¿Agrocombustibles y megaproyectos: cultivos para el hambre?

Los peligros del uso de transgénicos y agroquímicos en la pérdida de la diversidad biológica y agrícola.

Hoy sabemos que el hambre y la desnutrición en el mundo no se deben a la escasez de alimentos. Existe producción agropecuaria suficiente para cubrir la ingesta calórica de la población mundial. En el fondo, lo que tenemos es una inequitativa distribución y acceso a recursos para la producción o adquisición de alimentos. Nuestro continente no es la excepción a la regla. Como afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: América Latina dispone de provisiones suficientes para alimentar a toda su población; sin embargo, el hambre afecta todavía a más de 34 millones de personas. (FAO, 2015). En este escenario cabe preguntarse ¿Cuáles son las causas del hambre en el mundo? ¿Cuál es el destino final de la producción de granos básicos y cereales?

Una posible respuesta la encontramos en el hecho de que la producción de alimentos para consumo humano ha sido desplazada para responder a las necesidades de empresas y mercados internacionales, en pocas palabras –lastimosamente- los alimentos son una mercancía más para la acumulación capitalista y la producción de energéticos. Actualmente, un sector del modelo agroindustrial avanza ocupando tierras con vocación agrícola tradicional o cubierta forestal para la plantación de monocultivos destinados a la generación de electricidad y energía motriz a través de lo que se ha dado en llamar biocombustibles.

Estos <<cultivos energéticos>> -como los denomina la FAO- se nos presentan como una alternativa para la generación de energía limpia ante el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y la emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por el uso de energías convencionales. Como se argumentará, este discurso no es del todo cierto y encubre los verdaderos fines de su producción y comercialización.

El presente ensayo explora la relación entre la producción de agrocombustibles y los megaproyectos. Comienza con una introducción conceptual sobre agrocombustibles versus biocombustibles, posteriormente argumenta el porqué podemos considerarlos como <<megaproyectos agrícolas>>. Finalmente, se ejemplifica la relación entre Tratados de Libre Comercio y Proyectos de Integración e Infraestructura como mecanismos que profundizan el modelo neoextractivista en América Latina.

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Agrocombustibles versus Biocombustibles

De manera genérica se habla de biocombustibles para referirse a cualquier combustible (sólido, líquido o gaseoso) que se obtiene a partir de biomasa, es decir, materia orgánica viva o muerta resultado de un proceso biológico. Siguiendo la Terminología Unificada sobre Bioenergía de la FAO (2004), los biocombustibles se clasifican en tres tipos con base en la materia prima para su elaboración: combustibles derivados de madera, combustibles derivados de subproductos de origen municipal y los agrocombustibles. Respecto a últimos explica que comprende aquellos cultivos energéticos destinados directamente a la producción de combustibles procedentes de biomasa agrícola, así como subproductos de origen agrícola, animal y agroindustrial.

Cuando hablamos de biomasa agrícola nos referimos a semillas oleaginosas como son la soya, la canola, el maíz y la palma africana o cultivos de caña de azúcar, por mencionar algunos. Actualmente, estos biocombustibles se utilizan para generar calor y electricidad e incluso combustibles líquidos como el biogaseóleo y el biodiesel. Estos últimos han adquirido especial impulso por su potencial aplicación en el sector transporte.

A nuestro juicio, esta clasificación se desdibuja dejando paso al término genérico de biocombustibles, eludiendo de esta forma hablar de combustibles producidos a partir de insumos alimenticios cuyo destino final son las industrias automotriz, petrolera y agroindustrial, no el consumo humano. En este escenario, desde los movimientos sociales y las ONG se ha venido posicionado el término de agrocombustibles dejando claro que el origen de estos combustibles no es otro que cultivos alimenticios.
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Agrocombustibles y megaproyectos

Algunas de las particularidades de la agricultura industrial destinada a la generación de agrocombustibles son su carácter intensivo y la amplia escala de producción para mantener altos rendimientos; su dependencia a insumos externos como son paquetes tecnológicos que incluyen maquinaria, plaguicidas, fertilizantes y desde luego, semillas mejoradas. Esta práctica implica, además, una sobreexplotación de tierra y fuentes agua, pérdida de la diversidad de cultivos agrícolas ahora consignados a un solo producto agrario (monocultivos).

