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Carlos Slim y su proyecto minero en San Felipe, Baja California

La explotación minera se ha asociado con una serie de afectaciones ambientales y sociales; principalmente con una serie de extracciones de recursos naturales, violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y sus garantías laborales, daños irreversibles a la biodiversidad que afectan a todo el país, etcétera.

De hecho, y de acuerdo con una investigación realizada en 2015 y publicada en SinEmbargo, existen al menos 36 conflictos mineros en México. Esta cifra fue brindada por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, y la cual se relaciona con numerosos accidentes como la explosión en 2006 de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, el derrame de ácido sulfúrico por una mina de Grupo México en Sonora, el caso de La Sierrita en Durango por la empresa canadiense Excellon Resources.

Ahora, en un lugar donde el mar y el desierto se unen, en San Felipe, en Baja California, comienzan a surgir los impactos negativos de la explotación minera por el grupo de Carlos Slim. Pese a ser una área natural protegida, gracias a que mamíferos marinos llegan al Golfo de California para reproducirse y numerosas especies endémicas que proliferan en tierra y agua, hay nubarrones de polvo que emanan de entre montañas, oficinas móviles, cintas transportadoras de materiales y camiones.

En palabras de Jeanneht Armendáriz, doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y autora de esta investigación, se trata de “uno de los más importantes proyectos megamineros en México, cuyo propietario es el hombre más rico del país.”

Arméndariz realizó su investigación: desde 1994 la Compañía San Felipe S.A. de C.V.,  subsidiaria de Minera Frisco –cuyo presidente es Carlos Slim–, comenzó sus operaciones en Baja California. El objetivo era extraer minerales de oro y plata en la región Sierra Pinta –actualmente considerada como uno de los principales desarrollos mineros en el país–. Y probablemente su proyecto minero pudo haber continuado siendo exitoso, “sino fuera porque la mina se encuentra peligrosamente cerca del Área Nacional Protegida (ANP) Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.”

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Fuente: Animal Politico

De hecho, Arméndariz agrega: “en un inicio este proyecto no llamó la atención, a pesar de encontrarse a un lado de una zona natural protegida, porque se presentó por partes. Lo que hicieron fue una trampa para bajar el perfil”. Es decir que, cuando inició el proyecto, entre 1993 y 1995, la Compañía San Felipe no sólo recibió las autorizaciones correspondientes por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat–, también usaba tanto el minado subterráneo como la técnica de minería a cielo abierto. En 2001, la empresa suspendió sus actividades sin hacer públicas sus razones, aunque en el reporte anual de 2000, Frisco puntualizó que las condiciones del mercado minero eran poco favorables debido al estancamiento del precio de los metales. En 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real de Ángeles, rentó y ocupó las instalaciones de la mina, cambiando “radicalmente las operaciones”: se trataba de una mina a cielo abierto.

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Este tipo de minería, a cielo abierto, está prohibido en EE.UU., y otros lugares como Grecia, Turquía, República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica. ¿Las razones de su prohibición? Sus efectos tóxicos tanto para el medio ambiente como para la salud de las sociedades.

La doctora e investigadora agrega:

El nuevo desarrollo fue presentado ante Semarnat por partes. Primero, en marzo de 2010,  como un proyecto de alrededor de 60 hectáreas que incluyó la incorporación de un tajo (explotación de la montaña mediante minado); un circuito de trituración de minerales; patios de lixiviación (depósitos para separar el oro y la plata); tanques de almacenamiento de reactivos (cianuro); tepetatera (pila de material estéril); áreas de servicio (talleres y almacenes de diesel y explosivos); tres subestaciones, un canal de desvío de agua pluviales y dos caminos.

[…] Seis meses después, en septiembre de 2010, Semarnat autorizó una segunda parte. Esta nueva autorización de 360 hectáreas incluyó la planta de Merril-Crowe y fundición (en donde se precipitan los metales y funden en lingotes). Y en agosto de 2011, se autorizó una planta desalinizadora que ocupó otras 60 hectáreas.

[…] Al final, Minera Real de Ángeles absorbió a Compañía San Felipe y se convirtió en la empresa encargada del proyecto minero. La mina San Felipe procesó en 2013 –de acuerdo con el reporte anual de Frisco– 37 mil toneladas diarias de material. Cinco veces más que el año anterior.

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En otras palabras, Frisco adquirió concesiones mineras en el área de Sierra Las Pintas desde 1994, a través de tres subsidiarias: Compañía San Felipe, Minera María y Minera Real de Ángeles. Esto, para Arméndariz, es la prueba de que “el proyecto minero San Felipe nunca se detuvo, incluso durante la suspensión de trabajos de 2001 y 2009, está en la adquisición de las concesiones.”

En 2010, cuando la mina reinicio sus trabajos comprando terrenos de alrededor, un grupo de ejidatarios reclamó un paso más justo –hasta esa fecha, Frisco había extraído del lugar unos 36 millones de dólares en oro–. Cada ejidatario debía recibir un millón de dólares, después de que el lugar permanecería contaminado durante décadas y sin ninguna actividad económica. Frente a esto, se rompieron las negociaciones un año más tarde, y algunos ejidatarios iniciaron juicios contra de la empresa en el Tribunal Agrario, en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano –Sedatu– y la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, bajo la defensa de que Frisco ocupó sus terrenos de forma irregular, adueñándose del agua y contaminando los mantos acuíferos. Las demandas, sin embargo, no han logrado que el proyecto minero, del tamaño de la ciudad de México, se detenga.

Mientras tanto, las afectaciones continúan:

Durante el proceso se libera mercurio, metal que acompaña al oro y la plata y que aún en pequeñas cantidades es tóxico (la Organización Mundial de la Salud lo considera uno de los 10 productos químicos que plantean “especiales problemas de salud pública”). […] Los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe hicieron público un estudio de la calidad del agua del Golfo de Baja California en el cual, dos análisis distintos (uno del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y la empresa Asesoría Integral Ambiental), detectaron una alta concentración de mercurio en el agua.

[…] Desde hace varias décadas, organizaciones ecologistas han realizado campañas para proteger a la vaquita marina, una especie de mamífero marino endémica de Golfo californiano, en peligro de extinción. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) dice que las muertes de la vaquita son causadas principalmente por la redes de pesca, por lo que en 2015 se decretó una veda pesquera en el golfo. […]  Más de un año después, Sunshine Rodríguez, presidente de la cooperativa de pescadores, se queja de que la vaquita sigue apareciendo muerta, a pesar de la veda, y ni las autoridades responsables ni las organizaciones ambientales indagan la relación con la mina.

[…]  Otros opositores de la mina hablan también sobre la afectación al borrego cimarrón, una especie protegida en la sierra Las Pintas, e incluso a los pobladores de la zona que sufren de malformaciones, asma  y alergias.

 

Pese a esto, la Fundación Carlos Slim invirtió 2 200 millones de pesos en 2010 en el convenio con el Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF– y la Secretaría de Medio Ambiente para la conservación de la biodiversidad en seis regiones de México, incluyendo el Alto Golfo de Baja California. Y las autoridades ambientales concluyen que: “el complejo minero que diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales tiene solo un impacto local y no hay evidencias de impacto en la Reserva”.

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