes decir que una consulta va a ser de buena fe cuando realmente las autoridades ya aprobaron los permisos.”

Y no sólo se queda ahí, según los registros del Centro Nacional de Comunicación Social AC –Cencos– y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas –Periodismo CIDE–, existen alrededor de 80 agresiones físicas –comprobadas– entre 2014 y 2016 que se relacionan con megaproyectos en contra de las comunidades indígenas, pueblos originarios y sus defensores: hay secuestros, amenazas, entre otras más. Esta base de datos se realizó con los registros de las agresiones a las comunidades indígenas que iniciaron un proceso penal contra los megraproyectos.

De hecho, esta base de datos documentó ataques en contra de 30 comunidades y 50 defensores; en las cuales se presentaron violación al derecho a un medio ambiente sano –21–, consulta previa, libre e informada –8–, detenciones arbitrarias –30–, entre otros. Además que de los 30 casos de detención arbitraria, sólo once pisaron la cárcel y estuvieron presos entre seis y 15 meses –pero al final fueron liberados porque no se comprobaron los delitos que se les imputaban–.

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México –28–, Colima –12– y Puebla –9–. Mientras que las 77 agresiones registradas, de las 80, fueron cometidas por funcionarios públicos; principalmente de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la Secretaría de Energía.

Es importante mencionar que el mayor número de ataques hacia las poblaciones indígenas ocurren en los proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos. En ellos, regularmente, son los proyectos hidroeléctricos que violan el derecho a un ambiente sano de las comunidades; y los mineros, intimidan a los habitantes y desprestigian a los defensores.

 

Otro ejemplo importante es el Chiapas, en donde habitantes de once municipios han organizado una movilización en Defensa de la Vida y del Territorio –Modevite– con el fin de denunciar abiertamente los proyectos de muerte que están poniendo en riesgo a sus comunidades y pueblos originarios.

Desde el 16 de noviembre hasta el 25 del mismo mes, Modevite ha buscado animar y fortalecer su lucha con una megaperegrinación por la paz, la defensa de la Madre Tierra y la vida digna de los pueblos originarios. Esto pretende generar una toma de consciencia a las comunidades de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Cancuc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de Las Casas.

Para conocer más sobre esta discriminación a los pueblos indígenas, dale click aquí.



El gasoducto que amenaza a la comunidad de Amilcingo, Morelos

La responsable del proyecto es la Comisión Federal de Electricidad –CFE–, quien invirtió 1 600 millones de dólares que concesionó a las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa.

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Engaños, negligencia, manipulación y criminalización, fueron las estrategias del Proyecto Integral Morelos –PIM–  sobre Amilcingo, una localidad en Morelos, para construir un gasoducto como parte de un proceso de industrialización y minero en la zona oriente del estado. La responsable del proyecto es la Comisión Federal de Electricidad –CFE–, quien invirtió 1 600 millones de dólares que concesionó a las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa. 

La construcción consiste en dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 630 megavatios –MW– cada una en la comunidad de Huexca, Morelos. Uno de los gasoducto de 160 km transportará 9 061 millones de litros de gas al día, cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de otros estados, y el otro acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos. 

Eliezer Zamora Pérez, miembro de la comunidad de Amilcingo de Temoac, relata que todo empezó como rumor en la comunidad de Amilcingo: “Se decía de un gasoducto que pasaría por nuestras tierras ejidales, no sabíamos de dónde venía, cuál sería el trazo, cómo nos afectaría y mucho menos hacia dónde se dirigiría o cuál era su fin. Sólo sabíamos de un gasoducto que se pretendía pasar.” Frente a ello, la comunidad empezó a compartir la información, tratando de esclarecer las dudas que surgían de este hecho. Inclusive, cuenta, que se recurrió al comisariado ejidal y al ayudante municipal, y dijeron que no sabían nada al respecto. 

