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Pensar el cambio climático: México ante las amenazas inminentes

Imagen: http://www.abc.es/

Es muy preocupante saber que en los últimos cien años el mes de marzo nunca había registrado temperaturas tan altas como ahora (1). La frecuencia y la velocidad con que rompemos récords de temperatura superan cualquiera de los pronósticos que se habían realizado. Por si fuera poco, la irreversibilidad de los impactos asociados al aumento de la temperatura está siendo cada vez más evidentes (2). Actualmente, no existe duda alguna de que el cambio climático es real, de que es consecuencia de las actividades humanas y de que no hemos sido capaces de detenerlo.

El cambio climático está directamente relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de las actividades humanas. Estos gases se acumulan en la atmósfera creando una barrera que impide que el calor del planeta salga de ella. Si tomamos en cuenta que estos gases tienen una permanencia prolongada en la atmósfera, entonces podemos deducir que los efectos del cambio climático perdurarán por varios siglos, aun cuando las emisiones se reduzcan (3). Ante esta situación crítica, los esfuerzos globales deben enfocarse no solo en reducir las emisiones, sino en fortalecer las capacidades para manejar y adaptarse a lo inevitable.

El reto en México: mitigar y adaptarnos

México, un territorio que goza de una riqueza envidiable de recursos naturales, es considerado también como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Según datos oficiales, el 15% del territorio mexicano, el 68% de la población y el 71% del PIB se encuentran altamente expuestos al riesgo de los impactos adversos del cambio climático (4). Y, lamentablemente, ninguno de los sectores de la economía y de la población está exento de estos impactos. Sin embargo, los impactos serán más severos en los sectores sociales más vulnerables. La recuperación ante eventos meteorológicos extremos como huracanes e inundaciones ocurre diferencialmente de acuerdo con la resiliencia y el poder adquisitivo. Por ejemplo, el huracán Wilma (categoría 5) golpeó la zona turística de la península de Yucatán, mientras que Stan (categoría 1) impactó las zonas rurales de Chiapas, y aunque el primero registró mayores daños en términos monetarios, la recuperación fue más rápida (5). Resulta entonces urgente modificar la forma en la que se responde a estos eventos, sobre todo considerando que 88 de los 125 municipios más pobres del país son propensos al impacto de inundaciones y huracanes.

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Figura 1. Municipios más vulnerables ante el cambio climático (10)

Frente a este devastador escenario, ¿cómo se está preparando México para afrontar los efectos del cambio climático?

Las acciones en México contra el cambio climático se cristalizaron en 2012 con la publicación de la Ley General de Cambio Climático. A partir de su publicación le han seguido diversos instrumentos de política pública, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático (que incluye compromisos de las catorce secretarías de Estado), y ahora se trabaja en la elaboración de programas y leyes estatales al respecto. Para fortalecer la transversalidad de las políticas, a finales de 2015 se creó el Sistema Nacional de Cambio Climático, el cual agrupa a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), al Consejo de Cambio Climático, a las entidades federativas, a asociaciones de autoridades municipales y al Congreso de la Unión, además de que cuenta con una coordinación de evaluación.

Además, para 2030, México se ha comprometido, muy ambiciosamente, a lograr una tasa de deforestación cero y a reducir entre el 25% y el 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el territorio (6). Parece ser, entonces, que México cuenta con una gama suficiente de organismos, políticas, acciones y compromisos para garantizar la seguridad frente al cambio climático. Sin embargo, el éxito de estas políticas depende del nivel de prioridad que se les conceda en la agenda del país, de cuántos recursos económicos se les destinen día con día y, sobre todo, de qué y cuántas acciones concretas se implementen para hacerle frente y a qué velocidad. La tendencia en las discusiones internacionales apunta a que se requiere un cambio drástico en la tendencia de desarrollo. Para México, esto significaría re-inventar el país, y ahí está el problema. ¿Está México dispuesto a transformarse?

Antes de intentar responder esta pregunta es necesario entender que existen dos frentes que deben ser atacados: por un lado está la mitigación, es decir, la reducción de la emisión de gases para desacelerar el cambio climático; y por el otro, la adaptación, que consiste en ajustarse al inminente cambio y a las consecuencias que este supondrá con el fin de reducir nuestra vulnerabilidad. Prepararnos para reducir nuestra vulnerabilidad es una obligación por demás compleja. En primera instancia, se podría creer que la vulnerabilidad se limita solo a la relación entre las poblaciones, a la infraestructura que está a su alcance y a los efectos climáticos adversos. Pero la vulnerabilidad depende estrechamente de la relación que existe entre los recursos naturales, el territorio, la desigualdad social, el conocimiento del entorno y el poder.

Además, hay un factor fundamental que aumenta la complejidad del problema: lo difícil que es percibirlo. El cambio climático es una amenaza invisible, lo suficientemente lenta como para que nos pase desapercibida, y solo podemos deducir su existencia a partir de números y estadísticas. Estas características lo convierten en el enemigo perfecto. Si no podemos entenderlo, entonces es poco probable que tengamos la voluntad de adoptar medidas suficientemente estrictas para enfrentarlo.

Por lo tanto, el proceso que deberemos vivir para adaptarnos no será un proceso amigable, y muchas de las medidas para lograr esa adaptación podrían generar serios conflictos debido a la confrontación de diversos intereses. Por si fuera poco, lograr la adaptación a nivel nacional es un reto casi imposible, pues se debe atender a escala local. En este sentido, solo se logrará una adaptación si se concentran los esfuerzos en proteger a las comunidades locales, a los ecosistemas y a los recursos naturales. Para garantizarla, la función del Estado debería ser la de implementar políticas públicas enfocadas en fortalecer la toma de decisiones a nivel local, asegurar verdaderas prácticas de diálogo y promover la gestión pública del desarrollo territorial.

