Ejidos y comunidades, conservadores rurales de la biodiversidad

Actualmente existe una serie de problemas que pone en riesgo la preservación de prácticas en las zonas rurales y por lo tanto la conservación de la biodiversidad.

México posee una ubicación latitudinal favorable donde se une la región neártica y neotropical, además de su historia geológica y la accidentada topografía que lo componen, se crearon las condiciones favorables para generar riqueza biológica la cual constituye los diferentes ecosistemas del país. La variedad de ecosistemas, orígenes, formas de vida y lenguas, se equiparan a una inagotable diversidad cultural, donde los recursos naturales son parte significativa como fuente de vida e identidad de muchos pueblos (Neyra y Durand, 1998; Navarrete, 2008)

La cultura y desarrollo de México ha hecho posible la subsistencia histórica de diversos grupos étnicos que dieron origen a los pueblos y comunidades que hoy en día conforman la República. De la superficie territorial del país, el 51% pertenece a núcleos agrarios lo cual quiere decir que más de la mitad del territorio está en manos de ejidos y comunidades. En dichos núcleos existen grandes riquezas naturales, se encuentra el 80% de los bosques y selvas, el 64% de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país (CONABIO, 2000; Navarrete, 2008; SEDATU- RAN, 2012).

En este trabajo, se examina la relación hombre-naturaleza así como la problemática actual que pone en riesgo la preservación de prácticas de manejo de bajo impacto (conocimientos y prácticas ancestrales como ceremonias sagradas, cacería, pesca, cosecha, recolección, agricultura y prácticas forestales) en zonas rurales de México, y por lo tanto la conservación de la biodiversidad (CONABIO, 2000; Navarrete, 2008).

En comunidades indígenas del norte de México, hay periodos donde escasea el agua, lo cual hace prácticamente imposible la producción agrícola. Mantener a la comunidad implica buscar otros medios para obtener alimentos. El monte, como ellos le llaman, les provee de vestimenta, vivienda, plantas medicinales, especies que usan para ritos, frutos silvestres, animales que van desde mamíferos hasta insectos ricos en nutrientes y leña, la principal fuente de energía de los fogones, donde cocinan sus alimentos (Loa et al., 1998; Navarrete 2008; CONABIO, 2009).

Actualmente existe una serie de problemas que pone en riesgo la preservación de prácticas en las zonas rurales y por lo tanto la conservación de la biodiversidad. En 1992 con el tratado de libre comercio (TLC) y la nueva reforma (artículo 27 constitucional), se le puso fin al reparto de tierras ejidales, además de dar paso para asociarse con el Estado y con terceros, permite que la tierra ejidal sea vendida, rentada y/o explotada. Aunado a esto, la aprobación de la Contrarreforma Indígena en 2001 negó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el control sobre su territorio, a pesar de la firma de los Acuerdos de San Andrés y proceso de organización y movilización social como la Marcha del Color de la Tierra en 2001 (Navarro, 2013).

indigenas biodiversidad

El modelo de desarrollo adoptado por el país (1940; modelo de sustitución de importaciones, 1964, modelo de desarrollo estabilizador, y el actual modelo neoliberal de 1984), se caracteriza por haber privilegiado el crecimiento industrial y urbano a costa del desarrollo en el campo. El capitalismo comercial produjo la extracción y saqueo de los recursos; inversionistas pueden explotar las tierras, sin tener que comprarlas, se ha ignorado la realidad de un entorno ecológico diversificado y complejo. Mientras tanto la producción y los recursos atienden las necesidades del mercado mundial, y no en función de productores locales (Herzer et al., 1977; Loa y Durand, 1998; CCI, 2009; Navarro, 2013).

Entre las consecuencias del ya mencionado modelo de desarrollo, millones de familias campesinas han sido forzadas a abandonar su tierra de cultivo debido a usurpaciones de tierra propiciadas por políticas nacionales o fuerzas militares (muchas ocasiones con la finalidad del establecimiento de un megaproyecto). Se han visto en la necesidad de venderlas o rentarlas (CCI, 2009; Navarro, 2013). En busca de una mejor calidad de vida, la población rural migra a zonas urbanas. Hace 60 años más del 50% de la población del país vivía en el campo, para el 2010, la cifra se redujo a 22% (INEGI, 2010).

