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Sobre las áreas naturales protegidas y su normatividad ambiental: El caso de Yum Balam

©Vocero

Uno de los instrumentos para la conservación biológica reconocido a nivel internacional es la protección del hábitat, por lo que numerosos países han adoptado una de las estrategias para este fin, y es a través del establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) que permitan, bajo ciertas leyes y reglamentos, diferentes grados de uso tradicional y/o comercial por las comunidades locales, uso recreativo, investigación científica y preservación de los recursos naturales (Primack et al. 2001).

En México las ANP constituyen la mejor herramienta para conservar la biodiversidad y los servicios ambientales que esta proporciona a la sociedad (Bezaury-Creel et al., 2009). Son reconocidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (1998) y se definen como las zonas terrestres o acuáticas del territorio nacional, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano y están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

Para el manejo de estas áreas se requiere de un programa con reglamento administrativo enfocado a mitigar los daños ambientales, la cual es la herramienta jurídica que establece la capacidad de carga de los diferentes usos (Prezas-Hernández, 2011). El éxito de este instrumento depende de que su elaboración se base en el conocimiento técnico y científico de calidad de la zona y en que se involucren en las propuestas a las comunidades que las habitan, garantizando con ello la compatibilidad entre la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales (Villalobos, 2000).

Si bien todas las ANP se encuentran decretadas en el Diario Oficial no todas cuentan con programa de manejo (PM), el cual es uno de los factores que ha limitado la conservación y manejo de los recursos naturales en la mayoría de estas (Duran y Ramos, 2010). Esto debido a que al carecer de este instrumento no existe regulación de las actividades y lineamientos básicos para el manejo, dando como consecuencias la práctica y el establecimiento de actividades que van en contra de la conservación. A pesar de que en México se cuenta con un marco jurídico en materia ambiental amplio enfocada a la protección de los ecosistemas, sin este instrumento es difícil cumplir con los objetivos por el cual se decretó el ANP.

Foto de Alamy Stock. Isla Holbox, ubicada dentro de la ANP Yum Balam.
Foto de Alamy Stock. Isla Holbox, ubicada dentro de la ANP Yum Balam.

El objetivo de este ensayo es exponer el papel que representa el programa de manejo dentro de las Áreas Naturales Protegidas y la ineficacia de las normas jurídicas al ausentarse este instrumento, teniendo como caso de estudio en el ANP Yum-Balam, ubicada en Quintana Roo.

El Programa de Manejo (PM) tiene como premisa básica lograr la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas. En su estructura debe contener componentes de carácter social, económico, ecológico y un marco legal, que permitirá la generación de estrategias para cumplir con su objetivo mediante la protección, manejo incluyendo su uso y aprovechamiento, y restauración de los mismos, además debe incluir el apoyo a actividades productivas, que promuevan el incremento en la calidad de vida o bienestar de la población con énfasis en las comunidades rurales e indígenas asentadas dentro o cerca de las áreas protegidas (CONANP, 2016).

A la fecha, México ha integrado 25, 628, 239 hectáreas en una red de 177 áreas naturales protegidas, de las cuales cerca del 42% carecen de un PM (CONANP, 2016), lo que significa que cerca de la mitad de las ANP se encuentra potencialmente vulnerables.

Entre las ANP se encuentra el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada en el norte del estado de Quintana Roo (Municipio Lázaro Cárdenas), con una extensión de 154,042 hectáreas. Es un área que presenta ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical, con especies endémicas, raras y en peligro de extinción. Sin embargo a más de 20 años de su decreto y aun no se ha establecido su respectivo programa, situación que se ve reflejada en la presencia de diversas problemáticas como la modificación del entorno con asentamientos irregulares, sobrepastoreo por ganado, zonas con fuerte perturbación por quemas no controladas, explotación forestal y pesca sin manejo adecuado, además de presentar un uso de recursos inadecuados (tráfico ilegal de especies, cacería furtiva, saqueo de nidos de tortuga) (Remolina-Suárez y Poot, 2008).

Zona Turística
Fuente: Zona Turística

Recientemente en el área se pretendió realizar un desarrollo hotelero con hasta 3390 habitaciones para una cantidad total estimada de 10,644 turistas, casi el doble de cuartos hoteleros que de habitantes actuales. El establecimiento de este megaproyecto vulneraba distintos acuerdos para la cooperación internacional, así como la protección de especies en riesgo reconocidas en México, tales como la Convención de Ramsar, el Tratado de Cooperación Ambiental de Norteamérica, en el cual se encuentran en México, Estados Unidos y Canadá, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Duno de Stefanoet al., 2013). La propuesta era un turismo de bajo impacto, sin embargo de acuerdo a Zambrano et al., (2012) desde todos los ángulos dicho proyecto no era viable pues no cumplía con los objetivos planteados para el Área de Protección de Flora y Fauna “Yum Balam”, pues de realizarse, incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones de las especies enlistadas bajo categorías de riesgo, se descargarían contaminantes a los ecosistemas marinos, provocaría la intrusión salina en el acuífero, crearía un nuevo centro poblacional, entre otras consecuencias. De acuerdo a organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles la ausencia del PM es una forma de favorecer el desarrollo de proyectos como este, que aunque ya fue cancelado temporalmente gracias a la organización de sus habitantes y a organizaciones civiles, mientras la zona siga sin programa de manejo no existe la certeza jurídica de las actividades que puedan o no realizarse en esta región, y por tanto no hay limitantes para cualquier desarrollo que se pretenda construir (Vázquez y Cordero, 2014).

Aunque se ha hecho consulta pública en dos ocasiones, conforme a lo dispuesto en la LGEEPA para la elaboración del PM, el tiempo en que se ha prolongado su publicación refleja el incumplimiento de la ley y fomenta que la normatividad ambiental sea invalidada.

Fuente: Animal Político
Fuente: Animal Político

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que es indiscutible el esfuerzo que se ha realizado en México al decretarse un número amplio de Áreas Naturales Protegidas, sin embargo para cumplir con el objetivo de esta estrategia es indispensable de que todos sus complementos incluyendo los programas de manejo se establezcan. Éste garantizará la protección de las ANP al establecer las bases jurídicas de las actividades que pueden realizarse, regulando el uso suelo y aprovechamiento de los recursos naturales, con la finalidad de que dichas actividades se conduzcan hacia el desarrollo sustentable. Por tanto, sí es necesario el decreto de más ANP considerando que somos uno de los países mega-diversos o de alta diversidad biológica, pero es principalmente importante que las áreas existentes tengan el respaldo jurídico y no solo queden registrados en papel. Además de que en su elaboración se cuente con la participación de la comunidad, y no se considere éste como un elemento aislado si no como parte de la planificación del ANP, y por tanto de su manejo, que al final de todo son los que están presentes en el área y hacen uso de los recursos presentes.

Por último, solo queda mencionar que las autoridades o dependencias encargadas deberían cumplir con la responsabilidad encomendada siendo así un paso clave para lograr la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

 Autor: Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

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