Por sus características, la agroindustria extensiva de monocultivos pueden considerarse un <<megaproyecto agrícola>> equiparable con otros Proyectos de Desarrollo e Infraestructura. Éstos pueden definirse como “aquellos emprendimientos impulsados por empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo el argumento del bien común”. (SCJN, 2014, p.11). Por esta razón, dichos proyectos también suelen llamarse <<megaproyectos de inversión por despojo>> pues suponen “la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos.” (Ídem).

Para la socióloga argentina Maricela Svampa, los megaproyectos en materia de transporte, energía, agua así como la explotación de recursos minerales, forestales, agrícolas y genéticos forman parte del modelo neoextractivista que impera en la región latinoamericana, basado en la intensificación y extensión de actividades extractivas de bienes primarios o commodities para el mercado mundial. (Svampa, 2013).

En este mismo orden de ideas, para asegurar la libre circulación de estos commodities se han perfeccionado mecanismos que garantizan el control de dichos recursos por parte de los países desarrollados y las corporaciones transnacionales. Ese es el papel que cumplen hoy los Tratados de Libre Comercio (TLC). Como advierte la CEPAL (2005) en un estudio sobre el tema: la instrumentación de un creciente número de TLC constituye un medio uniforme que facilita el comercio y, en el ámbito de los recursos naturales, busca evitar todo tipo de restricciones al acceso, distribución o suministro. (Ruiz-Caro, 2005, p.16).

A la par de esto tratados comerciales encontramos los proyectos de integración energética e infraestructura desplegándose por todo el continente, trazando las nuevas rutas que permitirán el transporte y la exportación de estos recursos estratégicos. En este contexto, iniciativas como el Plan Puebla Panamá (PPP), ahora Proyecto Mesoamérica, y el Proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) adquieren relevancia.

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Tanto el PPP-PM como el IIRSA incluyen dentro de su cartera de proyectos el fomento a la producción de agrocombustibles. El Programa Mesoamericano de Biocombustibles, por ejemplo, se plantea la instalación de plantas de biocombustibles así como una red de investigación e intercambio de tecnología sobre el tema entre los países miembro. (Proyecto Mesoamericano, 2016). Por su parte, uno de los ejes económicos estratégicos del IIRSA que contempla este sector es el Eje Interoceánico Central donde participan Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, en conjunto constituyen “una gran superficie de cultivos de soja y caña de azúcar lo que lo perfila como uno de los asientos para la producción de biocombustibles (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007, p.41) Ambas iniciativas cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

En conclusión, todo este entramado de intereses nos deja ver que los agrocombustibles, más que una alternativa de energía limpia o una opción para que los países con escazas reservas de hidrocarburos accedan a su soberanía energética, representan una nueva rama de inversión para las compañías automotrices, petroleras, de biotecnología y agronegocios así como instituciones financieras y gobiernos.

Como contraparte, no son pocos los esfuerzos desde la sociedad civil para advertir sobre los potenciales impactos del cultivo de agrocombustibles en la disponibilidad de recursos como tierra, semillas, agua; los peligros del uso de transgénicos y agroquímicos en la pérdida de la diversidad biológica y agrícola o la relación entre alza de los precios de granos con la demanda mundial de biocombustibles. Lo anterior nos obliga a estar atentos y sumarnos a las iniciativas. Campañas como ¡No te comas el mundo!, la Marcha Mundial contra Monsanto o la Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”, son un buen ejemplo de estos esfuerzos.

Autora: Perla Rodriguez Ferreira

Referencias Bibliográficas

Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”. Recuperado de http://sinmaiznohaypais.org/

Ceceña, A. E., Aguilar, P., & Motto, C. (2007). Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

FAO (2004). Terminología unificada sobre bioenergía (TUB). Departamento Forestal de la FAO, Roma: FAO.

FAO (2015) Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Roma: FAO, Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf

Marcha Mundial contra Monsanto. Recuperado de http://www.march-against-monsanto.com/may20//

¡No te comas el mundo!. Recuperado de http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?lang=es

Proyecto Mesoamérica (2016) Programa Mesoamericano de Biocombustibles. Recuperado de http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=103

Ruiz-Caro, A. (2005). Los recursos naturales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6288/S055371_es.pdf?sequence=1

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014). Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de Desarrollo e Infraestructura. México. 256.

Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva sociedad, 244, 30-46. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3926_1.pdf



Desaparecerán 430 árboles en la CDMX para ampliar la línea 5 del Metrobus

La Secretaría de Medio Ambiente –Sedema– de la Ciudad de México autorizó la remoción de aproximadamente 430 árboles en la capital mexicana.