“La ciudad constituye una concentración desigual, el acceso a servicios y a beneficios del desarrollo está marcado por la posesión diferenciada de capitales de sus pobladores”. En este punto, los campesinos que recién se incorporan poseen en todos los campos capitales económico, social, simbólico y cultural muy restringidos para las pautas del mercado global, por consiguiente su incorporación a todos los beneficios del desarrollo es limitada (Ortega, 2013).

agricultura pueblos indigenas

Dentro de toda la problemática que se genera vemos un impacto en la vida económica y social de las y los campesinos, ligado con la devastación de la biodiversidad. El crecimiento industrial y la necesidad económica y de supervivencia de los pobladores rurales trae consecuencias sobre los recursos: suelos erosionados, cambio de usos de suelo, aprovechamiento irracional de los
recursos naturales, modificación de paisajes, y en general desequilibrio en los ecosistemas.

Las áreas naturales protegidas en México no son suficientes para la conservación de los recursos, actualmente solo el 13% del territorio está bajo alguna categoría de conservación (CONABIO, 2000). La participación de los pobladores rurales es fundamental en el manejo y conservación de los recursos.

En la comunidad indígena de San Juan Nuevo, en el estado de Michoacán, las y los pobladores manejan una empresa comunal certificada y toda su cadena productiva; la conservación y el aprovechamiento sostenible van de la mano con el desarrollo de la comunidad (Cortéz et al., 2001). Otro caso exitoso es el de la sierra Mixe de Oaxaca donde las principales actividades económicas de la comunidad son la producción forestal maderable, y no maderable, agricultura de básicos y la ganadería, que se complementan con actividades como la floricultura, la acuacultura, la extracción de leña, mientras que algunas familias se encargan de ofrecer servicios de ecoturismo y alimentación para los turistas o paseantes (Anta et al., s.f)

Es necesario rescatar los conocimientos tradicionales de los actores locales para generar estrategias y metodologías que ayuden a la participación social y al desarrollo responsable de las comunidades, de tal manera que se fortalezcan las capacidades y conjuntamente contribuir a la recuperación y conservación de los recursos.

Autora: Diana Lizett Corona Mora

Bibliografía

Anta F. S. (s.f). El Manejo Forestal de la Empresa Comunitaria de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca, México. The Rights and Resources Initiative. p 19.

CCI- Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina. (2009). Declaración
de
los
Derechos
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las
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y
Campesino. Movimiento campesino internacional. p 14.

CONABIO – Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (2000). Estrategia nacional sobre biodiversidad de México. México. p 103.

Cortéz G, Velázquez A, Bocco G, Fregoso A. (2001). El enfoque de paisaje en el manejo forestal de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, México. Investigaciones Geográficas. Pp 58-77.

Herzer H., Sojoy J., Prudkin N., y Helguera L. (1977). La relación entre el hombre y los recursos naturales: Algunas consideraciones teóricas acerca del medio ambiente en América Latina. pp. 206- 220.

INEGI- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2010). Población rural y urbana, [documento en línea], sitio electrónico del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, [consultado el 14/10/2016], disponible en: < http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur _urb. aspx?tema=P>

Loa E. y Durand L. (1998). Hacia la estrategia mexicana de biodiversidad. En: la diversidad biológica de México: Estudio de país. CONABIO. México. Pp 287-293.

Loa E., Cervantes M., Durand L., y Peña A. (1998). Uso de la biodiversidad. En: la diversidad biológica de México: Estudio de país. CONABIO. México. Pp 103-157

Navarrete L. F. (2008). Los pueblos indígenas del México. CDI. México. p 141.

Navarro L. M. (2013) Las luchas indígenas y campesinas contra el despojo capitalista en México: subjetividades políticas en la defensa y gestión de los bienes comunes naturales. Boletìn Onteaiken No 15. Pp 71- 84.

