Los ojos de Berta están cerrados… los del mundo deben abrirse

Todos podemos sumarnos. Hagamos eco de la demanda: #JusticiaParaBerta en redes sociales, o físicamente en la sede diplomática.

¿Podría alguien decir que el asesinato de alguien, que la pérdida de una vida “valió la pena”? ¿Quién…cuántos están dispuestos a arriesgarlo todo por un bien común? ¿Es posible que en nuestros tiempos la lucha social, ambiental, tenga como respuesta la represión y la muerte?

Berta Cáceres fue una de esas pocas personas dispuestas a luchar, lo hizo en contra la represa de Agua Zarca, en el Río Gualcarque, en Honduras, río sagrado y vital para las comunidades indígenas y fue asesinada el pasado 2 de marzo. Y no, su asesinato, ninguna muerte “vale”, pero los ciudadanos del mundo podemos ofrendarle un poco de conciencia, podemos sumarnos a defensa del medio ambiente, y exigir justicia para Berta, no permitir que esta ni ninguna injustica contra los luchadores sociales se olvide, se duerma, se silencie.

Si como sociedad no abrimos los ojos y entendemos que proteger los recursos no era responsabilidad sólo de Berta, sólo de unos cuantos, sino de todos; si no alzamos la voz y denunciamos y exigimos justicia para Berta, mañana su nombre quedará enterrado debajo del nombre del siguiente ambientalista asesinado. Es hora de respaldar su lucha.

Sus ojos se cerraron. Es hora de que los nuestros se abran.

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El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras está convocando a una acción global para exigir justicia en el asesinato de Berta Cáceres.

Desde México, diversas organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional, Bios Iguana, Despertemos Humanidad, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), Otros Mundos, y Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), harán presencia este miércoles 15 de junio en punto de las 10:00 am en la embajada de Honduras, ubicada en la calle Alfonso Reyes #220, en la colonia Condesa.

Todos podemos sumarnos. Hagamos eco de la demanda: #JusticiaParaBerta en redes sociales, o físicamente en la sede diplomática.

Hagamos que el embajador de Honduras en nuestro país, Alden Rivera Montes, escuche y lleve nuestra voz en demanda de que el Estado de Honduras acepte una comisión independiente para investigar y esclarecer el asesinato de Berta Cáceres a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre más seamos, será más difícil ignorarnos.

También exijamos el cierre inmediato del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” y que se e cancele la concesión otorgada a la empresa DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Finalmente solicitemos una política integral, para garantizar que episodios de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, con vistas a preservar el patrimonio ambiental y social del país.

La demanda de justicia para Berta no termina cuando el mitin se levante, sigue y se extiende a través de la siguiente página. Entra y firma.

No permanezcamos indiferentes. En 2015 Berta recibió el Premio Goldman, uno de los máximos reconocimientos por la defensa de medio ambiente, ahí dijo: “¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!.

Twitter del autor: @PrensaGPMX



Mineras en Colombia están provocando trastornos mentales y enfermedades graves en habitantes

Segovia es “el municipio con más casos de intoxicación por mercurio en Colombia, […] que es a su vez la tercera nación que más mercurio libera al medio ambiente en el mundo –75 toneladas al año–, detrás de China e Indonesia.”

La contaminación de recursos naturales como el agua, suelo y aire, es sólo una de las consecuencias más comunes de la actividad minera; otra se asocia con el abuso, acoso y violencia ejercidas por las empresas hacia las comunidades indígenas que no pueden defender sus tierras. Sin embargo, muy poco se habla acerca del impacto mortal que conlleva la liberación de vapores y líquidos en las minas en Colombia, China, Indonesia, México y más; como es el caso que se enfrenta la población de Segovia, en Colombia, a la intoxicación por mercurio. 

Para Natalio Cosoy, de la BBC Latinoamerica, Segovia es “el municipio con más casos de intoxicación por mercurio en Colombia, […] que es a su vez la tercera nación que más mercurio libera al medio ambiente en el mundo –75 toneladas al año–, detrás de China e Indonesia.” Este fenómeno que pone en riesgo la salud física y mental de los habitantes se debe a décadas de explotación aurífera y de uso del mercurio para extraer oro de las piedras. 