Frente a una crisis grave en torno al calentamiento global, la Secretaría de Medio Ambiente –Sedema– de la Ciudad de México autorizó la remoción de aproximadamente 430 árboles en la capital mexicana. Esto con el fin de extender la línea 5 del Metrobus, la cual recorrerá desde San Lázaro hasta la Glorieta de Vaqueritos. 

La Sedema, bajo la tutela del gobierno de Miguel Ángel Mancera, acaba de autorizar la retirada de 91 fresnos, 61 jacarandas, 55 eucaliptos y 43 casuarinas; así como el transplanto de 33 de árboles, 990 plantas ornamentales y siete podas a lo largo de 20 kilómetros. Además, con el fin de “resarcir los daños causados por los planes de movilidad de la extensión de la Línea 5 del Metrobus”, se compensarán con 1 402 árboles nuevos a lo largo de la intersección en Eje 3 Oriente y calzada Ignacio Zaragoza –en donde correrá hasta Calzada del Hueso y un tercer tramo de Canal Nacional y Mar Tranquilidad–. Esta ampliación del Metrobus parece que comprenderá 34 estaciones, 80 espacios para bicicletas y tres ciclovías. 

Este proyecto, que aún se encuentro en proceso de licitación, es impulsado por el gobierno de la Ciudad de México y financiado por el Banco Mundial; tendrá un costo de 2 483 millones de pesos y una afluencia estimada de 120 000 usuarios. No obstante, ¿se trata realmente de una expansión sustentable que ayudará a disminuir la contaminación en un espacio cosmopolita como la CDMX?  



¿Por qué el gobierno de Nepal quemó pieles de animales?

Históricamente, la última vez que Nepal quemó los trofeos de cazadores furtivos fue en 1998; y ahora se vuelto a realizar como medio de reafirmación de compromiso con la naturaleza y de combate a la caza furtiva.

Como gesto simbólico de compromiso contra la caza furtiva y el comercio de vida silvestre, Nepal decidió quemar 4 012 pieles de diferentes animales, cientos de cuernos de rinocerontes y restos de escamas de pangolín después de ser requisadas a los traficantes y cazadores. La hoguera tuvo lugar en el parque nacional de Chitwan el pasado Día Internacional de la Diversidad Biológica.

Este proyecto fue implementado por las autoridades nepalíes y diplomáticos extranjeros, como un mensaje de que “estas partes del cuerpo de los animales en peligro de extinción no están destinados para el comercio”. Incluso Maheswor Dhakal, del Departamento de Parques Nacionales y Conservación de Vida Silvestre, estableció que “en total son 4 012 pieles de 48 especies de animales diferentes, entre ellas 67 de tigre en peligro de extinción y 48 de leopardo; 357 cuernos de rinoceronte y 352 pangolines; también están pelo de cola de elefante, glándulas de ciervos, caparazones de tortugas y caballitos de mar.” Cada pieza lleva incluso casi 20 años almacenada. 

Dhakal agrega que la hoguera no sólo fue un símbolo de compromiso hacia la biodiversidad; también de liberación al país de una carga económica que suponía el almacenamiento de los restos de estos animales. Sin embargo se han resguardado para investigación unas cuantas piezas; como por ejemplo, diez cuernos de rinoceronte y cinco pieles de tigre. 

Históricamente, la última vez que Nepal quemó los trofeos de cazadores furtivos fue en 1998; y ahora se vuelto a realizar como medio de reafirmación de compromiso con la naturaleza y de combate a la caza furtiva. 



Sobre la Narcodeforestación o cómo la cocaína está acabando con la biodiversidad

La narcodeforestación se ha encargado de convertir los bosques y las selvas en granjas, en tierras de especulación, en espacios para operaciones ilegales.

La producción y venta de drogas, como la cocaína, ha generado numerosas tensiones políticas entre países. Se ha tratado de una actividad ilegal que no sólo ocasiona una serie de consecuencias tanto económicas como sociales, también ambientales a gran escala. De acuerdo con un estudio publicado en Environmental Letters, la “cocaína está acabando con las selvas y los bosques de América Latina”. 

Los investigadores usaron estadísticas para calcular la correlación entre la pérdida de biodiversidad y el tráfico de drogas en el camino de la cocaína hacia su venta. ¿Acaso es posible que entre el 30 por ciento de la deforestación anual de los bosques guatemaltecos, nicaragüenses y hondureños en los últimos años se deba al narcotráfico? 