Conforme pasó el tiempo, algunos miembros de la comunidad seguían preguntando y difundiendo la información; inclusive se realizó un volante para generar consciencia acerca de los riesgos sobre la población: “Nuestro sentido común nos decía que algo estaba pasando, y que esto representaba un peligro para la comunidad. Ya sabíamos lo que había pasado en San Martin Texmelucan, Puebla, que explotó y cobró víctimas humanas.”

http://www.afectadosambientales.org/
http://www.afectadosambientales.org/

En la comunidad de Amilcingo se empezó a llenar de “vehículos extraños, desconocidos, sin razón social, con personas que llevaban folders y visitaban sólo a algunas personas en sus domicilios” bajo el nombre de la Comisión Federal de Electricidad. Fueron inclusive ellos quienes visitaron a los ejidatarios con el discurso de que se estaba preparando un proyecto que se llamaba gasoducto y que pasaría por las tierras: “Decían que de acuerdo con un evalúo les correspondería cierta cantidad de dinero y que para formalizar tendrían que firmar ante notario público contratos de renta por 30 años.” Además, afirmaron que el proyecto no era peligroso pues se iba a tratar de gas natural, y que, por ser natural, es amigable con el medio ambiente: “Es gas que no explota y si surgieran algunas fugas no hay de qué preocuparse, porque contamos con la tecnología que tiene un sistema que rastrea las fugas o fallas técnicas por medio de satélites, y esto nos permite cerrar válvulas para evitar explosiones. En caso de alguna explosión será mínima”. Y cuando se habló sobre la profundidad de la tubería del gasoducto, explicaron que estaría a 2m de profundidad, la suficiente para evitar cualquier accidente. La CFE finalizaba diciendo:  “ustedes seguirán siendo dueños de la tierra y podrán seguir sembrando sobre el gasoducto sin ningún problema. Solamente permítanos el paso”.

 

Pese a que los propietarios de las parcelas intentaron defenderse acercándose a las autoridades, la CFE remitía que eso no tenía nada que ver con las autoridades y mucho menos con las asambleas; e inclusive, decían que “si usted es el propietario y si así lo dicen sus certificados parcelarios, usted puede hasta vender; y si no lo tiene, nosotros se lo arreglamos en 15 días”. Pero parecía que no era por las buenas, sería por las malas, pues al encontrar una negativa, esta comisión comenzó a amenazar a los miembros de la comunidad; afirmaban que por ser un proyecto federal, “va a pasar porque va a pasar, si tú no das onsentimiento, entonces te vamos a expropiar y el dinero que te estamos ofreciendo no te lo vamos a dar ya. Es más, los vecinos con los que colindan tus tierras están de acuerdo, ya nos dieron su consentimiento no tienes otra opción. Así es como a algunos ejidatarios les fueron arrancados sus papeles”.

 

[Desinformémonos]

 



Crónica de un conversatorio sobre megaproyectos en México hacia la sostenibilidad 2030

Un México Sostenible en donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas

Todo parece indicar que no habrá un alto al “progreso” hasta que toquemos pared como civilización, en ese sentido llega a la mente el comentario de Noam Chomsky* donde explica cómo, a diferencia de la extinción de los dinosaurios producida por un meteorito, nosotros somos nuestro propio meteorito y la extinción ha comenzado desde hace tiempo.

¿Qué puede hacer la sociedad civil frente a los megaproyectos?, ¿qué rol juegan las poblaciones y dónde está el poder de decisión?, ¿es posible lograr alguna convención mínima entre esquemas de desarrollo?, ¿cuál es la diferencia entre megaproyecto y proyecto?, ¿seguimos apostando y subsidiando modelos de desarrollo caducos?, ¿qué tanto sabemos del tema?

Este breve registro es un intento por plasmar el crisol de opiniones escuchadas el pasado jueves 4 de febrero en las instalaciones de la Escuela Bancaria Comercial en el Conversatorio Sostenibiladad 2030 visiones y retos de los Megaproyectos en México, organizado por la plataforma SostenibilidadMx (http://www.sostenibilidadmx.org/), apoyado por la Red Ambiental Mexicana, que da inicio a sus acciones que tienen como objetivo fortalcer las agendas públicas desde la sociedad civil. Durante el evento estuvieron presentes, ponentes de organizaciones, think tanks y un organismo gubernamental: Centro Mexicana de Derecho Ambiental, Centro de Colaboración Cívica, Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) Fundar, World Wild Fund, Centro Prodh, Bo.Vo. Asesores Integrales y CONABIO.