La intoxicación por mercurio comienza con náuseas, mareos; continúa destruyendo a los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, los pulmones, los riñones, la piel, los ojos; y termina con la muerte. Si bien en Segovia nadie ha fallecido por mercurio, alrededor de 45 000 personas están sufriendo los efectos de la intoxicación. 

Ahí, en donde se quema el mercurio en una especie de horno con una puerta abierta y los extractores empujan los vapores hacia los caños de la máquina, el riesgo continúa afectando a cada miembro de la población. Para Carlos Federico Molina Castaño, médico toxicólogo y especialista tanto en salud ocupacional como epidemiología, “el riesgo sigue presente siempre que se manipule mercurio, un metal que se evapora, por otra parte, a bastante baja temperatura, en torno a los 40 grados. Si en la orina hay más de 20 microgramos por gramo de creatinina, la persona se considera intoxicada. Es difícil encontrar a algún minero segoviano por debajo de 20. Uno me contó que llegó a tener 500. […] El máximo que me ha tocado ver a mí fue uno de 3 000.” Inclusive, bebés lactantes se encuentran bajo los efectos de la intoxicación: “Aunque en bajas cantidades, las mujeres pasan el tóxico a sus hijos a través de la leche materna. Ninguna de mis madres trabajaba con mercurio en el momento, llevaban un año sin exponerse en forma directa al mercurio, o sea que es una exposición ambiental.”

Más que la muerte, explica Molina Castaño, el mercurio “genera más discapacidad que mortalidad.” Afectaciones que implican el aspecto mental, las cuales pueden ir desde la psicosis hasta la bipolaridad. Los trastornos mentales son una consecuencia de la exposición a largo plazo al mercurio: “Es como cuando a usted le dice el nutricionista que si come mucha carne le va a producir enfermedades, o si come mucha harina; es igual, digo que si una persona está evaporando el mercurio, lo está aspirando, más adelante le puede traer efectos, pero eso no es muy común aquí”.



Un recuento de activistas ambientales asesinados en América Latina

Ejemplos sobran: el asesinato de Berta Cáceres y de otros activistas indígenas, la represión al pueblo mapuche o a tierras wixárikas, el abuso de poder en contra de regiones poblanas, chiapanecas y oaxaqueñas…

Amenazas, abuso físico y psicológico, destrucción del medio ambiente, muerte. Es el saldo que implica el activismo ambiental en América Latina, principalmente en los últimos 30 años en que la ambición ha buscado maneras de apoderarse de la biodiversidad del planeta. Ejemplos sobran: el asesinato de Berta Cáceres y de otros activistas indígenas, la represión al pueblo mapuche o a tierras wixárikas, el abuso de poder en contra de regiones poblanas, chiapanecas y oaxaqueñas…

Apenas este 20 de enero, la noticia del asesinato de Isidro Baldenegro, activista indígena de 51 años de edad quien fue galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, resonó en numerosos noticieros. Él, junto con otros doce activistas, estaba en defensa del territorio ancestral tarahumara, al norte de México. Frente a esto, Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, la red de defensa de territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, declaró que “Isidro es el primer muerto del año; uno más de estos, sólo que [su muerte] es de alto impacto porque tenía visibilidad nacional e internacional”.

Antes de Baldenegro, existía ya una larga lista de activistas asesinados. Tan sólo en la región ancestral tarahumara han asesinado a doce en los últimos 30 años; de los cuales, cuatro de ellos, el último año. Es decir que en 2016 fueron asesinados los activistas Victor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo; mientras que Isidro Baldenegro fue el primero del 2017 en perder la vida. En palabras de Isela González: “Va un es del año y ya hay una víctima relacionada con la defensa del territorio.”

De acuerdo con las autoridades, Baldenegro llegó a la comunidad de Coloradas de la Virgen el jueves 12 de enero para ayudar al traslado de una tía a una valoración médica en la comunidad de Baborigame –a unas cinco horas de camino–. Durante el traslado, Baldenegro fue balaceado seis veces por Romero R.M, quien se relacionó con una familia armada del crimen organizado y ésta, a su vez, con un cacique que pretendió despojar del bosque a la comunidad. Además, uno de los hermanos de Romero R.M. fue señalado como uno de los asesinos del activista Victor Carrillo en 2016.