Si bien cada país ha tratado de proteger sus bosques y selvas, el equipo descubrió que entre el 30 y 50 por ciento de la pérdida de la biodiversidad tuvo lugar en áreas que protegidas por leyes nacionales o internacionales; y la cual presenta un mayor riesgo a los esfuerzos locales para proteger y restaurar la selva, a su diversidad, sus derechos y sus recursos naturales. A este fenómeno se le denominó “narcodeforestación”. 

La narcodeforestación se ha relacionado principalmente con la producción de cocaína en Colombia, con el aumento de granjas de coca y almacenes económicos. De acuerdo con los investigadores, “la deforestación sucede no por la presencia de las granjas, sino por la necesidad de los traficantes de usar el dinero generado por la venta de las drogas.” De alguna manera, los narcotraficantes usan el espacio –antes plena de un bosque– para lavar dinero: “Parece ser que la mejor manera de lavar dinero ilegal por drogas es destruir la cerca de la naturaleza: cortar los árboles y construir un rancho con ganado.”

La guerra que EE.UU. declaró en contra de las drogas, expandió la deforestación hacia regiones de México y el Caribe. En otras palabras, la narcodeforestación se ha encargado de convertir los bosques y las selvas en granjas, en tierras de especulación, en espacios para operaciones ilegales; lo cual ha provocado que “mientras más y más bosques se usan, se requieren cada vez más y más caminos y ciudades –y eso reduce el espacio del bosque aún más.” Frente a la pérdida de áreas verdes, los impactos sociales están afectando también a las comunidades indígenas y su supervivencia.

La solución inmediata es disminuir el consumo de estas drogas; sin embargo, ¿el mundo, especialmente EE.UU., será capaz de reducir su demanda de cocaína para reducir el daño causado en los bosques latinoamericanos? 



¿Qué necesitas saber de los megaproyectos que amenazan a los pueblos indígenas?

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México, Colima y Puebla.

Desde hace cinco años, numerosos megaproyectos han afectado tanto a las comunidades indígenas como a su biodiversidad. Estados de la República Mexicana como Puebla, Chiapas, Oaxaca e incluso Sonora, han sido víctimas de las agresiones asociadas con los megaproyectos que van invadiendo cada vez más al país.

Un ejemplo de ello es el abuso denunciado en el informe Una sentencia fallida, elaborado por la Misión Civil de Observación a la Tribu Yaqui. En él se destacó que la comunidad indígena no tiene agua potable ni drenaje, por lo que se abastecen de los canales del río; sin embargo, en las últimas tres décadas, gran parte del agua de la zona es usada para surtir a otras ciudades, la agroindustria y actividades mineras de Sonora. El responsable de esto, un megraproyecto por parte del gobierno de Sonora y la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, ha violado un decreto de 1940, en la cual la tribu es la única que puede “disponer cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines de riego de sus propias tierras.”

Pese a realizar procesos legales coordinados por los yaquis y varias organizaciones, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– sentenció en 2013 un amparo a la comunidad indígena y ordenó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat– deje sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia –ya que no se consultó a la población sobre su construcción–, el acueducto continuó funcionando. De hecho, sólo podrán suspender la extracción de agua si advierten “un riesgo irreparable para los yaquis”, el cual existe en el momento en que les quitan el derecho a un recurso natural a una comunidad indígena. En palabras de Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, “En el caso de las comunidades indígenas y pueblos originarios, un principio fundamental es el de la consulta previa, y eso se viola sistemáticamente en la realización de megaproyectos. De entrada no puedes decir que una consulta va a ser de buena fe cuando realmente las autoridades ya aprobaron los permisos.”

Y no sólo se queda ahí, según los registros del Centro Nacional de Comunicación Social AC –Cencos– y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas –Periodismo CIDE–, existen alrededor de 80 agresiones físicas –comprobadas– entre 2014 y 2016 que se relacionan con megaproyectos en contra de las comunidades indígenas, pueblos originarios y sus defensores: hay secuestros, amenazas, entre otras más. Esta base de datos se realizó con los registros de las agresiones a las comunidades indígenas que iniciaron un proceso penal contra los megraproyectos.

De hecho, esta base de datos documentó ataques en contra de 30 comunidades y 50 defensores; en las cuales se presentaron violación al derecho a un medio ambiente sano –21–, consulta previa, libre e informada –8–, detenciones arbitrarias –30–, entre otros. Además que de los 30 casos de detención arbitraria, sólo once pisaron la cárcel y estuvieron presos entre seis y 15 meses –pero al final fueron liberados porque no se comprobaron los delitos que se les imputaban–.