Neyra L. y Durand L. 1998. Biodiversidad. En: la diversidad biológica de México: Estudio de país. CONABIO. México. pp 61- 103.

Ortega T. M.J. (2013). Ortega T. M J. 2013. La migración del campo a las ciudades. La pobreza de la colonia Alemán en Xalapa, México. Revista internacional de estudios migratorios. Vol 3(1):61-90.

SEDATU- RAN. Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Registro Agrario Nacional. (2012). El 51% del territorio nacional es propiedad social. Boletín No.8. México, D.F. p 1.

SEMARNAT- CONANP. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2010). México, comprometido a incrementar la superficie de su territorio decretado como área protegida. Comunicado de prensa. p2. [Documento en línea], Comunicado de prensa. [Consultado el 14/10/2016], disponible en: < http://www.conanp.gob.mx/difusion/comunicado.php?id_subcontenido=145 >



Otorgan amparo y protección judicial al manglar Tajamar

La viralización en redes sociales del ecocidio del manglar Tajamar provocó la atención de numerosas instituciones para frenar la ambición de las empresas turísticas sobre la biodiversidad de la región. Ahora, de acuerdo con el periódico La Jornada, el tercer tribunal del vigesimoséptimo circuito otorgó un amparo y protección de la justicia federal a grupos […]

La viralización en redes sociales del ecocidio del manglar Tajamar provocó la atención de numerosas instituciones para frenar la ambición de las empresas turísticas sobre la biodiversidad de la región. Ahora, de acuerdo con el periódico La Jornada, el tercer tribunal del vigesimoséptimo circuito otorgó un amparo y protección de la justicia federal a grupos ambientalistas que se opusieron a la construcción del complejo inmobiliario –el cual causó la devastación de 59 hectáreas de manglares–. 

Frente a esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales –Semarnat– se abstendrá de ejecutar la autorización del impacto ambiental otorgada al Fondo Nacional de Turismo –Fonatur–, prohibiendo la remoción del manglar para llevar a cabo el complejo inmobiliario. Fue así que tanto el Grupo Ecologista del Mayab –Gema–, Centro para la Diversidad Biológica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental –Cemda– y Greenpeace México y otras organizaciones ambientales han solicitado que la Semarnat se vea obligado a abstenerse de emitir una nueva autorización y de restaurar la zona afectada. 

Todas estas organizaciones ambientales aclaran que el tribunal fundó su sentencia para prevenir, promover tanto la responsabilidad como el desarrollo sustentable, y asegurar el reconocimiento de derechos colectivos que prevalecen sobre la propiedad privada en torno a la lucha por la protección y el respeto dle medio ambiente. Para ellos, es indispensable la resolución del tribunal para “identificar cómo se debe restaurar o reforestar la porción del manglar afectada.” Las organizaciones ambientalistas motivan a la resolución del tribunal colegiado en Quintana Roo para convertir el precedente ambientalista en una gran trascendencia y un referente para el derecho ambiental en México. 

Para las organizaciones ecologistas, aplaudimos del mismo modo que el tribunal reconozca el interés legítimo de las quejosas al identificar su residencia en Cancún y principalmente destacando el beneficio social que se hizo valer al querer proteger los manglares del malecón Tajamar. Esto es para combatir la autorización de impacto ambiental del proyecto Anteproyecto malecón Cancún, los trabajos de tala y la remoción del manglar con maquinaria pesada, por violar el derecho humano a un ambiente sano. 

El tribunal evidenció que no existe constancia de que la urbnación y edificación del malecón estuviese terminada, por lo que no son actos consumados de forma irreparable, como er la intención de hacer valer el Fonatur: “Con este amparo ya no hay nada que pueda hacer algún desarrollador inmobiliario y al parecer es la última palabra legal. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no ha resuelto el tema del derecho a un medio ambiente sano que demandaron 113 niños por la devastación ocurrida en Malecón Tajamar.”

 


¿Por qué las instalaciones de musgo son la solución a la contaminación en las ciudades?

Bajo el concepto de CityTree, estas instalaciones citadinas están cubiertas por musgo, aprisionando cierta materia como óxido nitrógeno y CO2 mientras produce cantidades significativas de oxígeno y refresca el medio ambiente.