Si bien este es un ejemplo que llamó la atención de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” y de la Delegación de la Unión Europea –UE– y las embajadas de los Estados miembros en México, en especial para pedir a las autoridades a identificar y juzgar a los responsables ya que se trata de un asesinato de caso “grave y emblemático de la vulnerabilidad” hacia los defensores de la naturaleza y los derechos humanos, existe una larga víctimas cuyo caso no ha sido renombrado y, por tanto, no se les ha hecho justicia. 

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La quintaesencia de esta situación es la de Berta Cáceres, una de las activistas hondureñas que obtuvo el mayor impacto en el medio. Ella luchó en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque, en Honduras; sin embargo, hubo un obstáculo que no pudo superar: su asesinato el 2 de marzo del 2016. Antes de ello, Cáceres recibió el Premio Goldman, uno de los máximos reconocimientos por la defensa del medio ambiente, y ahí sentenció: “¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!”

Otro ejemplo es la encarcelamiento del activista indígena mexicano de Ildefonso Zamora por su movimiento pacífico en contra de la tala ilegal. En palabras de la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, “A Ildefonso Zamora lo están castigando por denunciar los daños que se están causando al territorio y al entorno de su comunidad. Nunca debió haber sido encarcelado y debe ser puesto en libertad inmediata e incondicionalmente. Proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos no son delitos“. Zamora fue, en otras palabras, inculpado con acusaciones sobre testimonios falsos: “el fiscal registró las declaraciones de testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del crimen y no se manejaron debidamente las pruebas.”

Finalmente pero no menos importante, el caso de grupo de activistas mexicanos que fueron detenidos en Nicaragua en el 2016, es un ejemplo vívido de esta situación. Bajo el nombre de Caravana para el buen vivir, estos chicos se dedicaron a recorrer México y América del Sur a favor de la incidencia en educación ambiental. Se encargaban de brindar información fe de digna sobre el uso adecuado y ecosustentable de las tierras que trabajan así como de sus derechos frente a empresarios que intentan abusar de la ignorancia e inocencia de las comunidades. Desgraciadamente el conocimiento adecuado es un factor que resulta en un conflicto de intereses para los empresarios y, por tanto, algunos miembros del gobierno de cualquier país. Por esta razón es más fácil “eliminar” a la fuente de información, a “los revoltosos”, que respetar a la biodiversidad que habita en los terrenos indígenas. 

Y si bien algunos de los chicos fueron liberados, la realidad es que el activismo en América Latina no debería, en primer lugar, impactar en los derechos humanos y seguridad de los mismos personajes conscientes de la importancia del medio ambiente; y en segundo lugar, no se cuenta con las garantías institucionales para proteger a la biodiversidad, a los habitantes que viven de ella y a los defensores de los dos primeros. 



La sociedad civil rumbo a la COP 13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (I de III)

Un foro de esta magnitud representa una gran oportunidad para las organizaciones y jóvenes para entablar diálogos, generar aprendizajes y construir alianzas que permitan avanzar en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Autor: Raquel Jimenez Acosta

A finales de este 2016, Cancún será la sede de la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y aunque el proceso de negociaciones se lleva a cabo entre los Estados Parte de este Convenio, es decir, los gobiernos de países, se cuenta con la participación de actores no-Estatales bajo un estatus de observadores y en espacios paralelos donde se realizan discusiones y exposiciones enfocadas a diferentes sectores.

En tal sentido, se ha seguido la práctica de organizar foros alternos en el marco de la COP, dirigidos a la participación de actores del sector de negocios, los pueblos indígenas, los gobiernos subnacionales, la academia, la sociedad civil y los jóvenes. Además, ésta será la primera vez que el gobierno sede de la COP impulse la organización de un evento como el Foro de la Sociedad Civil y los Jóvenes.

Reforestamos México, A.C. junto con un grupo de diez organizaciones (Alcosta, Causa Natura, Comunidad y Biodiversidad, Conservación Internacional, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Fundación Desarrollo Sustentable, La Mano del Mono, Pronatura México, Red Mocaf y The Nature Conservancy México) enfocadas en los temas agrícola, forestal, turístico y pesquero, así como jóvenes de diferentes regiones del país, con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), están promoviendo la organización del Foro “Alianzas de la Sociedad Civil y la Juventud por la Integración de la Biodiversidad para el Bienestar”, que se realizará del 28 al 30 de noviembre de este año.