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México –28–, Colima –12– y Puebla –9–. Mientras que las 77 agresiones registradas, de las 80, fueron cometidas por funcionarios públicos; principalmente de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la Secretaría de Energía.

Es importante mencionar que el mayor número de ataques hacia las poblaciones indígenas ocurren en los proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos. En ellos, regularmente, son los proyectos hidroeléctricos que violan el derecho a un ambiente sano de las comunidades; y los mineros, intimidan a los habitantes y desprestigian a los defensores.

 

Otro ejemplo importante es el Chiapas, en donde habitantes de once municipios han organizado una movilización en Defensa de la Vida y del Territorio –Modevite– con el fin de denunciar abiertamente los proyectos de muerte que están poniendo en riesgo a sus comunidades y pueblos originarios.

Desde el 16 de noviembre hasta el 25 del mismo mes, Modevite ha buscado animar y fortalecer su lucha con una megaperegrinación por la paz, la defensa de la Madre Tierra y la vida digna de los pueblos originarios. Esto pretende generar una toma de consciencia a las comunidades de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Cancuc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de Las Casas.

Para conocer más sobre esta discriminación a los pueblos indígenas, dale click aquí.



Indígenas brasileños exigen que se dejen de financiar proyectos dañinos para el ambiente

De acuerdo con los líderes del grupo Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA–, los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia, han afectado casi al 100 por ciento las tierras selváticas.

Imagen: http://www.ecoticias.com/

El desarrollo energético de Brasil ha comenzado no sólo a atentar contra el medio ambiente al ir destruyendo los ecosistemas y contaminando las aguas y tierras de este país, también la existencia de las comunidades indígenas de todas las regiones brasileñas. Uno de los megaproyectos que más han impactado negativamente en la naturaleza es la presa Belo Monte, la cual fue construida para la producción de 11 mil megavoltios en el estado de Pará, y terminó perjudicando los derechos de los indígenas y sus pueblos ancestrales. 

De acuerdo con los líderes del grupo Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA–, los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia, han afectado casi al 100 por ciento las tierras selváticas. Por ello, la organización exigen tener voz y voto en las decisiones que involucren megaproyectos que destruyen los ecosistemas más frágiles del planeta: bosques húmedos tropicales, desiertos, páramos, montañas e islas. 

Actualmente los indígenas no sólo deben enfrentarse a los resultados negativos en el medio ambiente en relación con las construcciones de los megaproyectos, también a los efectos que genera el cambio climático. Frente a esto, la COICA observa con preocupación la vulnerabilidad tanto de la Madre Tierra como de la cultura, medio ambiente y sustento de los pueblos indígenas: “Estos cambios son el resultado de un modelo de desarrollo occidental, basado en un capitalismo voraz que, no contempla el respeto por la Madre Tierra. En este siglo se estima que la temperatura media se elevará de 1.8⁰C a 4.0⁰C, acelerando los impactos del cambio climático sobre los pueblos indígenas.”

 

Cambio climático y pueblos indígenas de la Amazonía from GDI BID on Vimeo.

A pesar de haber intentado llamar la atención de las autoridades, tanto el planeta como los pueblos indígenas y sus comunidades están sufriendo. La COICA reitera tomar en cuenta “la sabiduría y los conocimientos milenarios que los pueblos indígenas han adquirido en sus relaciones con el manejo integrado de ecosistemas, caracterizadas por formas asociativas ancestrales, armónicas y sensibles con la naturaleza y de relación espiritual con la tierra y el territorio comunitario.”

Por esta razón, la COICA exige estar presente en la mayoría de las agendas de los gobiernos y organizaciones de la sociedad, como medida de crear una vinculación entre los derechos de los indígenas, el cuidado hacia el medio ambiente y el desarrollo de proyectos de infraestructura que en Sudamérica está afectando cada vez más: “[C]arreteras, gasoductos, oleoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales así como tendidos eléctricos y de fibra óptica en las zonas mas delicadas del planeta, como son las selvas amazónicas. Y la gran mayoría de estas cruzan el Amazonas afectando la biodiversidad, tierras comunales y recursos de los pueblos indígenas que habitan la Cuenca Amazónica.”

http://ocahostel.com.br/
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[CBD]

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