Numerosas ciudades del mundo han tenido que adaptarse a la cada vez más creciente sobrepoblación; han tenido que desarrollar nuevas infraestructuras tanto públicos como privados para agilizar el transporte y efectivar la vivencia de millones de habitantes. Desgraciadamente no todas las ciudades cuentan con conceptos y diseños que sean capaces de ser sostenibles tanto con las necesidades humanas como con la resiliencia de la naturaleza. Frente a ello, surge una startup tecnológica llamada Green City Solutions, la cual instala fitros de aire mediante cultivos de musgo. 

Bajo el concepto de CityTree, estas instalaciones citadinas están cubiertas por musgo,  aprisionando cierta materia como óxido nitrógeno y CO2 mientras produce cantidades significativas de oxígeno y refresca el medio ambiente. Cada instalación es alrededor de 3 metros de anchoy 4 metros de alto, en donde hay plantas a lo largo de 2.19 metros de profundidad. Además, es capaz de ofrecer un beneficio ambiental de 275 árboles, absorbiendo 250 gramos de partículas al día y removiendo 240 toneladas métricas de dióxido de carbono cada año. 

De acuerdo con el cofundador de Green City Solutions, Zhengliang Wu, “los cultivos de musgo poseen mucha más área de superficie vegetal que cualquier otra planta. Esto significa que puede capturar más contaminantes.” Y gracias a que cada instalación posee sensores vía Wi-Fi, se puede medir la calidad de aire alrededor de ella: se ha comprobado su efectividad a un bajo costo –cada instalación cuesta alrededor de 25 000– para limpiar el aire. 

 

 

Este tipo de proyectos que busca la ecosustentabilidad de las ciudades proveería numerosos beneficios tanto a la salud general de la población como a la ecología de la región. Varios estudios han comprobado la toxicidad de los contaminantes derivados de los medios de transporte, la basura, entre otros. De modo que incorporar esta tecnología podría ayudar a fortalecer la infraestructura citadina, mejorar el medio ambiente y regular la temperatura de las ciudades. 

 



Vaquita, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

En 1978, P. sinus, fue incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Brownell & Robert. 1983).

Autor: Andrea Tapia García

Vaquita (Phoecena sinus), mejor conocida como vaquita marina. Es una especie endémica del Golfo de California que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción con una población cercana a los 30 individuos. ¿Cómo fue que esta especie llegó a este punto?

El Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, es uno de los mares biológicamente mas ricos y productivos en todo el mundo. Su riqueza ecológica y alta productividad, ha hecho que las actividades económicas aumentaran constantemente a lo largo del Golfo, convirtiéndolo en una región económicamente activa y causando un crecimiento incontrolado de la población (Urban, Rojas, Guerrero, Jaramillo &amp; Findley, 2005).

Este mar es el hogar de cerca de 43 especies de mamíferos marinos, incluida la endémica vaquita. Debido a las diversas e insostenibles actividades humanas, como lo son la pesca, turismo, contaminación y cambio climático; los mamíferos marinos de esta área han sufrido diversas amenazas, logrando disminuir sus poblaciones, en algunos casos a un nivel crítico (Arrellano, Torreblanca &amp; Smith, 2014).

Actualmente la vaquita es el cetáceo más amenazado en todo el mundo. Siendo la causa principal son las capturas incidentales en redes de pesca (Rohr, 2016). Durante las actividades pesqueras, los mamíferos marinos son capturados y mueren. Esto es conocido como captura incidental; y representa un problema para muchas especies de cetáceos alrededor del mundo (Danemann &amp; Ezcurra 2007).

El poner en riesgo a esta especie, nos lleva a cuestionarnos ¿Qué se hizo bien?, ¿qué fue lo que faltó?, ¿queda algo más por hacer?. A partir de estas y otras preguntas, se tratará de dar un panorama sobre el porqué esta especie se encuentra al borde de la extinción.