En correspondencia con el tema central que el gobierno mexicano propuso para esta COP “Integrando la biodiversidad para el bienestar” y el seguimiento al cumplimiento de las Metas de Aichi, entre otros temas que se tratarán, el Foro se dirigirá a identificar las prácticas, casos de implementación y fortalezas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para integrar la biodiversidad a los sectores agrícola, forestal, turístico y pesquero. Éste también será un espacio dirigido a la construcción y fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil con el afán de que puedan involucrarse en los procesos de la COP e incidir a través de los canales de participación disponibles. Un Foro de esta magnitud representa una gran oportunidad para las organizaciones y jóvenes para entablar diálogos, generar aprendizajes y construir alianzas que permitan avanzar en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Para preparar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los jóvenes mexicanos, se han organizado una serie de talleres regionales cuyos objetivos son difundir los alcances del Convenio de Diversidad Biológica y sus Protocolos y promover el involucramiento y participación de la sociedad civil en este tipo de procesos internacionales.

Asimismo, se han tenido discusiones sobre la base de los retos y oportunidades que las organizaciones identifican desde su experiencia para integrar la biodiversidad a los sectores mencionados arriba.

Al finalizar el Foro, se presentarán pronunciamientos dirigidos a la COP por parte de la sociedad civil y de los jóvenes, en los cuales se reflejarán demandas, contribuciones y compromisos para cumplir los objetivos del CBD, con los cuales, ambos sectores de la sociedad se sumarán a los procesos de integración de la biodiversidad para el bienestar de todos los seres vivos y sus hábitats.



De cómo ha crecido el número de ataques a activistas ambientales en México

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha documentado este tipo de incremento en los últimos años.

Uno podría pensar que cuando la violencia crece esta permea todas las áreas sociales existentes. Lo cierto es que lo anterior de hecho hace que con ello sean justificados en ocasiones algunos fenómenos que no necesariamente son un resultado directo de esa violencia.

Un ejemplo de ello son los ataques a los activistas ambientales que han ido creciendo en México notablemente en los últimos años. No es tan descabellado si conocemos que existe una política de libre mercado, donde en realidad las agendas comerciales suelen ser más importantes para el Estado que las sociales, entonces encontramos que las corporaciones son, generalmente gracias al lobbing, las verdaderas hacedoras de agendas en pro del libre mercado que les permite llegar a todos los países.

Luego, si encontramos que los recursos naturales son la materia prima de muchas corporaciones poderosas, entonces el zoom de la foto nos dice que el verdadero juego de poder, de algún modo, es por los recursos naturales.

Así, los conflictos ambientales, ahí donde se hacen los megaproyectos concesionados generalmente a allegados de los políticos, o a las mineras transnacionales por ejemplo, son un espacio micro, aparentemente alejado de la política, pero donde verdaderamente intereses muy poderosos son puestos en juego.

Por ello los conflictos ambientales hay que verlos con lupa y quizá esos activistas que luchan por un cambio de paradigma de sustentabilidad y no de negocio, así como del respeto a las cosmovisiones indígenas y campesinas y su no marginación de sus propios recursos, son verdaderos contrincantes de los políticos y empresarios más poderosos.

La situación del incremento de la violencia en contra de activistas ambientales en México ha sido documentada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental desde el 2010. Este año en estos días justo ha sacado los resultados del último año:

Número de ataques a defensores ambientales de mayo de 2014 a junio de 2015: 109 casos

 

En comparación número de casos:

2010: 10

2011: 16

2012: 23

2013: 53

2014: 79

Es decir, de 2010 al 2015 han aumentado en un 91% los ataques a defensores ambientales.

 

Los estados donde más hubieron este 2015:

Sonora con 16 agresiones

Oaxaca con 13 casos

Estado de México con 12

Guerrero con 9 casos;

Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla con 8 casos

Distrito Federal con 6

Morelos con 5 casos

Veracruz con 4 casos

Sinaloa con 3 casos;

Michoacán con 2 casos

Baja California Sur

Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala con 1 caso.

 

Twitter de la autora: @anapauladelatd

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