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¿México no cumple con objetivos de energía y ambiente de la Alianza Norteamericana?

El pasado 29 de junio, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos suscribieron el Plan de Acción de la Alianza Norteamericana sobre Clima, Energía y Ambiente. Éste suma esfuerzos a los objetivos de acuerdos bilaterales previos en la materia y posiciona a la acción climática y la transición energética como prioridades en la agenda de la región. No obstante que ello fortalece la alianza de los tres países y abre un área de oportunidad en la lucha conjunta contra el cambio climático, también representa gran reto debido al rezago de nuestro país en el cumplimiento de sus metas en la materia.

Específicamente, las acciones del Plan están dirigidas a cinco objetivos. El primero tiene como fin fomentar la energía limpia y segura, por lo que establece la meta regional de generar el 50% de la electricidad por fuentes limpias para 2025, lo que representa un 37% adicional con relación a la situación actual. La Ley General de Cambio Climático (LGCC), así como la Ley de Transición Energética (LTE), señalan que México deberá generar el 35% de su electricidad por medio de energías limpias para 2024. Al respecto, la definición de energías limpias incluida en la Ley de la Industria Eléctrica permite la participación de otras tecnologías con posibles impactos negativos en el medio ambiente, la salud y la seguridad.

En este tema resulta preocupante que, de acuerdo con el comunicado, cumplir con la meta dependa de figuras como la energía nuclear o la captura y secuestro de carbono, cuando previo a la publicación de la reforma energética y sus leyes secundarias, el país estaba obligado a cumplir sus compromisos nacionales mediante energías renovables. Así, a pesar de que el recién publicado Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2016-2030 indica que el 20% de la electricidad en México ya se produce con energías limpias, ello incluye el uso de energía nuclear, grandes hidroeléctricas y cogeneración eficiente, mientras que la suma de la generación eólica y solar no supera los cinco puntos porcentuales. Por ello, frente a la incertidumbre generada por el uso de estas tecnologías debe aplicarse el principio precautorio, resultando más urgente que México aproveche su gran riqueza natural y el amplio potencial que tiene de generar electricidad por medio de fuentes de energía verdaderamente limpias, que ya se encuentran disponibles a bajo costo y son actualmente más competitivas que los combustibles fósiles.

Lo anterior, sumado a que Canadá se encuentre frente a la dependencia de sus ingresos públicos al petróleo y gas, aunado a fuertes cabildeos internos a favor de los combustibles fósiles, resulta en que el cumplimiento de esta meta regional sea respaldado principalmente por los esfuerzos estadounidenses.

Al tiempo que se crea un piso parejo de oportunidades para las energías renovables en el país y se atienden los principales retos para su expansión, tales como su intermitencia, su almacenamiento y la interconexión de las redes, de la mano deben ampliarse los esfuerzos por promover la eficiencia energética y reducir la demanda de energía. Entre otras medidas, debe acelerase la reducción de los subsidios a combustibles fósiles, procurando siempre la protección de los grupos más vulnerables y en cumplimiento de los acuerdos en el marco del G20.

Es de resaltar que el Plan promueve la colaboración con comunidades locales, indígenas y líderes en la toma de decisiones, especialmente en el despliegue de alternativas energéticas en comunidades remotas. En este sentido, nuestro país debe avanzar hacia una transición energética sustentable y a largo plazo, que a su vez promueva la inclusión social y la erradicación de la pobreza, todo ello en un marco de respeto a los derechos humanos que garantice el acceso a información, la participación y la consulta de las comunidades involucradas, con el fin de construir políticas públicas informadas, consensadas e incluyentes con mayores beneficios a la sociedad.

