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Empresa busca imponer un basurero tóxico en territorio Wixárika (huichol)

Imagen: animalpolitico.com

No es la primera vez, los wixárikas, más conocidos como huicholes, han defendido su territorio incansablemente. Apenas en 2011 se intentó imponer en sus tierras un proyecto minero de la empresa canadiense Revolution Resources para explotar a cielo abierto minerales en hasta 59.678 hectáreas de la zona. Afortunadamente en el 2013 consiguieron a partir de un amparo que un juez federal detuviese los trabajos mineros.

Wirikuta es su tierra sagrada, y gran parte de ella, además se encuentra en un Área Natural Protegida. Los intereses en sus tierras continúan, este mes apenas fue publicado en los medios cómo fueron vendidas 100 hectáreas de la Playa del Rey, parte de su territorio sagrado.

Ahora otra amenaza es anunciada por miembros del pueblo wixárika que son también parte del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo. Su denuncia apunta a que el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV (CITSU), propiedad del empresario minero José Cerrillo Chowell, pretende instalar un basurero tóxico en su rancho privado, donde se tratarían hasta 85.000 toneladas de residuos industriales producto de la minería como: cadmio, cianuro y mercurio. Lo anterior afectaría el medio ambiente de su territorio, según información de Vice.

Hubo falsificación de firmas para que se pudiera cambiar el uso de suelo y se le pudieran otorgar a la empresa los permisos de construcción. Además, nunca se consultó a la población sobre si queríamos este basurero, no hubo una consulta pública.

El Comité explicó que la obra afectaría directamente a 20.000 personas de al menos cuatro municipios: Santo Domingo, Real de Catorce, Mazapil y Villa de Cos.

Investigadores del Colegio de San Luis han confirmado la amenaza que representa este proyecto: 

Los riesgos de contaminación son bastante amplios y también afectarían severamente el recurso hídrico de la zona. Tanto el gobierno del estado como las autoridades municipales, organismos operadores de agua y asociaciones civiles tienen el deber de buscar que se modere la desigualdad que hay con respecto al acceso al agua, pues las personas de escasos recursos económicos obtienen muy poca y de mala calidad”.

México forma parte desde 1991 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual obliga al Estado a realizar una consulta cuando se aprueben proyectos que afecten territorios indígenas. En este caso (y en muchos otros) esta consulta fue inexistente.

Aún no ha iniciado la construcción de este basurero, la SEMARNAT no se ha pronunciado al respecto; los reclamos de los wixárikas se encuentran en el ámbito local, los funcionarios de este rubro están evaluando si los daños al ambiente serían significativos.

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