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¿Qué es el Ordenamiento Territorial Comunitario y por qué es importante para el medio ambiente?

Imagen principal: Animal Político

Actualmente enfrentamos una ‘‘crisis de gobernabilidad ambiental’’ (Lezama, 2016). En la cual el estado mexicano ha dado prioridad a recursos naturales considerados de alto valor económico, ocasionando por ello el detrimento de los culturales; esto demuestra un fallo en la planeación y ejecución de las políticas públicas, que tendrían que coadyuvar al desarrollo integral, protección del medio ambiente y la resiliencia del medio biofísico. En contraposición con ello encontramos que esta crisis se relaciona directamente con diversos conflictos sociales, políticos y medioambientales, de los cuales destacan seis: biotecnológico, energético, hidráulico, minero, turístico y urbano (Toledo, Garrido, y Basols, 2013). Esta relación se centra en una amenaza principalmente a ejidos1, y comunidades agrarias2, pues estas ocupan cuatro quintas partes de la vegetación que conforman los bosques del país (Bray y Merino, 2004) he ahí su inminencia ambiental. La falta de conocimiento y sabiduría local al interior de las políticas públicas hacen que la gestión y la protección territorial sea deficiente.

Este ensayo tiene la finalidad de realizar un breve análisis de la problemática asociada a la falta del reconocimiento legal del Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC). Inicialmente abordo la relación de la gobernanza y la crisis ambiental actual a nivel local (municipal). En un segundo momento revisaremos la viabilidad de incorporar la figura del OTC dentro de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA). Por último, concluyo con una propuesta general.

Podemos definir el Ordenamiento Territorial Comunitario como una herramienta utilizada por la población junto con expertos/as para analizar las aptitudes del paisaje y el posterior manejo del mismo. La importancia para generar un empoderamiento integral del territorio aseguraría una mejora periódica de las condiciones de vida de la población y del cuidado del medio biogeofísico (Platero, et al., 2008).

En contraposición con esto no se cuenta con una política territorial, existen políticas sectoriales que mantienen una relación cercana al sistema económico de libre mercado (Pass y Arreola, 2004). El primer paso en el proceso de integración dentro de la planeación territorial en México “fue la incorporación del concepto dentro de la LEGEEPA en la década de 1980’’ (Arreola, 2006: 69).

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La pobre voluntad política para hacer prevalecer las leyes existentes, así como una ampliación del marco jurídico actual, son algunos de los factores que conviene revisar para enmendar esta crisis ambiental. La LEGEEPA, reconoce los Ordenamientos Ecológicos Territoriales (OET) como herramientas de gestión ambiental espacialmente situadas. La prevalencia de los intereses de la iniciativa privada sobre lo público (Chapela, 2006) recae en detrimento de los saberes locales que son territorios amenazados. El sistema político centralizado otorga prioridad a las secretarías en perjuicio de los estados y municipios (Saldívar, 2005), limitando el reconocimiento de los actores locales. La descentralización supondría la inclusión de los OTC con marcos de transparencia y rendición de cuentas entre los actores, que deberán incluirse dentro de una toma de decisiones democrática. Consecuentemente se promoverán valores éticos y se legitimará una mejora de la gobernanza (Brenner, 2010).

Conviene resaltar que las/os pobladores/as pertenecientes tanto a cosmovisiones originarias como a otras, cuentan entre sus bienes o valores culturales y costumbres la experiencia del medio rural a través de su interacción con el mismo.

Es menester para el OTC el reconocimiento indispensable de las asambleas comunitarias, pues estas actúan como medios de participación directa en la toma de decisiones horizontales, con base en sus reglamentos internos y acuerdos. Estas interacciones entre los actores comunitarios pueden llegar a desarrollar un acercamiento con una gestión colaborativa y adaptativa3 (Barriga, et al, 2007) entorno a la mitigación de las problemáticas socio-ecológicos actuales. Surge de ello una oportunidad para intercambiar experiencias y prácticas que al conjugarse permiten compararse, con la oportunidad de complementar estos saberes y de propiciar conductas sostenibles (Sunstein, 2013).

Es por ello indispensable el reconocimiento comunitario-territorial con el objeto de fortalecer el tejido local. Para ello se incluiría las actividades productoras y la toma de decisiones a partir de las figuras que tienen base en las regulaciones culturales. Con esto recobrando los saberes instaurados en las practicas milenarias (Álvarez, 2015), que son elementos claves para enriquecer la gestión de los OTC.

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A la hora de abordar las problemáticas socio-ecológicas y del cambio climático resulta beneficioso que las comunidades/poblaciones intercambien experiencias y prácticas encaminadas a mitigar sus consecuencias. Al conjugarse y comparar los beneficios o riesgos que pueden llegar a causar las mismas, se acompaña en el desarrollo del proceso generado y del conocimiento intercambiado.

Por consiguiente, el “Capitulo IV: Instrumentos de la Política Ambiental” de la LEGEEPA no cuenta con ninguna referencia al OTC como herramienta local para el desarrollo de la política ambiental. El único indicio de dicha Ley la encontramos en el “Artículo 19, BIS, II” donde describe al Ordenamiento Ecológico Local (municipal) y al Ordenamiento Ecológico Territorial. Ambos priorizan la ecología, actividades económicas y asentamientos humanos.

Conviene apostar por la construcción de una arquitectura de gobernanza horizontal y transversal que reconozca e incluya a los actores sociales participes. Igualmente, se requiere de un análisis durante todas las fases del proceso por medio de una plataforma de decisiones estratégicas, desde su planteamiento hasta su conclusión. Todo esto impulsará una gobernabilidad legitima de forma integral (Barriga, et al, 2007). Lo cual evidencia la necesidad de reconocer al OTC como herramienta para complementar el OEL y a la par el OET, con bases sólidas y como eje principal la integración del reconocimiento local.

En conclusión, las formas actuales de entender la realidad comunitaria desde una visión gubernamental son generalmente a través de políticas públicas deficientes que lejos de crear riqueza ecológica, cultural y social, han creado más pobreza, exclusión social y la sobre explotación (humana y natural). Hasta ahora se ha actuado sin un mínimo de empatía, con una gobernabilidad centralizada y asistencialista en connivencia con todo el entramado institucional y político nacional e internacional. Es por esto que resulta urgente reconocer el Ordenamiento Territorial Comunitario como una herramienta para el ejercicio de la gobernanza ambiental local. Generar políticas públicas sostenibles y resilientes, requiere del conocimiento local que proporciona el OTC por lo tanto un primer paso para avanzar en este tema será reconocer legalmente el OTC en las leyes ambientales mexicanas.

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Esta es una colaboración de México Sostenible A.C. Para más información: http://mexicosostenible.org.mx/

Autor: Erwin Alejandro Garnica

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