La vaquita (P. sinus), es el cetáceo más pequeño de todo el mundo con un tamaño cerca de los 140 cm. De acuerdo a Norris y Mc Farland (1958; citados por Urban et al. 2005), su distribución se encuentra limitada a la parte Norte del Golfo de California. Suelen estar en grupos pequeños o solitarios y se calcula una vida media de 20 años, con una reproducción de un individuo cada 2 años. Aunque la edad de madurez sexual ha sido difícil de estimar, se cree que maduran alrededor de los 5 años (Mateos, 2017; Brownell &amp; Robert. 1983; Rohr, 2016; Urban et al. 2005).

La vaquita comparte aguas con un pez conocido como totoaba, también endémico de la región. La vejiga de este pez, al que se le atribuyen capacidades afrodisiacas y medicinales, puede venderse en Asia con un precio que llega alcanzar hasta los 60 mil dólares, consumiéndose principalmente en China (El Universal, 2017). Desde el año de 1942, la pesca furtiva y el tráfico para su vejiga han provocado una pesca incontrolada e ilegal, involucrando tanto a pescadores mexicanos como traficantes estadunidenses (Brownell &amp; Robert. 1983).

El primer reporte registrado de vaquita en una red de pesca data del año 1961 por Norris y Prescott. La captura incidental por las flotas pesqueras en la década de 1970, estaba en el rango de decenas a cientos de vaquitas (Brownell &amp; Robert. 1983). En el año 1975, se declaró la veda permanente para la totoaba; sin embargo, la pesca con redes de enmalle siguieron operando.

En 1978, P. sinus, fue incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Brownell &amp; Robert. 1983). Se contrató personal profesional en áreas protegidas y se desarrolló un plan de manejo (Arrellano et al. 2014). A pesar de esto, las pescas incidentales, no se detuvieron, teniendo un rango de muerte de 32 vaquitas por año (Brownell &amp; Robert. 1983).

En 1993, el Alto Golfo de California y el Río Colorado, son decretados Reserva de la Biosfera. El gobierno especifica la protección legal de la vaquita, complementando las regulaciones de la reserva. Al observar que la población seguía disminuyendo, se realizaron estudios de población que demostraron que el área protegida no coincidía con su distribución. Además, la zona de reserva no contaba con los señalamientos adecuados para la prohibición de pesca.

La International Whale Commission (IWC) basándose en un estudio con una mortalidad de entre 39 y 84 vaquitas en 1995 (D’Agrossa et al, 2000), propuso el cierre de la pesquería de totoaba. Se necesitaba reconsiderar los permisos de pesca, realizar acciones para detener el comercio ilegal de totoaba y desarrollar un plan de protección a largo plazo para la vaquita. En dicho plan necesitaba incluirse educación y alternativas para pescadores, así como acciones de monitoreo (Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita marina [CIRVA], 2014). De no ponerse en marcha, calcularon que la población bajaría durante los siguientes 15 años a 50 individuos (Urban et al. 2005).

En la década de los 90 la gestión de áreas litorales se basaba en un modelo integrador, donde se tomaba en cuenta el desarrollo sostenible junto con la participación pública (Pérez C. 2014). Si se observa el caso de la reserva de Cabo Pulmo en Baja California, resulta evidente que para que un plan de manejo sea exitoso, debe haber una implementación de las acciones por parte del gobierno y las personas afectadas por dicho manejo (Olsen et al 1999).

En el caso del Mar de Cortés, se prohibieron las redes de enmalle, pero sin dar una solución a los pescadores. Los pescadores locales argumentaron que las nuevas redes eran insuficientes para mantenerse y que mientras no se diera una solución eficaz, seguirían utilizando redes de enmalle (CIRVA, 2014).

La CIRVA sostuvo que debido a la falta de medidas eficaces para controlar la pesca, las vaquitas habían seguido un rápido camino a la extinción y que para detenerlo se debían retirar todas las redes de enmalle. (CIRVA, 2014). Después de que Omar Vidal, director de la WWF, comentara que las redes de enmalle eran la razón por la que la población de vaquitas se encontraba encolapso, la SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y de Recursos Naturales), comenzó a trabajar en una alternativa para sustituir este tipo de redes, trabajo que hasta la fecha sigue inconcluso. (Zamarrón, 2016).