Desde nuestras miradas, el tema de los megaproyectos como fenómenos que transforman por completo un territorio ya sea urbano o rural, resulta un reflejo de la atrocidad de nuestros tiempos y creo que no faltan razones para creer en ello. Basta poner la lupa en cualquier punto del territorio mexicano para encontrar desastres ecológicos causa del esquizofrénico contraste entre las leyes y la realidad.

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De acuerdo con los especialistas nos enfrentamos a un escenario donde los megaproyectos emergen bajo marcos legales de hace veinte años para satisfacer necesidades que ya no existen, mientras son presentados como necesidades cuando en realidad fomentan la desigualdad. De ahí el llamado a que las luchas no estén aisladas frente a la legalización de lo ilegal de la Reforma Energética que nos condena a la servidumbre legal.

Al respecto, el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, A.C. (CEMDA), habló del caso de la carretera Huejuquilla-Bolaños en la sierra huichola, que atravesó territorios sagrados y fue dejada a medias después de un amparo agrario por violar leyes ambientales interpuesto por la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie.2 Por otra parte, el Centro Pro Derechos Humanos, A.C; fue una muestra de acciones desde las comunidades y sociedad civil que apuestan por las decisiones tomadas desde la información y el consenso, el Buen Vivir y la defensa de los derechos humanos, sobre el mero crecimiento económico para hacer frente a la imposición de los megaproyectos, tal es el caso de Magdalena, Teitipac, pueblo oaxaqueño en lucha contra la minería.3

O bien, en la urgente defensa de líderes comunitarios como Idelfonso Zamora a quién defender el medio ambiente le ha costado su libertad y la vida de uno de sus hijos. Ildefonso Zamora, es un líder indígena tlahuica y protector de los bosques mexicanos, encarcelado injustamente acusado de un delito que no cometió, en venganza por su combate a la tala clandestina en el Estado de México. 4

Sin embargo, también dentro del conversatorio encontramos enfoques de personas con experiencia directa en el trabajo de mediación entre empresas y comunidades. Y hablaban de una mirada a los megaproyectos como una oportunidad para que los pueblos tomen sus propias decisiones (sean buenas o malas), a la vez de ser una alternativa al desarrollo que permita mitigar las condiciones de pobreza y desigualdad que detonan la migración de los jóvenes o su inserción en el narcotráfico, ¿estamos hablando de una oportunidad hacia agendas de convivencia entre visiones de desarrollo?

La problemática es sumamente compleja y nos deja, vale decirlo nuevamente, con más preguntas que respuestas: ¿es posible crear otros modelos de desarrollo social y territorial?, ¿es el emprendimiento social una vía de solución?, ¿existen megaproyectos sustentables?, ¿podemos actuar desde esquemas de gobernanza que integren las diferentes visiones de desarrollo? Sin duda necesitamos más espacios de encuentro y diálogo como este conversatorio para conectar nuestras acciones.

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SostenibilidadMx, impulsada por Telar Social México y Reforestamos México, integrantes de la Red Ambiental Mexicana #RAM, nos facilitan una alternativa que pone en práctica nuevas vías de colaboración, gestión de conocimientos, co-creación y trabajo en red entre las y los ciudadanos. a fin de robustecer la participación y representación ciudadana en la integración de la sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2024, como estrategia la 2050.

Esta nueva plataforma híbrida 3.0 de inteligencia colaborativa, nos invita vislumbrar un México Sostenible, donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas, ante los desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales regionales y globales del Siglo XXI.

Ser conscientes del gran desafío y su problematización hoy en día ya no es suficiente. El desarrollo de sociedades sostenibles, no puede pensarse, sin la gestión de un modelo sistémico, un pensamiento holístico y un sentido de cooperación.

Te invitamos a dialogar,colaborar e incidir a través de www.sostenibilidadmx.org o través de sus redes sociales y el hashtag #SostenibilidadMx.

Monserrat Salazar Gamboa y David Ordaz Bulos

Observatorio

Seguimiento a los asuntos ambientales y de ecología más urgentes de México.

Biblioteca Ecoosfera

Una compilación de lecturas (libros, ensayos, etc) disponibles en PDF sobre temas como sustentabilidad, medioambiente y salud.

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