Pues resulta que en México estamos haciendo exactamente lo opuesto: numerosas comunidades locales están siendo despojadas de sus recursos naturales; están sujetas a una continua violación a sus derechos; cada vez se autorizan más megaproyectos con gravísimos impactos ambientales asociados; existe un continuo desgaste del tejido social, y, por supuesto, se excluye sistemáticamente a la población en la toma de decisiones (7). Esta absurda dinámica está siendo alimentada por la acostumbrada e irreflexiva visión de que el patrimonio natural representa el obstáculo a vencer para lograr imponer un concepto –equivocado– de desarrollo.

 

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Municipios en los que existen conflictos socioambientales (11).

El mayor número de conflictos socioambientales se ubican en las regiones más marginadas del país, tanto en algunas ciudades como en el campo. En estas regiones, las comunidades urbanas, indígenas y campesinas son los principales actores involucrados (8). Es muy probable entonces que la gravedad de los conflictos socioambientales se incremente, particularmente en regiones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático, pues es en esas zonas en las que los recursos naturales serán clave para la adaptación y supervivencia.

Para aumentar la divergencia, en el 79% de los conflictos originados por tierra, territorio y recursos naturales, el actor confrontado son las secretarías (Sagarpa y Semarnat) y los tres niveles de gobierno (5). Además, en el 48% de estos conflictos se genera una respuesta impositiva por parte del Estado. Para comenzar a revertir esta dinámica se requiere de un cambio en el proceso de toma de decisiones que ocurra de abajo hacia arriba. Es decir, las verdaderas políticas públicas para enfrentar el cambio climático deberán surgir de las necesidades y preocupaciones de los mexicanos. En este sentido, la planificación local del territorio es una herramienta que puede ser utilizada para incidir desde abajo para determinar cómo deben ser manejados los recursos clave para el futuro. Esto requiere de democratizar la planificación, y en un país con un tejido social tan desgarrado como México esto representará uno de los más grandes desafíos como nación.

México y el Acuerdo de París

Por otro lado, cada vez son más las naciones preocupadas por enfrentar el inminente cambio climático. Así, a finales de 2015 se redactó el Acuerdo de París al finalizar la 21° Conferencia de las Partes (COP21). Cuando el ministro de asuntos exteriores de Francia, Laurent Fabius, presentó el texto final del Acuerdo, declaró: “es realmente un punto de quiebre para todos nosotros. A partir de ahora tenemos verdaderas bases ecológicas para salvar nuestro planeta con este acuerdo que era necesario para el mundo entero.”

Este acuerdo establece que la adaptación debe tener como fin proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, ni más ni menos (9). Asimismo, establece una meta global que consiste en “aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible”. Para poder lograr esta meta, se reconoce “la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos, y la protección de la biodiversidad, reconocida por algunas culturas como la Madre Tierra”.

El pasado 22 de abril, México se sumó a la lista de países firmantes. Sin duda, la firma de este acuerdo marca un precedente, y todas las políticas públicas de México relacionadas con el cambio climático tendrían que ser forzosamente actualizadas con base en los lineamientos del Acuerdo, ya que, a diferencia de esfuerzos globales anteriores, el Acuerdo de París es legalmente vinculante.

Para México, la firma significa establecer un compromiso real con los bienes comunes, poniendo especial énfasis en proteger a las comunidades locales y sus ecosistemas. Es momento de que México comience a adaptarse para un futuro incierto. En el momento en el que el Acuerdo entre en vigor, las políticas extractivas que se ejecutan en el territorio mexicano estarán siendo indiscutiblemente incongruentes con nuestros compromisos.

Nuestros conflictos socioambientales surgen cuando distintas comunidades alzan la voz ante el despojo de la tierra y para conservar la biodiversidad, proteger los ecosistemas, frenar la contaminación, impedir la devastadora actividad minera, exigir igualdad y defender el agua. En el acuerdo de París queda muy claro que los países deben garantizar lo que nuestras comunidades mexicanas ya están defendiendo. Siendo así, el gobierno mexicano ha firmado un Acuerdo con el que automáticamente admite, reconoce y respalda las luchas por el agua, el territorio, el trabajo, los recursos y la vida.

Son las comunidades que viven conectadas con la naturaleza las que siempre han salido a defenderla. Son de ellas de quien debemos aprender a adaptarnos, y a ellas debemos agradecerles haber resistido tanto frente a un modelo equivocado de desarrollo. No cabe duda de que en México las comunidades son quienes están dando ya la verdadera lucha contra el cambio climático.

Fernando Córdova Tapia y Karen Levy Gálvez

[Horizontal.mx]

Referencias:

1. March temperature smashes 100-year global record. The Guardian (liga).

2. Only 7% of the Great Barrier Reef has avoided coral bleachin. Coral Reef Studies (liga). 3. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change (liga). 4. Programa especial de Cambio Climático 2009-2012 (liga). 5. Las dimensiones sociales del Cambio Climático en México (liga).

6. Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030 (liga).

7. Córdova-Tapia F. 2014. Todos los proyectos generan conflictos ambientales y lo seguirán haciendo (liga).

8. Velázquez Quesada y Martínez-Ortega. 2010. Conflictos sociales y cambio climático en México (liga). 9. Aprobación del Acuerdo de París. Convención Marco Sobre el Cambio Climático (liga).

10. Municipios más vulnerables a los impactos del cambio climático. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (liga).

11. Toledo et al., 2014. Conflictos socioambientales, resistencias ciudadanas y violencia neoliberal en México (liga).

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