A pesar de las advertencias, el gobierno Mexicano no realizó las acciones necesarias. Inclusive la IWC afirmó que si el gobierno hubiera seguido las recomendaciones, la vaquita probablemente no se encontraría en esta situación. (CIRVA, 2014). No fue hasta el año 2012, que se realizaron los primeros esfuerzos reales para detener el comercio ilegal (CIRVA,2014). A pesar de los esfuerzos en patrullar las zonas y hacer cumplir las normas, el proceso judicial es descuidado y no se logran las condenas establecidas. Consecuentemente, el comercio ilegal no ha podido ser detenido (Méndez E. 2017). En este punto, el retirar las redes de enmalle era insuficiente, se necesitaba prohibir todo tipo de pesca en la zona (CIRVA, 2014).

Debido a los pocos avances logrados, en el año 2016 se lanzó una iniciativa, donde se buscaba considerar la pesca de totoaba como un delito grave y sin derecho a fianza, con la finalidad de cesar con las redes de pesca de manera definitiva. Actualmente esta iniciativa sigue en proceso de revisión. (Garduño J., 2017).

De acuerdo a la CIRVA en noviembre de 2016 quedaban 30 individuos. Al no poder parar la caza ilegal y al borde de la extinción, científicos han propuesto capturar especímenes y colocarlos en un corral marino. Junto con ayuda de delfines entrenados por parte la marina de EUA, se buscaría localizar los individuos para transferirlos a un estanque temporal, construido dentro de su hábitat.

Sin embargo, aunque este plan pudiera llevarse a cabo, los científicos ven poco probable que la reproducción en cautiverio, pudiera restaurar la población. Este plan de manejo, representa una última alternativa, para evitar la extinción de la vaquita, que requeriría de grandes esfuerzos de manera continua, durante décadas (Mendez E., 2017).

Este caso de pérdida de biodiversidad debido al comercio y el tráfico ilegal, la falta de comunicación entre sociedad y gobierno, y la falta de acciones por parte del gobierno Mexicano, Estadunidense y Chino; deberá tomarse como referencia para poder realizar planes de manejo completos, eficaces e integradores. Se debe ayudar a la gente a ver en una perspectiva diferente. Informarlos, entender sus problemas y entre todos buscar una solución. Sólo de esta manera, los recursos marinos podrán ser aprovechados de manera sostenible; y la conservación y el manejo de recursos, podrán ir de la mano.



¿La alteración en el genoma de las plantas brindará estabilidad a la agricultura ecosustentable?

Para Tester, usar tierras arenosas, agua de mar y una revolución en el genoma de las plantas, ayudará a desarrollar nuevas técnicas que contribuyan a una nueva agricultura global y ecosustentable.

“Imagina un escenario en donde los campos de cultivo, de cebada, quinoa o arroz, puedan crecer en condiciones similares a las de un desierto, con poca calidad de suelo o tierras marginales y estériles”, son las palabras de Mark Tester, profesor de Ciencia de las plantas. Su visión es brindar un futuro estable y comprometedor a la agricultura ecosustentable mediante cultivo básico, irrigado con agua salobre, y así producir la suficiente cantidad de alimentos nutritivos para la población mundial. 

Tester, con la pasión de mejorar el planeta, diseñó y creó el Plan Accelerator en la Universidad de Adelaide en Australia, la cual facilita a los científicos tanto a crecer y observar miles de especies vegetales tomando en consideración los factores genéticos y ambientales que puedan influir la productividad y la salud. Mediante el uso de tecnologías genómicas y genéticas, Tester busca manipular sus genes para proveerles la habilidad de proliferar en zonas marginales con poca condición salina. 