Destaca en el Plan la inclusión de un segundo objetivo referente a la reducción de las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, incluido el carbono negro, que van desde la creación y actualización de inventarios hasta el desarrollo de planes de acción en la materia. Al respecto, México fue el primer país en incluir compromisos de mitigación de carbono negro en su contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). No obstante, es necesario que el gobierno haga públicas las medidas por medio de las cuales dará cumplimiento a dichas metas, así como su ruta de implementación, atendiendo principalmente los sectores que más contribuyen a sus emisiones, como el transporte.

El tercer objetivo promueve un transporte más limpio y eficiente, por lo que el Plan subraya la necesidad del uso de combustibles más limpios y estándares de emisiones vehiculares más estrictos, áreas en las que el país tiene un retraso significativo. Por ello, entre las medidas urgentes para cumplir con este compromiso en México resalta la distribución de diesel de ultra bajo azufre (UBA), que debió darse desde 2009. Al respecto, se requiere un proyecto de Norma sobre calidad de combustibles (NOM-0016-CRE) más ambicioso, que genere las condiciones necesarias para contar con la infraestructura y el marco legal adecuados para el abastecimiento de Diésel UBA en todo el país a partir de enero del 2017. Al mismo tiempo, la introducción de mejores tecnologías en el transporte homologadas con Estados Unidos y Canadá, depende de la actualización de la NOM-044 que regula las emisiones de contaminantes de los vehículos pesados, actualmente detenida y sin aprobación del Comité correspondiente. Dicha homologación también resulta necesaria en cuanto a los estándares de vehículos ligeros, lo que reduciría los impactos negativos en calidad del aire y la salud.

En cuanto a su último objetivo que busca un liderazgo regional y global en la lucha contra el cambio climático, se celebra la reafirmación del compromiso de ratificar el Acuerdo de París, aprobado en la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, procurando su más pronta entrada en vigor, así como la implementación y el aumento de la ambición de las NDC, promoviendo la completa implementación del marco de transparencia creado en París. De ahí la importancia de que México construya de manera participativa una cartera de acciones y proyectos por medio de los cuales dé cumplimiento a las metas contenidas en su contribución nacional, alineadas con compromisos de mitigación y adaptación a largo plazo, incluyendo los contenidos en la LGCC. Al respecto, hay dos temas ausentes en el Plan que deben promoverse: por un lado, una mayor transparencia y rendición de cuentas en el flujo, uso e impacto del financiamiento climático internacional en la región; y otro es la promoción de los gobiernos subnacionales y el amplio potencial que tienen en la consecución de las metas del Plan.

Alineado con el primer objetivo del Plan, se busca aumentar la participación en la Misión Innovación, diseñada durante la COP21 para aumentar el presupuesto destinado a energías limpias en todo el mundo, duplicándolo en los siguientes cinco años. En ese sentido, México debe orientar sus recursos públicos, incluyendo los obtenidos por medio del impuesto al carbono, hacia una transición energética sustentable y a largo plazo por medio de medidas efectivas de mitigación con la inversión en energías renovables y el impulso a la eficiencia energética, todo ello en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

En materia de adaptación, el Plan plantea fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes eléctricas. Al respecto, México debe alinear sus acciones con los compromisos de adaptación señalados en su NDC en cuanto al fortalecimiento de infraestructura estratégica. Al respecto, las acciones del país deben ser de carácter preventivo y no reactivo, lo que necesariamente requiere de una mayor inversión de recursos públicos en la adaptación, por ejemplo, en el Fondo de Prevención de Desastres Naturales y en otras acciones de prevención como sistemas de alerta temprana y reducción de riesgos.

Al respecto, es indispensable que muchos de los compromisos contenidos en el Plan de Acción cuenten con metas temporales señaladas y se creen rutas de implementación alineadas con los compromisos nacionales y la NDC, con el fin de cumplir con el objetivo general del Acuerdo de París. En conclusión, sin la atención a estos retos, la contribución real de México para alcanzar el fin de Plan de Acción será limitada y el país no podrá cumplir con las metas de mitigación y adaptación comprometidas para el 2030.

Ana Mendívil, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

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