Actualmente se dedica a tres áreas principales para alcanzar su objetivo:  

Primero, deseamos incrementar la tolerancia a la salinidad de zonas de cultivo comunes y difíciles. Por ejemplo, recientemente identificamos un loci –lugar geométrico– genético clave que es responsable del aumento a la tolerancia de sal en diferentes cadenas de cebada y arroz. Segundo, deseamos domesticar a las plantas tolerantes a la sal para que proliferen y se reproduzcan en campos altos aún con condiciones extremas. Recientamente pudimos encontrar la primera secuencia de alta calidad del genoma de la quinoa; y nuestros resultados nos ayudaron a comprender cómo las plantas crecen, maduran y producen semillas, permitiéndonos crear una planta de quinoa altamente productiva y resiliente.

Una vez que se logren estos dos objetivos, Tester planea continuar con un cultivo de irrigación con agua parcialmente desalinada a un costo económicamente viable: “Mucha de la comida del mundo se produce actualmente mediante la irrigación de agua fresca. Esto es completamente poco sustentable, principalmente porque brinda mayores retos ante el cambio climático y el calentamiento de la Tierra. Esta confianza en la irrigación es un gigante durmiente en un cuarto. Es indispensable que trabajemos en una solución para esto.”

Para Tester, usar tierras arenosas, agua de mar y una revolución en el genoma de las plantas, ayudará a desarrollar nuevas técnicas que contribuyan a una nueva agricultura global y ecosustentable. 

 



¿Cuál es el impacto ambiental del Comité Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre?

Merino (2008) afirma que las políticas públicas son parte de su tiempo histórico, de su entorno institucional y de las redes sociales en las que están inscritas.

Autora: Roxana Ruiz Buendía 

A pesar de que por años el Gobierno ha invertido cuantiosos recursos para atender el problema de la pobreza alimentaria del país, en México siguen habiendo millones de personas que padecen hambre (DOF, 2013-1). En la actualidad aproximadamente cinco de cada diez mexicanos viven en condiciones de pobreza, y de ellos uno en pobreza extrema. Esto quiere decir que cerca del 10% de la población total del país tiene tres o más carencias sociales: ingreso, acceso a alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a servicios básicos en la vivienda, y calidad y espacios de la vivienda (CONEVAL, 2014).

En el 2013 comenzó a implementarse la Cruzada contra el Hambre, programa social diseñado para erradicar el hambre con el trabajo conjunto del Estado mexicano y la comunidad afectada. Sin embargo a poco más de dos años y medio de su arranque la participación “integral” planteada en el decreto del programa no se ha concretado. Cejudo y Michel (2015) reportan que los Comités Comunitarios (CC) enfrentan limitantes para transmitir la información que generan a los Comités Estatales Intersecretariales (CEI), mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015) (CONEVAL) afirma que aunque los CC establecen las necesidades prioritarias de la comunidad, “la entrega de apoyos está basada en la oferta disponible de los programas, y no en la demanda identificada a través de los propios CC […]”.

Bajo el supuesto que el éxito de la CH depende de la interacción entre Estado y población afectada y que ésta se da a través de un proceso participativo integral, los problemas citados en los párrafos anteriores llevan a cuestionar, primero, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de información entre los CC y los CEI? y segundo, ¿se está realizando un proceso participativo integral aun cuando la entrega de apoyos no se basa en las necesidades priorizadas por los CC? En este ensayo intento responder a estas preguntas por medio del análisis de la normativa que rige a las figuras mencionadas así como de textos académicos sobre el diseño de políticas públicas.

Se dice que la Cruzada es un proceso participativo que conjunta esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, de instituciones internacionales y de sectores público, social y privado para combatir el hambre (DOF, 2013-1). La coordinación de las dependencias de gobierno, entre ellas, y con el sector social se realiza a través de grupos de trabajo avocados a cumplir con los objetivos de la CH a distintas escalas (Tabla 1). En el caso particular del sector comunitario, éste se organiza en los denominados CC.comite de hambre biodiversidad

Los CC están compuestos por los beneficiarios de los programas sociales incluidos en la CH y la comunidad en general. De acuerdo con los lineamientos de sus funciones los Comités están organizados y capacitados para ser las instancias ciudadanas que se articulan con los tres órdenes de gobierno en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las obras y acciones de gobierno para erradicar el hambre (DOF, 2013-2). Por ejemplo, los CC deben detectar y priorizar las necesidades de la comunidad y entregan la información a los CEI para que estos elaboren los Programas Estatal de Trabajo de la Cruzada (PETC) (Cejudo y Michel, 2015).

Sin embargo en los lineamientos de organización y funcionamiento de los CC no se establecen con claridad los mecanismos de comunicación entre estos y el CEI para la elaboración de los PETC. Lo más relacionado al tema es la sexta función de los CC: “Establecer los mecanismos de corresponsabilidad entre la comunidad y los tres órdenes de gobierno” (DOF-2, 2013). Mientras que el lineamiento básico de los CEI dicta que estos tienen por función elaborar los PETC pero no determina las vías por las cuales se incluirán en ellos la información generada por las comunidades (SINHAMBRE, 2013).

En el portal sinhambre.gob.mx (2016) se documenta la constante participación de los beneficiarios en la implementación de los programas sociales y se cuantifican más de 180 mil Certificaciones de Criterios de Atención en el Marco de la Cruzada contra el Hambre, indicadores que registran el desarrollo de mecanismos para alcanzar los propósitos de la CH (SEDESOL, 2013). Esto permite afirmar que los habitantes de las localidades a las que llega la Cruzada se involucran en la ejecución, evaluación y seguimiento de los programas sociales implementados. Pero ni este portal ni el reporte de los resultados intermedios de la CH elaborado por el CONEVAL evidencian la inclusión de las problemáticas priorizadas por las comunidades en los PETC.

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Pareciera que la CH no logra sobrepasar uno de los desafíos de implementación que las estrategia de coordinación suelen enfrentar: incorporar la información recabada en la operación de los programas en la toma de decisiones en una lógica integral (Cejudo y Michel, 2015). Esto a pesar de contar ciertas condiciones “ideales” para la participación ciudadana en la toma de decisiones, por ejemplo, según Irving y Stansbury (2004) cuando hay interés ciudadano por participar en los proyectos de beneficio comunitario, cuando los participantes no están geográficamente dispersos, cuando las comunidades son homogéneas, cuando los representantes comunitarios influyentes están dispuestos a servir como representantes y cuando los temas no requieren que los representantes dominen información técnica compleja.

Estudiosos de las políticas públicas actuales sostienen que la atención de problemas inmersos en sistemas complejos y adaptativos, como el hambre, deben ser encarados con políticas que a su vez sean complejas y adaptativas (Bankes, 2000 en Swanson et al., 2009). Considero que la Cruzada contra el Hambre es un gran esfuerzo para combatir un problema complejo a través de un proceso integral, pero no se está respetando a cabalidad el sistema de valores utilizado para las soluciones propuestas en el “campo de batalla” –a lo que Merino (2008) se refiere como la implementación de las políticas públicas–.

Merino (2008) afirma que las políticas públicas son parte de su tiempo histórico, de su entorno institucional y de las redes sociales en las que están inscritas. Si en el diseño de la CH no se establecen los mecanismos de comunicación CC-CEI y tampoco cuenta con la flexibilidad suficiente para que los problemas identificados por los CC sean atendidos en el orden de prioridad que estos proponen, más vale admitir que el programa está circunscrito a condicionantes institucionales que lo obligan a atender los problemas conforme la disponibilidad de los programas sociales. Por lo cual no se podría afirmar que la CH permite que la comunidad participe en todos sus procesos.

Es imperativo que la participación comunitaria, en su escala más local, no se constriña a la ejecución y evaluación de los programas sociales previamente definidos para implementarse en las comunidades. De acuerdo con Swanson et al. (2009) para que esto suceda se deberán facilitar la auto-organización social y la descentralización de la toma de decisiones puesto que son condiciones necesarias para transitar hacia una política adaptativa capaz de ejecutarse bajo condiciones complejas, dinámicas e inciertas. Una primer propuesta que surge de este análisis es exigir la exposición, clara, de los mecanismos mínimos indispensables

para entablar comunicación entre los CC y los CEI, en el portal SINHAMBRE, así como en los lineamientos básicos de funcionamiento de dichos comités.

Bibliografía

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